ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 20 de febrero de 2017

"Derecha dividida, izquierda unida" (Revista Proceso, 19 de febrero, 2017)


John M. Ackerman

Una de las grandes debilidades de la izquierda en el mundo, y en particular en México y América Latina, ha sido su tendencia a las divisiones y los pleitos internos. Las fuertes convicciones y la pluralidad ideológica de quienes militan en movimientos progresistas, combinado con las infiltraciones y las cooptaciones desde el poder, producen un caldo de cultivo para la generación de constantes debates y conflictos. Esta situación convierte este tipo de movimientos en sumamente vulnerables a los ataques electorales, sociales y represivos desde el Estado y los poderes fácticos. 

En contraste, la derecha suele caminar unida. El dinero y el negocio de la impunidad son sus grandes lubricantes. Entre personas sin principios pero con grandes ambiciones, no hay división ni berrinche que no se pueda resolver con un cañonazo de miles de dólares. Y la profunda red de complicidades entre los integrantes de la mafia no permite a nadie confrontar con demasiada fuerza a su adversario, so pena de ser expulsado del paraíso de la protección del poder. 

Sin embargo, actualmente en México nos encontramos de repente en una situación excepcional en que la izquierda camina unida mientras la derecha se deshace en mil partes. 

La fallida marcha de “Vibra México” constituyó un excelente botón de muestra de la descomposición de la derecha. En 2004, un grupo de convocantes muy similar al de “Vibra México” logró sacar docenas de miles de personas vestidos de blanco a las calles para protestar en contra del gobierno capitalino de Andrés Manuel López Obrador, y supuestamente también a favor de una mejor seguridad pública en la Ciudad de México. Muchas de esas mismas convocantes, como María Elena Morera y Isabel Miranda de Wallace, después evidenciarían su claro sesgo ideológico al respaldar las fallidas políticas de Felipe Calderón que empeoraron la seguridad pública y hundieron a todo el país en un baño de sangre. 

Hoy, 13 años después de aquella marcha, menos de diez mil personas respondieron a la nueva convocatoria a una “marcha blanca”. Y quienes aportaron la verdadera “buena vibra” no eran los convocantes de derecha sino quienes desobedecieron la consigna de comportarse de manera “respetuosa” con el gobierno de Enrique Peña Nieto y prefirieron mostrar pancartas llenas de expresiones de repudio tanto para Donald Trump como para el presidente mexicano. 

La marcha se dividió en dos partes. De un lado de la valla en el Ángel de la Independencia se colocaron los seguidores de Miranda de Wallace, quien tuvo que salir corriendo de la manifestación frente a las expresiones de repudio en su contra. Del otro lado, caminaron por separado cada uno de los convocantes a la “Marcha por la unidad”, demostrando la gran desconfianza y divisiones que existían entre los mismos grupos convocantes. 


Mientras, figuras tan cuestionadas como Bernardo Gómez, Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín, Claudio X. González, María Amparo Casar, Leo Zuckermann, y Chumel Torres todos asistieron a la marcha, pero muy pocos siguieron su ejemplo. La desconfianza generalizada en las instituciones públicas y los partidos políticos ya ha alcanzado también a las figuras de la sociedad civil supuestamente “puras” e “independientes”. 

En contraste, del lado izquierdo del espectro político, la sociedad se une cada vez más con el proyecto y el movimiento de López Obrador. Docenas de miles de personas, de una variedad de agrupaciones sociales y partidos políticos, han acudido a cada una de las plazas públicas que ha visitado el tabasqueño para firmar su adhesión al Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México con miras hacia 2018.

El PRD se desfonda de una manera estrepitosa y la farsa de las candidaturas “independientes” cada vez se hace más evidente. En cambio, el Presidente del Partido Morena ha sido la única figura política capaz de llenar el enorme vacío de dirección y poder resultado del abandono a cualquier principio democrático de parte del gobierno de Peña Nieto y los partidos del “Pacto por México”. 

