ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 28 de noviembre de 2016

"Golpe de Estado silencioso" (Revista Proceso, 27 de noviembre, 2016)

John M. Ackerman 

La intromisión de las fuerzas militares en la vida política y social del país ha llegado a extremos intolerables que ponen en riesgo tanto la institucionalidad democrática como la soberanía nacional. Hoy atestiguamos el equivalente a un golpe de Estado subrepticio y silencioso. Si la sociedad no detiene la militarización rampante, Los Pinos pronto podría ser ocupado por un general. 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha presentado en la Cámara de Diputados una iniciativa que para una nueva Ley de Seguridad Interior, que tiene el objetivo de normalizar la participación inconstitucional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y de control social interno. 

La aprobación de esta iniciativa implicaría una transformación radical en el papel de los militares en la vida nacional. Normalmente, los soldados solamente pueden participar en asuntos de “seguridad nacional”. Y el artículo 129 de la Constitución es absolutamente claro: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. 

Sin embargo, la propuesta del Diputado César Camacho Quiróz, en cumplimiento de órdenes giradas por Enrique Peña Nieto y el Secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, habilitaría a los militares para involucrarse también directamente en asuntos de “seguridad interna”. Y este concepto lo define de la manera más abstracta y general: cualquier asunto que “ponga en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública”. 

Con la nueva ley, los militares ya no se dedicarían exclusivamente a defender el territorio patrio y a suplir a las autoridades civiles en casos de emergencia, sino que se transformarían en responsables permanentes del “orden” interno y, por lo tanto, en una fuerza política pluripotenciaria y autónoma capaz de intervenir por voluntad propia en casi cualquier momento. Es decir, se autorizaría formalmente la persecución castrense de la oposición política y los movimientos sociales en todo el país. 



Desde que Felipe Calderón sacó a los militares masivamente a las calles en 2006, supuestamente para combatir al narcotráfico, el gobierno federal ha dicho que la militarización de la seguridad pública era necesaria como una medida estrictamente temporal, mientras se avanzaba en el proceso de depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos municipales, estatales y federales. 

Hoy, 10 años más tarde, vemos que Calderón mintió desde el primer momento. La profesionalización policiaca nunca avanzó y ahora los partidos del Pacto por México han decidido simplemente reemplazar a los policías con militares. 

Hace unos meses, el PRIANRD ya reformó tanto al Código de Justicia Militar como al Código Militar de Procedimientos Penales, con el fin de permitir que los ministerios públicos y tribunales militares se entrometan de manera indiscriminada en asuntos civiles, con cateos a domicilios particulares y edificios gubernamentales, así como espionaje directo a comunicaciones personales. 

Con la Ley de Seguridad Interior se consolidaría y se expandiría esta lógica. La ley permitiría a los militares desplazar totalmente al ministerio público en la investigación de delitos cometidos incluso por civiles. También abriría la puerta para un sistema de espionaje político-militar generalizado, al permitir a los soldados utilizar cualquier medio de recolección de información. 

Aún más preocupante es que esta nueva ley busca darle la vuelta al procedimiento plasmado en el artículo 29 constitucional para declarar la suspensión de garantías en casos de “perturbación grave de la paz pública”. Aquel procedimiento constitucional obliga al Presidente a recibir la autorización del Congreso de la Unión y requiere que la suspensión sea forzosamente “por un tiempo limitado”. 

En contraste, la nueva ley permitiría al Presidente de la República realizar de manera unilateral una declaratoria de afectación a la seguridad interna, y para un tiempo indeterminado. Es decir, se eternizaría la presencia castrense en nuestras calles, con todo lo que ello implica respecto de la violación sistemática de los derechos humanos y la libertad de tránsito, de expresión y de reunión. 

Lo más grave, sin embargo, es el daño que esta nueva ley significaría para la soberanía nacional. No es ningún secreto que las fuerzas armadas mexicanas hoy no sólo siguen órdenes de las autoridades mexicanas sino que también obedecen a los mandatos de Washington. Fue el gobierno de Vicente Fox quien acomodó a la milicia mexicana dentro del marco del Comando Norte de los Estados Unidos (NORTHCOM) en 2002. Y un porcentaje cada vez más grande de generales, comandantes y cadetes miliares mexicanos reciben una parte importante de su entrenamiento militar en los Estados Unidos. 

El Secretario de la Marina, Vidal Soberón, recientemente fue nombrado Comandante de la Legión de Mérito del Gobierno de los Estados Unidos y tiene comunicación constante con los altos mandos castrenses en aquel país. Y hace unos meses Soberón le entregó personalmente al jefe del NORTHCOM, William Gortney, la Medalla de Distinción Naval y Mérito Militar Primera Clase de México. 

Así que si los vendepatrias del PRIANRD logran la aprobación de su nueva Ley de Seguridad Interna, el pueblo mexicano no solamente estará sujeto a la constante intromisión de las fuerzas militares en nuestras vidas sino que nuestra información y nuestras libertades también se colocarían bajo el control directo de Donald Trump. 

En lugar de aumentar la intromisión de un fascista en nuestros asuntos internos, hoy es un buen momento para recuperar nuestra larga tradición de dignidad nacional y solidaridad latinoamericana. Hay que dirigir nuestras miradas hacia el sur. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2091
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

domingo, 13 de noviembre de 2016

"Una nueva era" (Revista Proceso, 13 de noviembre, 2016)

Enrique Peña Nieto da la bienvenida a Los Pinos al candidato Donald Trump
John M. Ackerman 

La derrota de Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos constituye el último clavo en el ataúd del centrismo “moderado” y “liberal” dominante en Europa y las Américas desde la caída del Muro de Berlin en 1989. La hipócrita “tercera vía” del capitalismo de cuates “con rostro humano” ha seguido los pasos del viejo comunismo burocrático realmente existente. Ambos sistemas incumplieron trágicamente con sus promesas de garantizar el bienestar y los derechos humanos de la población. Hay que empezar de nuevo. 

En 1992 Francis Fukuyama anunció el supuesto “fin de la historia” a raíz del derrumbe del comunismo en Rusia y Europa del Este. Hoy somos testigos de lo que podríamos llamar “el fin del fin de la historia”. De nuevo se configuran dos polos en disputa, pero esta vez la batalla no será entre los países del “primer” y el “segundo” mundo, sino entre los de arriba y los de abajo al interior de todos los países del planeta. 

Los Estados Unidos llega tarde a la ola mundial de repudio a un sistema plutocrático que cada vez genera más desigualdad y aleja el ciudadano común de la política. La rebelión empezó en Sudamérica con una serie de históricas victorias populares de la izquierda en Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Posteriormente, hubo réplicas fallidas en el Medio Oriente con la “Primavera Árabe” y en los Estados Unidos con Occupy Wall Street. Y en los años recientes la ola de repudio al statu quo ha encontrado una causa electoral en movimientos como el de Syriza en Grecia, Podemos en España y los fenómenos de Jeremy Corbyn en Reino Unido y Bernie Sanders en EU. 
Protestas anti-Trump en Estados Unidos
La reacción de la derecha más retrógrada a esta ola de movilización popular a favor de una justicia verdadera y la democracia auténtica no se ha hecho esperar. Michel Temer, Mauricio Macri, Marine Le Pen, Henry Ramos Allup y Donald Trump son las caras más visibles de un sistema de privilegio oligárquico que se niega a morir. Frente a la amenaza que implica los movimientos a favor de la democracia popular, los dueños del mundo han decidido despojarse de sus hipócritas máscaras de “demócratas liberales” para entrar directamente en la lucha desencarnada en defensa de sus intereses. 

Trump constituye, desde luego, una amenaza seria para el mundo entero, y para México y los mexicanos en particular. A lo largo de su campaña electoral Trump nunca dudó en demonizar al pueblo mexicano con insultos racistas y epítetos culturalistas, así como amenazar con deportaciones masivas de mexicanos, la construcción de un muro en la frontera y una guerra económica en contra del país. Tal como lo ha comentado Rafael Barajas “El Fisgón”, los mexicanos cumplimos la misma función para Trump que los judíos cumplían en su momento para Adolfo Hitler. Somos los chivos expiatorios para los graves problemas económicos y geopolíticos que hoy sufren los estadounidenses. 

Pero las diferencias entre Trump y Clinton son más de forma que de fondo. El Partido Demócrata y el Partido Republicano constituyen dos caras de la misma moneda de dominación oligárquica e imperial. Lo que se celebró el pasado martes, 8 de noviembre en los Estados Unidos en realidad no fue más una elección interna dentro del partido de Estado dominante para decidir a quien le tocaría representar la derecha en la Casa Blanca. 

Obama nunca fue un “amigo” de los mexicanos. Deportó más mexicanos, casi 2 millones, que cualquier otro presidente estadounidense en la historia y fortaleció de manera significativa la “seguridad” de la frontera entre México y los Estados Unidos. Hoy ya existe una barrera de acero a lo largo de grandes extensiones de la línea fronteriza. 

Obama y Clinton juntos también han impulsado con gran fervor el desmantelamiento de nuestra economía nacional, la privatización del petróleo, el saqueo de los recursos naturales y la violación generalizada de los derechos humanos por medio de la militarización de la seguridad pública. Su apoyo para las administraciones fraudulentas, asesinas y corruptas de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ha sido irrestricto. 

Así que no será culpa de la elección de Trump el agravamiento de la crisis económica en la cual ya nos encontrábamos inmersos o el renovado ataque a los derechos humanos de los connacionales en los Estados Unidos. La responsabilidad la tenemos nosotros, los mexicanos, por no haber sido capaces de generar un gobierno digno que defienda tanto la soberanía nacional como la diáspora mexicana al otro lado de la frontera norte. 

Pero la buena noticia es precisamente que, a pesar de todo, México sigue siendo un país independiente y su destino no depende de quien despache en la Oficina Oval sino de las decisiones que tomemos los mexicanos. Y tenemos una larga tradición de dos siglos de luchas populares y revolucionarias desde abajo que hoy nos será más útil que nunca. Si Cuba ha sido capaz de resistir durante casi sesenta años a los brutales y constantes ataques desde el imperio, México también podrá aguantar el actual invierno Trumpista. 

En esta lucha contaremos con grandes aliados en el norte. Habría que recordar que si bien Trump se impuso por medio del voto indirecto del Colegio Electoral, en realidad perdió la votación popular. La mayoría de los ciudadanos estadounidenses repudian a su nuevo presidente y los jóvenes, sobre todo mexicanos, latinoamericanos y afroamericanos, ya se movilizan en su contra. 

La lucha común en contra de “Enrique Trump”, dos personajes que desprecian profundamente la cultura y la historia mexicanas, tendrá que unir los pueblos de Norteamérica en una gran batalla regional por la justicia, la paz y una democracia verdadera de ambos lados de la frontera. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2089
(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados