ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

miércoles, 20 de noviembre de 2013

"Populismo anti-revolucionario" (17 de noviembre de 2013)

El presidente del Teletón, Fernando Landeros, y el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga.
Foto: Octavio Gómez/Proceos.com

John M. Ackerman 

Justicia para Luis Olivares Enríquez y libertad inmediata para todos los presos políticos de Guerrero. 

Las acciones “populistas” son aquellas que a primera vista dan la impresión de ayudar a la población pero que a largo plazo lastiman profundamente a la sociedad. Estas políticas irresponsables y engañosas buscan el aplauso fácil en lugar de resolver los problemas de fondo. Tanto el "Buen Fin" como el "Teletón" cumplen cabalmente con esta caracterización. 

El Buen Fin no busca ayudar a la economía popular sino facilitarles ganancias a las empresas monopólicas. Por ejemplo, muchos establecimientos prefieren ofrecer pagos “a plazos” en lugar de descuentos reales. Así, las grandes empresas pueden deshacerse más fácilmente de los inventarios acumulados a lo largo de este año de franco estancamiento económico. Y cuando sí se ofrecen descuentos reales, normalmente estos apenas emparejan los precios nacionales con lo que se cobra por exactamente los mismos productos en los Estados Unidos. Para realmente beneficiar al pueblo las ofertas tendrían que ser permanentes en lugar de temporales y al gusto de los oligarcas. 

El Buen Fin también fomenta peligrosas prácticas de endeudamiento personal al estimular la utilización de las tarjetas de crédito. Y con el sorteo en el que la Secretaría de Hacienda “reembolsará” una pequeña cantidad a algunos tarjetahabientes el gobierno federal convierte la irresponsabilidad ciudadana en política pública. Asimismo, las ganancias para los bancos por concepto de intereses, cobros y comisiones en tarjetas de crédito durante los próximos meses constituirán una enorme recompensa para la oligarquía por su “generosa” participación en el programa. La casa nunca pierde. 

En lugar de fomentar el consumo irresponsable, el gobierno tendría que controlar los abusos de las empresas monopólicas. Por ejemplo, habría que defender a los mercados populares y a los pequeños y medianos empresarios nacionales de las grandes tiendas departamentales transnacionales que incurren en prácticas laborales abusivas, corrompen autoridades, repatrian sus ganancias a sus matrices y contribuyen muy poco al fisco. Estrictos controles sobre los precios de productos de demanda generalizada también ayudarían a generar las condiciones para un “Buen año” para todos, en lugar de solamente un “Buen fin” para unos cuantos. 

La prensa nacional ha informado que durante los últimos seis años el SAT ha condonado casi 74 mil millones de pesos a algunas de las empresas más grandes del país, incluyendo Televisa y Walmart, por concepto de “créditos fiscales”. A pesar de que el IFAI ha exigido en múltiples ocasiones al Servicio de Administración Tributaria dar a conocer toda la información sobre estos créditos, el gobierno federal, primero con Calderón y ahora con Peña Nieto, se ha negado rotundamente a divulgar los datos. Hoy las fuerzas de la oscuridad también cuentan con el apoyo de Gerardo Laveaga, Comisionado Presidente del IFAI, quien en la votación más reciente sobre el tema defendió con capa y espada los supuestos derechos de los empresarios más poderosos del país a mantener en secreto estas millonarias contribuciones recibidas de parte del gobierno en nombre de todos los mexicanos. 

La oligarquía no descansa en su constante afán de expropiar los pocos ahorros de los dignos trabajadores, estudiantes y profesionistas del país. Apenas culmine el Buen Fin, iniciará el circo mediático del Teletón, que tendrá lugar los próximos 29 y 30 de noviembre. Esta iniciativa es igual de engañosa que la primera. Su principal propósito no es ayudar a los niños con dificultades, sino reducir la carga fiscal y mejorar la imagen pública de la televisora más abusiva del país. En lugar de donar a Emilio Azcárraga los pocos ahorros que pueden quedar después de los gastos del Buen Fin, habría que ahorrarlos para invertir en proyectos de autogestión familiar o comunitaria que beneficien a todos. 

Sin duda existen muchos niños con grandes necesidades que deben ser atendidos. Pero no son los ciudadanos de a pie quienes tienen la obligación de resolver estos problemas con sus reducidos ingresos, sino el gobierno que supuestamente nos representa a todos. Las autoridades tendrían que eliminar la evasión fiscal, cancelar los paraísos fiscales y, en general, recaudar más impuestos a los grandes empresarios para poder cumplir con sus responsabilidades sociales mandatadas por la Constitución. 

En lugar de distraernos con el circo mediático del Buen Fin y el Teletón, habría que inspirarnos con el digno legado de la Revolución Mexicana, cuyo inicio celebramos este 20 de noviembre. Hoy que la oligarquía cada día ingenia nuevas trampas para vaciar nuestros bolsillos, habría que buscar nuevas formas para seguir el digno ejemplo de grandes luchadores sociales como Emiliano Zapata y Pancho Villa a quienes debemos mucho más de lo que cualquiera nos imaginamos. 


Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados
(Publicado en Revista Proceso, No.1933)

lunes, 4 de noviembre de 2013

"El Rey Midas al revés" (3 de noviembre de 2013)

Fausto Vallejo, Gobernador de Michoacán//Foto: Enrique Castro, Proceso
John M. Ackerman 

El desastre de Michoacán y la nueva convocatoria para consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) constituyen dos caras de la misma moneda. Una clase política sorda y corrompida da la espalda a la sociedad y se encierra en su eterno juego de negociación de componendas e impunidades. El desmoronamiento de la institucionalidad en Michoacán es fiel espejo del fracaso del PRIANRD para conducir el país por el sendero de la paz y el desarrollo. Y la convocatoria para el IFE pinta de cuerpo entero el cinismo de un sistema político al que ya no le interesa ni siquiera fingir algún interés en la opinión ciudadana. 

