ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 26 de diciembre de 2016

"Lo peor está por venir" (Revista Proceso, 25 de diciembre, 2016)

Margarita Zavala y Javier Duarte
John M. Ackerman

El gran filósofo y dirigente italiano Antonio Gramsci conminaba a mantener siempre un sano “pesimismo del intelecto” combinado con un decidido “optimismo de la voluntad”. De esa manera evitamos tanto engañarnos con cuentos de hadas sobre una supuesta transformación mágica del país en el futuro como caer en una depresión inmovilizadora que nos hacen cómplices de nuestra propia destrucción.

En este fin de año es importante tomar el tiempo para abrirnos los ojos con respecto a la tragedia de 2016 y la crisis que se acerca en 2017. Pero asomarnos al abismo no debe implicar que nos arrojemos en el. Con consciencia, entrega y organización, el nuevo año también podría ser el momento en que finalmente logremos establecer las alianzas necesarias para hacer realidad el sueño de reconstruir la Nación.

La violencia está fuera de control. Aunque la mayoría de los medios de comunicación intenten esconder la verdad, la realidad es que la tasa de homicidios se mantiene en el mismo nivel en que lo dejó Felipe Calderón en 2012. De acuerdo con las cifras oficiales del INEGI, terminaremos 2016 con aproximadamente 20,000 homicidios en el año. En apenas cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto ya hemos alcanzado casi la misma cantidad de homicidios dolosos que en los seis años del gobierno de Calderón. 

La corrupción desbordada ha colapsado las instituciones públicas. Los casos de los gobernadores salientes Javier Duarte, Roberto Borge y Guillermo Padrés son particularmente escandalosos, pero apenas constituyen la punta del proverbial iceberg. Conocemos algunos detalles sobre estos casos porque los nuevos gobernadores buscan utilizar la exhibición de la corrupción de sus antecesores para dar la impresión de que ellos serían diferentes. Sin embargo, los mexicanos sabemos perfectamente bien que personajes como Miguel Ángel Yunes, Carlos Joaquín y Claudia Pavlovich también forman parte de la misma mafia corrupta que ha malgobernado el país desde hace décadas. 

Pavlovich siempre ha sido del PRI y es absolutamente fiel a las redes de corrupción estructural sembradas desde hace décadas en el Estado de Sonora por personajes como Manlio Fabio Beltrones. Yunes fue durante mucho tiempo el brazo derecho de Elba Esther Gordillo y compitió en contra de su primo, Héctor Yunes, quien se mantiene en el PRI, para la gubernatura de Veracruz. Miguel Ángel tiene fuertes acusaciones en su contra tanto por desvío de recursos públicos en sus cargos anteriores como por abuso de menores. El nuevo gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, es también un viejo PRIista que saltó del barco para poder ser candidato por la alianza perversa del PANRD. Carlos es el primo de Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía de Peña Nieto y el hombre responsable por la privatización del petróleo nacional y también por la próxima alza en los precios de la gasolina en 2017.
Suben la gasolina y la luz
En 2016 hubo una explosión de violaciones a los derechos humanos de parte de las fuerzas del Estado y se cometió una de las masacres más reprobables en la historia reciente del país. El pasado 19 de junio, Miguel Ángel Osorio Chong y Gabino Cué enviaron cientos de policías fuertemente armados para llevar a cabo un escarmiento en contra del pueblo mixteco de Nochixltán, Oaxaca. Hasta la fecha no ha habido un solo detenido en el caso, dejando una lección de impunidad que garantiza la comisión de más masacres en el futuro (véase: http://ow.ly/NY4n307lms5). Asimismo, en esta navidad, presos políticos como Gonzalo Molina, Samuel Ramírez, Arturo Campos, José Manuel Mireles, Leonel Manzano, Damián Gallardo, Mario Olivera, Lauro Grijalva y Sara Altamirano, entre muchos otros, tuvieron que pasar la nochebuena separados de sus familias.

La economía mexicana está colapsada. Si bien nos va, 2016 terminará con una tasa de “crecimiento” de apenas 1.5 por ciento. El peso se ha devaluado más de 50% en los últimos dos años, lo cual ya está generando fuertes presiones inflacionarias y ha disparado el costo del servicio de la enorme deuda generada por las políticas de gasto irresponsables y corruptos del gobierno de Peña Nieto. 

Cotizada en dólares para fines de comparación internacional, el Producto Interno Bruto del país ha experimentado una franca contracción en los últimos años. En 2014, la economía nacional se valoraba en 1.297 millón de millones dólares. En 2015, únicamente llegó a 1.144 millón de millones. En 2016, probablemente terminaremos debajo de la línea de un millón de millones y caeremos varios lugares en el tablero internacional con respecto al tamaño de nuestra economía. Como consecuencia de las “reformas estructurales” del Pacto por México cada día los mexicanos somos más pobres.

El gobierno federal también ha sacrificado la soberanía nacional. La reacción de Peña Nieto a la victoria de Trump ha sido la de un lacayo a su amo. No ha levantado la voz ni una sola vez en defensa de la dignidad de México o de los mexicanos al otro lado del Río Bravo frente a las políticas y las declaraciones abiertamente racistas y fascistas del presidente electo. Al contrario, el Presidente mexicano ha ofrecido una actitud “constructiva” hacia los propósitos absolutamente destructivos del magnate de Nueva York.
Rex Tillerson, próximo Secretario de Estado de Trump
Mientras, Trump ha enviado un mensaje perfectamente claro con sus propuestas para los integrantes de su gabinete: el jefe del petrolero Exxon-Mobil será su Secretario de Estado, un general de cinco estrellas será su Secretario de Defensa (rompiendo así con una larga tradición de tener un mando civil sobre las fuerzas armadas de los Estados Unidos), un alto mando del banco Goldman Sachs será su Secretario del Tesoro, uno de los Senadores más racistas y anti-mexicanos será su Procurador, y un tejano multimillonario metido en el negocio del fracking será su Embajador a México.

En 2017, las múltiples crisis, de violencia, corrupción, derechos humanos, economía y soberanía se seguirán agravando. El pueblo ha sido abandonado por las autoridades y el “gobierno” de Peña Nieto ya no existe como tal. 

El destino del país entonces se encuentra en nuestras manos. No podemos seguir esperando que las instituciones del Estado o la inversión extranjera nos saquen del hoyo. Nos toca a todos y cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena para salvar a la Nación. De nuestras acciones durante 2017 dependerá la posibilidad de que 2018 no sea otro año de fraude y de indignación, sino que sea un año histórico en que iniciemos entre todos la construcción de una nueva república de paz, justicia y democracia.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2095
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

domingo, 11 de diciembre de 2016

"Fugados" (Revista Proceso, 11 de diciembre, 2016)

John M. Ackerman

El año pasado Joaquín “El Chapo” Guzmán se escapó por un túnel de 1.5 kilómetros cavado debajo de una de las cárceles de mayor seguridad del país, con evidente complicidad desde las más altas esferas del gobierno federal. El capo posteriormente se dejaría “recapturar” por Miguel Ángel Osorio Chong, al parecer bajo la condición de no ser extraditado inmediatamente a los Estados Unidos. 

Hace unas semanas, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se fugó del país utilizando un pasaporte falso. La entonces Procuradora General de la República y ahora Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, coincidentemente esperó hasta unas horas después de la desaparición del gobernador para girar los órdenes de aprensión correspondientes en contra del veracruzano por haber encabezado uno de los robos más grandes del siglo. 

Hace unos días, quien fuera Secretario de Hacienda de Felipe Calderón (2006-2009) y ahora gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, anunció que él también está haciendo maletas para abandonar el país. Como bien demostró Proceso la semana pasada, la normatividad no permite la renuncia de Carstens. Pero no le importa la ley al principal arquitecto de la fallida estrategia económica neoliberal de la última década. Prefiere huir antes de tener que rendir cuentas frente al total colapso económico que se acerca en 2017. 

