ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

domingo, 29 de octubre de 2017

"Meade: el chapulín encubridor" (Revista Proceso, 29 de octubre, 2017)

John M. Ackerman

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) nos haría un gran favor a todos los mexicanos si elige a José Antonio Meade como su candidato presidencial para las elecciones de 2018. El Secretario de Hacienda encarna mejor que cualquier otro aspirante la continuidad del sistema PRIANista de corrupción, desigualdad y saqueo. La presencia de Meade en la boleta no dejaría duda alguna con respecto a la disyuntiva central de los próximos comicios: ¿continuidad o cambio?

Meade es hijo de un priísta, Dionisio Meade, y sobrino nieto de uno de los fundadores del PAN, Daniel Kuri Breña. Como buen tecnosaurio, estudió su licenciatura con Luis Videgaray en el ITAM y su doctorado en las escuelas “Ivy League” de los Estados Unidos, siguiendo el ejemplo de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. 

A Meade no le interesan ni la justicia social ni el fortalecimiento institucional. Tampoco es un hombre carismático o atractivo que haya podido construir un liderazgo fuerte o una imagen propia. 

Lo que más caracteriza a Meade es su fiel servilismo hacia el dinero y el poder. Los bancos y la impunidad son sus negocios favoritos. Es precisamente por ello que quienes comulgan con el sistema actual lo ven con tan buenos ojos.

Meade inició su carrera política durante el sexenio de Zedillo, como Secretario Adjunto de Protección al Ahorro en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), institución que fue creada en 1998 para legalizar el enorme fraude cometido bajo el paraguas de su institución antecesora, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Posteriormente, se incorporaría de lleno a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, como Director General de Banrural, Subsecretario de Ingresos y Secretario de Hacienda, entre otros cargos.


En 2012, Enrique Peña Nieto tomó la sorpresiva decisión de mandar Meade a la Secretaría de Relaciones Exteriores, un cargo para el cual no tenía experiencia o preparación alguna. Fue el único integrante del gabinete de Calderón que gozó de un pase directo a la administración de Peña. Meade cobró así su recompensa por los invaluables servicios que había brindado a Peña Nieto durante su campaña presidencial. 

Meade recientemente confesó públicamente que había votado por Peña Nieto en 2012, aun cuando en ese momento formaba parte del gabinete de un gobierno panista. Esta confesión no debe sorprender a nadie. En realidad, no solamente Meade sino también Fox, Calderón y toda la nomenclatura panista apoyó a Peña Nieto como el candidato que mejor garantizaba la continuidad del régimen frente a la amenaza del lopezobradorismo.

Como Secretario de Hacienda durante la campaña presidencial de 2012, Meade debe conocer como la palma de su mano todos los secretos sobre exactamente como y de donde se financiaban las tarjetas Monex y los otros instrumentos financieros que permitían a Peña Nieto rebasar más de 14 veces el tope de gasto de campaña. 

No hay duda, por ejemplo, de que Meade hubiera tenido conocimiento de las transferencias de Odebrecht y otros similares orquestados por Emilio Lozoya. Meade seguramente también tenía conocimiento de los depósitos triangulados hacia las tarjetas Monex desde el Grupo Comercializador Cónclave, empresa administrada por Rodolfo Dávila, operador financiero del Cártel de Juárez, tal y como lo ha revelado Aristegui Noticias (Véase: http://ow.ly/Y3zD30g8dzD). 

Jesusa Cervantes, reportera de Proceso, ha revelado asimismo que justo antes de dejar la Secretaría de Hacienda en 2012, Meade negoció un importante convenio fiscal con Singapur que facilitaría la fuga de capitales y el lavado de dinero en aquel pequeño pero poderoso país asiático.

Después, como Canciller de Peña Nieto, Meade andaría por el mundo como vendedor ambulante de México al capital financiero internacional. Promovía las “reformas estructurales” como una gran oportunidad para el saqueo de las riquezas del país por las empresas más poderosas del mundo.

