ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 31 de octubre de 2016

"¿Quién 'jode' a México?" (Revista Proceso, 30 de octubre, 2016)

Angélica Rivera, Enrique Peña Nieto y Javier Duarte
John M. Ackerman

“La enorme empatía entre nuestro futuro presidente de la República y el gobernador del estado augura tiempos promisorios para Veracruz". Son las palabras del entonces Presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, pronunciadas unos días después de la elección presidencial de 2012 en una visita a Veracruz. Después de regalarle un efusivo abrazo a Javier Duarte, el futuro Secretario de Energía de Enrique Peña Nieto continuó señalando que el veracruzano “es un joven gobernador priísta que…ha mostrado excelentes destrezas para gobernar, convicciones sociales inquebrantables y una actitud de puntual responsabilidad que el PRI nacional hoy viene a su propia casa a reconocer”. 

No era para menos. Unos seis meses antes, el viernes 27 de enero, la PGR había detenido a dos colaboradores del Gobernador de Veracruz transportando en un avión oficial dos maletas con un total de 25 millones de pesos en amplios fajos de billetes sin poder acreditar ni su origen o destino. El gobierno de Duarte luego “aclararía” que el dinero supuestamente era para “la contratación de artistas y materiales de promoción” para la Cumbre Tajín y que no hicieron el depósito via transferencia bancaria porque “les habían agarrado las prisas”. Solamente el Instituto Federal Electoral (IFE), en su eterna complicidad y compromiso con la impunidad, les compró el cuento. Todos los demás tuvimos perfectamente claro que el destino de este dinero muy probablemente era para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto. 

Recordemos que quien antecedió a Coldwell como Presidente del PRI, Humberto Moreira, recientemente fue detenido en España por acusaciones de lavado de dinero remitidos por el gobierno de los Estados Unidos. Moreira, cercano a Elba Esther Gordillo, presidía el PRI cuando este instituto político decidió que Peña Nieto sería su abanderado presidencial. 

La renuncia anticipada y fuga sorpresiva de Duarte evidentemente fue pactada directamente con su amigo Peña Nieto. El gobernador de Veracruz tenía miedo de que su otrora aliado y también cercano colaborador de Gordillo, Miguel Angel Yunes, lo apresaría en el momento que terminara su mandato. Coreografiaron muy cuidadosamente la fuga del mandatario estatal para que la orden de aprensión llegara justo unas horas después de que Duarte y su familia se hubieran desaparecido del mapa.

Fue un operativo muy similar a lo ocurrió en el caso del ex-gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Aguirre también pidió licencia con el fin de negociar la impunidad por las acusaciones en su contra por desvíos millonarios del erario estatal así como su evidente protección del Presidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Jesús Murillo Karam también hoy camina libre por las calles, aún después de su papel tan lamentable y encubridor desde la PGR en el mismo caso.

Hace un año, a Joaquín “El Chapo” Guzmán también lo dejaron escapar de Almoloya por medio de un túnel construido con la evidente complicidad de las autoridades gubernamentales. Y desde hace años, los ex-gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, se encuentran prófugos de la justicia acusados de tener fuertes vínculos con el crimen organizado. 

A veces el sistema político ve la necesidad de reaparecer y detener temporalmente a los delincuentes para dar la impresión de su supuesta voluntad de combatir al crimen. Por ejemplo, la semana pasada, el jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores, apareció como por arte de magia después de dos años de estar supuestamente “buscado” por la justicia. No lo encontraron en la India, en Hawai o siquiera en Madrid, sino en Iguala en su propia casa después de haber visitado a su esposa. Al Chapo Guzmán también le llamaron de regreso a la cárcel a principios del año después de dejarlo divertirse un rato con Sean Penn y Kate del Castillo en las montañas del “Triángulo dorado”. Con el actual gobierno, el encubrimiento de la delincuencia organizada se ha convertido en una política de Estado. 

Ahora, en agradecimiento por su servicio al narcogobierno, la ahora ex-procuradora Arely Gómez ha sido enviada a la Secretaría de la Función Pública para desde ahí consolidar la simulación autoritaria. Y en su lugar en la PGR, Peña Nieto ha colocado a uno de los abogados más leales al PRI en todo el país, Raúl Cervantes, quien no tendrá otro encargo que esconder todas las fechorías del sexenio antes de que termine el gobierno para asegurar una plena impunidad transexenal. Estos movimientos burocráticos serían risibles si no fueran tan indignantes y deleznables.

Peña Nieto nos ha pedido el beneficio de la duda. Señala que el Presidente de la República no se levanta todas mañana planeando como “joder a México” sino que estaría haciendo su mejor esfuerzo por sacar adelante el país en condiciones difíciles.

Miente el ocupante de Los Pinos. Cada día más mexicanos nos damos cuenta de que Peña Nieto no busca ayudar o defender a México sino que tiene la clara intención de destruir nuestra historia, cultura y recursos naturales con el fin de convertir el país en una colonia más de los Estados Unidos, sin dignidad ni orgullo. Peña Nieto no es un hombre inocente de buenas intenciones, sino el capitán de un barco totalmente podrido y a la deriva decidido a hundirnos a todos en un enorme pantano de sangre, impunidad y corrupción. 

Sin embargo, a pesar de todo, la sociedad mexicana mantiene su frente en alto e insiste con enorme valentía en la posibilidad de construir un nuevo régimen democrático y honesto. Así como David derrotó a Goliath, también lo podemos hacer armados con las hondas de la esperanza.


Twitter: @JohnMAckerman

lunes, 17 de octubre de 2016

"Los presos políticos de Mancera" (Revista Proceso, 16 de octubre, 2016)

John M. Ackerman

Desde el 1 de diciembre de 2012, el Gobierno del Distrito Federal ha detenido arbitrariamente y encarcelado injustamente a más de 500 personas durante marchas y manifestaciones públicas. Como fieles perros guardianes de Enrique Peña Nieto y el Pacto por México, primero Marcelo Ebrard y después Miguel Ángel Mancera han buscado desactivar la creciente indignación popular por medio de la criminalización de la protesta social. Durante el proceso de aprobación de las “reformas estructurales” energética, educativa, de telecomunicaciones, laboral y financiera, las marchas de protesta fueron infiltradas sistemáticamente por provocadores enmascarados que protagonizaron actos de violencia con el fin de justificar el encapsulamiento y la detención indiscriminada de manifestantes pacíficos.

El objetivo era infundir miedo y zozobra entre la población, sobre todo entre los jóvenes indignados, quienes ya habían demostrado su gran capacidad de acción y de convocatoria durante el movimiento #YoSoy132. La violencia y las detenciones arbitrarias, ambas fomentadas desde el gobierno, tenían la función de desalentar la movilización social masiva en contra de la consolidación autoritaria en la capital del país.

Pero los aires de la política capitalina empiezan a cambiar. Las contundentes victorias electorales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en 2015 y 2016 marcan el inicio de una nueva hegemonía política en la Ciudad de México. Ahora, ocasionalmente se permite a las marchas entrar a la plancha del Zócalo y desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se promueve una importante Ley de Amnistía. Esta ley, que ya fue dictaminada y aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, permitiría sacar de la cárcel a los cuatro presos políticos que aún se encuentran encerrados (Luis Fernando Sotelo, Alejandro Montaño, Fernando Bárcenas y Abraham Cortés), así como limpiar totalmente el historial de cientos de otras personas, la mayoría jóvenes, que han sido injustamente acusadas o encarceladas por el gobierno represor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde 2012.

La aprobación de la Ley de Amnistía dejaría un precedente fundamental a escala nacional e internacional, ya que implicaría un reconocimiento oficial de la existencia de presos políticos en México. La prensa nacional e internacional, aliada con Washington, no duda ni un segundo en señalar y exigir hipócritamente la liberación de presos políticos en países como Venezuela, Rusia y Cuba, pero dan la espalda a los cientos de presos que tenemos aquí en casa, sobre todo en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y la Ciudad de México. Apenas hace unos 15 días, el gobierno perredista de Silvano Aureoles detuvo y encarceló arbitrariamente a 48 normalistas indígenas de Michoacán con el fin de diezmar su movimiento a favor de la educación pública, crítica y gratuita en el estado y todo el país.

Mancera ha recurrido a sus artimañas de siempre para torpedear la posible aprobación de la Ley de Amnistía impulsada por Morena. Por un lado, ha enviado a su consejero jurídico, Manuel Granados, a argumentar de manera espuria que la ley supuestamente violaría la Constitución al rebasar las competencias de la Asamblea Legislativa establecidas por el artículo 122 de la Carta Magna. El argumento es falso, ya que todos los cargos son por delitos del fuero común y a nivel local, los cuales se encuentran plenamente dentro del ámbito de acción del Poder Legislativo local.

Por otro lado, como por arte de magia, el miércoles pasado aparecieron de nuevo provocadores protagonizando desmanes en la avenida Insurgentes Sur en contra de un metrobús. Llama mucho la atención que este tipo de actos violentos, que buscan desprestigiar a los legítimos luchadores sociales, ocurran justo en el momento en que la Asamblea Legislativa se encuentra a punto de aprobar la Ley de Amnistía.

Pero la urgente libertad de Luis Fernando, Alejandro, Fernando y Abraham, así como la aprobación de una amnistía generalizada para todos los jóvenes y ciudadanos acusados falsamente por el gobierno de Mancera, es apenas el primer paso. Por ejemplo, la Coordinadora 1DMX (véase: http://ow.ly/GwMf3059biv) y la Liga de Abogados 1DMX exigen también la reparación integral del daño a todas las víctimas, una disculpa pública de parte de Mancera, un castigo ejemplar a los responsables de la violación sistemática a los derechos humanos en la capital y reformas legales para garantizar la no repetición de actos represivos.

Hasta la fecha, ni un solo policía, mando policiaco o alto mando ha sido tocado ni con el pétalo de una rosa. Existe una impunidad absoluta tanto para los autores intelectuales como para los materiales de esta política de Estado de represión e intimidación en contra de la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Asimismo, los retrógrados delitos de “ultrajes a la autoridad”, “rebelión”, “ataques a la paz pública”, “sabotaje”, “motín” y “sedición”, así como los ordenamientos represivos incluidos en la Ley de Movilidad y el Protocolo de Contención de Multitudes, hoy se encuentran todavía plasmados en la norma, listos para aplicarse en cualquier momento en la siguiente protesta o marcha.

Para realmente alcanzar la justicia, la Asamblea Constituyente, actualmente en sesiones, tendría que establecer candados claros en la nueva Constitución de la Ciudad de México que garantizaran la derogación de todas estas figuras legales represivas. También habría que incluir un transitorio en la nueva Carta Magna que establezca una Comisión de la Verdad que llegue al fondo de los hechos represivos, repare el daño a las víctimas y castigue a los culpables, en todos los niveles, por la alta traición de Mancera en contra de los principios democráticos en la capital.

Publicado en Revista Proceso No.2085
(c) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

domingo, 2 de octubre de 2016

"Guerrero se levanta" (Revista Proceso, 2 de octubre, 2016)

Gonzalo Molina, preso político en Guerrero
John M. Ackerman

El estado de Guerrero siempre se ha caracterizado como un sitio de lucha, de dignidad y de conciencia particularmente transformador. Desde el siglo XIX, José María Morelos, Vicente Guerrero y Juan Álvarez protagonizaron batallas clave, primero en la lucha por la Independencia y después en la derrota de los imperialistas y conservadores. Durante la Revolución, el pueblo de Guerrero su sumó a la lucha de Emiliano Zapata y convirtió a la entidad en una zona rebelde y radical.

Durante los años sesenta y setenta del siglo pasado, las contundentes luchas estudiantiles, campesinas y guerrilleras en Guerrero pusieron en jaque al estado autoritario priista y pavimentaron el camino hacia la esperanza democrática en todo el país. Hoy los jóvenes de Ayotzinapa, los pueblos indígenas, los maestros democráticos y los policías comunitarios en el estado están dando una continuidad ejemplar a estos históricos combates.

Sin embargo, hoy como antes, las luchas populares han tenido que enfrentarse a un Estado represor que prefiere aliarse con los criminales y los caciques en lugar de apoyar las causas ciudadanas. La violencia, la represión y la criminalización de la protesta social han sido la norma a lo largo de la historia en esta combativa entidad.

La situación se agravó a partir de la llegada de Enrique Peña Nieto a Los Pinos, en diciembre de 2012. Con el fin de generar las condiciones para la aprobación y aplicación de las “reformas estructurales” neoliberales del Pacto por México, el PRI, el PAN y el PRD, desde sus respectivos gobiernos, simultáneamente agudizaron la represión en contra de los movimientos sociales en el país y dejaron sueltos a los delincuentes para infundir miedo en la población.
El historiador Enrique Krauze recibe galardón del Gobernador Héctor Astudillo
En Guerrero, las baterías se dirigieron con particular saña en contra de los tres grupos más conscientes y movilizados del estado: los estudiantes de las escuelas normales, los maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). La desaparición forzada de 43 alumnos y la ejecución de otros tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en Iguala el 26 de septiembre de 2014 fue la consecuencia directa de la instauración de esta estrategia antimovimientos sociales en todo el país. El acoso constante a la CETEG, con múltiples órdenes de aprehensión contra sus líderes y la fatal golpiza de Claudio Castillo por la Policía Federal en Acapulco, en 2015, también forma parte de esta estrategia.

La criminalización de los policías comunitarios es particularmente escandalosa y cínica. En muchas comunidades estas organizaciones absolutamente legales, de acuerdo con la ley 701 del estado de Guerrero, constituyen la única herramienta de los pueblos para defenderse de los delincuentes coludidos con los aparatos de seguridad pública. El propio Xavier Olea, fiscal de Guerrero y exabogado de Raúl Salinas de Gortari, ha aceptado públicamente que tanto los policías municipales como su propia policía judicial están infiltrados hasta la médula por el narcotráfico. Sin embargo, el gobierno represor prefiere seguir trabajando de la mano de la delincuencia a arriesgarse a permitir un empoderamiento social que podría poner en riesgo los grandes negocios transnacionales en la minería y la heroína.

La dirigente de la CRAC en Olinalá, Nestora Salgado, recientemente fue liberada después de más de dos años de injusto encarcelamiento. Sin embargo, con enorme cinismo, tanto la Fiscalía General del Estado de Guerrero como la Procuraduría General de la República han impugnado las sentencias y buscan volver a apresar a esta digna luchadora social. Mientras, grandes líderes sociales como Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez siguen desde hace tres años en la cárcel, acusados de delitos totalmente fabricados. Ninguno de los tres ha sido condenado por delito alguno, sino que se encuentran en “prisión preventiva”, como un castigo impuesto desde el poder por su osadía de no someterse al narcogobierno.

Gonzalo es un gran dirigente indígena de Tixtla con una cultura política y un análisis particularmente profundo de la coyuntura nacional. Lee, escribe y pinta constantemente en la cárcel. Su labor principal en la CRAC era la de filtrar el ingreso de nuevos elementos a la policía comunitaria. Evitaba así que la organización fuera invadida tanto por los delincuentes como por el gobierno. También participó en el desarme comunitario de la corrompida policía municipal de Tixtla. Su liderazgo había crecido tanto que el gobierno decidió detenerlo el 6 de noviembre de 2013, para evitar un empoderamiento más generalizado de la población en esta plaza estratégica para la delincuencia organizada.

Samuel tenía apenas 18 años cuando fue detenido por el Ejército en octubre de 2013, mientras participaba en un operativo para capturar a un grupo de delincuentes en la comunidad indígena de Metlatónoc, Guerrero. En lugar de perseguir a los delincuentes, el Ejército prefirió aprehender a Samuel, junto con 11 de sus compañeros, por “portación de armas”.

La semana pasada visitamos personalmente a Gonzalo y Samuel en el penal estatal de Chilpancingo para expresar nuestra solidaridad con su causa y exigir su libertad inmediata. Tuve el honor de acompañar a una comitiva organizada por el presidente del Movimiento Regeneración Nacional en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, en la cual también participaron diputados del mismo partido, como Guillermo Santiago, Ariel Juárez y Citlali Hernández. Contrasta este compromiso social de Morena con la actitud servil del académico Enrique Krauze, quien unos días antes había recibido la presea Sentimientos de la Nación de las manos del gobernador Héctor Astudillo sin hacer mención alguna a la injusta criminalización desde el Estado de quienes hoy siguen el legado y el ejemplo de Morelos.

Quienes tendrían que estar en la cárcel son las autoridades cómplices del crimen y los policías represores, no los luchadores sociales. México se encuentra de cabeza y nos toca a todos poner nuestra parte para ponerlo de pie. Exijamos juntos la libertad inmediata de Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez, así como de todos los presos políticos y de conciencia de México.

Publicado en Revista Proceso No. 2083
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

Twitter: @JohnMAckerman