ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

martes, 20 de marzo de 2018

"Debates y valentía" (Revista Proceso, 18 de marzo, 2018)

John M. Ackerman 

Si Ricardo Anaya y José Antonio Meade realmente fueran tan valientes como dicen ser, no estarían buscando desesperadamente un debate con Andrés Manuel López Obrador dentro de un cómodo set televisivo manejado por uno de sus socios, sino que se lanzarían a los municipios más recónditos del país para dialogar y debatir con los millones de víctimas de la carestía, la corrupción y la violencia generadas por las políticas neoliberales impuestas desde hace décadas por los dos partidos que los impulsan: el PRI y el PAN. 

Es ahí, con los más marginados, donde los candidatos presidenciales tendrían que demostrar de manera directa su valentía, su apertura y su sensibilidad. Es ahí, con los ciudadanos más vulnerables, donde los aspirantes a Los Pinos deberían evidenciar su capacidad de escuchar, de proponer soluciones y de recibir críticas. 

López Obrador tiene casi dos décadas recorriendo al país visitando a todos y cada uno de los municipios de México, desde los más adinerados hasta los más olvidados. En cada parada tiene la oportunidad de escuchar las esperanzas y tomar en cuenta los reclamos de la gente. Y en cada visita expone su vida y su integridad física, ya que camina sin escoltas ni protección especial, confiado en que el mismo pueblo lo protege. 

Anaya y Meade, en contraste, sólo participan en reuniones estrictamente controladas, llenas de acarreados y rodeados de escoltas. Y cuando se atreven a participar en eventos con una población más abierta son fuertemente repudiados y abucheados, como cuando Meade tomó el micrófono la semana pasada en el evento de Omnilife en el estadio de las Chivas (véase: http://bit.ly/2FBDDia). 

Anaya de plano decidió escaparse del país durante el periodo de intercampañas. Prefirió cómodas reuniones en los despachos de Janet Napolitano, en California, y de Angela Merkel, en Berlin, a enfrentar los reclamos y los cuestionamientos del pueblo mexicano. Llama poderosamente la atención a quienes Anaya haya escogido como sus interlocutoras internacionales. Como Secretaria de Seguridad de la Patria de Barack Obama, Napolitano fue responsable por la expulsión de cientos de miles de mexicanos del país vecino, uno de los éxodos forzados más grandes en la historia reciente. 



Merkel tampoco es un ejemplo a seguir. La eterna canciller alemana tiene 13 años como la principal promotora del recrudecimiento de las políticas neoliberales en Europa. Ella fue responsable, por ejemplo, por la derrota de las innovaciones en materia de política económica originalmente propuestas, en 2015, por el nuevo gobierno de Grecia encabezado por Alex Tsipras y su partido Syriza. 

El “cobarde” entonces no es López Obrador, quien todos los días dialoga, debate y comparte el pan con el pueblo mexicano, sino los dos gemelos del PRIAN, quienes tienen las colas tan largas que solamente se sienten a gusto después de una larga sesión de maquillaje y con el correcto ajuste de luces en un set televisivo manejado por un locutor cuya lengua haya sido ajustada previamente por millones de pesos del presupuesto gubernamental. 

Por otro lado, es importante señalar que el reciente fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de ninguna manera “autoriza” la celebración de debates entre los candidatos durante el periodo de precampañas. Aunque los mismos magistrados electorales hayan promovido, de manera sospechosa, la desinformación sobre el tema (véase: http://bit.ly/2IemqsC), lo que en realidad resolvieron el pasado 9 de marzo fue simplemente revocar la validez de una carta que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) había enviado en respuesta a una consulta realizada por el Partido Morena con respecto a las reglas del juego durante el periodo de intercampañas. 

En esa carta, el INE de ninguna manera “prohibía” la realización de debates, sino que solamente les sugería a los partidos que los candidatos a elección popular no participaran en debates públicos, ya que con ello fácilmente podrían llegar a trastocar la prohibición absoluta contenida en la ley de realizar campañas entre el 11 de febrero y el 30 de marzo. 

El hecho de que el TEPJF haya ahora anulado los efectos legales de la carta del INE, utilizando argumentos estrictamente formales con respecto al alcance de las facultades del Consejo General, de ninguna manera implica que los magistrados electorales ahora impulsen o “dan luz verde” a la realización de debates públicos entre los candidatos en el periodo de intercampañas. 

La argumentación de fondo de la carta del INE se mantiene totalmente vigente. El candidato que hoy participe en un debate público pone en riesgo la validez tanto de su registro como de su eventual victoria, ya que el contenido y la forma de sus intervenciones durante un debate televisado fácilmente podrían ser calificados posteriormente como actos anticipados de campaña por las autoridades correspondientes. 

Insistir hoy en la realización de un debate público televisado durante el periodo de intercampañas, como lo han hecho Meade y Anaya, revela entonces una evidente falta de respeto a la legalidad en materia electoral. Al rehusarse a caer en la provocación de los candidatos del PRIAN, López Obrador una vez más demuestra que él es el candidato que en realidad más defiende la institucionalidad democrática y el Estado de derecho. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No.2158
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

domingo, 4 de marzo de 2018

"La disputa por el segundo lugar" (Revista Proceso, 4 de marzo, 2018)


John M. Ackerman 

La idea de que Ricardo Anaya sería un “opositor al sistema” es un insulto a la inteligencia y una burla a los verdaderos luchadores sociales, como Nestora Salgado, que han enfrentado al régimen de manera directa y, en consecuencia, han sido objeto de duras represalias. 