Los tres partidos más grandes han tenido cada uno su oportunidad para desplegar sus “estrategias” contra la inseguridad en Michoacán. Para el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el bello y dolido estado debió haber sido un sitio estratégico para demostrar que la alternancia significaría una transformación profunda en la gestión del poder. Como estado natal del fundador de ese partido, Cuauhtémoc Cárdenas, la entidad reviste especial importancia política. Y fue gobernado durante 12 años por dos personajes, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, que surgieron de las mismas filas de este instituto político que se presenta como un partido de “izquierda”. 

Para el Partido Acción Nacional (PAN), Michoacán fue la punta de lanza para la “guerra” de Felipe Calderón supuestamente en contra del crimen organizado. Allí inició el despliegue de tropas el 11 de diciembre de 2006. Pero a pesar del interés personal del ex-Presidente de la República en conquistar su entidad natal para su hermana y su partido, el gobierno federal nunca logró establecer el orden y la paz. Recordemos como el propio Calderón reconoció su fracaso al atribuir, cinco años después del inicio de su Operativo Conjunto Michoacán, la victoria de Fausto Vallejo como gobernador a la intervención de grupos vinculados con el narcotráfico. 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) que hoy “gobierna” el Estado de Michoacán y el país entero es, desde luego, el principal responsable del caos actual. La situación en la entidad refleja con lujo de detalle el total fracaso de la “estrategia” de Enrique Peña Nieto contra la delincuencia organizada que consiste en administrar en lugar de resolver los verdaderos problemas así como de “pactar” el camino a la (in)gobernabilidad. La “guerra” de Peña ha resultado aún más dañina para el país que la de Calderón (mi análisis: http://ow.ly/qkBcX). 

La explosión de violencia en Michoacán constituye entonces un claro botón de muestra de la fallida transición política. Tienen razón quienes abogan por no “politizar” la crisis en la entidad. En lugar de minimizar el problema atribuyendo culpas a uno u otro gobernante o partido, habría que asumir la dura realidad de que la responsabilidad la tiene la clase política en su totalidad. Una perspectiva similar también se debe aplicar para extraer lecciones del desastre en Guerrero a raíz del huracán Manuel (mi análisis: http://ow.ly/qkzUh). 

La nueva convocatoria para consejeros del IFE (disponible aquí: http://ow.ly/qkDEK) también exhibe de manera elocuente el cinismo y la carencia de valores democráticos de los políticos. Una de las pocas concesiones simbólicas que los diputados y los senadores otorgaron de último momento a la sociedad civil durante las negociaciones de la reforma electoral de 2007-2008 fue la inclusión, en el artículo 41 de la Constitución, del requisito de realizar “una amplia consulta a la sociedad” durante el proceso de selección de nuevos consejeros electorales. El propósito era recuperar el carácter “ciudadano” del órgano electoral al permitir una intervención directa de la sociedad tanto en la nominación como en la auscultación de los candidatos. Si bien la decisión final se mantuvo como coto exclusivo de los partidos políticos, la idea era contar con una etapa previa más abierta que ayudaría a legitimar y a transparentar el proceso. 

Hoy esta pequeña ventana, que en los hechos resultó ser una absoluta simulación, se cierra completamente. La “amplia consulta” ya no será un proceso abierto en que la sociedad propone y revisa la idoneidad de los candidatos, sino algo que llevarán a cabo cada uno de los partidos en total sigilo. Estrictamente hablando ni siquiera habrá “aspirantes”, ya que, con la actual redacción de la convocatoria, solamente una persona totalmente desubicada presentaría su candidatura de manera independiente. Únicamente participarán candidatos “invitados” de manera personal a razón de su cercanía con alguna de las fracciones partidistas. 

Y estos invitados no tendrán que someterse a una evaluación de sus conocimientos o siquiera participar en una comparecencia pública. Cada partido simplemente remitirá su lista de amigos a uno de los órganos más opacos de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, para su procesamiento. Allí la negociación y el intercambio de favores se llevarán a cabo en total oscuridad para que, después de un tiempo no especificado, emerja “humo blanco” de San Lázaro con los nombres de los nuevos corruptores de la democracia mexicana. 

En suma, así como los funcionarios públicos corruptos prefieren el socorrido método de la “invitación restringida”, a tres o cuatro proveedores amigos, a las “licitaciones públicas” abiertas a la sociedad en su conjunto, hoy los diputados también han elegido un procedimiento que garantiza la integración de un Consejo General a modo, complaciente tanto con la clase política como con los poderes fácticos y la dictadura mediática. 

Ello garantizará que el IFE, o el Instituto Nacional Electoral que lo reemplace, termine igual de inservible y deslegitimado como hoy yace el gobierno de Michoacán. Como un Rey Midas al revés, todo lo tocado por nuestros partidos políticos se echa a perder. La buena noticia es que la sociedad mexicana cada día se vuelve más consciente, crítica y participativa. Más temprano que tarde, surgirán nuevos movimientos y liderazgos que logren canalizar por la vía pacífica el profundo hartazgo social que hoy hierve a lo largo y ancho del país. 

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados
(Publicado en Revista Proceso, No.1931)