ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

domingo, 28 de diciembre de 2014

"Lo que resiste, apoya" (28 de diciembre, 2014)

Jesús Reyes Heroles, intelectual y político mexicano
John M. Ackerman

Una de las estrategias más efectivas que ha utilizado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para mantenerse en el poder desde su fundación en 1946 ha sido la activa promoción de una oposición domesticada. Si bien la oposición contestataria pone en riesgo al sistema de neoliberalismo autoritario, una total ausencia de críticas externas lleva al desbordamiento de la corrupción interna y al derrumbe de la legitimidad pública. “Lo que resiste, apoya”, sentenciaba don Jesús Reyes Heroles durante su paso por la Secretaría de Gobernación en el sexenio de José López Portillo (1976-1982).

Los lobos del viejo PRI manejaban eficazmente el difícil equilibrio entre el poder autoritario y la crítica reformista. Pero la total ausencia de oficio político entre los “nuevos” priistas ha puesto en riesgo la vigencia de todo el sistema de corrupción estructural. Ello es una noticia catastrófica para quienes dependen del sistema para su sobrevivencia. Pero constituye motivo de celebración para el sector cada vez más amplio de la sociedad con hambre de justicia y sed de paz.

El primer presidente emanado de las filas del PRI, Miguel Alemán Valdés (1946-1952), fue quien colocó los cimientos para muchas de las más nefastas prácticas autoritarias actuales, incluyendo el “charrismo” sindical, la corrupción y la complicidad entre grandes empresarios y altos funcionarios públicos, así como el poder monopólico de Televisa. Alemán también fue quien perfeccionó el modelo del partido de la oposición “leal” con la creación del Partido Popular (PP) por parte de Vicente Lombardo Toledano en 1948.

Lombardo tenía claro desde el principio el propósito de su nuevo partido: “No se trata de crear un partido de oposición al gobierno, sino, por el contrario, se trata de crear una fuerza de apoyo al gobierno y a las instituciones democráticas y revolucionarias contra las fuerzas de la reacción. (…) El Partido Popular será un partido de ayuda al régimen y de crítica constructiva”, escribió en 1947.

Hoy el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se ha convertido en un engendro autoritario aún peor que el antiguo PP. El apoyo del PRD al régimen no es siquiera discursivo o hipócritamente “contra las fuerzas de la reacción”. Y la “crítica constructiva” de Lombardo ha sido reemplazada hoy por una abyección total del PRD a los reyes de la corrupción.

La fuerza conjunta de la firma del “Pacto por México” y el fracaso de los gobiernos locales del PRD han puesto fin al carácter opositor y democrático del antiguo partido de la oposición. José Luis Abarca, Ángel Aguirre, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete, Miguel Ángel Mancera y sus otros compañeros de partido no representan más que sus propios intereses mezquinos y oscuros.

La buena noticia es que el fin del PRD implica también el fin de la autorregulación y de la capacidad adaptativa del partido en el poder. La desaparición del actor político que fungió como el principal adversario al régimen desde 1989 ha generado la necesidad social para el surgimiento de una nueva fuerza opositora. Así como la domesticación del Partido Acción Nacional (PAN) por Carlos Salinas de Gortari abrió el espacio para el surgimiento primero del PRD y después del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hoy la muerte del PRD impulsa con enorme fuerza tanto el nacimiento de Morena como la consolidación del movimiento de Ayotzinapa.

Quienes tienen interés en que el nuevo ciclo de resistencia tenga más éxito que el anterior harían bien en aprender de los errores del pasado. Quizás la equivocación más importante fue la incapacidad de articular acciones y estrategias entre las fuerzas sociales y las fuerzas partidistas de la oposición. Tanto el purismo sectario de los dirigentes sociales como el oportunismo corrupto de los líderes partidistas generaron un muro infranqueable entre dos diferentes formas de hacer política que teóricamente tendrían que caminar juntas.

El principal reto hoy es superar este muro para finalmente generar una robusta oposición política cuya resistencia ya no apoye al régimen, sino que tenga suficiente fuerza para simultáneamente transformar y tomar el poder de manera directa e indirecta, a los niveles local y nacional. Los ejemplos de Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela demuestran que solamente se puede acumular suficiente fuerza social para derrotar a los poderes fácticos cuando se establece una clara articulación entre los movimientos populares y los ciudadanos dispuestos a competir por cargos de elección popular. Para tener éxito en México será necesario que todos dejen de lado por un momento sus prejuicios teóricos y legítimas desconfianzas históricas para unirse e identificarse en una lucha común en contra del saqueo, la represión y la corrupción.

Hace un año Enrique Peña Nieto y sus corifeos deshojaban sus margaritas y se daban fuertes palmadas en la espalda en celebración del “logro” histórico de haber entregado el sector energético a los oligarcas nacionales y las empresas transnacionales. Hoy los poderosos sufren una terrible resaca al darse cuenta de que sus irresponsables excesos han generado un amplio movimiento social que amenaza con poner fin a su continuidad en el poder.

En este nuevo año, la oposición tiene una gran oportunidad histórica para finalmente dejar de apoyar al régimen e iniciar la transformación de la patria. Pero para que 2015 pueda ser un año de victorias ciudadanas las diferentes corrientes de la resistencia primero tendrán que controlar su soberbia y caminar humildemente de la mano con sus hermanos y hermanas de lucha en toda la nación.

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados
(Publicado en Revista Proceso, No. 1991)

domingo, 14 de diciembre de 2014

"La batalla por México" (15 de diciembre, 2014)

El General Francisco Franco, dictador de España (1936-1975)
Vicente Leñero, Anayeli Bautista, Erika Kassandra, semillas de la segunda revolución mexicana, in memoriam
John M. Ackerman

El movimiento que ha surgido a raíz de la desaparición y masacre de los estudiantes de Ayotzinapa tiene enormes implicaciones globales e históricas. La batalla por los recursos naturales, la cultura milenaria y el sistema político mexicanos constituye una prueba de fuerza tanto para la oligarquía global y sus aparatos represores como para la movilización ciudadana mundial por la paz, el medio ambiente y la justicia. Es responsabilidad de todos los mexicanos dentro y fuera del país, así como de los ciudadanos conscientes en todo el mundo, poner su granito de arena para asegurar que el desenlace de la crisis actual no abra la puerta al renacimiento del fascismo global y que, por el contrario, pavimente el camino para la liberación humana.

México juega hoy un papel similar al de España durante la Guerra Civil de 1936-1939. El trágico resultado de aquel conflicto preparó el terreno para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Apenas cinco meses después de que el general Francisco Franco declarara su victoria sobre las fuerzas republicanas en 1939, alcanzada con el apoyo decidido de la Alemania nazi, Adolfo Hitler invadiría Polonia. Posteriormente se multiplicaría exponencialmente la cantidad de personas exterminadas diariamente en los “campos de concentración” del Tercer Reich.

Durante aquella Guerra Civil, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña observaron pasivos y fueron cómplices de la destrucción de la democracia en España y después en toda Europa. Hoy, de manera similar, estas mismas potencias facilitan la destrucción de la democracia mexicana al encubrir y avalar ciegamente a una clase política que ha perdido totalmente la confianza de su pueblo.

Esto ocurre porque la llegada de una democracia popular y participativa en México pondría en riesgo importantes negocios de las grandes potencias. Más allá del evidente interés de Washington en el petróleo, los recursos naturales y las drogas, México es hoy uno de los nudos críticos para la articulación del crimen organizado y de los flujos financieros, lícitos e ilícitos, a nivel internacional. Fuentes oficiales estiman que se blanquean por lo menos 50 mil millones de dólares (aproximadamente 700 mil millones de pesos mexicanos) anualmente en México, aunque probablemente el monto es mucho mayor ya que por la naturaleza del delito se esconde de la vista de las autoridades. Y la mayor parte de este dinero no se queda en México, sino que una vez “limpiado” es transferido de regreso a Estados Unidos con el apoyo de las grandes instituciones financieras de Wall Street.

De acuerdo con Antonio María Costa, anterior jefe de la oficina de combate a las drogas y el crimen organizado de las Naciones Unidas, fue precisamente por medio de un aumento en los flujos del dinero del narco que el sistema financiero de Estados Unidos pudo recuperarse de la enorme crisis de 2008. En su importante reporte sobre el tema para The Guardian (véase: http://ow.ly/FIKtm), Ed Vulliamy ha expuesto todos los detalles sobre la sangrienta complicidad entre el sector bancario formal y los peores criminales del mundo.

Por otro lado, un estudio de la Universidad de San Diego estima que un promedio de 252 mil armas estadunidenses cruzan la frontera hacia México cada año, lo cual implica ganancias de aproximadamente 127 millones de dólares anuales para fabricantes de armas en el país del norte. Asimismo, el endurecimiento militar de la frontera de Estados Unidos con México ha generado enormes ganancias para los traficantes de personas. Sus servicios delincuenciales son ahora más cotizados que nunca para quienes quieran cruzar el río Bravo.

Y la limpia parcial que se ha hecho del sistema político colombiano, erróneamente considerado por algunos como ejemplo para nuestro país, ha empeorado la situación en México. El resultado ha sido la mudanza y la concentración en territorio mexicano de cada vez más nudos de comunicación y mandos del crimen organizado internacional. Una limpia profunda en México inevitablemente obligaría a los principales mandos del crimen organizado a trasladarse a otros países, o incluso a Estados Unidos, lo cual pondría en riesgo la “seguridad nacional” de Washington.

Lo anterior explica las constantes amenazas de parte del secretario de Marina, almirante Vidal Soberón, a los normalistas de Ayotzinapa, al pueblo de Guerrero y a todos los estudiantes y activistas del país. Los cables oficiales difundidos por Wikileaks han demostrado que la Marina es la institución de “seguridad” mexicana más cercana a Washington. La inédita agresividad y protagonismo del secretario solamente se explica porque se siente protegido por el gobierno de Barack Obama, o incluso está recibiendo órdenes de él.

De acuerdo con el INEGI, los ciudadanos denuncian solamente 3 millones de los 33 millones de delitos que se cometen al año en el país. En consecuencia, el único camino para acabar con la impunidad será generar un contexto en el que los ciudadanos se sientan suficientemente empoderados para que puedan denunciar las violaciones sistemáticas a sus derechos, su vida y su patrimonio. Pero este resultado solamente se podría alcanzar a partir de una transformación radical en la orientación del gobierno. En lugar de ser adversarios y obstáculos para el libre desarrollo del pueblo, las autoridades tendrían que fungir como sus aliados.

Así pues, la raíz de los problemas actuales en el país no es el disfuncionamiento institucional ni siquiera la corrupción, sino la total falta de legitimidad del sistema político y de la clase política que lo controla. Solamente un nuevo gobierno participativo y popular podría empezar a resolver los graves problemas actuales. Trabajemos todos para hacerlo realidad y de paso ponerle un alto histórico al proceso de expansión mundial de represión, exclusión e injusticia.

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso No. 1989

domingo, 30 de noviembre de 2014

"México no tiene Presidente" (30 de noviembre de 2014)

Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre y Rosario Robles en Cochoapa el Grande, después
de atropellar y matar a un niño de 2 años,el pasado 8 de enero de 2014/Foto: Proceso
John M. Ackerman

El jueves pasado constituyó la última oportunidad de Enrique Peña Nieto para demostrar al pueblo mexicano y a la opinión pública internacional que él es en verdad el primer mandatario del país. Si fuera él quien realmente diera las órdenes, hubiera tomado el sartén por el mango, pedido la renuncia de la mayor parte de su gabinete y llamado a un amplio proceso de reconciliación nacional. Una acción clara y valiente de esta naturaleza le hubiera abierto una pequeña ventana de posibilidad para poder cambiar el curso de la historia presente. Pero ya es demasiado tarde.

Este 30 de noviembre de 2014 culmina el segundo año de la presidencia de Peña Nieto con la sociedad de pie y más fuerte que nunca (Saúl Hernández dixit. Video:http://ow.ly/F1xDM). Mientras, tanto la revelación por France 24 de un nuevo grupo de estudiantes desaparecidos en Cocula, Guerrero, como el descubrimiento por Carmen Aristegui de una nueva casa de Grupo Higa al servicio de Peña Nieto, confirman una vez más que el régimen actual está podrido hasta la médula.

Se le cayó la máscara a un sistema mafioso cuyo único interés es matar y robar. Cada día más personas se dan cuenta de que el señor que despacha en Los Pinos no es más que un viejo burócrata de cuarto nivel que solamente sabe seguir órdenes superiores. Es difícil imaginar que el pueblo aguante cuatro años más de las mismas burlas y desprecio de parte de la clase política.

La noche anterior del pomposo anuncio de su nuevo decálogo en Palacio Nacional, Peña Nieto conversó vía telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. De acuerdo con una fuente oficial quien habló con el diario El País bajo condición de anonimato, los dos mandatarios platicaron sobre los desaparecidos de Ayotzinapa y coincidieron sobre la “necesidad de seguir trabajando para atender cuestiones que afectan la seguridad”. En otras palabras, Obama dio otro espaldarazo de impunidad a Peña Nieto y palomeó las propuestas que el mandatario mexicano presentaría el próximo día en Palacio Nacional.

E inmediatamente después del anuncio del decálogo, las primeras voces que se levantaron en un coro teatral para celebrar la iniciativa fueron las de la oligarquía nacional, representadas por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Celebraron las medidas anunciadas por Peña Nieto y señalaron, no sin razón, que constituyen el perfecto “complemento de las grandes reformas estructurales aprobadas en meses recientes”.

Tanto Obama como los oligarcas tienen importantes motivos para festejar el decálogo anunciado por su empleado en Los Pinos. Su esencia es acabar de una vez para siempre con la gran tradición de lucha política y conciencia social de los pueblos rebeldes de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Así como la consistente represión y encarcelamiento de estudiantes inocentes desde el 1 de diciembre de 2012 surge de la sed de venganza del régimen en contra de la irrupción de #YoSoy132, el nuevo ataque materializa el deseo de venganza de Peña Nieto en contra de la valiente desobediencia de Ayotzinapa y los pueblos del sur.

El mensaje de Peña Nieto fue meridianamente claro. Colocó a los “estados de la frontera norte”, con sus maquiladoras infames, narcotráfico desbordado y violencia fuera de control, como el ejemplo a seguir para los estados del sur que supuestamente sufrirían las consecuencias de sus “rezagos ancestrales”. En otras palabras, por medio de una combinación de limosnas, mordidas y represión, se impondrá el “orden” necesario para saquear los enormes recursos naturales del Istmo de Tehuantepec, los Altos de Chiapas y las montañas de Guerrero, así como para encadenar la población a la voluntad de Walmart, Chevron e Iberdrola.

Las nuevas “zonas económicas especiales” de Peña Nieto no son otra cosa que la resurrección del sueño de Vicente Fox de establecer un “Plan Puebla Panamá”. Se mantiene firme el objetivo de destruir las culturas ancestrales del sur y convertir todos los estados de la región en una gran maquiladora al servicio del capital internacional más rapaz. Recordemos que Fox incluso prometió desde antes de tomar posesión que durante su gobierno el 20 de noviembre dejaría de celebrarse el aniversario de la Revolución Mexicana para convertirse en el día de festejo nacional del Plan Puebla Panamá.

Y los nuevos “programas sociales” promovidos por Rosario Robles en coordinación con Coca Cola, Nestlé y MacDonalds evidentemente no acabarán con el hambre lacerante en la región. Su principal objetivo será moldear los gustos y las conciencias del pueblo para que acepten sin mayor protesta la conquista del sur por los buitres del norte.

Recordemos cómo el pasado 8 de enero una parte de la comitiva de Robles embistió y mató a un niño de dos años que observaba la llegada de la funcionaria federal a un acto con Peña Nieto y Ángel Aguirre en Cochoapa el Grande, Guerrero, el municipio más pobre del país. Aunque Proceso dio a conocer la información, el incidente fue ignorado por la mayoría de los medios y encubierto por las autoridades. Fue un ensayo preliminar para los encubrimientos de Tlatlaya e Iguala, así como una clara estampa de las verdaderas prioridades de la flamante secretaria de Desarrollo Social.

La buena noticia es que una vez más el régimen demuestra su total ausencia de brújula ideológica o legitimidad histórica. Así como Carlos Salinas de Gortari tuvo que recurrir a la figura de Emiliano Zapata para intentar justificar la privatización del campo y Enrique Peña Nieto quiso utilizar el legado de Lázaro Cárdenas para defender la entrega del petróleo a manos extranjeras, hoy quien se ostenta como presidente de la República busca manipular los justos reclamos de “Todos somos Ayotzinapa” para acabar con el espíritu rebelde que hizo posible la actual efervescencia social.

La verdadera estrategia para evitar “otro Ayotzinapa” no será entonces el combate al crimen y la corrupción, sino acallar la protesta social con el fin de evitar otra crisis política similar. El régimen sigue sin capacidad de proponer o articular una nueva visión afirmativa del país y se limita a intentar robar las banderas de la sociedad y vengarse de sus adversarios. Son signos de un sistema desesperado, totalmente vacío por dentro y al borde de una implosión histórica sin precedentes. 

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso No. 1987

domingo, 16 de noviembre de 2014

"¿La cuarta será la vencida?" (16 de noviembre, 2014)

John M. Ackerman

Desde 2011, cada año México ha sido convulsionado por un importante estallido social a favor de la transformación de su corrompido sistema político. Hoy, en el cuarto año de protestas, empiezan a brotar las semillas de la concientización, la solidaridad y la organización sembradas por cada uno de los movimientos anteriores. Renacen simultáneamente las luchas de 2011 que cuestionaron la “guerra” en contra del narcotráfico, el levantamiento estudiantil de 2012 que repudió a Enrique Peña Nieto, y las movilizaciones de 2013 en contra de las “reformas estructurales” del Pacto por México. Esta poderosa síntesis dialéctica de diversos actores, causas y estrategias es lo que explica la increíble fuerza del actual movimiento global que reclama justicia para los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa.

Nadie sabe hasta dónde llegará este proceso de efervescencia social. Pero lo que ya queda absolutamente claro es que la sociedad mexicana no es de ninguna manera apática o inconsciente. Han fracasado olímpicamente tanto la clase política como los principales consorcios mediáticos en su misión de moldear al pueblo mexicano a imagen y semejanza de la cultura individualista y consumista del norte. México sigue siendo tan latinoamericano como siempre y su pueblo luchará hasta el final para lograr una democracia verdadera, donde las autoridades rindan cuentas al pueblo humilde en lugar de a la oligarquía nacional, los intereses financieros internacionales y los mandatos de Washington.

En este momento no existe ninguna urgencia para “organizar” burocrática o programáticamente la multitud de expresiones de solidaridad que han surgido espontáneamente desde Oaxaca hasta París y desde Chicago hasta Santiago. Si bien el establecimiento de fuertes lazos de coordinación constituye sin duda una misión importante a mediano plazo, intentar ahora centralizar o estructurar formalmente estas expresiones solamente generaría embudos procesales y debates estériles. Lo verdaderamente urgente es que cada quien redoble la cantidad y la calidad de sus intervenciones sociales con el objetivo de terminar de hacer añicos lo más pronto posible el guión de la “normalidad” democrática que nos han querido vender desde el año 2000.

Cada una de las contribuciones individuales, colectivas, pequeñas o grandes, son estratégicas y sumamente importantes: las banderas blancas en el estadio de futbol de Holanda, las expresiones de repudio a los partidos políticos en Chilpancingo y Morelia, las caravanas de solidaridad hacia Iguala y Ayotzinapa, las marchas, plantones y ofrendas en plazas públicas, la edición de videos, artículos y reportajes sobre las implicaciones de la masacre, los discursos y muestras de solidaridad en conciertos y en la entrega de premios, las caravanas de concientización de los padres de Ayotzinapa a otros estados del país, la elaboración de imágenes, consignas y canciones que articulan la rabia popular, las conversaciones con los vecinos y los compañeros del trabajo y de la escuela. Habría que sacar todo el jugo posible del actual momento “revolucionario” con el fin de difundir, expandir y articular la conciencia social.

Este próximo 20 de noviembre, el 104 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, será sin duda un día clave para que todos expresemos nuestro absoluto repudio al narcogobierno que tiene postrada a la nación. La supuesta “transición democrática” ha resultado ser un enorme fraude. Hoy en México no manda el pueblo, sino el dinero y las redes informales del poder más sádico y corrupto. Si el 20 de noviembre todos y cada uno de los ciudadanos de México, más los millones de mexicanos residentes en el extranjero, hacemos algo para expresar nuestra indignación, aunque sea con acciones sencillas y estrictamente simbólicas, temblarían los cimientos del sistema. Constituye una enorme oportunidad para levantar la voz de manera coordinada como miembros de una gran patria que no merece ser asesinada, saqueada y desangrada todos los días.

En general, es difícil imaginar que el movimiento cumbre de 2014 termine igual de irresuelto que los anteriores, como el Movimiento por la Paz (2011), #YoSoy132 (2012) y las protestas en contra de las reformas energética y educativa (2013). Los estudiantes y los padres de familia de Ayot­zinapa tienen perfectamente claro que lograr justicia para sus compañeros e hijos caídos no depende de una conferencia de prensa de Murillo Karam o del resultado de un estudio de la Universidad de Innsbruck. Son personas que tienen una gran formación cultural y educativa, así como conciencia social, y saben que la única forma de realmente “evitar que ocurra otro Ayotzinapa” es resolver de raíz el problema de impunidad y corrupción estructurales.

Nuestros gobernantes, en cambio, todos los días hacen gala de su gran ignorancia, indiferencia e incultura. El viaje a China, la “Casa Blanca” y el avión de Enrique Peña Nieto, el maquillista de Angélica Rivera, los provocadores en Palacio Nacional, las declaraciones golpistas del general Cienfuegos, y los comentarios incendiarios de los jóvenes priistas Ana Alidey Durán y Luis Adrián Ramírez, todos revelan una podredumbre moral y ética que ha corroído al sistema político hasta la médula.

Jen Psaki, vocera del Departamento de Estado de EU, ha pedido a la sociedad mexicana “mantener la calma” frente a la tragedia de Ayotzinapa. Pero habría que recordar a la funcionaria que la “calma” fue rota ya hace muchos años por su país al imponer una absurda y criminal “guerra” militarizada, en contra del pueblo mexicano, que ha generado más de 100 mil muertos y 22 mil desaparecidos desde 2007. Más bien, lo que se requiere es trabajar sin descanso para seguir interrumpiendo la calma y la tranquilidad de los poderosos con el objetivo de un día lograr un momento de paz para el pueblo humilde y trabajador, así como un verdadero descanso para los familiares y amigos de las víctimas del sadismo institucionalizado. 

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados
(Publicado en Revista Proceso, No.1985)

lunes, 3 de noviembre de 2014

"Guerrero y el renacimiento de la patria" (2 de noviembre, 2014)

Protesta por Ayotzinapa en Zacatecas//Foto: NTRZacatecas
In memoriam Pablo Sandoval Ramírez, gran luchador y político guerrerense hoy más imprescindible que nunca.

John M. Ackerman

Sería difícil encontrar un sitio más apropiado que Iguala de la Independencia, Guerrero, para iniciar el urgente proceso de reconstrucción nacional. Fue ahí donde se concretó la Independencia de México con la firma del Plan de Iguala y la elaboración de la Bandera Nacional el 24 de febrero de 1821. En aquella fecha histórica lograron unirse las diversas fuerzas nacionalistas que después rápidamente derrotarían a la Corona de España. Hoy hace falta repetir aquella hazaña para, con medios pacíficos pero contundentes, derrotar una vez más al despotismo que reina en el país.

Los desesperados esfuerzos del gobierno federal para apagar el fuego de la resistencia ciudadana en Guerrero han resultado contraproducentes. El gobernador interino, Rogelio Ortega, perdió toda credibilidad desde el primer momento de su mandato al comportarse como un servil empleado de Enrique Peña Nieto. En lugar de tomar acciones concretas para encontrar a los estudiantes desaparecidos y resolver la crisis de gobernabilidad en el estado, Ortega acudió a Palacio Nacional para rendir pleitesías y comprometerse a “entregar buenas cuentas” al Virrey contemporáneo.

La reunión de Peña Nieto con los padres de familia y los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fue igualmente un fracaso. “Tal parece que se están burlando de nosotros”, señaló con mucha razón el padre de familia Epifanio Álvarez. “Que no se le olvide al gobierno federal que de Guerrero han salido grandes personajes importantes. Le pedimos a la población mantener la ira hasta que nos entreguen a los 43 normalistas”, sentenció otro valiente padre de familia, Felipe de la Cruz. Cada vez son menos creíbles los vacíos compromisos de parte del ocupante de Los Pinos para “llegar al fondo” de la masacre.

El intento de criminalizar a los normalistas, y los ridículos esfuerzos por responsabilizar a Andrés Manuel López Obrador también evidencian la enorme vulnerabilidad del régimen. Arrinconado por la movilización social y atrapado en su laberinto de impunidades, el dinosaurio da coletazos sin racionalidad alguna, como un perro herido y resentido. Quienes conocen el verdadero contexto para la selección de Abarca en Iguala han revelado que no fue López Obrador, sino Jesús Zambrano, quien lo impuso como candidato. Asimismo, no hay que olvidar que el municipio de Cocula, donde aparecieron los nuevos restos humanos, es gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pero la filtración más importante no son las fotografías del líder de Morena, sino las acusaciones con respecto al posible financiamiento del narcotráfico a las campañas políticas de José Luis Abarca y Ángel Aguirre. Esta información tiene la clara intención de encapsular la problemática en el ámbito local, pero es muy probable que al régimen le salga el tiro por la culata.

Los jefes de los cárteles de las drogas son sin duda criminales violentos e inhumanos, pero sería un error imaginar que también son tontos. Tanto el narcotráfico como el crimen organizado están tipificados como delitos federales. Si financiaron campañas políticas a niveles municipal y estatal, tendrían que haber participado también en las elecciones federales, y en particular en las presidenciales, donde se selecciona quién estaría a cargo de las fuerzas de seguridad responsables de perseguir precisamente los delitos que más interesan a los narcotraficantes.

El IFE –ahora INE–, convenientemente, jamás ha llegado al fondo de la vasta red de triangulaciones que permitieron financiar el exorbitante gasto ejercido por Peña Nieto para arribar a Los Pinos. Sin embargo, la Comisión Monex de la Cámara de Diputados ha estimado que el actual presidente rebasó por 12 veces el tope de gastos de campaña al erogar aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos. ¿De dónde salieron todos esos recursos para las tarjetas Monex y Soriana, para los “incentivos” a los medios de comunicación y las casas encuestadoras, así como para el masivo operativo de compra y coacción del voto el día de la elección?

En general, será imposible para el gobierno federal evitar ser llamado a cuentas por la masacre. Guerrero ha sido ocupado por los militares desde hace décadas. Y durante el mandato de Ángel Aguirre se consolidó el control federal sobre la seguridad pública en el estado por medio del “Grupo Coordinación Guerrero”, con la protagónica y consistente participación de la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional. Sería ingenuo imaginar que la pasividad criminal del 27 Batallón de Infantería –ubicado en Iguala– durante la masacre, así como la falta de resultados en la búsqueda de los normalistas, se deben solamente a la probada ineptidud de las instituciones federales.

El estado de Guerrero siempre se ha colocado a la vanguardia de las transformaciones políticas y sociales de México. Su nombre mismo constituye un homenaje al gran revolucionario Vicente Guerrero, originario de Tixtla –donde se encuentra Ayotzinapa– y uno de los líderes más visionarios y comprometidos con el pueblo durante la guerra de Independencia. Sin la tenacidad del general Guerrero, la artera ejecución de José María Morelos en 1815 muy probablemente hubiera puesto fin a los sueños de tener un país libre y soberano.

Recordemos que fue en Acapulco donde Morelos dio a conocer sus Sentimientos de la Nación y llamó a crear el Congreso de Chilpancingo para fundar la nueva patria desde la capital del estado. Más recientemente, desde la época de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez hasta nuestros días, Guerrero ha albergado un activismo social indudablemente central para la democratización del país.

El sistema autoritario ya casi toca fondo, y Guerrero se coloca como el sitio ideal para iniciar la ardua labor de reconstrucción de la patria. Los valientes estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ya han puesto el ejemplo al ir más allá de las importantes huelgas estudiantiles para también organizar caravanas de apoyo y de solidaridad desde la Ciudad de México hasta Iguala. Otras universidades y agrupaciones sociales de todo el país harían bien en realizar acciones similares para ir convirtiendo a Iguala, y a la normal de Ayotzinapa en Tixtla, en centros para la articulación de una gran red de poder popular capaz de, finalmente, transformar a la nación y “mover a México” hacia una democracia verdadera.

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso, No. 1983

jueves, 23 de octubre de 2014

Tradducción al Español: "Gefährliche Komplizenschaft/Complicidad Peligrosa" (Süddeutsche Zeitung, 23 Oktober 2014)




Kanzlerin Merkel will mit Mexiko ein Abkommen zur Sicherheitszusammenarbeit schließen. Der Bundestag sollte sich das genau anschauen, bevor er zustimmt. Denn der Staat und das organisierte Verbrechen sind in Mexiko Komplizen, der Kampf gegen Drogen ist in Wahrheit politisierte Gewalt.

ACCEDER AQUÍ AL ORIGINAL PUBLICADO EN ALEMÁN

Ein Gastbeitrag von John M. Ackerman

Traducción al español:


La Canciller Angela Merkel está a apunto de firmar un nuevo tratado de “colaboración en materia de seguridad” con México, el cual podría convertir a Alemania en cómplice de la represión violenta que sacude al país. El nuevo Presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha tratado de cultivar ante la comunidad internacional una imagen de reformista ilustrado. Sin embargo, una serie de masacres y asesinatos, así como la encarcelación sistemática de activistas, ha desenmascarado el sangriento regreso del autoritarismo en el país. El Parlamento Federal Alemán (Bundestag) debería solicitar una extensa revisión de la situación de derechos humanos en México antes de dar paso hacia el nuevo acuerdo bilateral. 

Bajo la gestión del anterior Presidente de México, Felipe Calderón (2006-2012), ya era claro que algo había ido terriblemente mal con la “Guerra contra el narco” en México. Su ataque militarizado contra los carteles de la droga llevó a una explosión de violaciones a derechos humanos, así como a un baño de sangre de proporciones históricas, causando decenas de miles de muertes y cientos de miles de personas desplazadas. 

De hecho, la situación salió tanto de control que en 2011 decenas de miles de ciudadanos mexicanos llevaron un caso contra Calderón a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya por su directa responsabilidad en la crisis humanitaria en México.. El mes pasado, la Federación Internacional de Derechos Humanos en París, llevó un segundo caso complementario a la CPI. 

Bajo la gestión de Peña Nieto la situación se ha empeorado. Los homicidios mantienen un nivel histórico sin precedente y el crimen se ha elevado, con los secuestros y el número de personas “desaparecidas” claramente incrementándose bajo la nueva administración. Pero el giro de acontecimientos más preocupante ha sido la abierta politización de la violencia en la actualidad. Ahora está claro que en regiones enteras del país la “guerra contra el narco” no es más que una cortina de humo para la represión. 

La masacre de estudiantes en la ciudad de Iguala, Guerrero el pasado 26 de septiembre ha dejado esta situación particularmente clara. 6 personas fueron asesinadas, una docena fueron lastimadas y 43 estudiantes han estado desaparecidos por cerca de tres semanas. Un cadáver apareció posteriormente, al cual le fue arrancada brutalmente la piel del rostro y le fueron sacados los ojos. Ello envió un claro mensaje de que la elección de las víctimas no había sido accidental. 

Numerosas fosas comunes han sido halladas cerca con cadáveres calcinados. El gobierno federal ha negado que se trate de los estudiantes, sin embargo denunciantes dentro de la policía local han confesado que los activistas fueron quemados, algunos mientras aún estaban con vida. 

La mayor parte de las víctimas son estudiantes de una escuela normal rural de maestros reconocida por su compromiso con el cambio social y la educación progresista. Las escuelas son conocidas por su compromiso con los ideales de la histórica Revolución Mexicana de 1910-1917, cuyo legado ha sido atacado sistemáticamente por Peña Nieto con sus políticas neoliberales. Irónicamente, los estudiantes desarmados fueron balaceados después de haber organizado una colecta de fondos necesarios para viajar a la Ciudad de México para participar en la marcha anual en recuerdo de la histórica masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968. 

A pesar de que el tiroteo fue aparentemente llevado a cabo por miembros de la fuerza policial de Iguala, la estación militar establecida en el pueblo no hizo nada para detenerlos durante las tres horas que duró el caos. Incluso, los soldados sólo se movieron después de que los ataques hubieron terminado y en lugar de ir tras los agresores, inmediatamente detuvieron a los estudiantes víctimas desarmados. 

Esta masacre tuvo lugar sólo tres meses después de otra ejecución masiva en el pueblo cercano de Tlatlaya. El 30 de junio, el Ejército Mexicano ejecutó brutalmente a 21 jóvenes dentro de una bodega. Funcionarios públicos locales y federales del más alto nivel inmediatamente escondieron el incidente, anunciando que los asesinados eran supuestamente secuestradores y habían muerto en medio del tiroteo. La masacre salió a la luz sólo después de un reporte independiente hecho por Associated Press (AP) y el testimonio público de un testigo en la prensa mexicana. 

El pasado domingo, 12 de octubre un estudiante alemán de intercambio fue herido de bala por la policía mientras viajaba con sus amigos desde Acapulco, de vuelta a la Ciudad de México, cerca de la región donde ambas masacres tuvieron lugar. Y el jueves 17 de octubre una activista de twitter quien ayudó a informar al público sobre la narco-violencia, y la complicidad entre los oficiales del gobierno y el crimen organizado, fue asesinada en el Estado de Tamaulipas al norte del país. 

Esta situación caótica no se debe a una simple ausencia del Estado, sino a su complicidad con el crimen organizado. Por ejemplo, dos líderes sociales importantes quienes se han levantado para defender sus comunidades de los narcotraficantes, Nestora Salgado en el Estado de Guerrero y José Manuel Mireles en el Estado de Michoacán, están hoy en la cárcel, mientras prominentes narcotraficantes, como Servando “La Tuta” Cómez, inexplicablemente continúa libre. En general, ha habido un fuerte repunte en presos políticos, control sobre los medios de comunicación y represión de las protestas sociales desde el comienzo de la administración de Peña Nieto. 

Es importante recordar que Peña Nieto es originario del viejo y autoritario Partido Revolucionario Institucional, PRI, ahora de vuelta en el poder después de gobernar en México con puño de hierro entre 1929 y 2000. Antes de ocupar la Presidencia en 2012, Peña Nieto se desempeñó como Gobernador del Estado de México, un Estado donde el PRI ha estado al mando por 85 años ininterrumpidos. Ni Peña Nieto ni su partido tienen experiencia alguna con las políticas democráticas 

La semana pasada un grupo de miembros del Parlamento Europeo firmaron una importante carta condenando la masacre del 26 de septiembre y llamando a la posible suspensión de las relaciones comerciales con México, hasta que la situación de Derechos Humanos en México se mejore. Varios miembros del Parlamento Federal Alemán (Bundestag) también firmaron la carta de la Unión Europea (UE) y la Ministra de Relaciones Exteriores Maria Bohm fue fuertemente cuestionada sobre esta cuestión durante el turno de preguntas (Fragestunde) la semana pasada. 

En respuesta, Bohm insistió en que las masacres hacen aún más necesario trabajar con el gobierno mexicano para limpiar a las fuerzas de policía locales. Sin embargo, todos los informes recientes de organizaciones internacionales sobre los derechos humanos en el país demuestran que la corrupción y el abuso de poder es un problema endémico desde la cima hasta la base del aparato estatal mexicano. Las decisiones de política exterior no deberían dejarse guiar por la creencia ingenua en la buena voluntad del nuevo presidente mexicano sino por hechos concretos sobre su comportamiento en la realidad. 

Traducido por Mario Alberto Cuevas

lunes, 20 de octubre de 2014

"México bronco" (19 de octubre, 2014)

Protestas para exigir justicia para los normalistas de Ayotzinapa (Foto: Proceso)
Inician simultáneamente un nuevo proceso electoral y un nuevo ciclo de protesta social. El segundo, sin duda, genera más esperanza que el primero. Todos sabemos que las próximas elecciones del 5 de julio de 2015, para 500 diputados federales, nueve gobernadores, 661 diputados locales y 1,015 ayuntamientos en 17 entidades federativas, no cambiarán absolutamente nada en el país. La compra masiva de votos y los ríos de dinero de procedencia desconocida que fluirán a los operadores de las campañas y a los medios de comunicación, asegurarán que los mismos intereses de siempre continúen gobernando. En contraste, el creciente movimiento popular a raíz de la masacre de Iguala tiene el potencial de transformar radicalmente a la nación.

Omar García, uno de los valientes normalistas de Ayotzinapa sobrevivientes de la masacre, lo ha dicho con todas sus letras: “Esto que vivimos, con lo doloroso que es, es una oportunidad única de escalar la presión, de lograr una movilización generalizada que trascienda Ayotzinapa, que trascienda Guerrero, que pueda poner fin de una vez por todas a la situación intolerable de violencia e impunidad que está viviendo México desde hace años. Ojalá no la dejemos escapar”. Comparte también las palabras de los padres de familia de los Ayotzis desaparecidos: “Nosotros, por nuestros hijos, estamos dispuestos a dar la vida. Y ustedes ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?” (Texto completo de la entrevista con Blanche Petriche disponible aquí: http://ow.ly/CQbGQ). 

La gran visión política y enorme valentía de los estudiantes de Ayotzinapa y sus familiares es precisamente lo que requiere hoy el país. En un contexto social en donde predomina el egoísmo, el “agandalle” y la corrupción, se levanta una generosa voz de dignidad rebelde desde las montañas de Guerrero. Estos grandes líderes sociales están dispuestos a sacrificar todo, incluso la vida misma, con tal de conquistar la justicia y la paz para el país entero. Los “chilangos”, normalmente enajenados con nuestra apurada vida cotidiana, tenemos mucho que aprender de su ejemplo. Y todo México tendría que apoyar públicamente a estos jóvenes líderes así como replicar su lucha en nuestras respetivas comunidades, trabajos y escuelas. 

Nunca faltan las voces de siempre que insisten que los movimientos sociales no deberían “desvirtuarse” al incorporar asuntos supuestamente “ajenos” a sus causas iniciales. Por ejemplo, Leonardo Curzio ha acusado a un servidor de “usar” a los estudiantes del politécnico para fines políticos (Véase: http://ow.ly/CQhyU) por haber sugerido, en estas mismas páginas, que la batalla por refundar el Instituto Politécnico Nacional es simultáneamente una lucha por democratizar el país (Véase: http://ow.ly/CQjF8). Y en su cobertura de la masacre de Iguala, los principales medios de comunicación electrónicos han hecho esfuerzos sobrehumanos para presentarla como un asunto estrictamente local dónde no habría complicidad alguna ni del gobierno federal ni de Washington.

Estas perspectivas subestiman enormemente la conciencia crítica y la capacidad de movilización del pueblo mexicano. Tantos años codeándose con políticos corruptos y oligarcas apátridas, han hecho a muchos periodistas pensar que todo México es igual de cínico y egoísta que las élites que dominan al país. 

Pero los acontecimientos de la semana pasada han desmentido de manera contundente esta apuesta por la desmovilización social. En el nuevo mundo de redes sociales y comunicación digital es más fácil que nunca articular luchas y acciones. El paro solidario con Ayotzinapa de docenas de escuelas y facultades de la UNAM, UAM, ENAH, UACM y otras universidades es una excelente señal. Y la ampliación del movimiento en Guerrero para incluir a los maestros de la CETEG y a docenas de ayuntamientos a lo largo y ancho de Guerrero implica una sana expansión de la indignación social. Asimismo, mientras la PGR sigue sin dar resultados sobre la desaparición de los 43 normalistas, los policías comunitarios avanzan con paso firme al encontrar cada día más fosas utilizadas por el narcogobierno para esconder sus fechorías sangrientas.

Los movimientos sociales exitosos son aquellos que saben dictar la agenda de discusión, negociación y presión. Los estudiantes del politécnico, por ejemplo, han dado una gran lección en la materia al rehusarse a dejarse manipular por el gobierno federal o los medios de comunicación. Los estudiantes mandan y las autoridades obedecen. Así se construyen las luchas sociales victoriosas, desde abajo y con gran astucia política. 

El antiguo debate entre la “vía electoral” y la “vía armada” ha sido rebasado por la realidad. Ambas vías fracasaron terriblemente en su intento por transformar el país. Las importantes luchas emprendidas en ambas frentes desde 1968 nos han dejado en una situación igual de ignominiosa que hace 46 años. 

Surge entonces la imperiosa necesidad de articular una nueva vía de aguerrida militancia social que pueda derrocar al neoliberalismo despótico con la fuerza de la razón y la presencia multitudinaria de la ciudadanía en las calles. No es cuestión, desde luego, de apostarle a una “sociedad civil” deslavada, bien portada y controlada por el financiamiento de corporaciones extranjeras, sino al México bronco que siempre ha estado presente en los momentos más cruciales de la historia nacional.

Tampoco se trata de abandonar la democracia electoral o la autodefensa popular. El abstencionismo y el “voto en blanco” solamente ayudan al régimen a acumular más poder. Y en muchas comunidades del país, notablemente en Michoacán y Guerrero, las armas son estrictamente necesarias para defenderse de los narcotráficos en un contexto de total ausencia de Estado de derecho. 

Pero ni el voto ni las armas pueden ser hoy el centro articulador de los movimientos hacia el futuro. Urge ensayar nuevas formas de lucha y de organización. 

Twitter: @JohnMAckerman

(Publicado en Revista Proceso, No.1981)
(C) John M. Ackerman. Todos los derechos reservados.

viernes, 17 de octubre de 2014

"Le soutien aveugle de la France au président mexicain" (Libération, Paris, France, 17 octobre 2014)


Par John M. Ackerman Professeur à l’Université nationale autonome de Mexico (Unam), directeur de rédaction de la Mexican Law Review, chroniqueur dans plusieurs journaux mexicains (la Jornada, et Proceso Magazine) et actuellement professeur invité à la Sorbonne- Nouvelle (Institut des hautes études de l’Amérique Latine) et à Sciences-Po (Paris School of International Affairs)
Enrique Peña Nieto y Francois Hollande (Foto: La Jornada)

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL AQUÍ

Est-ce le contrôle des ressources naturelles ou la défense des droits de l’homme à l’étranger qui intéresse le plus la France ? Le nouveau président du Mexique, Enrique Peña Nieto, a rendu possible pour les grandes multinationales du secteur l’accès au pétrole, au gaz et aux autres ressources naturelles mexicaines (1). Mais il l’a fait aux dépens des droits humains fondamentaux. Le massacre en septembre de militants étudiants par la police locale, qui a également le week-end dernier ouvert le feu sur des étudiants français et allemands, témoigne de la nature autoritaire du régime politique mexicain. 

Lors de sa visite au Mexique en avril, le président François Hollande a remis à Enrique Peña Nieto la distinction suprême, la grand-croix de la Légion d’honneur, et lui a dit qu’il pouvait compter sur la France pour soutenir ses «ambitions» car ses «réformes sont aussi les nôtres». Mais ce dont le Mexique a besoin, ce n’est pas un soutien aveugle à un président dont les politiques néolibérales conduisent le pays au chaos, mais un témoignage de solidarité internationale envers le peuple mexicain qui en paie le prix du sang.

La situation a malheureusement empiré depuis l’arrestation illégale de Florence Cassez en 2005 et sa détention dans une prison mexicaine pendant sept années, au mépris du droit. Depuis l’arrivée au pouvoir de Peña Nieto, on ne compte plus les violations des droits de l’homme et les attaques de journalistes à travers le pays. Le nouveau régime a aussi établi un contrôle des médias, une mise au pas des partis d’opposition, et a envoyé des dizaines de militants en prison sous de fausses accusations.

Enrique Peña Nieto est issu de l’ancien Parti révolutionnaire institutionnel (Partido Revolucionario Institucional, PRI), qui a gouverné le Mexique d’une main de fer pendant soixante et onze ans, jusqu’à la victoire en 2000 du Parti démocrate-chrétien d’Action nationale (Partido Acción Nacional, PAN). Avant de devenir président en 2012, Peña Nieto était gouverneur de l’Etat de Mexico, où le PRI a été aux commandes pendant quatre-vingt-neuf ans sans interruption.

Dans un premier temps, de nombreux observateurs ont, non sans naïveté, considéré Peña Nieto comme le représentant autoproclamé d’«un nouveau PRI», le parti étant supposé s’être réformé de lui-même pendant ces douze années dans l’opposition. Et la communauté internationale a, dans l’ensemble, approuvé l’accent mis par le nouveau président sur sa politique de réforme économique. A commencer par les éminents membres français - parmi lesquels les présidents directeurs généraux de Danone, EADS, Moët Hennessy, GDF Suez et Safran - du Conseil stratégique franco-mexicain, un organe binational récemment créé, tourné vers des intérêts économiques privés (2).Mais Peña Nieto n’est pas tenu en grande estime dans son pays. Sa cote de popularité est la plus basse obtenue par un président dans les vingt dernières années, et peut-être même au cours du siècle dernier. Sans doute cette impopularité est-elle à mettre sur le compte de la rupture que constitue cette réforme économique face à la longue tradition mexicaine de défense des droits sociaux et de souveraineté économique.

La Constitution du Mexique, établie en 1917 dans la foulée de la Révolution mexicaine de 1910-1917, fait référence dans la mesure où elle a été la première au monde à introduire directement dans le texte constitutionnel des droits dits de «troisième génération» (droit au travail, à l’éducation, à la santé, à la terre, à la santé, etc.). Elle est en cela le pendant, au XXe siècle, pour les droits collectifs, sociaux et économiques de ce qu’a été la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pour les droits et les libertés individuelles au XVIIIe siècle.

Sans surprise, des protestations ont éclaté dans tout le pays en réponse à la tentative de Peña Nieto de revenir sur ces acquis fondamentaux. Les étudiants militants qui ont été massacrés par la police le 26 septembre, dans la ville d’Iguala (dans le Guerrero), étaient l’un des groupes les plus critiques.

Les victimes sont des élèves des écoles rurales de formation de professeurs, qui ont été créées dans les années 20 pour soutenir le développement des communautés rurales, pauvres, souvent indigènes. Plutôt que d’apporter «les Lumières» de l’extérieur, l’idée directrice des fondateurs était de développer une communauté et un leadership local, en éduquant la population. Ironie du sort, quand la police a tiré sur eux, les étudiants étaient en train de collecter de l’argent pour pouvoir se rendre dans la ville de Mexico et participer à la marche annuelle de commémoration du massacre des étudiants du 2 octobre 1968.

Bien que les coups de feux aient été tirés semble-t-il par des membres de la police locale d’Iguala, les militaires en présence dans la ville n’ont rien fait pour les en empêcher pendant ces trois heures de chaos. Au contraire, ils ne sont intervenus qu’après l’attaque, et au lieu de s’en prendre à ceux qui l’avaient commise, ils ont immédiatement mis en détention les victimes, des étudiants évidemment sans armes.

Les coups de feu tirés sans discernement par la police sur un van d’étudiants français et allemands revenant de la plage d’Acapulco le week-end dernier sont un autre exemple du déclin profond de l’Etat de droit au Mexique. Comme les Français en ont fait l’expérience au travers de l’affaire Florence Cassez, la présomption de culpabilité prévaut sur la présomption d’innocence au Mexique.

Malheureusement, François Hollande et l’Assemblée nationale ferment les yeux sur cette situation accablante. Il faut dire qu’actuellement la ville d’Iguala est sous le contrôle de la nouvelle «gendarmería» de Peña Nieto, créée sur le modèle de la gendarmerie française et développée avec le soutien direct du gouvernement français. Par contraste, la semaine dernière, un groupe de députés du Parlement européen, dont le vice-président du Parlement, Ulrike Lunacek, et les Français José Bové et Eva Joly ont signé une lettre ouverte condamnant le massacre du 26 septembre, et appelant à la suspension des relations commerciales avec le Mexique en attendant des améliorations significatives en matière de droits de l’homme (3). Les Nations unies, Amnesty International, Human Rights Watch et la Commission interaméricaine sur les droits de l’homme ont aussi exprimé des condamnations vives de l’incident. Le gouvernement français et l’Assemblée nationale devraient envisager de prendre des mesures similaires. 

Traduit de l’anglais par Samuel Khalifa, enseignant-chercheur. 

Contact : www.johnackerman.blogspot.com Twitter : @JohnMAckerman

VINCULO DIRECTO EN LIBÉRATION

"El apoyo ciego de Francia al Presidente Mexicano" (Libération, Paris, Francia, 17 octubre 2014)



TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL

¿Está Francia más interesada en controlar los recursos naturales o en defender los derechos humanos en el extranjero?

El nuevo Presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha abierto la industria mexicana del petróleo, gas y otros recursos naturales a las compañías energéticas trasnacionales. Sin embargo, lo ha hecho a expensas de los derechos humanos fundamentales. La reciente masacre de estudiantes activistas junto con el tiroteo a una camioneta donde viajaban estudiantes franceses y alemanes, han expuesto la naturaleza autoritaria del régimen político mexicano.

Durante su visita a México el pasado 10 de abril, el Presidente Francois Hollande condecoró a Peña Nieto con la distinción de la Gran Cruz de la Legión de Honor y proclamó que “contara con Francia” para apoyar sus “ambiciones” pues “sus reformas son también nuestras”. Pero lo que hoy hace falta no es el apoyo ciego al Presidente Mexicano, cuyas políticas neoliberales están conduciendo el país hacia el caos, sino la solidaridad internacional con el pueblo mexicano, quien está derramando sangre en el proceso.

Desafortunadamente, la situación ha empeorado desde la detención ilegal de Florence Cassez en 2005 y su injusto encarcelamiento por 7 años en una prisión mexicana. Durante la gestión de Peña Nieto, ha habido un significante incremento en las violaciones a derechos humanos y ataques a periodistas a lo largo del país. Asimismo, el nuevo régimen ha controlado estrictamente a los medios de comunicación, cooptado a los partidos de oposición y enviado a docenas de activistas a prisión bajo acusaciones falsos.

Peña Nieto es originario del viejo y autoritario Partido Revolucionario Institucional, PRI, Partido que ha gobernado México con puño de hierro por 71 años consecutivos hasta perder ante el cristiano- demócrata Partido Acción Nacional, PAN en el año 2000. Antes de ocupar la Presidencia en 2012, Peña Nieto se desempeñó como Gobernador del Estado de México, un Estado donde el PRI ha estado al mando por 85 años ininterrumpidos.

Al principio, muchos comentaristas ingenuamente tomaron como cierta la palabra de Peña Nieto cuando dijo que él representaba el “Nuevo PRI”, el cual supuestamente se había reformado a sí mismo durante los doce años que estuvo fuera de la Presidencia. Además, la comunidad internacional generalmente ha celebrado el énfasis que el nuevo Presidente ha puesto en asuntos económicos. Por ejemplo, los integrantes franceses del recientemente creado Consejo Estratégico Franco-Mexicano, son fuertemente inclinados a los intereses económicos privados, entre cuyos miembros se incluyen los Presidentes de Danone, EADS, Moët Hennessy, GDF y Safran.

Sin embargo, Peña Nieto es despreciado en casa. Sus índices de aprobación ciudadana son los más bajos en comparación con cualquiera de los Presidentes mexicanos en las últimas dos décadas, y probablemente incluso durante el último siglo. Esto es porque su agenda de reformas económicas rompe radicalmente con la larga tradición mexicana de defensa de los derechos sociales y de la soberanía económica.

La renombrada Constitución Mexicana de 1917, producto de la histórica Revolución Mexicana de 1910-1917, fue la primera en el mundo en incluir la "tercera generación" de derechos (al trabajo, a la educación, a la salud, a la tierra, etc.) directamente en el texto constitucional. La Constitución Mexicana de 1917 tiene la misma relevancia para los derechos colectivos, económicos y sociales en el siglo XX que la tuvo la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano para los derechos individuales y liberales en el siglo XVIII. 

No es de sorprender entonces la erupción de protestas a lo largo del país en respuesta al intento de Peña Nieto de revertir este importante legado. Los estudiantes activistas que fueron masacrados por la policía el pasado 26 de septiembre en la Ciudad de Iguala, Guerrero son de uno de los grupos más críticos.

Las víctimas eran estudiantes de la escuela normal rural de maestros que fue creada en la década de 1920 para apoyar el desarrollo de las comunidades pobres, rurales y frecuentemente indígenas. En lugar de traer “iluminación” del exterior, la idea a seguir es desarrollar liderazgo a nivel local a través de una educación basada en la comunidad. Antes de ser balaceados por la policía, los estudiantes estuvieron recolectando dinero con el propósito de viajar a la Ciudad de México para participar en la marcha anual en recuerdo de la histórica masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

A pesar de que el tiroteo fue aparentemente llevado a cabo por miembros de la fuerza policial de Iguala, la estación militar establecida en el pueblo no hizo nada para detenerlos durante las tres horas que duró el caos. Incluso, los soldados sólo se movieron después de que los ataques hubieron terminado y en lugar de ir tras los agresores, inmediatamente detuvieron a los estudiantes desarmados, ahora víctimas.

El tiroteo indiscriminado por la policía a una camioneta donde viajaban estudiantes franceses y alemanes que regresaban de las playas de Acapulco la semana pasada, es otro claro ejemplo del profundo decaimiento del Estado de Derecho en México. Como la sociedad francesa ya ha aprendido del caso Cassez, en México eres culpable hasta que se demuestre lo contrario.

Desafortunadamente, Hollande y la Asamblea Nacional Francesa ha puesto el ojo ciego a esta grave situación. Incluso, hoy mismo la población de Iguala está bajo el control de la nueva “Gendarmería” de Peña Nieto, modelada a imagen y semajanza de la Gendarmerie Francesa y desarrollada con el apoyo directo del gobierno francés.

En contraste, la semana pasada un grupo de miembros del Parlamento Europeo, incluido Ulrike Lunaeck (Vicepresidente) al igual que José Bove y Eva Joly de Francia, firmaron una importante carta condenando la masacre del 26 de septiembre y llamando a la posible suspensión de las relaciones comerciales con México, hasta que la situación de Derechos Humanos en México mejore de manera significativa. Las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han emitido fuertes condenas sobre el incidente. El Gobierno Francés y la Asamblea Nacional Francesa deberían considerar tomar acciones similares.

Traducción al español: Mario Alberto Cuevas

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Twitter: @JohnMAckerman

domingo, 5 de octubre de 2014

"Por una verdadera transición" (5 de octubre, 2014)

Estudiantes del IPN en pie de lucha//Foto:Octavio Gómez, Proceso
Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) representan hoy al país entero. Cuentan con mayor legitimidad pública y confianza social que el Congreso de la Unión, el Presidente de la República, el Instituto Nacional Electoral o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si juega bien sus cartas, el movimiento estudiantil podría detonar una verdadera transición a la democracia en México. De lo contrario, terminará como otra explosión social temporal de alcances limitados. Y si los dignos politécnicos pierden totalmente la brújula, incluso podría contribuir a fortalecer al régimen autoritario. La historia está en sus manos.

La estrategia del Gobierno es transparente. Busca dividir el movimiento por dentro y separarlo de otras expresiones sociales por medio de un coctel de concesiones y provocaciones fríamente calculadas. El objetivo en todo momento será encapsularlo y focalizarlo en asuntos exclusivamente "locales", supuestamente "puros" y "limpios", con respecto a la gestión interna del IPN. Y mientras los politécnicos están entretenidos con el "policía bueno" de Miguel Ángel Osorio Chong, los otros estudiantes y jóvenes del país sufrirán cada vez más bajo las macabras estrategias de represión, provocación y violencia del régimen.

Lo que determinará el éxito o el fracaso del movimiento politécnico será entonces la medida en que los estudiantes logren levantar la mira para ser solidarios y generosos con otras causas sociales. Igualmente, es responsabilidad de todos expresar nuestra solidaridad con la importante lucha histórica por alcanzar tanto la autonomía como la democratización interna del IPN.

Las luchas locales, nacionales, e incluso internacionales, no se contraponen, sino que se fortalecen mutuamente. Por ejemplo, tanto la forma antidemocrática como el contenido neoliberal del nuevo reglamento del IPN son resultados directos de las contrarreformas "estructurales" impulsadas por Enrique Peña Nieto, Osorio Chong y el "Pacto por México". En su conducción del proceso de reforma del IPN, Yoloxóchitl Bustamente no hizo más que seguir estrictamente las indicaciones de sus jefes en el Gobierno Federal, quienes a su vez cumplen con las órdenes de Washington. Es evidente que un simple cambio en la dirección del instituto no modificará las coordenadas estructurales del poder que impuso el nuevo reglamento.

Bustamante misma afirmó en su momento que la reforma al politécnico surgió a raíz del "compromiso institucional de armonizar la normatividad interna con la federal, en lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo y a la reforma educativa". En otras palabras, no es más que la extensión de los tentáculos del poder corrupto hasta las entrañas del sistema educativo nacional. Ahora que el petróleo pertenecerá a las grandes empresas extranjeras, ya no será necesario que México forme investigadores científicos o ingenieros de primer nivel para impulsar el desarrollo nacional, puesto que solamente harán falta técnicos obedientes a las órdenes de sus nuevos jefes extranjeros.

Lo mismo ocurre en las normales rurales. Así como Lázaro Cárdenas del Río fundó el IPN en 1936 con el fin de "poner el técnico al servicio de la patria", también fue el responsable de consolidar y generalizar el modelo de las normales rurales, como la Escuela Normal de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos". Durante su sexenio (1934-1940), la cantidad de estas instituciones se multiplicó exponencialmente y se fortaleció su carácter cooperativo y social. Desde hace casi un siglo, dichos planteles han abierto simultáneamente importantes oportunidades educativas y laborales para los jóvenes de las zonas más marginadas, y han sido esenciales para garantizar una educación pública humanista, crítica y de calidad. Tanto la doctora Tanalís Padilla, de la Universidad de Dartmouth, como Luis Hernández Navarro, de La Jornada, han realizado importantes estudios sobre esta valiosa experiencia.

Pero al régimen autoritario neoliberal no le interesa poner la técnica al servicio de la patria ni fomentar el pensamiento crítico o empoderar a los maestros rurales. La reforma educativa y el Plan Nacional de (sub)Desarrollo buscan la eliminación de la gran mayoría de las normales rurales y la conversión de las que queden en centros técnicos para la formación de maestros de "calidad" cuya única función será preparar mano de obra barata y siervos obedientes al gran capital internacional.

Los estudiantes del IPN y de Ayotzinapa sufren exactamente el mismo mal. El levantamiento de ambas comunidades está plenamente justificado. Su lucha es la lucha de todos por deshacernos de una vez por todas del yugo de la explotación y represión que ha mantenido postrada a la nación desde la Colonia. La reclamación de justicia para la perversa masacre en Iguala, cuna de la consumación de la Independencia, es evidentemente igual de importante que la exigencia de autonomía para el Politécnico.

La unión de esas exigencias y la articulación de los dos movimientos no implicaría, desde luego, la "politización" de ninguno de ellos, sino todo lo contrario. Significaría el fracaso de la tradicional estrategia política del régimen autoritario priísta de "divide y vencerás".

Todos hemos aprendido en la escuela cómo los valientes movimientos populares y los grandes ideales que inspiraron la Independencia y la Revolución fueron traicionados y domesticados por los líderes políticos que vendrían después. Hoy, Peña Nieto y el Pacto por México juegan el papel que en su momento cumplieron Antonio López de Santa Anna después de la independencia, y Miguel Alemán Valdés, el primer presidente emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), después de la Revolución.

Pero la tercera tendrá que ser la vencida. La lucha por la democracia en México nunca ha sido un asunto de acuerdos cupulares entre élites, como lo fue en otros países. Tal y como ocurrió durante la Independencia y la Revolución, el verdadero motor del interrumpido proceso de "transición" actual ha sido la movilización de la sociedad en defensa de sus intereses y en contra del saqueo. Habría que evitar a toda costa las divisiones internas con el fin de construir un amplio frente popular a favor de una verdadera transición hacia la justicia y la paz.

(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso No. 1979

Twitter:@JohnMAckerman

lunes, 22 de septiembre de 2014

"Barack Peña" (21 de septiembre, 2014)

Barack Obama y Enrique Peña Nieto/ Foto: David de la Paz, Proceso/Xinhua
John M. Ackerman

La clase política de Estados Unidos se niega a aceptar la realidad de la estrepi­tosa caída de su predominio económico, poder político e influencia ideológica en el mundo. Recurre una vez más a la fuerza de las armas como un acto desesperado por afianzar su control sobre los recursos y los pueblos del planeta. Las nuevas agresiones en Irak, Siria, Palestina y Ucrania fomen­tadas o dirigidas por Barack Obama, otro­ra Premio Nobel de la Paz, también le han permitido construir su propio pacto con la oposición, al estilo del “Pacto por México” de Enrique Peña Nieto, para unir a la clase política frente a las cada vez más contun­dentes críticas a su gestión, tanto desde la izquierda como de la derecha.

La tasa de aprobación ciudadana para Obama se encuentra en el nivel más bajo que ha tenido durante los casi seis años que ha ocupado la Casa Blanca. Hoy todas las encuestas coinciden en que más de 50% de la población desaprueba su labor, mientras solamente 40% lo apoya (véase:http://ow.ly/BDg2V). Asimismo, la gran ma­yoría de quienes desaprueban expresan un sentimiento fuerte al respecto (strongly disapprove), mientras solamente la mitad de quienes aprueban están tan convenci­dos (véase: http://ow.ly/BDgjJ).

La movilización social del pueblo afroamericano en Ferguson, la traición a los latinoamericanos en materia migrato­ria y la consolidación del poder militar del Estado Islámico (El) en el Medio Oriente desnudan el fracaso del gobierno de Oba­ma tanto en materia de política interior como en el exterior. Obama es entonces el perfecto “amigo” y símil de Peña Nieto. Ambos presidentes trabajan para intere­ses ajenos y, por lo tanto, son repudiados por sus pueblos.

La revuelta de Ferguson, Missouri, responde al hecho de que los afroameri­canos se encuentran en una situación aún más precaria que cuando Obama ganó su primera elección presidencial en 2008. La brecha entre los “blancos” y los “negros” en términos de ingresos, patrimonio, rendimiento educativo y desempleo se ha ensanchado de manera pronunciada. Igualmente, el racismo estructural del sistema de “justicia” estadunidense lle­na las cárceles del país con cada vez más afroamericanos. Este es el contexto para la brutalidad policiaca que ha abierto las heridas y despertado la conciencia de la comunidad afroamericana. Obama no so­lamente ha dado la espalda a los latinos que lo apoyaron con tanta convicción, sino también a su propia comunidad.

Los contundentes éxitos militares del EI en una zona supuestamente “pacifica­da” por el ejército estadunidense evidencia el absoluto fracaso de más de dos décadas de bombardeos e intervención militar desde el inicio de la Guerra del Golfo en 1990. Así como la consolidación del poder del narco en Michoacán revela la derrota de la "guerra contra las drogas” iniciada por Fe­lipe Calderón y continuada por Peña Nieto por órdenes de Washington, la situación en Irak demuestra la enorme fragilidad y debilidad de las estrategias militares di­rigidas desde la Casa Blanca en todo el mundo.

Existe una sorprendente continuidad entre el gobierno de Obama y el de George W. Bush Jr. (2000-2008), comparable a la falta de cambio o “transición” durante los 12 años de gobiernos panistas en México. Del mismo modo en que el PAN terminó por devolver el poder al viejo PRI, lo más probable es que Obama también entre­gue la Casa Blanca de regreso al Partido Republicano cuando termine su segundo cuatrienio en 2016 o, en su caso, a Hilary Clinton, quien representa exactamente los mismos intereses.

El discurso de Barack Obama del pasa­do 17 de septiembre en la Base Militar MacDill, en Florida, fue revelador con respecto a su verdadera orientación política. “Entre la guerra y la recesión económica (...) es­tos han sido 14 años llenos de retos. Quie­ro que sepan, mientras los acompaño hoy, que hoy estoy tan seguro, como lo he esta­do siempre, de que este siglo, justo como el siglo anterior, será dirigido por América (sic) (...) Es y será un siglo americano (sic)”.

No se asomó ni por error la palabra “cambio” o “esperanza” en el discurso del presidente que supuestamente introdu­ciría transformaciones importantes en el sistema político de Estados Unidos. Obama ahora se quita la máscara al presentarse como el defensor de la más absoluta continuidad conservadora, tanto con los ocho años anteriores a los suyos en que Bush Jr. ocupó la Casa Blanca (“han sido 14 años”), como con el siglo pasado de “liderazgo” estadunidense en el mundo, incluyendo constantes intervenciones militares, económicas y políticas a lo lar­go y ancho de América Latina.

La “democracia” estadunidense se encuentra tan dolida y traicionada como la mexicana. Quienes luchan por un me­jor país deben enfrentar la realidad de que lo que ocurre en México es parte de un fenómeno global de vaciamiento del sentido de las instituciones “liberales” en todo el planeta. No se trata desde luego de abandonar el frente nacional, sino de constantemente vincularlo con las luchas paralelas que están teniendo lugar en el mundo. Por ejemplo, el empuje hacia la independencia de Escocia, la resisten­cia del pueblo palestino y los esfuerzos del nuevo partido ciudadano “Podemos” en España, todos indican que se acercan nuevos tiempos. También sería muy importante estrechar los lazos con los go­biernos de izquierda en Sudamérica.

La izquierda mexicana ha cometido el error de descuidar el frente internacional durante los últimos lustros. La revitalización de este ámbito de acción sería parti­cularmente importante en este momento, dado el dinamismo actual en tal esfera. Una mejor vinculación con movimientos y luchas en otras latitudes podría fortale­cer de manera importante el proceso de reconstrucción de la izquierda nacional y nacionalista.
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(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso 1977
Twitter: @JohnMAckerman

domingo, 7 de septiembre de 2014

"Telenovela estacionada" (7 de septiembre, 2014)

Peña Nieto, Aureoles y Barbosa en el Segundo Informe/Foto: Proceso
La entusiasta participación de los principales líderes y gobernantes del PRD en la clausura de la primera parte de la telenovela de Enrique Peña Nieto demuestra una vez más que este partido ha renunciado a cualquier intención de fungir como contrapeso ante la consolidación autoritaria. Flanqueado por Silvano Aureoles y Miguel Barbosa como sus guardaespaldas, y con los automóviles de lujo de la oligarquía nacional acomodados por Miguel Ángel Mancera en la plancha del Zócalo capitalino, el nuevo emperador pudo pronunciar su vacuo discurso sin interrupción o protesta alguna.

Los poderosos están de plácemes con la aparente victoria de su “revolución cultural”, al estilo de Mao Zedong, que prohíbe, margina y reprime cualquier expresión de descontento social o cuestionamiento al poder. En su discurso con motivo de la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, el personaje que se ostenta como el presidente de la República en nuestra propia versión torcida de House of Cards indicó que precisamente el eje vertebral de la segunda parte de su programa estelar será lograr “un cambio de actitud, de mentalidad, un cambio cultural”.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, ya había adelantado hace semanas uno de los ejes centrales del proyecto ideológico de Los Pinos. El vocero del régimen en materia electoral aclaró que el principal problema con la democracia mexicana no sería el deficiente funcionamiento de las autoridades electorales, sino la falta de “confianza” de la población en estas instituciones disfuncionales, así como la resistencia de los actores políticos a asumir y “aceptar su derrota”.

El mensaje es meridianamente claro. Al régimen no le bastan las “victorias” legislativas del primer tercio del sexenio actual. Para ellos no es suficiente tapar los ojos, encintar la boca y amarrar las manos de sus adversarios. También habría que arrodillar y humillar a los críticos obligándolos a asumir su “derrota” jurando lealtad eterna al nuevo rey. Se busca pasar de la “vieja” cultura de la crítica ciudadana y el cuestionamiento al poder a una “nueva” cultura de obediencia civil y de abyección frente a los poderosos.

‘‘Valoro que dos representantes de la izquierda mexicana conduzcan los trabajos de ambas cámaras en el Congreso de la Unión. Su presencia en este acto republicano reafirma la vocación democrática, nuestra condición de madurez y de civilidad política, y de normalidad democrática’’, señaló con absoluto cinismo e hipocresía el Frank Underwood mexicano la semana pasada en Palacio Nacional.

Es importante recordar que la autoalabanza televisada que organizó Peña Nieto no cuenta con ningún respaldo legal ni tiene carácter republicano alguno. La única obligación del presidente de la República es entregar el informe por escrito al Congreso de la Unión. Si el ocupante de Los Pinos realmente tuviera “vocación democrática”, hubiera acudido personalmente al Congreso para escuchar los posicionamientos de los partidos de la oposición y dialogar con sus adversarios. Peña Nieto también tendría que aceptar el reto ciudadano reiterado desde hace meses de afrontar un debate en vivo y sin teleprompter con la sociedad sobre las “reformas estructurales”, y responder favorablemente a la petición generalizada de someter la reforma energética a una consulta popular.

Pero para el régimen la mejor forma en que un político puede demostrar su “madurez” y su gran “civilidad” es negociando bonos, cargos y componendas atrás de puertas cerradas. Mientras, en público los dirigentes de la oposición “moderna” cierran la boca y aplauden de pie al gran líder. Aquello es precisamente el modus operandi tanto de los sistemas burocrático-autoritarios del viejo bloque soviético como del sistema clepto-privatizado enarbolado hoy por Washington.

El comportamiento de Aureoles, Barbosa, Mancera, Graco Ramírez y Arturo Núñez tampoco tiene nada que ver con la “izquierda”, sino todo lo contrario. Su subordinación al poder del dinero y la represión implica el desplazamiento de cualquier compromiso ético con la sociedad por un “pragmatismo” absolutamente corrupto y traidor.

La conversión de la Plaza de la Constitución en un gran estacionamiento de autos de lujo blindados constituye la viva imagen de la “utopía” neoliberal de quienes hoy nos malgobiernan. Solamente faltaría agregar algunas bailadoras haciendo table dance agarradas del asta-bandera para completar la “revolución cultural” priista con los elementos centrales de la “victoria cultural” panista.

El camino actual nos lleva a un país totalmente estacionado, un país donde todos los espacios, las instituciones y los intereses públicos estarán ocupados por los intereses más retrógrados y excluyentes. Urge encender el motor y echar a andar al México profundo conocido internacionalmente por su gran dignidad, entereza y conciencia.


(C) John M. Ackerman. Todos los derechos reservados.
(Publicado en Revista Proceso No. 1975)