Todos ahora quieren saltarse a Morena. El reto central entonces para la izquierda ya no es como construir la tan anhelada unidad, que ya es un hecho, sino como evitar la desviación del movimiento hacia las agendas de la misma mafia del poder que busca combatir. 

En otras palabras, ¿Cómo evitar que Morena se convierta en otro PRD? ¿Cómo mantener la firme independencia del partido de quienes roban y asesinan al pueblo? 

En primer lugar, para los cargos y las responsabilidades habría que dar prioridad siempre a los líderes sociales y comunitarios, y entre ellos preferentemente a los jóvenes y las mujeres, que puedan acreditar su compromiso histórico con sus sectores o sus comunidades, por encima de los vividores que solamente se dedican a saltar de un puesto a otro. En otras palabras, habría que ejercer una clara “acción afirmativa” a favor de los líderes naturales y los nuevos cuadros. 

En general, todas las personas con expedientes limpios que quieran sumarse al movimiento deberían ser bienvenidos, pero tendrán que entrar con humildad para apoyar a quienes ya han dedicado años de sus vidas a la construcción del partido. En lugar de esperar sentados como burócratas de partido a que les regale el siguiente puesto, tendrían que formarse en la fila y ponerse a trabajar con las bases para demostrar su compromiso con el proyecto de transformación nacional. 

La tarea de construir un partido democrático, digno y honesto será posible si los militantes y los líderes logran poner sus propios egos al lado, aunque sea por un momento, para permitir que los principios de generosidad y de sacrificio determinen el futuro del instituto político que ya se prepara para tomar las riendas del poder en 2018. 

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Publicado en Revista Proceso No. 2103
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domingo, 5 de febrero de 2017

"Hipocresía constitucionalizada" (Revista Proceso, 5 de febrero, 2017)

Osorio Chong y Encinas "promulgan" la Constitución CDMX
John M. Ackerman

Hoy, 5 de febrero de 2017, en el centenario de nuestra Carta Magna, seremos testigos de un grotesco espectáculo en que los mismos políticos y gobernantes responsables por la traición a los enaltecidos valores, principios y compromisos sociales contenidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) (véase: http://www.proceso.com.mx/430089/honrar-la-constitucion) se erigirán como los guardianes de la legalidad, el Estado de derecho y la justicia.

Con enorme cinismo, los rateros se presentarán como defensores de la honestidad. Los vendepatrias se pronunciarán a favor de la soberanía nacional. Los sátrapas, término persa equivalente a “cacique” en México, pronunciarán discursos grandilocuentes a favor de la democracia. Los oligarcas afirmarán que favorecen la justicia social. Y los asesinos jurarán su compromiso más estricto con la paz y la armonía social.

Desde la creación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946, el régimen mexicano se ha basado en la hipocresía más profunda. A partir del sexenio de Miguel Alemán, electo en 1946 como el primer Presidente de la República emanado de las filas del nuevo partido, se inaugura una etapa de cinismo estructural en que se coloca en un altar los grandes héroes de la patria y los principios de justicia social de la Constitución de 1917 con el único fin de distraer la atención pública y poder burlarse más libremente en la práctica de estos mismos héroes y principios.

La respuesta más fácil a esta evidente traición es arrojar por la ventana al proverbial bebé junto con el agua sucia. Desde las calles y las plazas del país, importantes organizaciones sociales y ciudadanos indignados proclaman que hoy en el centenario de la Constitución no hay “¡Nada que festejar!”. Afirman, no sin razón, que los derechos humanos y sociales contenidos en nuestra Constitución, al agua, a la alimentación, a la salud, a la tierra y al trabajo, no se cumplen y que las docenas de reformas impulsadas por los gobiernos neoliberales han trastocado la original esencia revolucionaria de nuestra Carta Magna. Estos grupos llaman a la población a participar en la redacción de una nueva Constitución que pudiera garantizar la verdadera tutela de nuestros derechos y la defensa de la Nación.

Este proyecto alternativo y renovador es muy loable. Es cierto que nuestra Constitución ha sido manoseada y traicionada un millión de veces por nuestros “gobernantes” y “autoridades”. Sin embargo, la experiencia vivida con la redacción de una nueva Constitución para la Ciudad de México, aprobada por la Asamblea Constituyente el pasado 31 de enero, demuestra claramente que antes de llamar a una nueva constituyente primero tendríamos que conquistar las instituciones públicas realmente existentes.

El control de Miguel Ángel Mancera y Enrique Peña Nieto, y en general del “Pacto por México”, sobre la redacción de la Carta Magna capitalina la convirtió en un documento que protege más a las élites que a los pobres y mermará de manera significativa el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Tal y como ya lo ha denunciado la doctora Irma Eréndira Sandoval, Diputada Constituyente por Morena y académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el texto de la nueva Constitución implica graves retrocesos en materia de derecho a la protesta, al agua y a una vida digna (véase: http://ow.ly/rXQZ308zEad). El texto constitucional tampoco garantiza el derecho al aborto, ni asegura la plena exigibilidad de los derechos sociales, ni establece límites claros a los excesos de las grandes constructoras e inmobiliarias.

Pero el problema central con la nueva Constitución de la Ciudad de México no es solamente que no haya establecido mecanismos claros para la exigibilidad de los derechos, sino que también haya incluido candados y cláusulas que aseguran de manera afirmativa que nuestros derechos jamás se cumplan. Por ejemplo, el gobierno solamente tendrá la obligación constitucional de tutelar nuestros derechos sociales, a la educación, a la salud o a la alimentación, “hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan”. Y nuestro derecho a la protesta solamente será garantizado si no “afecta derechos de terceros”. El gobierno entonces se encontrará amparado por la misma constitución para dejar a los ciudadanos en el abandono así como para mandar a los manifestantes a protestar en un “marchodromo”.

Otro retroceso importante es la transformación en la integración de la Asamblea Legislativa. En lugar de la distribución actual de 40 diputados de distrito y 26 de representación proporcional, ahora habrá 33 diputados por cada uno de los dos conceptos. El resultado será el debilitamiento de la representatividad territorial directa y un aumento en la cantidad de diputados plurinominales que sólo rinden cuentas a las cúpulas partidistas. La falta de un referéndum popular para aprobar el texto de la nueva Carta Magna también implica una inaceptable afrenta a la voluntad de los ciudadanos de la capital.

Las constituciones siempre son reflejos de los contextos y las circunstancias políticas correspondientes. En 1917, por ejemplo, los constituyentes lograron revertir muchas de las propuestas más retrógradas de Venustiano Carranza y elaborar nuevas redacciones para los artículos 3, 27 y 123 que revolucionarían el constitucionalismo moderno en México y el mundo. Ello fue posible gracias a las valientes luchas del ala agrarista y radical de la Revolución encabezada por Emiliano Zapata y Francisco Villa.

En contraste, en 2017 la política institucional en México se encuentra en medio de una profunda crisis anti-revolucionaria en que los políticos solamente buscan satisfacer sus propios intereses. Esta situación de absoluta inmoralidad y falta de convicción está plenamente reflejada en el bodrio que ha resultado ser la primera Constitución de la Ciudad de México. Sería un grave error convocar hoy a un Congreso Constituyente para todo el país ya que tendríamos el mismo resultado mediocre y peligroso al nivel nacional.

La buena noticia, sin embargo, es que la indignación ciudadana cada día se expresa más claramente y se articula con mayor efectividad a lo largo y ancho del país. Si la vasta movilización social logra generar una transformación política, en las elecciones de 2017 y 2018, posteriormente nos encontraríamos en una coyuntura idónea para plantear una transformación de fondo y una actualización de nuestra Carta Magna.

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