ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

domingo, 15 de abril de 2018

"Estalinismo electoral" (Revista Proceso, 15 de abril, 2018)

John M. Ackerman 

La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordena la incorporación de Jaime Rodríguez Calderón a la boleta presidencial no tiene pies ni cabeza desde un punto de vista jurídico. Los magistrados Felipe Fuentes, José Luis Vargas, Mónica Soto e Idalfer Infante simplemente le regalaron al Gobernador nuevoleonés con licencia las 16 mil 656 firmas que le faltaban para alcanzar los 866 mil 573 apoyos ciudadanos necesarios para registrar su candidatura. 

Los mismos jueces electorales reconocen en su sentencia (SUP-JDC-186/2018 y su acumulado SUP-
JDC-201/2018) que El Bronco no alcanzó el número de firmas requeridas por la ley y que además cometió graves irregularidades en el proceso de reunir sus apoyos ciudadanos. 

Para muestra un botón: por lo menos 11 mil 748 de sus supuestos apoyos son de personas que aparecen en el “padrón electoral” pero que no fueron incorporados a la “lista nominal” de votantes porque los ciudadanos correspondientes nunca recogieron sus credenciales de elector en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE). 

Es decir, es materialmente imposible que esas personas hubieran expresado su apoyo a Rodríguez Calderón, porque jamás recibieron las credenciales que les permitieran hacerlo. Nos encontramos frente a un indicio contundente de la comisión del delito de tráfico de datos personales, con la probable complicidad de funcionarios del propio INE. Lo mismo ocurre en el caso de Margarita Zavala, quien presentó también 13 mil 358 firmas de personas que nunca recibieron sus credenciales de elector. 

Aun con las evidentes irregularidades en el proceso, los magistrados recurren al argumento espurio de que supuestamente el INE le violó a Rodríguez Calderón sus derechos de audiencia y al debido proceso. 

En su sentencia, los magistrados proceden como sí Rodríguez Calderón fuera víctima de un abuso de poder de parte de los consejeros del INE y que además contara con un derecho inalienable de aparecer en la boleta electoral, aun cuando hubiera hecho trampa. Los jueces olvidan que los verdaderos bienes jurídicos que deben tutelar son la democracia y el estado de derecho. 


Queda perfectamente claro que la decisión fue única y exclusivamente política. Al parecer, alguno de los asistentes a la fiesta de los 70 años de Carlos Salinas de Gortari decidió que la inclusión de Rodríguez Calderón en la boleta electoral ayudaría a restarle unos cuantos votos a Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en el norte del país, y los magistrados actuaron en consecuencia. 

Pero más allá del caso en particular, lo más llamativo de la situación es la exhibición pública de la existencia de un bloque mayoritario de cuatro jueces de consigna en el seno de la Sala Superior del TEPJF. Así como le regalaron suficientes apoyos a Rodríguez Calderón para que pudiera registrar su candidatura, y también se hicieron de la vista gorda con respecto a las graves irregularidades cometidas por Zavala, desde ahora estos cuatro magistrados se preparan para alterar los resultados de la elección presidencial para evitar que López Obrador llegue a Palacio Nacional. 

Recordemos que, de acuerdo con el Artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), le corresponde precisamente a la Sala Superior del TEPJF realizar el cómputo final de la votación para Presidente de la República, declarar la validez de la elección y finalmente entregar la constancia de mayoría al candidato ganador. El INE organiza la elección y divulga los resultados preliminares, pero para la elección presidencial no cuenta con la facultad legal de pronunciar al ganador. 

Es decir, en México la única forma para que un ciudadano pueda llegar a ser Presidente de la República es si cuenta con la venia de por lo menos cuatro magistrados electorales. Ni una participación electoral masiva, ni un margen de victoria de millones de votos, ni enormes movilizaciones callejeras pueden obviar el requisito de también contar con una votación mayoritaria en el TEPJF. 

"No importa quién vota, sino quién cuenta los votos", decía Josef Stalin. Así que lo único que tendrían que hacer Salinas de Gortari y los integrantes de la mafia del poder para garantizar que López Obrador no ocupe la Presidencia de la República es aplicar suficiente presión, por medio de una mezcla de incentivos monetarios y amenazas a la integridad física, para obligar a cuatro magistrados a votar en contra del reconocimiento de la victoria lópezobradorista. 

Pero lo más grave es que, en caso de nulidad de una elección, quien haya tenido su victoria anulada está impedido de participar en la elección extraordinaria inmediatamente posterior. El artículo 41 de la Carta Magna señala explícitamente que “en caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada”. 

Así que si la mayoría de magistrados de consigna decidiera anular el triunfo del tabasqueño, viviríamos de nuevo el escenario del desafuero de López Obrador, como en 2005. Aunque en esta ocasión sería mucho más difícil superar la prohibición para el candidato de Morena, ya que la inhabilitación de su postulación en la segunda vuelta habría sido dictada directamente por la Constitución. 

Con razón los priistas todavía se ven tan optimistas, aun cuando la popularidad de su candidato está por los suelos. Saben bien que si no les salen las cuentas respecto a la compra masiva de votos, la corrupción de funcionarios de casilla y el terrorismo electoral, siempre podrán recurrir al plan B de simplemente tumbar la elección. 

En ese caso “el tigre” evidentemente se despertaría y deambularía por los bosques, las ciudades, los litorales y las universidades del país. La voz de la indignación ciudadana se escucharía en el país entero. Pero ello les preocupa poco a los sectores más autoritarios y retrógradas del país, que simplemente se niegan a aceptar su derrota. Lo único que les importa a los mafiosos es el poder y el dinero, y están dispuestos a hacer casi cualquier cosa para evitar perder sus privilegios. 


Twitter: @JohnMAckerman

martes, 3 de abril de 2018

"Elecciones históricas" (Revista Proceso, 1 de abril, 2018)

John M. Ackerman 

Las elecciones del domingo, 1 de julio tendrán lugar en exactamente tres meses. En 91 días se celebrará uno de los comicios más importantes en la historia de México. No sólo se disputarán más de 18,000 cargos públicos (desde miles de regidores municipales hasta la Presidencia de la República) sino que también el pueblo mexicano tendrá la oportunidad de enviar un mensaje al mundo con respecto a su dignidad republicana, su capacidad organizativa y su consciencia social. 

¿Somos tan pacientes, pasivos y desorganizados como dictan los estereotipos de Hollywood sobre los mexicanos? ¿O seremos capaces de llevar a cabo una enorme revolución silenciosa en las urnas para botar a los corruptos y defender la soberanía nacional? 

La moneda todavía está en el aire. 

Durante las próximas semanas, el gobierno y los medios del régimen harán todo lo posible por desalentar la participación ciudadana y desanimar a los potenciales votantes. “Todos son iguales”, nos dirán. “No salgas a la calle porque podría haber problemas”, advertirán, “mejor quédate en casa con el futbol y los amigos”. Hará falta mucha valentía y perspicacia ciudadana para poder romper con las intensas campañas de desinformación, miedo y distracción que nos esperan en los próximos días. 

En general, la tasa de participación electoral en México deja mucho que desear. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 2006 solamente votó 58.5 por ciento de la lista nominal. En 2012, la participación subió un poco, pero aun así solamente emitió su sufragio 63 por ciento de los potenciales votantes. Durante las elecciones legislativas “intermedias” de 2009 y 2015, cuando no hubo elección presidencial, la tasa fue aún más baja, de 44 y 47 por ciento respectivamente. En las elecciones para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en 2016, solamente votó 28 por ciento de los electores. 

Lamentablemente, el grupo demográfico que menos vota son los jóvenes. En particular, el grupo de personas entre 20 a 29 años son quienes demuestran menor interés en participar en la elección de sus gobernantes, con una participación de solamente 53 por ciento en 2012 y de apenas 36 por ciento al nivel nacional en 2015, de acuerdo con estudios realizados por el Instituto Nacional Electoral (INE). 

Con respecto a los géneros, las mujeres mexicanas suelen participar mucho más que los hombres. En las últimas elecciones presidenciales en 2012, por ejemplo, votaron 66% de las mujeres y solamente 58% de los hombres, una brecha de 8 puntos porcentuales. 

Cuando cruzamos los variables de género y de edad queda aún más claro la radiografía. Quienes más votan son las mujeres de entre 50 y 59 años, 75% en las últimas elecciones presidenciales de 2012, y quienes menos votan son los varones de entre 20 y 29 años de edad, sólo 47% en el mismo año, lo cual significa una brecha de 27 puntos porcentuales. 

La baja participación entre los jóvenes, y en particular entre los hombres de 20 a 29 años, es preocupante porque en 2018 los jóvenes constituyen un enorme porcentaje de quienes podrán votar. 88 millones de ciudadanos mexicanos hoy cuentan con su credencial de elector. 26 millones de ellos, casi 30%, son jóvenes menores a 30 años. Y 15 millones, 17% del total, son jóvenes menores a 25 años para los cuales esta será su primera elección presidencial. 


Recordemos que el sufragio universal, en que todos los mayores de edad pueden votar, es un fenómeno reciente que ha sido la consecuencia de largas luchas sociales a favor de la justicia y la paz. En México, por ejemplo, fue hasta 1953 que las mujeres ganaron el derecho al voto. 

El voto es una conquista histórica de gran importancia que es incluso obligatorio de acuerdo con nuestra Constitución. El inciso III del artículo 36 de la Carta Magna indica que “votar en las elecciones y en las consultas populares” es una “obligación” de todos los ciudadanos mexicanos. Lamentablemente, no todos ejercen este derecho con la misma responsabilidad y consciencia. 

La buena noticia, sin embargo, es que a diferencia de las dos elecciones presidenciales pasadas, hoy nadie promueve el voto en blanco o el boicot electoral. 

El Congreso Nacional Indígena (CNI), por ejemplo, llegó incluso a lanzar una precandidata a la Presidencia de la República, María de Jesús Patricio “Marichuy”, quien hizo un trabajo muy importante recorriendo todo el país. 

Y muchos de quienes antes defendían al voto en blanco, como Denise Dresser o Emilio Álvarez Icaza, hoy apoyan a la coalición “Por México al frente” y las aspiraciones presidenciales de Ricardo Anaya. 

Otros políticos, como Andrés Manuel López Obrador, también han recibido el apoyo de un gran número de organizaciones sociales, activistas y líderes de opinión que en otros momentos han mostrado cierto escepticismo sobre los procesos electorales. 

En general, ha surgido un gran consenso social con respecto a la importancia de participar en las elecciones de 2018. Y no es para menos. Los resultados electorales del próximo 1 de julio marcarán por décadas, para bien o para mal, la historia de México. 

Todos los ciudadanos tenemos la obligación de preguntarnos qué papel queremos jugar en esta coyuntura tan importante y actuar en consecuencia. Como escribió Dante Alighieri: “Los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que en tiempos de crisis moral mantienen su neutralidad” 


Twitter: @JohnMAckerman