ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

martes, 22 de abril de 2014

"La dictadura del 'mayoriteo'" (20 de abril, 2014)

Protestas en contra de "fracking" en Estados Unidos
John M. Ackerman

El pasado sábado, 19 de abril se venció el plazo para la aprobación de las leyes secundarias en materia energética mandatadas por la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2013. Son excelentes noticias para la movilización social en contra de la consumación de esta vulgar traición a la patria. Habría que luchar para dejar en letra muerta a todos y cada uno de los otros oscuros artículos “transitorios” de la reforma para que jamás se concrete este histórico atraco al patrimonio nacional. 

Llama la atención la pasividad de los grupos parlamentarios de la supuesta “oposición” frente a este importante acontecimiento. Cómodamente sentados en sus curules y de paseo para Semana Santa, esperan pacientemente a que Peña Nieto finalmente presente las iniciativas de ley en materia energética preparadas en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza y negociadas en Los Pinos con las grandes empresas petroleras internacionales. Eventualmente, algunos diputados y senadores probablemente harán un “show” público de supuesta dignidad con una clausura simbólica de los recintos parlamentarios, pero difícilmente serán capaces de tomar la iniciativa para fijar las coordenadas del debate público sobre el tema. 

En lugar de esperar a que el rey haga llegar sus propuestas pactadas a los levantadedos del Congreso de la Unión, la oposición tendría que tomar acciones contundentes y lanzar sus propias iniciativas. Por ejemplo, la iniciativa de ley para prohibir totalmente la fracturación hidraúlica (el llamado “fracking”) en México, elaborado entre otros por Ricardo Mejía del Partido Movimiento Ciudadano, constituye un importante esfuerzo al respecto. Francia recientemente prohibió esta práctica en absolutamente todo su territorio nacional por los graves daños que genera al medio ambiente y a la salud pública. La “modernidad” y el desarrollo son perfectamente compatibles con la defensa del patrimonio nacional. 

Los esfuerzos de este tipo tendrían que multiplicarse. Por ejemplo, se deberían desarrollar otras iniciativas de reforma para aumentar de manera radical los estándares ecológicos, sociales, laborales y fiscales para cualquier empresa privada que opera en materia energética en el territorio nacional. El incumplimiento de cualquiera de estos estándares debería provocar la revocación inmediata de los “contratos” o “permisos” correspondientes. Recordemos que fue precisamente el incumplimiento de las empresas petroleras internacionales con las leyes laborales del país lo que empujó al General Lázaro Cárdenas a nacionalizar la industria petrolera en 1938. 

También sería importante unir la lucha energética con la batalla en materia de telecomunicaciones. En ambas materias los traidores apuestan a utilizar su presencia numérica en el Congreso de la Unión para imponer reformas profundamente anti-populares y autoritarias. Los voceros del régimen defienden esta estrategia en base a un supuesto derecho de las mayorías a imponer su voluntad en los sistemas democráticos. Un argumento similar se utiliza en Quintana Roo, San Luis Potosí y el Distrito Federal como pretexto para “regular” las marchas con el fin de proteger los intereses de las “mayorías”. 

Esta postura exhibe una enorme ignorancia de las teorías más básicas sobre la democracia. “Democracia” significa el gobierno del “demos” o del “pueblo”, es decir, de todos. Si bien a veces es conveniente tomar decisiones de acuerdo con el principio mayoritario, el poder de la mayoría también fácilmente se vuelve dictatorial e intolerante. Los Nazis, por ejemplo, gozaban de una amplia aceptación en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Sus “mayoriteos” a favor de la aniquilación de todos los judíos, discapacitados, morenos y homosexuales no tenían nada ver con la democracia. La defensa de los derechos de las llamadas “minorías” forma parte integral del funcionamiento de cualquier sociedad moderna. 

Hoy en México nos encontramos en una situación similar. Los mayoriteos del Congreso de la Unión y del Congreso del Estado de Quintana Roo, por ejemplo, sirven para imponer la voluntad de un grupo de personas que compraron sus cargos y han dado la espalda a la mayoría de la sociedad. Se busca utilizar la vía “institucional” para doblegar a la voluntad general y poner a todo México a servicio de la oligarquía nacional y los intereses financieros internacionales. 

Una excelente indicación del nivel de disfuncionalidad democrática actual es el perfil de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Si la clase política estuviera confiada en el apoyo mayoritario de la ciudadanía, no hubiera tenido que colocar a un grupo de tímidos burócratas que apuestan a limitar los “excesos en el cumplimiento de la ley” en materia electoral, como dijera el nuevo consejero presidente en una de sus primeras entrevistas. Una clase política sin miedo al mandato popular se hubiera atrevido a incluir aunque sea un par de consejeros con criterios independientes y sociales. 

Es particularmente vergonzante que todo el proceso de selección de los consejeros electorales fue conducido por un diputado supuestamente de “izquierda” del Partido de la Revolución Democrática, Silvano Aureoles, y que los consejeros propuestos por aquel partido son personajes que en su momento avalaron abiertamente y con todo cinismo el fraude de 2006 y la compra-venta de 2012. El reciente pacto de desarme entre las “autodefensas” de Michoacán y las autoridades más corruptas del país tampoco constituye un buen augurio para el futuro de la institucionalidad democrática. 

