ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

domingo, 19 de abril de 2015

"Paso libre" (19 de abril, 2015)

El Viacrucis del Migrante/Foto:Hugo Cruz, Proceso
John M. Ackerman

El Viacrucis del Migrante encabezado por el padre Alejandro Solalinde ha tenido la enorme importancia de visibilizar las constantes agresiones que sufren nuestros hermanos y hermanas centroamericanos en su paso por México. Como Martin Luther King Jr., con sus marchas de Selma a Montgomery, Alabama, para exigir el respeto al voto de los afroamericanos en los Estados Unidos en 1965, Solalinde hoy también actúa en defensa de los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables.

Todos los mexicanos deberíamos solidarizarnos con nuestros vecinos latinoamericanos. Debe detenerse inmediatamente la inaceptable persecución, extorsión y expulsión de migrantes tanto por agentes gubernamentales como por integrantes del crimen organizado. En lugar de hacer el trabajo sucio a Washington, el Estado mexicano tendría que permitir el paso libre por el territorio nacional.

La Constitución nos otorga a todos el derecho al libre tránsito. “Toda persona tiene derecho para… viajar por su territorio… sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”, señala el artículo 11. “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, anuncia el artículo 15.

Asimismo, la Ley de Migración establece como principio fundamental la “hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional”. Y el artículo 76 de la misma norma indica que las autoridades en ningún momento “podrán realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes”.

En México los extranjeros cuentan con los mismos derechos civiles que los nacionales. Tanto el cerco policiaco al albergue Hermanos en el Camino como el constante acoso por las autoridades gubernamentales al Viacrucis violan flagrantemente el marco jurídico nacional.

Cada año el gobierno invierte cantidades millonarias de recursos para promover el turismo y la inversión extranjera en México. Y cuando los extranjeros económicamente privilegiados de Europa y los Estados Unidos nos visitan gozan de la enorme hospitalidad y apertura al exterior que caracterizan al generoso pueblo mexicano.

Nuestros hermanos y hermanas centroamericanos que buscan trabajo para ganarse la vida al otro lado del Río Bravo merecen el mismo trato y atención. “Por mi raza hablará el espíritu”, señala el sabio lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todos los pueblos de América Latina compartimos una historia similar y deberíamos apoyarnos en la lucha común por la justicia social.

Lo ideal sería poder ofrecerles en México a todos los centroamericanos que lo necesitaran trabajo, alimentación, vivienda, salud y educación. Su gran fuerza de trabajo podría generar grandes ganancias para todos. Lamentablemente, décadas de políticas neoliberales impulsadas por el PRI y el PAN al servicio de Washington han dejado nuestra economía en ruinas. Pero lo que sí podemos hacer es por lo menos echarles una mano a nuestros vecinos en su búsqueda de una mejor vida para sus hijos.

Un gobierno mexicano democrático y comprometido con el bienestar social convertiría todos los centros de revisión y de detención para migrantes en cómodos albergues para recibir, alimentar y permitir descansar a los dignos viajeros en su camino hacia el norte. Aquella transformación no solamente sería una gran acción humanitaria, sino que también implicaría un importante ahorro en el gasto público, ya que es más económico gastar en camas y cocineros que en celdas y policías.

Tristemente, la realidad es precisamente lo contrario. La semana pasada, un ciudadano grabó la llegada al territorio nacional de cientos de nuevos vehículos militares provenientes de los Estados Unidos (véase http://ow.ly/LHJHg), como si se estuviera preparando una invasión. El gobierno mexicano también recientemente compró de Washington 18 nuevos helicópteros militares Blackhawk fuertemente armados. Y Miguel Ángel Osorio Chong ya estudia la posibilidad de utilizar la Gendarmería Nacional para resguardar las instalaciones de las empresas mineras extranjeras.

En este contexto llama poderosamente la atención la aprobación de las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permiten a los agentes de los Estados Unidos portar sus armas en el territorio nacional. Ahora los policías estadunidenses podrán matar a mexicanos a sangre fría no solamente al norte de la frontera, como Antonio Zambrano, Rubén García y un indigente en Los Ángeles, sino también directamente en el territorio nacional.

Con su tradicional malinchismo, quien fue secretario de Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón, Ernesto Cordero, ha señalado que “tiene más miedo a un policía municipal de Iguala que a un oficial extranjero”. Lo que no menciona el senador es que los policías municipales ya se encuentran armados por y bajo el mando de los extranjeros. A la postre, el verdadero responsable por la desaparición de los estudiantes de Ayotzi­napa sería precisamente la estrategia de represión y “guerra contra las drogas” impuesta al gobierno mexicano por Washington. Solamente con la solidaridad y el trabajo en conjunto entre los pueblos y las naciones latinoamericanos podremos caminar hacia la paz con justicia social.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso, No. 2007
(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados

martes, 7 de abril de 2015

"Ludismo electoral" (5 de abril, 2015)

Conmemoración de los Luditas ingleses por Cath Everett (via ludditelink.org.uk)
John M. Ackerman

Hay que canalizar de la manera más efectiva la justa rabia y repudio al sistema corrupto y asesino que hoy se presenta como “gobierno” en México. En los albores de la Revolución Industrial, los artesanos ingleses desataron su furia en contra de las nuevas máquinas fabricantes de telas que estaban eliminando sus fuentes de trabajo. En su desesperación, los dignos “luditas” confundían las herramientas de la explotación con los autores de la do­minación. No eran las máquinas sino sus dueños los verdaderos adversarios. Esta confusión fue uno de los motivos por los cuales se quedó corto el desarrollo políti­co de Inglaterra en comparación con los vecinos revolucionarios de Francia.