Como ratas saltando de un barco a la deriva, estos tres personajes emblemáticos de la estructura prevaleciente de criminalidad, corrupción y desigualdad son protegidos por las instituciones realmente existentes. Quienes se quedan a mando les deben demasiados favores a los fugados para castigarlos como se merecen. Lo mismo ocurre con otras figuras como Tomás Yarrington, Rodrigo Medina, Roberto Borge, Humberto Moreira, Fausto Vallejo, César Duarte, Guillermo Padrés, Miguel Alonso Reyes y el mismo Felipe Calderón. Las redes de complicidad que tejieron cuando ocupaban sus tronos respectivos hoy siguen operando a su favor para garantizar su más absoluta impunidad. 

La gran pregunta, sin embargo, es: ¿Dónde se esconderá Enrique Peña Nieto al final de su sexenio? ¿Quiénes lo protegerán una vez que él también se salte de la nave del Estado mexicano que ha naufragado y despedazado con tanta efectividad? 

Esta es la pregunta clave que marcará todas y cada una de las acciones y decisiones del actual ocupante de Los Pinos hasta el último día de su sexenio. Peña Nieto sabe que no podrá colocar como su sucesor a uno de los integrantes de su círculo cercano, como Chong, Aurelio Nuño o Luis Videgaray. Tanto la incompetencia manifiesta de los integrantes del gabinete presidencial como los cada vez más escandalosos casos de corrupción han desfondado por completo la legitimidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De ahí el interés del ex-gobernador del Estado de México en pactar con Margarita Zavala, o incluso con Ricardo Anaya, Miguel Ángel Mancera o Movimiento “Ciudadano” (MC), con el fin de cerrarle el paso a una verdadera alternancia en el poder en 2018 que podría acabar con la impunidad. 

Tiene el mismo fin, de blindaje e impunidad, el ascenso de Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar en Guerrero durante la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa en 2014, primero a General de División y ahora al importante cargo de Inspector y Contralor General de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los nombramientos de Raúl Cervantes como Procurador General y probablemente también como Fiscal General, y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral, responden al mismo propósito. 

Pero conforme se acercan las elecciones de 2018 en un contexto de colapso económico, corrupción desbordada e indignación rampante, es probable que se deshaga la madeja y se caiga todo el edificio de impunidad pactada como un castillo de naipes. 

El mantenimiento del sistema actual de corrupción estructural depende de que todos los actores tengan la confianza de que sus actuales cómplices les cubrirán la espalda en el futuro. Pero en cuanto la seguridad de la impunidad eterna sea reemplazada por una auténtica incertidumbre con respecto a las coordenadas del poder futuro, los cálculos estratégicos empiezan a transformarse. 

En otras palabras, una vez que quede claro que el pacto de impunidad transexenal firmado entre PRI, PAN, PRD, que ahora también incluye a MC, PT e “independientes”, no tiene suficiente fuerza para imponer al próximo Presidente de la República, podría iniciarse una desbandada generalizada. Cada vez más funcionarios y delincuentes cavarán túneles de escape, desempolvarán sus pasaportes falsos y buscarán jugosas chambas en organizaciones y empresas transnacionales. 

Esta fuga generalizada dejaría a las instituciones públicas totalmente vacías y colapsadas, abriendo el escenario para una lucha política descarnada entre los militares y los morenos, entre la fuerza bruta y la esperanza ciudadana. Este probable escenario implicaría una verdadera coyuntura “revolucionaria” para las elecciones de 2018 en que todos los mexicanos tendremos que decidir si estamos decididos a seguir luchando por una república soberana y democrática o si de plano nos rendimos y aceptamos convertirse en una estrella más en la banda presidencial de Donald Trump. 

Publicado en Revista Proceso No. 2093

Twitter: @JohnMAckerman