¿Algún día los mexicanos podremos volver a ver con orgullo a nuestros líderes políticos y autoridades electorales como dignos representantes de nuestros intereses? ¿Cabalgarán de nuevo Zapata y Villa? ¿Retornará el espíritu rebelde del General Cárdenas? 

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados
(Publicado en Revista Proceso, No. 1955)

miércoles, 9 de abril de 2014

¿Lucha electoral o social?: estrategias de la izquierda mexicana (Palabra de lector, Revista Proceso, 6 de abril, 2014)


PALABRA DE LECTOR 

Acerca de "Izquierda plural" 

De César Musalem Jop 

Señor director: 

El extraordinario combatiente social que es el doctor John M. Ackerman divaga en su artículo de 11 párrafos publicado el 23 de marzo de 2014 (Izquierda plural, Proceso 1951). No distingue la existencia de dos izquierdas: la pactista cómplice del panismo en las elecciones estatales (a la que llamaré institucional), y la Izquierda Social (IS), donde militan los ciudadanos deseosos de crear una nueva arquitectura social. 

Morena aglutinará a la IS, compuesta por las clases medias ilustradas sostenidas electoralmente por las grandes masas desheredadas de nuestro sistema. 

Ningún cambio social se hará sin la conquista electoral del Poder Legislativo federal en 2015, como ejercicio de ingeniería de organización social con vistas al 2018, sin dejar de lado las empresas –que no aventuras– electorales intermedias. 

Morena es la única vía electoral para que la IS alcance el poder, toda vez que antes de su nacimiento la institucional busca acomodos antihistóricos, volviendo innecesaria su presencia para transformar a nuestra patria. 

La correlación de fuerzas sociales se logrará con el impulso social cuando las ideas se conviertan en conceptos, y éstos en actos concretos de compromiso social democrático como la creación del Gran Congreso General Nacional funcionando como constituyente paralelo. 

El concepto de triunfo electoral total ha servido como bandera en todos los partidos políticos, de izquierda o de derecha, contra cualquier circunstancia, incluso de corte internacional. Pero ello implica la existencia de un concepto ideológico debidamente comprendido y aprehendido por los grandes batallones de votantes, acompañado este deseo triunfalista de una flexible organización que admita el proceso deconstructivo. 

El discurso debe ser el de un México exitoso del futuro, basado en la transpolación de la democracia electoral en la cual sobrevivimos hacia una democracia de bienestar social (Carlos Montemayor), donde el máximo de habitantes tenga acceso al máximo de oportunidades materiales, educativas y culturales. Para ello tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio; 10 mil 500 kilómetros lineales de costas; 2 mil islas, islotes y arrecifes que nos pertenecen, así como soberanía nacional sobre nuestra plataforma continental. 

Atentamente 

Licenciado César Musalem Jop 

RESPUESTA DE JOHN M. ACKERMAN 

Señor director, 

Coincido con el licenciado Musalem Jop en su clara demarcación entre una Izquierda Social y un grupo de personas, hoy agrupadas bajo las siglas del PRD, que se presentan como de “izquierda” pero que en realidad solamente buscan utilizar sus posiciones para pactar favores personales y ventajas políticos. Desde esta perspectiva, Morena efectivamente sería “la única vía electoral para que la Izquierda Social alcance el poder” y, precisamente por ello, en el artículo comentado (Izquierda plural, Proceso 1951) celebro “el enorme carisma e imprescindible liderazgo de Andrés Manuel López Obrador” así como “los dignos esfuerzos de quienes están trabajando de manera honesta para construir Morena”. 

Discrepo, sin embargo, con el análisis del Lic. Musalem Jop cuando privilegia la lucha electoral como un paso previo y una condición necesaria para el éxito de la lucha social. Desde el punto de vista de un servidor, el orden de los factores sería precisamente a la inversa. El deseable “triunfo electoral total” solamente será posible a partir de una vasta y bien organizada movilización social que logre sacudir el sistema desde sus raíces, de manera similar a lo que ocurrió a mediados de los años 90 del siglo pasado. 

En consecuencia, hoy lo más estratégico no sería prepararse para competir en las elecciones legislativas de 2015 o la campaña presidencial de 2018, sino construir las condiciones sociales y políticas necesarias para que aquellas elecciones sean procesos verdaderamente competitivos y auténticos a pesar de la abierta traición a la democracia de las instituciones electorales, la oligarquía nacional y los intereses financieros internacionales. En otras palabras, al enfocarse casi exclusivamente en el frente institucional-político, Morena podría estar cavando su propia tumba. Los ciudadanos tenemos el deber de ayudar a llenar este enorme vacío y así evitar la total clausura de la vía electoral para acceder al poder político. 

Atentamente,

John M. Ackerman

martes, 8 de abril de 2014

"México prostituido" (6 de abril, 2014)


John M. Ackerman

La situación de las jóvenes víctimas de la red de prostitución presuntamente organizada por Cuauhtémoc Gutiérrez, Presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Distrito Federal, es la realidad presente y el espejo del futuro para millones de las y los jóvenes más preparados del país. El sistema neoliberal impulsado por Enrique Peña Nieto y sus secuaces pretende convertir a todo México en una gran red de prostitución al servicio de la clase política, la oligarquía nacional y los intereses financieros globales. 

Tres décadas de políticas antipopulares han cancelado las oportunidades y las esperanzas de la juventud mexicana. De acuerdo con datos de la Asociación Na­cional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para 2020 menos de 10% de quienes egresan de la universidad conseguirán un empleo de calidad dentro de su profesión. Y la mayoría no obtendrán empleo alguno, sino que tendrán que recurrir a la economía informal, el crimen, la prostitución o la migración para sobrevivir. 

Esos datos fueron recolectados desde antes de la llegada de Peña Nieto al poder. Después del año de contra-reformas, la situación será en realidad mucho peor. 

Como consecuencia de la reforma energética, un gran porcentaje de los trabajos más calificados caerán en manos de los extranjeros empleados por las empresas transnacionales que vendrán para saquear al país. Como resultado de la reforma laboral, las condiciones de trabajo para los jóvenes cada día se degradarán más, ya que tendrán que recurrir a subcontratistas para conseguir empleo y podrán ser despedidos sumariamente a la menor provocación. Como consecuencia de la reforma fiscal, estos mismos jóvenes se verán obligados a pagar un mayor porcentaje de sus raquíticos salarios al fisco. Y debodp a la reforma financiera, nuestros estudiantes más preparados podrán terminar en la calle, o incluso en la cárcel, si se encuentran en una situación en que no puedan pagar sus deudas. 

La buena noticia es que la gran mayoría de los universitarios saben perfectamente bien que estas contra-reformas constituyen una traición a la juventud. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en particular, constituye un bastión de pensamiento crítico e independiente. Por ejemplo, en el simulacro electoral realizado ahí el 17 de mayo de 2012 con motivo de la elección presidencial, Enrique Peña Nieto recibió únicamente 5.19% de los sufragios y Josefina Vázquez Mota apenas 4.33%. El candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, fue favorecido por 85.61% de los sufragios. Si bien #YoSoy132 inició en la Universidad Iberoamericana, fueron los dignos estudiantes de la UNAM, la UAM, el IPN y las universidades públicas en todo el país, quienes, al engrosar las filas del movimiento, permitieron que el esfuerzo pasara de ser una manifestación aislada a un verdadero movimiento social. 

En este contexto, el poder autoritario busca cualquier pretexto para intimidar y desarticular a los universitarios. Por ejemplo, Miguel Ángel Mancera hoy mantiene presos a una docena de jóvenes detenidos arbitrariamente durante manifestaciones públicas. Y el pasado miércoles, 26 de marzo, los granaderos del Distrito Federal entraron a Ciudad Universitaria en respuesta a una sospechosa provocación de parte de los ocupantes del auditorio “Che Guevara”. 

La entrada de policías anti-motines en la UNAM constituye una abierta violación a la autonomía universitaria. La función del Agrupamiento Granaderos no es más que disuadir, reprimir y disolver las manifestaciones sociales. Su forma de resolver conflictos no tiene cabida dentro de un contexto universitario que debe ser caracterizado por el diálogo, la pluralidad y el trabajo en conjunto. 

En efecto, el nombre de “granaderos” proviene de una tropa de élite que se formó dentro del ejército francés durante el siglo XVII. Fueron llamados de esa manera por su destreza en el manejo de “granadas” para desalojar el camino con el fin de permitir el avance de las tropas regulares. Hoy Mancera utiliza su propio agrupamiento con el mismo propósito, para ablandar y amancillar a los jóvenes conscientes y así despejar el camino hacia la aplicación de las contrarreformas del Pacto por México. 

Es cierto que la autonomía universitaria no es equivalente a la extraterritorialidad, pero las acciones de Mancera tampoco son neutrales o inocentes. La UNAM cuenta con su propio cuerpo de seguridad y plena autonomía de gestión. No debemos permitir que actores políticos externos interfieran en la vida interna de la universidad. Este principio también aplica, desde luego, a los ocupantes del auditorio “Che Guevara”, quienes deberían entregar las instalaciones inmediatamente a la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras para establecer un verdadero espacio de autogestión estudiantil. 

Los traidores no se contentarán con la privatización del petróleo y la prostitución de la juventud. No conocen límites y saben perfectamente bien que para consolidar su predominio tendrán que desarticular y callar la cada vez más sofisticada y crítica consciencia juvenil. Hay que defender con toda nuestra fuerza a la UNAM y a todas las universidades públicas del país. Simultáneamente habría que impulsar una profunda democratización universitaria para tomar en cuenta y empoderar más a los estudiantes, los académicos y los trabajadores administrativos tanto en la toma de decisiones como en el nombramiento de sus autoridades. 

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso, 1953