Posteriormente, como Secretario de Desarrollo Social, Meade aprovecharía para pactar con los gobernadores más retrógradas y corruptas del régimen. El aspirante presidencial también fue el responsable de presionar al INEGI para modificar sus criterios de medición de los ingresos de los hogares más desfavorecidas para dar la impresión de que el gobierno actual hubiera reducido la pobreza.

Ahora, de regreso a la Secretaría de Hacienda con Peña Nieto, Meade ha sido el autor de los gasolinazos, de los recortes al gasto educativo y del aumento en el gasto militar. También ha dado continuidad a la irresponsable política de endeudamiento extremo iniciada durante el gobierno de Calderón, el cual se ha agravado aún más durante el sexenio actual. Gracias a las gestiones de Meade y Videgaray en Hacienda desde 2010, la deuda pública ahora equivale a 50% del Producto Interno Bruto.

Se la misma manera, son ampliamente conocidas las convicciones ultraconservadoras de Meade en materia social. Es un fundamentalista religioso cercano a Antonio Chedraoui y el Opus Dei que se opone al aborto, el matrimonio gay y la liberación femenina. 

En suma, Meade no es más que un chapulín reaccionario que salta de puesto en puesto haciendo gala de su habilidad con el encubrimiento y el engaño. Meade es la viva imagen de la continuidad del sistema de impunidad, corrupción, desigualdad y entreguismo que ha malgobernado el país desde la creación del PRI en 1946. 

En el contexto actual de despertar ciudadano e indignación generalizada, un candidato como Meade solamente podría imponerse en 2018 por medio de uno de los fraudes electorales más grandes en la historia de la nación.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2139
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

domingo, 15 de octubre de 2017

"El fin del TLCAN" (Revista Proceso, 15 de octubre, 2017)

Caricatura de José Hernández, Revista Proceso
John M. Ackerman

El presidente Enrique Peña Nieto y su canciller, Luis Videgaray, esperaban que, si se arrastraban con suficiente abyección a los pies de Donald Trump, el magnate neoyorquino finalmente les tendría lástima y dejaría intacto su apreciado juguete salinista: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Pero todo parece indicar que la estrategia tapete de los indignos representantes de nuestro mal gobierno terminará en un fracaso histórico para la diplomacia mexicana.

Conforme avanzan las rondas de renegociación, se confirma la sospecha de que el gobierno de Trump nunca tenía el menor interés en “actualizar” o “modernizar” el acuerdo trilateral, sino que solamente busca tiempo para arrinconar y chantajear al gobierno de México con el fin de obligarlo a aceptar términos aún más lesivos y desiguales que la versión actualmente vigente del tratado. En su desesperación por detener la estrepitosa devaluación del peso y evitar un estallido social en el corto plazo, Peña Nieto le entró al juego del ocupante de la Casa Blanca y ahora se encuentra en un callejón sin salida.

Para mantener el TLCAN, Trump exige al gobierno mexicano una serie de concesiones inaceptables que hundirían la economía nacional durante décadas. Propone, por ejemplo, obligar a México a aumentar sus importaciones de bienes y servicios de Estados Unidos, así como fijar en 50% o más el porcentaje requerido de insumos estadunidenses en los productos industriales de mayor valor agregado exportados desde México al país vecino. Washington también busca reservar su derecho a violar el acuerdo de manera unilateral en cualquier momento, por medio de la eliminación del capítulo 19 del tratado, así como incluir una revisión obligatoria de los términos del TLCAN cada tres o cuatro años con el fin de ir ajustando detalles si no se supera el presunto “déficit comercial” de Estados Unidos con México.

Aceptar estos términos convertiría a México en un simple apéndice de la economía estadunidense. Simultáneamente se aumentaría nuestra dependencia del norte y se reducirían los beneficios de nuestro acceso privilegiado al mercado de nuestro poderoso vecino. A cambio de unas cuantas migajas, sacrificaríamos de manera definitiva la posibilidad de desarrollar una verdadera política industrial y de desarrollo agropecuario que pudieran resolver la pobreza y la desigualdad que tanto lastiman hoy al pueblo mexicano.