Hoy ocurre algo similar con respecto a las elecciones y los partidos políticos en México. El enorme hartazgo con la clase política y los constantes fraudes electora­les han llevado a muchos a abogar por un “boicot” electoral, así como a demandar la cancelación de las elecciones en Gue­rrero. Si bien se entiende y se comparte la enorme indignación que motiva estos posicionamientos, también se vale cues­tionar respetuosamente la utilidad de las estrategias que proponen.

Lo que nos tiene sumidos en la más absoluta ignominia no son las elecciones o los partidos en sí mismos, sino el frau­de y la corrupción política. No fue el vo­to lo que llevó Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre y José Luis Abarca a sus puestos, sino la dictadura mediática, la compra de voluntades y la parcialidad de las institu­ciones electorales. Y hoy no somos gober­nados por partidos políticos, sino por una clase política absolutamente podrida que ha logrado corroer y destruir por dentro a cada uno de los institutos políticos que hoy malgobiernan el país.

Si los ciudadanos críticos dejan de votar u obstaculizan la celebración de las elecciones, hacen el trabajo aún más fácil a los corruptos. Las televisoras, el Institu­to Nacional Electoral (INE) y el Pacto por México avanzarán juntos con toda tran­quilidad en la consolidación de la dicta­dura mediático-militar bajo el mando de Washington y los mercados financieros internacionales.

La evidencia más clara de que la esfe­ra electoral todavía implica una amenaza para el sistema es la enorme cantidad de dinero que se invierte en propaganda en­gañosa, en “chayotes” mediáticos, en el acarreo de votantes y en la alquimia elec­toral. Si las elecciones fueran exclusiva­mente una ceremonia de legitimación no sería necesario gastar tanto en las cam­pañas o llenar al INE con tantos soldados leales al sistema. Al contrario, el sistema podría darse el lujo de garantizar un “jue­go limpio” y equitativo entre los diferen­tes candidatos, además de fomentar los debates públicos y una plena libertad de expresión.

Si la esfera electoral estuviera to­talmente controlada por el sistema no hubiera sido necesario, por ejemplo, des­pedir a Carmen Aristegui de MVS Noticias 15 días antes del inicio de las campañas federales. Tampoco haría falta la abusiva, engañosa e ilegal campaña del Partido “Verde”.

Votar libremente por los pocos can­didatos que valen la pena no es entonces “legitimar el sistema”; es precisamente rebelarse en contra del mismo. Votar de manera informada tampoco es “exten­der un cheque en blanco”, como señala nuestro distinguido colega de Proceso Javier Sicilia, sino solamente no dejar un estratégico campo de batalla totalmente libre al adversario. No deberíamos hacer tan fácil a los corruptos su trabajo de ro­barnos la esperanza y cancelar nuestros derechos ciudadanos. El gran dirigente popular Rubén Jaramillo tenía esta lec­ción sumamente clara cuando compitió por la gubernatura de Morelos dos veces, en 1946 y 1952, aún en un contexto del más profundo autoritarismo de Estado.

Ahora bien, resulta evidente que el ejercicio del voto no podrá por sí solo salvamos del naufragio nacional. El po­der del Estado nunca fue lo que algunos imaginaban que era, y hoy, después de tres décadas de entreguistas políticas neoliberales, se encuentra más debilitado y vulnerable que nunca. Para que el relevo en los cargos públicos pueda tener un verdadero impacto, hace falta construir simultáneamente una alternativa social independiente que de una vez por todas obligue a las autoridades a rendir cuentas y responder a las demandas ciudadanas.

Los importantes esfuerzos de construcción de poder popular al nivel municipal en Guerrero, Chiapas, Michoacán y Oaxaca deben ser el modelo para los niveles estatales y federales. Los policías deberían ser “comunitarios” tanto en los municipios como en todos los niveles de gobierno y en el país entero. Y el modelo de “Concejos Populares” que se aplica en pueblos indígenas tendría que extenderse a toda la nación. Luchemos para que todo México sea territorio autónomo y rebelde, no solamente algunas localidades.

Y en el camino para lograr esta ne­cesaria transformación del poder públi­co es crucial saber reconocer y valorar a los amigos y aliados. Específicamente, en cada elección tenemos la obligación de preguntarnos cuál de los candidatos estará más dispuesto a escuchar las de­mandas ciudadanas o, en su caso, sim­plemente será utilizado para reprimir a los inconformes.

Para esta evaluación habría que con­siderar tanto el talante autoritario y las trayectorias de cada candidato como los compromisos políticos que pesarán a la hora de tomar decisiones clave. En con­secuencia, la gran pregunta no es cuál de los candidatos resulta “mejor” o “menos peor”. Es: ¿Cuál encabezará un gobierno menos agresivo para el florecimiento y el empoderamiento de la sociedad combati­va y exigente que necesitamos para poder solucionar juntos los grandes problemas nacionales?

Twitter: @]ohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2005
(C) John M. Ackerman, Todos los Derechos Reservados