ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 29 de junio de 2015

"Liberalismo: Izquierda y Derecha" (28 de junio, 2015)

John M. Ackerman

La influencia de la atrasada cultura política de los Estados Unidos sobre México ha generado distorsiones muy problemáticas en la esfera política nacional. Al norte del Río Bravo los debates se mantienen estancados en el enfrentamiento histórico entre los “liberales” terratenientes y los “conservadores” monarquistas propio de la Inglaterra del siglo XVIII. En lugar de copiar o importar aquellas visiones, vale la pena inspirarnos en las tradiciones mexicanas y francesas que han sabido resignificar el concepto de “liberalismo” así como articular nuevas visiones para lograr la transformación social.

En Francia tienen perfectamente claro que el “liberalismo” es hoy una ideología de derecha. Si bien el ejemplo de la independencia de los Estados Unidos de 1776 fue una inspiración para la Revolución Francesa de 1789, los franceses siempre se han distanciado de las peligrosas implicaciones del liberalismo clásico de John Locke cuyo eje central es la defensa de los derechos de propiedad individual de los grandes propietarios. Primero Jean Jacques Rousseau, después Robespierre y más tarde Jean Jaurés articularon una poderosa línea de pensamiento que recupera la importancia de la lucha de los burgueses en contra de la monarquía pero simultáneamente la supera al articular una visión radical de soberanía popular y participación democrática.

En México hemos ido aún más allá que los franceses. La visión política y las acciones sociales de figuras como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Ricardo Flores Magón, Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas han dejado un legado de liberalismo revolucionario que sería una verdadera tragedia ignorar o menospreciar. Durante la independencia, el 12º artículo de los Sentimientos de la Nación llamó directamente a aprobar leyes que “moderen la opulencia y la indigencia”. Unos años antes de que estallara la Revolución, el Programa del Partido Liberal Mexicano enunciaría que “al triunfar el Partido Liberal, se confiscarán los bienes de los funcionarios enriquecidos bajo la Dictadura actual, y lo que se produzca se aplicará al cumplimiento del capítulo de Tierras -especialmente a restituir a los yaquis, mayas, y otras tribus, comunidades o individuos, los terrenos de que fueron despojados-y al servicio de la amortización de la Deuda Nacional.” Más tarde, la Ley de Expropiación impulsada por Cárdenas en 1936, y hoy todavía vigente, facultaría al Estado para lograr directamente la “equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general, o de una clase en particular”. 

En México no se trata solamente de defender la soberanía popular sino de también desmantelar activamente los aparatos del poder despótico y de redistribuir las riquezas de los oligarcas y de la nación entera entre los ciudadanos más humildes. Este espíritu revolucionario se manifestó con particular fuerza durante la Revolución Mexicana de 1910-1917 y durante el constituyente de 1916-1917, ambos ejemplos al nivel mundial de exitosas conquistas políticas de las clases populares.

El liberalismo revolucionario mexicano entonces no tiene nada que ver con el liberalismo neoliberal estadounidense. El primero busca la liberación de los pueblos y el segundo la consolidación de un régimen de corrupción y autoritarismo. El primero es de izquierda y la segunda de derecha.

Ahora bien, si no hubiera sido por las dos guerras “mundiales” en Europa a principios del siglo XX, lo más probable es que Francia hubiera caminado en el mismo sentido que México hacia un sistema constitucional profundamente social e igualitario. Sin embargo, su desarrollo institucional fue interrumpido por la pérdida de millones de vidas, la destrucción de su infraestructura, su ocupación por la Alemania Nazi y finalmente por la subordinación a los intereses de los Estados Unidos durante el periodo de posguerra. 

Francia hoy mantiene un sólido Estado de Bienestar y envidiables instituciones públicas. Sin embargo, la ausencia tanto de un marco constitucional que tutela más claramente los derechos sociales como de partidos políticos vinculados con los movimientos populares han debilitado su capacidad de respuesta frente al embate neoliberal impulsado desde Alemania e Inglaterra. 

Un claro botón de muestra de la debilidad del legado de la Revolución Francesa en su país de origen ha sido el desempeño del Presidente “socialista” Francois Hollande. Sus supuestos compromisos con los derechos humanos al nivel internacional y con las clases populares en Francia han resultado ser aún más vacíos que las promesas de “cambio” del “liberal” Barack Obama en los Estados Unidos. La decisión de Hollande de convocar a un líder tan corrupto, represor y repudiado como Enrique Peña Nieto como su invitado de honor para la Fiesta Nacional de Francia el próximo 14 de julio pinta de cuerpo entero al actual Presidente Francés. 

Afortunadamente, la izquierda mexicana no necesita ni de los liberales estadounidenses ni de los socialistas franceses para mantenerse firme en su compromiso con la justicia y la transformación social. Tenemos más que suficientes experiencias históricas y teorías propias para inspirar la construcción de una innovadora alternativa política y social que pueda incluso poner el ejemplo al mundo entero.

En este contexto, el importante nuevo estudio sobre la inaceptable desigualdad en el país redactado por Gerardo Esquivel para Oxfam-México (disponible aquí: http://ow.ly/OMVPk) constituye una llamada de despertar. Esta situación de profunda injustica es precisamente el resultado de la consolidación de la lógica de (neo)liberalismo estadounidense en México durante las últimas décadas.  Para escapar del callejón sin salida en que nos encontramos hace falta desandar el camino de las mentiras norteamericanas y enorgullecernos de la gran tradición política mexicana y latinoamericana de exitosas luchas populares por la justicia y la democracia.

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman
Publicado en Revista Proceso No. 2017

domingo, 14 de junio de 2015

"PRIvatización política" (Revista Proceso, 15 de junio, 2015)

Foto: Revista Semana
John M. Ackerman

Los promotores de candidaturas supuestamente “independientes” y el Partido “Verde” (PVEM) se encuentran del mismo lado de la historia. Ambos buscan tirar por la borda dos décadas de construcción ciudadana de un conjunto de instituciones y leyes electorales ejemplares que tienen el propósito de defender el espacio público de la voracidad de los poderes fácticos. Tanto con sus acciones como con sus propuestas, trabajan arduamente para convertir el sistema electoral mexicano en una copia vulgar de la “democracia” mercantilizada y corrupta de los Estados Unidos. En este esfuerzo cuentan con el sólido apoyo tanto del “Señor Presidente” (Jaime Rodríguez dixit) Enrique Peña Nieto y el PRI como de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

Si esta perversa y paradójica coalición de intereses logra su cometido, nos encaminaríamos hacia un grave retroceso en el desarrollo político del país y se sepultaría para siempre la posibilidad de resolver los problemas más importantes de la Nación por la vía institucional. Específicamente, habría que frenar de manera urgente la privatización de la política por medio de una nueva reforma electoral supuestamente “ciudadana” y “liberalizadora” que abriría las llaves del financiamiento privado a los partidos y los candidatos “independientes”. Una reforma en este sentido sería la cereza en el pastel de la serie de contra-reformas “estructurales” corruptas que ha impulsado Peña Nieto y el “Pacto por México” desde 2012. Con ello, se consolidaría el poder de la avaricia y el mesianismo por encima del humanismo y la humildad así como del fraude y el engaño por encima de la honestidad y la dignidad.

El artículo 41 de la Constitución señala sin titubeos que durante las campañas electorales los recursos públicos deben prevalecer siempre sobre los de origen privado. Este principio constitucional absolutamente fundamental fue diseñado para defender la naturaleza pública y democrática de las competencias políticas así como garantizar una equidad básica entre los candidatos. Sin este compromiso constitucional, los poderes fácticos, los medios de comunicación y el crimen organizado podrían directamente y abiertamente comprar candidatos, elecciones y partidos. 

Así es precisamente como funciona el sistema electoral en los Estados Unidos. No son los votos sino los dólares los que determinan quienes ocupan los cargos de elección popular. 

En México, gracias a décadas de valientes luchas ciudadanas en que miles de luchadores sociales han sido lamentablemente reprimidos, encarcelados y ejecutados, contamos con un marco jurídico en materia electoral muy por encima de la legislación en el país vecino del norte. Tirar por la borda a conquistas históricas tan importantes ganadas a precio de sangre sería una gran irresponsabilidad. Sería como si los mismos estadounidenses se arrepintieran del movimiento por los derechos civiles encabezado por Martin Luther King, Jr. y regresaran al sistema de segregración racial legalizada que estaba en vigor antes del Civil Rights Movement

Es innegable que debido a la complicidad y la ineptitud de los consejeros y los magistrados electorales no se cumple en los hechos con el principio de predominancia del financiamiento público. En la elección presidencial de 2000, Vicente Fox se benefició de una vasta red ilegal de financiamiento privado que extendía sus tentáculos hasta el extranjero. En 2006, Felipe Calderón pudo imponerse en la presidencia debido a una enorme y costosa guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador financiado ilegalmente por el sector privado. En 2012, ríos de dinero de procedencia desconocida fluyeron a las tarjetas Monex y Soriana así como a los medios de comunicación electrónica, rebasando por lo menos 14 veces el tope de gasto permitido de acuerdo con la Comisión Monex, para lograr la “elección” de Peña Nieto. Y en 2015, el PVEM da continuidad a la misma estrategia con su costosa propaganda ilegal y cínica burla a las autoridades. 

El pasado miércoles, 20 de mayo el PVEM presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente que reformaría el artículo 41 de la Constitución para permitir la “libre contratación” de anuncios partidistas en radio y televisión. Unos días después, tanto la Comisión Electoral Estatal de Nuevo León como el TEPJF avalaron la violación del principio de predominancia de financiamiento público sobre el privado para los candidatos independientes. Ello permitió, por ejemplo, que un candidato “independiente” como “El Bronco” pudiera recibir hasta casi 50 millones de pesos en contribuciones privadas, una cantidad que gustosamente podría aportar el poderoso grupo de empresarios de Monterrey que lo patrocinan. Y nuestra colega de la Revista Proceso, Denise Dresser, ha señalado en estas mismas páginas que una de las propuestas claves de la causa anulista debería ser la realización de “modificaciones sustanciales al sistema de financiamiento partidista…que tan sólo han producido un clientelismo desbordado y un mercado negro de dinero no regulado”. 

Nos encontramos frente a la misma perversa lógica que ha motivado todas las contrareformas “estructurales” del Pacto por México. En lugar de limpiar nuestras instituciones públicas y hacer cumplir estrictamente las pocas normas de avanzada que todavía tenemos, en las materias energética, laboral, educativa y electoral, se busca tirar al bebe junto con el agua sucia. Los ciudadanos conscientes no pueden permitir la consolidación del este nuevo atraco a nuestra esperanza. Lo que México necesita para salvarse de la podredumbre actual no son más falsas profetas “Broncos” ni el espejismo de soluciones individualistas y privatizantes, sino la construcción de nuevas organizaciones sociales e instituciones públicas con suficiente fuerza para domar los poderes fácticos que hoy tienen sometida a la Nación. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2015
(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados