ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

domingo, 24 de junio de 2018

"Inundar las urnas" (Revista Proceso, 24 de junio, 2018)

John M. Ackerman

La única manera de garantizar un proceso electoral verdaderamente democrático el próximo domingo, 1 de julio, será por medio de una masiva participación ciudadana en las urnas. Si no salimos a votar para expresar nuestro punto de vista sobre quién debe fungir como nuestro próximo Presidente, decidirán por nosotros el poder, el dinero y la corrupción. 

Los estudiosos en la materia estiman que la capacidad de fraude en México alcanza para modificar los resultados en aproximadamente seis puntos porcentuales, el equivalente a unos 3 millones de votos. Adicionalmente, las nuevas reglas con respecto a la nulidad de una elección permiten que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anulen con gran facilidad a cualquier elección en que el margen de victoria haya sido menor de 5%. 

Ello significa que Andrés Manuel López Obrador debe ganar por un mínimo de 11 puntos porcentuales, unos 5.5 millones de votos, sobre el segundo lugar para que las autoridades electorales se vean obligadas a aceptar el triunfo del tabasqueño. La victoria debe ser suficientemente grande para poder soportar una rebaja de 6% auspiciada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y todavía contar con una ventaja suficientemente grande para evitar una nulidad parcial y corrupta de parte de los magistrados electorales. 

El primer eslabón en la cadena de confianza, o desconfianza, con respecto a los resultados electorales será la divulgación de las “encuestas de salida” a partir de las 20:00 horas el mismo día de la elección. Estos sondeos con votantes después de que hayan emitido su sufragio normalmente dan una excelente indicación con respecto a la tendencia general de las preferencias ciudadanas. Sin embargo, en las elecciones cerradas muchas veces las casas encuestadoras deciden guardar sus resultados por temor a que no coincidan finalmente con los resultados oficiales o por amenazas desde el poder para no echar abajo un operativo de fraude electoral. 

Por ejemplo, en las pasadas elecciones para Gobernador del Estado de México, celebradas el 4 de junio de 2017, más de 20 casas encuestadoras se habían registrado para levantar encuestas de salida. Entre ellos se encontraba Consulta Mitofsky, que incluso unos días antes se había comprometido públicamente a dar a conocer los resultados de su encuesta de salida después del cierre de las casillas electorales. 

Sin embargo, misteriosamente la noche de la elección todas y cada una de las casas encuestadoras se quedaron calladas. Ni Roy Campos ni ningún otro encuestador se atrevieron a dar a conocer sus resultados. Unas horas después, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) daría a conocer los resultados de su “conteo rápido”, con base en un muestreo de casillas extrañamente rasurado en casi la tercera parte, lo cual arrojaba una ventaja para el primo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, sobre la candidata de Morena, Delfina Gómez, de dos puntos porcentuales. 

Posteriormente, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) también contaría con una gran cantidad de irregularidades. Y finalmente en los “cómputos distritales”, cuando el miércoles después de la elección se revisan las actas, una por una, para asegurar que no hubiera ninguna irregularidad, la mayoría de los consejeros del IEEM junto con los representantes del PRI, el PAN y el PRD cerraron filas con el fin de limitar al máximo la cantidad de paquetes electorales sujetos a recuento. 

Tal y como lo relata el único Consejero Electoral disidente del IEEM, el doctor Gabriel Corona, en su contribución al libro de Bernardo Barranco El infierno electoral, la suma de todas estas irregularidades resultó en una muy sospechosa triangulación y acomodo de cifras “oficiales” para permitir la “victoria” de Del Mazo a pesar de las claras evidencias de que probablemente había sido Gómez la verdadera ganadora de la contienda. 

Si López Obrador no arrasa en la elección presidencial, las tentaciones serán enormes para modificar los resultados electorales de la misma manera en que lo hicieron los operadores del PRI en el Estado de México. Por ejemplo, el actuario Arturo Erdely ha demostrado como los institutos electorales pueden manipular metodologías estadísticas con el fin de poder declarar “empates técnicos” falsos. 

El Dr. Erdely ha desarrollado su análisis completo en un artículo científico reciente (véase aquí: http://goo.gl/9KFJVM, también resumido aquí: https://bit.ly/2JVTla3). La trampa consiste en elevar innecesariamente el “nivel de confianza” de los resultados del conteo rápido con el fin de ampliar al máximo los “intervalos de error” para los porcentajes de cada candidato y así poder declarar un supuesto “empate” aun cuando la diferencia real entre el primero y el segundo lugar alcanza hasta 10 puntos porcentuales. 

Es decir, aun si López Obrador llevara una ventaja contundente sobre el segundo lugar, cuando Lorenzo Córdova sale a dar los resultados del Conteo Rápido a las 23:00 horas del 1 de julio podría recurrir a este truco para declarar un supuesto “empate técnico” entre los dos candidatos. Ello les daría varios días a los operadores del fraude para modificar las actas y alterar las boletas antes del conteo distrital definitivo que tendrá lugar el 4 y 5 de julio. 

Existen infinidad de maneras para alterar los resultados electorales y defraudar la voluntad popular. El único antídoto indestructible al veneno de la corrupción electoral es la masiva participación ciudadana. Todos y todas estamos convocados a las urnas el próximo domingo 1 de julio para juntos derrotar a los fraudulentos e iniciar la construcción de una nueva República. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso no. 2173
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 11 de junio de 2018

"El coletazo del dinosaurio" (Revista Proceso, 10 de junio, 2018)

John M. Ackerman 

Las encuestas más recientes de Reforma, Parametria y El Financiero colocan a Andrés Manuel López Obrador con una ventaja casi insuperable de entre 20 y 30 puntos porcentuales hacia las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio. El tabasqueño domina a sus dos contrincantes en absolutamente todos los sectores sociales, entre todos los rangos de edad y en cada una de las regiones del país. Ni el fraude electoral más grande jamás visto en la historia de México podría remontar esta enorme desventaja del sistema corrupto. 

Sin embargo, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Lorenzo Córdova y un grupo de los oligarcas más poderosos del país simplemente se niegan a aceptar la derrota. Estos soldados de la continuidad aparentemente están dispuestos a torpedear la campaña del tabasqueño “haiga sido como haiga sido” con el fin de mantener sus privilegios y sus prebendas. 

La masiva realización de llamadas robotizadas con “encuestas” simuladas que atacan y difaman al tabasqueño constituye el capítulo más reciente en una guerra sucia de larga duración que viola flagrantemente la ley y enturbia al proceso electoral. El objetivo de estas llamadas no es solamente alejar a los votantes de López Obrador sino también obstaculizar la realización de nuevas encuestas electorales durante las próximas semanas que podrían ir confirmando la inevitable victoria del candidato de Morena en las elecciones presidenciales. 

Después de recibir varias de estas llamadas amenazantes y difamatorias, el ciudadano difícilmente tendría ganas de responder a las preguntas de un encuestador auténtico que se atreva a marcar por teléfono o a tocar el timbre de su casa. El miedo y el fastidio dictarán que es mejor encerrarse en su domicilio y simplemente no hablar con extraños. Y este proceso de aislamiento voluntario afectaría de manera particularmente fuerte a los allegados de Morena, ya que los ataques están dirigidos específicamente contra ellos. 

Con este operativo, los hombres y las mujeres del sistema buscan alterar artificialmente los resultados de las encuestas y así generar una ventana de oportunidad para poder operar un “fraude patriótico” sin llamar demasiado la atención o pagar costos políticos demasiado altos. Esta jugada no solamente cuenta con muy pocas probabilidades de éxito, sino que también constituye una violación flagrante a la normatividad. Si el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales (FEPADE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no investigan y castigan inmediatamente a los responsables estarán demostrando una vez más que sus abultados presupuestos simplemente no tienen razón de ser. 
Hay cinco maneras en que la masiva realización de llamadas difamatorias viola la ley: 

En primer lugar, nos encontramos frente a una muy probable violación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP). El INAI tendría que realizar una investigación exhaustiva de los números de origen y de destino de cada una de las llamadas para averiguar si no hubiera alguna filtración o venta ilegal de los números personales de millones de clientes de servicios telefónicos. Podríamos encontrarnos frente a un caso de mal uso de datos personales similar al que le metió en serios problemas legales a la empresa Cambridge Analytica en Europa y los Estados Unidos. 

En segundo lugar, tanto la Constitución como las leyes electorales prohíben que la propaganda política utilice calumnias que atribuyan falsamente delitos a partidos o candidatos opositores. La referencia falsa a Nestora Salgado como una supuesta “secuestradora” en un gran número de estas llamadas evidentemente se encuentra fuera de la norma. 

En tercer lugar, la enorme cantidad de dinero requerida para financiar la realización de millones de llamadas desde “call centers” especializados debe ser materia de una investigación inmediata de parte del INE. El gasto fácilmente podría generar un rebase de tope de gasto para las campañas de Anaya y/o Meade, así como también un rebase del límite estricto con respecto al financiamiento privado para las compañas políticas. 

En cuarto lugar, nos encontramos también frente a la probable comisión de un delito electoral que debe ser investigado por la FEPADE. El inciso XVI del artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales impone una multa de cincuenta a cien días y prisión de seis meses a tres años a cualquier persona que “realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio”. Las llamadas evidentemente buscan generar precisamente tanto “temor” como “intimidación” así que le FEPADE estaría obligado a intervenir en el caso. 

Finalmente, entre los cientos de denuncias recopiladas por la iniciativa universitaria “Diálogos por la democracia” (www.dialogosdemocraciaunam.mx) hemos detectado numerosas llamadas realizadas desde números del extranjero, por ejemplo desde Brasil y Grecia. Ello viola claramente la prohibición absoluta en contra de financiamiento desde el extranjero para las campañas políticas en México. 

Estas llamadas son apenas el principio del escalamiento de la guerra sucia durante las últimas semanas de la campaña. Si las instituciones no toman una acción contundente para frenar esta práctica a todas luces ilegal estarán literalmente invitando al PRI y al PAN a que rompan con cualquier semblanza del Estado de derecho en el camino hacia el 1 de julio, algo que podría poner en riesgo la celebración misma de las elecciones presidenciales. 


Twitter: @JohnMAckerman