Desde el primer día del sexenio de Enrique Peña Nieto, Anaya ha fungido como un leal aliado del sistema de corrupción, impunidad y saqueo. El ahora candidato presidencial panista, abanderado de la coalición Por México al Frente, fue activo promotor de los acuerdos cupulares del “Pacto por México” que nos trajo las dañinas reformas energética, educativa, laboral y de telecomunicaciones. También se ha demostrado que Anaya cuenta con vastas propiedades en México y Estados Unidos adquiridas al amparo de su actividad política. 

El gobierno federal hoy utiliza la Procuraduría General de la República (PGR) para exhibir los trapos sucios de Anaya, no porque el especulador en naves industriales represente alguna amenaza a la integridad del sistema de oprobio que hoy nos malgobierna, sino simple y llanamente porque Peña Nieto y el expresidente Felipe Calderón lo consideran un traidor. Al estilo de un cártel de narcotraficantes o de una secta religiosa o política, priistas y calderonistas buscan ajusticiar personalmente a su antiguo amigo y aliado. 

Anaya no es, entonces, de ninguna manera un perseguido político. Estamos atestiguando una vil lucha por el poder entre dos bandos igualmente ambiciosos, cínicos y corruptos. 

La extraña compraventa millonaria de casas, terrenos y bodegas industriales de parte de Anaya, tanto en Querétaro como en Estados Unidos, efectivamente genera dudas serias con respecto a la honestidad del abanderado de la coalición “Por México al Frente”. De manera similar, el descubrimiento por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del desvío de por lo menos 6,879 millones de pesos durante el actual sexenio, en operaciones aparentemente conducidas por Rosario Robles y supervisadas por Luis Videgaray y José Antonio Meade, ha terminado de hundir cualquier posibilidad de que el candidato del PRI pudiera enarbolar una agenda de honestidad o de modernidad. 

Los dos candidatos PRIANistas constituyen dos lados de la misma manera hasta con respecto a los perfiles de sus abogados defensores. Anaya reclutó a uno de los abogados y políticos más desprestigiados de la historia reciente: el salinista Diego Fernandéz de Cevallos. Meade, por su parte, contrató los servicios de Javier Lozano, uno de los únicos abogados que le hacen la competencia a Fernández de Cevallos en cinismo y baja moralidad. 

Algunas voces antiobradoristas han cuestionado la racionalidad de la guerra de lodo entre los candidatos del PRI y el PAN. Dicen que esa disputa ayuda al tabasqueño y que, en lugar de pelearse, Anaya y Meade deberían ponerse de acuerdo para unir fuerzas en contra de Andrés Manuel López Obrador.


Sin embargo, analizando bien la situación, queda claro que hay una lógica profunda que fundamenta y sostiene el pleito doméstico entre Anaya y Meade. 

La lucha por el segundo lugar es una disputa literal por la sobrevivencia de los dos institutos políticos. Con López Obrador en Palacio Nacional, haber llegado en tercer lugar el 1 de julio podría significar el fin del partido correspondiente. 

El que llegue en segundo lugar tendrá la oportunidad de intentar aglutinar y articular las fuerzas de la reacción en contra de López Obrador. Ese partido también tendrá en la mira la posibilidad de acumular suficiente fuerza como el representante de las huestes antiobradoristas para reconquistar el poder en 2024. 

Sin embargo, el tercer lugar, llámase PAN o PRI, muy probablemente entrará en proceso de franca descomposición e implosión. Algunos miembros huirían hacia el gobierno federal, otros se unirían con la oposición más fuerte y los demás se quedarían peleándose entre sí por las migajas que queden del partido derrotado. 

El PRI muy difícilmente podría repetir la historia de 2006, en que logró revivir después del lejano tercer lugar de Roberto Madrazo. En aquella ocasión, Felipe Calderón llegó a Los Pinos con una gran deuda hacia el PRI y cogobernó con el viejo partido de Estado desde el inicio de su sexenio. Ello permitió que el PRI se recuperara rápidamente de su estrepitosa derrota en las elecciones presidenciales. 

El PAN tampoco puede confiar en que se repita el escenario de 2012, después del tercer lugar de Josefina Vásquez Mota. Así como ocurrió en 2006, pero con los papeles invertidos, después de 2012 el PAN pudo remontar la derrota a partir de su cercana relación con el Presidente de la República en funciones: Enrique Peña Nieto. 

Pero después de las elecciones de 2018 el escenario sería totalmente diferente. En el probable caso de que López Obrador sea quien reciba la banda presidencial el próximo 1 de diciembre, ni el PAN ni el PRI podrán contar con un Poder Ejecutivo complaciente con su partido. En esta ocasión, sin el salvavidas de Los Pinos, quien llegue en tercer lugar se hundirá solo. 

Esta dura realidad es lo que explicaría la descarnada, pero perfectamente racional, lucha por el segundo lugar en la contienda presidencial. Todo parece indicar que los dos partidos de la reacción ya han aceptado implícitamente su derrota y lo que predomina hoy es la lógica estrictamente pragmática de “sálvese quien pueda”. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2157
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados