ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 19 de octubre de 2015

"La privatización de México" (Revista Proceso, 18 de octubre, 2015)

John M. Ackerman

Si el Senado de la República aprueba el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) negociado en sigilo por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con el gobierno de Barack Obama y otros siete países, estará entregando la nación entera en bandeja de plata a los intereses más oscuros del planeta. Con el TPP, el sistema jurídico nacional en su conjunto se subordinaría a los caprichos de las grandes empresas trasnacionales. Los únicos fines de estas corporaciones son el lucro para sus dueños y la manutención de la hegemonía económica, política, cultural y militar de Estados Unidos.

A juicio de Guajardo y su jefe Enrique Peña Nieto, México no es una nación soberana, sino simplemente un “esquema-país” (véase: http://ow.ly/TrknF) cuya función principal es generar oportunidades de negocios para los hombres y las mujeres más adinerados del mundo. Para el gobierno actual no importan la devaluación del peso, la profundización de la pobreza y la desigualdad, el raquítico crecimiento económico, el desplome en el precio del petróleo o el aumento en el costo de la canasta básica. Todos estos fenómenos son preocupaciones menores, ya que solamente afectan a los más vulnerables y necesitados dentro de un país, México, que estos funcionarios desprecian profundamente. Lo importante es mantener en forma la máquina mexicana de apoyo a las redes de poder global.

El TPP es un documento secreto al que solamente unos cuantos oligarcas apátridas y políticos corruptos tienen acceso. Sus 30 capítulos no se han dado a conocer al público por el explosivo rechazo popular que podrían generar dentro de los países que negocian el acuerdo: Estados Unidos, México, Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y Vietnam. La estrategia de negociación y aprobación del acuerdo internacional se parece mucho a la del “Pacto por México” utilizada en México para imponer la contrarreforma energética. Primero se realizan negociaciones y pactos secretos entre políticos, empresarios y funcionarios sin ninguna participación de la sociedad civil. Posteriormente, las reformas consensadas son presentadas a última hora y aprobadas sin deliberación alguna en clara violación de las prácticas y los reglamentos parlamentarios.

El TPP es aún más peligroso que la reforma energética. Las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales publicadas el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación entregan los recursos nacionales a las corporaciones petroleras y energéticas. Pero el TPP coloca al país entero al servicio de las trasnacionales y de Washington.

A partir de filtraciones, sabemos que uno de los elementos más nocivos del TPP es el establecimiento de un sistema de resolución de conflictos inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) que cancelaría el poder de la nación para controlar los abusos de las empresas extranjeras. Este tipo de mecanismos permiten a los “inversionistas” demandar al Estado mexicano por oportunidades de lucro supuestamente perdidas a partir de acciones gubernamentales en defensa del medio ambiente, de los derechos humanos o de regulación de la economía. Dichas demandas no son resueltas por las autoridades nacionales o el Poder Judicial, sino por mesas de arbitraje internacionales que no rinden cuentas absolutamente a nadie. La ONG estadunidense Public Citizen ha proporcionado un excelente resumen de lo que está en juego con este tipo de acuerdos (véase: http://ow.ly/Trrxi).

La finalidad de dichas disposiciones es atar las manos de los gobiernos. Se busca bloquear la posibilidad de que nuevas leyes o regulaciones generadas por procesos democráticos interfieran con los contratos y las ganancias de las trasnacionales. El TPP implica un ataque directo a la soberanía nacional y una cancelación absoluta de la soberanía popular.

México ya tiene una experiencia muy negativa con esta clase de acuerdos. Tanto el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como los establecidos con España ya incluyen disposiciones similares. En varias ocasiones el gobierno mexicano ha sido condenado a pagar sumas millonarias para “compensar” a empresas trasnacionales ante las “pérdidas” causadas por acciones gubernamentales.

En un caso, con el fin de proteger la salud de sus ciudadanos, las autoridades del municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, negaron un permiso de construcción a una empresa canadiense de procesamiento de desechos tóxicos, Metalclad. Ésta recurrió al tribunal especial del TLCAN y ganó un litigio en contra del Estado mexicano por la cantidad de 16 millones de dólares. En otro caso, una compañía de procesamiento de desechos tóxicos, la española Abengoa, ganó un juicio similar, por 40 millones de dólares, al impugnar la decisión del municipio de Zimapan, Hidalgo, de cancelar sus permisos de operación y uso de suelo.

En lugar de empoderar a las trasnacionales en su lucha contra el pueblo de México, un gobierno digno tendría que proteger la economía nacional, el medio ambiente y el bienestar de los ciudadanos. Por ejemplo, el centro de investigación Global Financial Integrity estima que aproximadamente 50 mil millones de dólares son extraídos del país cada año por medio de mecanismos de fraude fiscal, lavado de dinero y repatriación de ganancias a los países sede de las trasnacionales (véase: http://ow.ly/Trzfh).

Para aumentar el nivel de inversión no hace falta rematar a la nación o sacrificar nuestra soberanía. Al contrario, basta y sobra con poner un alto al saqueo constante de nuestros abundantes recursos y patrimonio nacionales por las redes de corrupción financiera internacional.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Proceso No. 2033
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 5 de octubre de 2015

"La batalla por la UNAM" (Revista Proceso, 5 de octubre, 2015)

John M. Ackerman

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no es cualquier centro de enseñanza superior, sino que se ha consolidado como la conciencia de la nación y como el principal motor para la movilidad social en el país. Con sus más de 340 mil alumnos, 38 mil académicos y 28 mil trabajadores, es de las pocas instituciones públicas que todavía sirven desinteresadamente a la sociedad mexicana. En el contexto actual de privatización descarada, corrupción desbordada, censura expansiva y represión desmedida, entrar a territorio puma significa respirar una enorme bocanada de aire fresco. Al pasear por cualquier zona de la máxima casa de estudios, el alma se llena de esperanza en la posibilidad de construir un México más justo y democrático

Pero el régimen autoritario encabezado por Enrique Peña Nieto no tolera el florecimiento de este tipo de libertades democráticas. Desde el 1 de diciembre de 2012 el “nuevo PRI” ha sometido a la sociedad mexicana, y en particular a los jóvenes estudiantes, a un acoso constante que busca desarticularlos, criminalizarlos e intimidarlos. El actual ocupante de Los Pinos jamás perdonará la explosión de esperanza juvenil que surgió aquel viernes 11 de mayo de 2012 cuando estudiantes de la Universidad Iberoamericana corrieron al entonces candidato presidencial de su campus entre gritos de “¡Fuera!”, “¡Asesino!”, ¡Cobarde!”. La masacre y la desaparición forzada de los estudiantes activistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, fue el resultado de la sed de venganza del presidente, así como de su política general de “limpieza” social y política. Para Peña Nieto los jóvenes son más un problema que una potencia nacional.

El desgobierno del Pacto por México tampoco respeta la autonomía de las instituciones públicas. Por medio de acuerdos cupulares, y en la más absoluta oscuridad, el régimen ha ido colocando sus cuadros más fieles en posiciones clave de organismos supuestamente autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. Asimismo, se han ido desarticulando y privatizando instituciones públicas como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, la SEP, el IMSS y el ISSSTE.

La colocación en la Rectoría de la UNAM de una persona fiel al actual proyecto de autoritarismo neoliberal es de suma importancia para el régimen. Una Universidad Nacional verdaderamente democrática, participativa y plural rápidamente se convertiría en una enorme piedra en el zapato para la clase política dominante. Desde la perspectiva de Peña Nieto, urge clausurar cualquier posibilidad de surgimiento de nuevos liderazgos juveniles o de proyectos intelectuales que podrían poner en riesgo sus planes transexenales.

En esta difícil coyuntura, una coalición cada vez más amplia de universitarios se ha movilizado para exigir un proceso transparente y democrático en la selección del nuevo rector de la UNAM, quien tomará posesión el próximo 17 de noviembre. El pasado lunes, un centenar de académicos de una docena de entidades de la máxima casa de estudios emitimos un comunicado público titulado Por la defensa de la Universidad Pública, de la UNAM (disponible aquí: http://ow.ly/STF4G). Numerosos grupos estudiantiles también han empezado a organizarse con objetivos similares (véase, por ejemplo: http://ow.ly/STGCr). Y en su último congreso general, celebrado en agosto, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) emitió un histórico resolutivo exigiendo “transparencia plena” en el proceso de relevo en la Rectoría.

Frente a estas importantes exigencias de la comunidad universitaria, tanto los integrantes de la Junta de Gobierno como los candidatos a la Rectoría han elegido seguir el ejemplo del padrino político de Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari: “Ni los veo ni los oigo”. Hasta la fecha, ni un solo integrante de la Junta de Gobierno se ha dignado en contestar la carta enviada el pasado 26 de agosto por 35 académicos de carrera exigiendo que las deliberaciones de la misma sean públicas y transmitidas en vivo por TV UNAM (disponible aquí: http://ow.ly/STIa3). Y ni un solo candidato ha respondido al emplazamiento a un debate público de sus planes de trabajo lanzado por 100 académicos el pasado 28 de septiembre (documento aquí:http://www.democraciaunam.blogspot.mx/).

Todo parece indicar que las autoridades universitarias están decididas a imponer de manera unilateral, y sin tomar en cuenta las opiniones de la comunidad, a uno de los dos candidatos enviados por Peña Nieto. Sergio Alcocer ha participado directamente en la privatización del petróleo y en el sacrificio de la soberanía nacional, primero como subsecretario en la Secretaría de Energía con Felipe Calderón y después en la Secretaría de Relaciones Exteriores con Peña Nieto. Francisco Bolívar Zapata ha fungido como coordinador de Ciencia y Tecnología directamente en la Oficina de la Presidencia de la República desde 2012. Bolívar Zapata es conocido como el “Príncipe Monsanto” por organizaciones sociales a raíz de su aguerrida promoción de los transgénicos por medio de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).

Pero no será tan fácil como lo imaginan. En el simulacro electoral organizado por estudiantes de la UNAM el 17 de mayo de 2012, Peña Nieto recibió solamente 5.19% de la votación. Es casi unánime el rechazo de la comunidad universitaria al proyecto económico, político, educativo y cultural del actual ocupante de Los Pinos. Un rector impuesto por Peña Nieto generaría una situación de ingobernabilidad universitaria profundamente nociva para la institucionalidad democrática. Apostemos todos por la inclusión, la autonomía y la pluralidad. 


@JohnMAckerman