A Peña Nieto y a Videgaray no les preo­cupa que México desaparezca como Estado soberano. Ellos firmarían cualquier acuerdo con el fin de mantener una semblanza de estabilidad financiera durante los meses previos a las elecciones de 2018.

Sin embargo, el pueblo mexicano no es tonto y podría castigar al gobierno muy fuertemente en las urnas por este acto de alta traición. Así que los vendepatrias también tienen guardado un “Plan B”. Desde ahora preparan la opción de envolverse en la bandera y levantarse indignados de la mesa de negociación del TLCAN con el fin de lucrar políticamente con su propio fracaso diplomático, presentándose como los grandes defensores de la patria frente a la intransigencia del gandalla de la Casa Blanca.

Sin embargo, pocos mexicanos se dejarían engañar por los discursos patrioteros de estos nacionalistas de ocasión. Es demasiado tarde para rectificar. Too little, too late, como dicen los gringos tan admirados por los tecnosaurios que hoy predominan en el gabinete federal. Peña Nieto y Videgaray han dado demasiadas muestras concretas de su abyección al imperio para poder rectificar a estas alturas del partido.

Todos recordamos, por ejemplo, la abierta utilización de los recursos y el prestigio del Estado mexicano para intervenir a favor de Trump durante la pasada campaña presidencial en Estados Unidos, con la invitación al magnate neoyorquino a Los Pinos el 31 de agosto de 2016. El juramento de Peña Nieto en su conversación telefónica con Trump del pasado 27 de enero –de que “el espíritu de mi gobierno es la posición de mi administración, es que las cosas vayan bien para Estados Unidos y que todo vaya bien para su gobierno (de Trump)”– también pinta de cuerpo entero la visión y la ideología del primer mandatario mexicano.

Ya basta de improvisaciones y oportunismos en la agenda bilateral. Tanto el entreguismo servil como el patrioterismo hipócrita lastiman la posición internacional de México y contribuyen al debilitamiento de la economía nacional. Urge una nueva diplomacia firme, serena y capaz, que genere respeto en el escenario internacional.

Con o sin el TLCAN, la relación bilateral entre México y Estados Unidos seguirá. Pero para que esta relación sea productiva y efectiva, para que rinda frutos para México y los mexicanos, hace falta una verdadera interlocución entre iguales. Y una condición necesaria para poder lograr esta igualdad es un gobierno mexicano plenamente legítimo que cuente con el respaldo de su propio pueblo y que esté dispuesto a luchar con los ciudadanos en defensa de la soberanía nacional y la justicia social.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2137
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 2 de octubre de 2017

"Democracia plurinominal" (Revista Proceso, 1 de octubre, 2017)

John M. Ackerman

Sin diputados plurinominales ni financiamiento público para los partidos políticos, el PRI recuperaría su antigua posición como el partido hegemónico de Estado que por sí solo podía aprobar cualquier ley, así como dictar unilateralmente la política nacional desde la Presidencia de la República.

Estas iniciativas no apuntan hacia la liberación ciudadana, sino hacia una esclavitud aún mayor a los mismos políticos corruptos de siempre; las propone el PRI porque le conviene. Quienes quieren expulsar del poder a la vieja clase política deben abrir bien los ojos para evitar ser engañados por estos viejos lobos colmilludos disfrazados de tiernas ovejitas.

Hace 15 días en estas mismas páginas advertimos sobre los peligros de la eliminación del financiamiento público para los partidos políticos (véase: http://ow.ly/q4NV30ft78k). En esta ocasión analizamos la propuesta igualmente engañosa de eliminar la representación proporcional en el Congreso de la Unión.

Hoy la Cámara de Diputados tiene 300 diputados uninominales por distrito y 200 plurinominales por circunscripción. Esta distribución es similar a la que existe en otros países, como Alemania, que buscan establecer un sano equilibrio entre la representación territorial, por un lado, y la fidelidad a la pluralidad social y política del país, por el otro.

Tanto los diputados “pluris” como los “unis” son electos por la ciudadanía. La diferencia esencial entre los dos tipos de representantes es que la votación que se toma en cuenta para calcular los ganadores de los primeros no se limita a un solo distrito electoral, sino que incluye un conjunto, a una “pluralidad” de los mismos.


Los sistemas que no cuentan con representación proporcional desperdician una enorme cantidad de votos. Por ejemplo, si en un distrito el candidato ganador recibe 35% de la votación y los otros contendientes reciben 30%, 25% y 10% cada uno, los únicos votos realmente válidos, con fuerza para determinar quiénes ocuparán curules en la Cámara de Diputados, serán los emitidos a favor del ganador. Los sufragios de 65% de los ciudadanos que votaron en contra del candidato ganador en el distrito correspondiente se quedan sin impacto o influencia alguna.

Pero en sistemas con representación proporcional todos los votos a favor de candidatos perdedores al nivel distrital encuentran una segunda salida al ser tomados en cuenta a la hora del reparto de los diputados plurinominales. De esta manera se evita la exclusión de la voz de millones de ciudadanos.

En las más recientes elecciones para la Cámara de Diputados, las de 2015, el PRI recibió sólo 31% de la votación. Con el sistema mixto actual, el PRI controla hoy 41% de los curules, una sobrerrepresentación de 10%. Pero si no existieran diputados plurinominales, la situación sería aún peor. Por sí solo el PRI ocuparía 53% de los escaños en San Lázaro, 22% mayor a su fuerza real con respecto a la votación popular. Más claro ni el agua.

Para acabar completamente con el problema de la sobrerrepresentación, la vía no sería la eliminación de los legisladores plurinominales, sino todo lo contrario: la eliminación de los uninominales, o de distrito, para quedarnos únicamente con representantes electos con criterios de estricta proporcionalidad.

La enorme hipocresía del PRI queda manifiesta cuando observamos su posición en la Ciudad de México, donde el partido es minoritario, de oposición, que incluso abogó a favor de un aumento significativo, no una reducción, en la cantidad de diputados plurinominales. De acuerdo con la nueva Constitución de la Ciudad de México, a partir de 2018 el Congreso local ya no tendrá 40 de mayoría y 26 plurinominales, sino 33 por cada concepto.

Ahora bien, es cierto que el Congreso de la Unión ha dado la espalda a la población. A partir del “Pacto por México”, los integrantes de las bancadas del PRI, PAN, PRD, PVEM y Panal se han convertido en simples levantadedos que no hacen otra cosa que avalar los pactos cupulares acordados entre los líderes partidistas y el presidente Enrique Peña Nieto.

Pero la eliminación de los plurinominales solamente agravaría el problema, ya que reduciría aún más la fuerza de la oposición en el Poder Legislativo. Con ello habría aún menos rendición de cuentas o transparencia en la discusión y la aprobación de las leyes, así como una reducción en la capacidad fiscalizadora y de control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo.

En lugar de reducir la cantidad de plurinominales al nivel federal, habría que “abrir” las listas de candidatos para que, a la hora de votar, los ciudadanos puedan expresar su opinión a favor o en contra de los nombres incluidos por cada uno de los partidos en sus listas de candidatos “pluris” que se encuentran en la parte trasera de la boleta electoral. Así quitaríamos el control de los partidos sobre el orden de los candidatos en las listas y evitaríamos que fueran electos candidatos impresentables por esta vía, como suele pasar en la actualidad.

Otra propuesta en el mismo sentido, y aún más fácil de implementar, sería distribuir los lugares plurinominales entre los candidatos uninominales que no hayan ganado sus distritos electorales, y en estricto orden de prelación de acuerdo con la cantidad de votos que reciban. De esta manera, absolutamente nadie ocuparía una curul en el Congreso sin haber hecho campaña activamente y dialogado con el electorado.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2135
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