ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

martes, 18 de junio de 2013

"Comunicaciones privadas e independencia nacional" (16 de junio de 2013)



Edward Snowden
Justicia para Arturo Hernández Cardona, Félix Bandera y Ángel Román, activistas sociales cobardemente asesinados en Iguala,Guerrero.

John M. Ackerman

El periódico británico The Guardian ha revelado que el gobierno de Estados Unidos y sus empresas contratistas intervienen de manera indiscriminada y masiva en las comunicaciones telefónicas y electrónicas del mundo entero. Barack Obama y sus socios también han desarrollado un agresivo aparato de ciberguerra para hackear, infiltrar y destruir unilateralmente a cualquiera que se oponga a sus “intereses nacionales”. Esta situación no solamente tiene que ver con China y el Medio Oriente, sino que también implica directamente a México. El vergonzoso e indignante silencio del gobierno y la clase política mexicanos con respecto a estas revelaciones del exagente de la CIA Edward Snowden revela que la soberanía nacional aparentemente no les importa a los políticos.

Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz y Vicente Guerrero se revuelven en sus tumbas. Frente a esta traición histórica, la sociedad tendría que actuar de manera autónoma para defender su derecho a la privacidad y rescatar la independencia nacional.

En Canadá, Inglaterra, Australia y Estados Unidos, las autoridades y los representantes populares han iniciado investigaciones para conocer hasta dónde el programa PRISM, dado a conocer por Snowden, implica la vigilancia ilegal de comunicaciones privadas de sus propios ciudadanos, y en qué medida sus gobiernos respectivos serían cómplices de este programa o incluso cuentan con programas propios similares. Las organizaciones de la sociedad civil también se han activado. La Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), por ejemplo, ha demandado al gobierno de Barack Obama por violaciones a los derechos de la privacidad y al debido proceso de los estadunidenses.

En México tendríamos que actuar de manera similar. El artículo 16 de la Constitución indica claramente que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente”. El mismo artículo señala que “las comunicaciones privadas son inviolables” y que “la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas”. El Código Penal Federal fija una pena de seis a 12 años de cárcel para quien intervenga comunicaciones privadas sin mandamiento judicial.

Nuestra privacidad y la presunción de inocencia también se encuentran protegidas por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su caso, la PGR o la Policía Federal tendrían la facultad legal de vigilar a individuos específicos acusados de delitos graves, pero siempre dentro del marco de una averiguación previa y con autorización de un juez.

En suma, es absolutamente ilegal y anticonstitucional que cualquier actor (nacional, internacional, privado o gubernamental) intervenga las comunicaciones de los ciudadanos mexicanos o tenga acceso a sus datos personales de manera indiscriminada y generalizada. La información con la cual contamos sobre la operación del programa PRISM indica entonces la probable comisión masiva de delitos en contra de los mexicanos por autoridades y empresas estadunidenses.

Casi la totalidad de las comunicaciones electrónicas que tienen lugar en México se hacen por medio de empresas estadunidenses colaboradoras con PRISM, como Google, Apple, Facebook, Twitter, YouTube, Skype, etcétera. No hay duda alguna de que el programa recoge todos los días y sin mandamiento judicial una enorme cantidad de información sobre empresas, individuos, grupos sociales y políticos mexicanos. El Senado de la República y la PGR tendrían que iniciar inmediatamente investigaciones al respecto.

También tenemos que preguntarnos sobre la probable complicidad del gobierno mexicano en la comisión de estos delitos. Sería muy difícil creer que Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón se atreverían a rechazar un regalo del gobierno vecino tan “valioso” como la información completa sobre las vidas privadas y los negocios de sus colegas y adversarios. Los sofisticados aparatos multimillonarios que el gobierno mexicano ha recibido en años recientes del gobierno estadunidense sin duda también cuentan con la facultad de intervenir directamente y de manera indiscriminada en las comunicaciones privadas.

Pero cualquier autoridad o empresa mexicana que hoy recoja, maneje, reciba o utilice este tipo de información privada de los ciudadanos mexicanos, independientemente de su fuente, está cometiendo un delito grave si no cuenta con un mandamiento judicial. El Congreso de la Unión también tendría que iniciar inmediatamente una investigación al respecto.

Y más allá de las investigaciones que en su momento podrían ordenar las autoridades correspondientes, los ciudadanos también deberíamos actuar. En primer lugar, urge desarrollar nuevos sistemas propiamente mexicanos y ciudadanos para compartir información y navegar en internet lejos de la persecución del Tío Sam.

Asimismo, sería conveniente moderar nuestra dependencia de las redes sociales y el internet. Si bien el mundo de la comunicación electrónica es sumamente valioso y ha permitido una revolución en la conciencia ciudadana, también se ha convertido en una poderosa arma de control social. En su libro Cypherpunks, Julian Assange incluso señala que el internet ahora es “una amenaza a la civilización humana” por el enorme poder que allí ejercen las autoridades gubernamentales y los poderes fácticos. Las revelaciones de Snowden confirman que Assange tiene razón.

Todos haríamos bien en administrar mejor nuestra vida para dedicar menos tiempo ante la pantalla de la computadura y más tiempo a la construcción de pequeños grupos de estudio, análisis y acción en nuestras comunidades, escuelas, trabajos y barrios. Así se fortalecería un amplio tejido social de resistencia y acción ciudadana invulnerable a los designios de Washington, Los Pinos y empresas privadas del ciberespacio que legalmente no tienen ninguna responsabilidad cívica.


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domingo, 2 de junio de 2013

"Por una verdadera reforma electoral" (2 de junio, 2013)

Consejero Presidente Leonardo Valdés/Foto: Proceso
John M. Ackerman

A los políticos no les conviene modificar el actual sistema corrupto de repartición de cargos, favores y prebendas electorales. Solamente buscan inyectar una nueva dosis de legitimidad pública para superar la crisis de confianza generada tanto por las desaseadas elecciones de 2012 como por los escándalos recientes. Tal y como ocurrió despúes de los comicios de 1988, 1994 y 2006, la principal intención de las nuevas promesas y reformas en materia electoral es borrar las huellas de impunidades pasadas, más que transformar de raíz el sistema. 

Cualquier esfuerzo por avanzar en este tema tendría que iniciar con una clara rendición de cuentas sobre las elecciones de 2012. No solamente se deben investigar los desfalcos en Tabasco, sino también los ríos de dinero que muy probablemente fluyeron de las arcas del Estado de México, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila y otras entidades gobernadas por el PRI para asegurar el triunfo de Enrique Peña Nieto. Desde luego, también es preciso llegar al fondo de los asuntos de Monex y Soriana. 

Con respecto a la reforma electoral, hay que ir más allá de atender lagunas legales y ajustar estructuras burocráticas, para tomar medidas definitivas que permitan la recuperación de la esperanza ciudadana en los comicios. Hoy los procesos electorales son juegos de negociaciones oscuras entre élites partidistas y poderes fácticos. Gana quien sella más pactos comprometedores y viola más descaradamente las normas electorales. 

Es necesario dar un giro de 180 grados para que las campañas y las elecciones se transformen en procesos de verdadero debate, expresión y participación ciudadanas. Para ello habría que poner un alto a los abusos de los medios de comunicación, hacer efectivos los topes de gasto de campaña, acabar con la parcialidad y la pasividad de los órganos electorales, y empoderar a los ciudadanos para defender la autenticidad del sufragio. 

El primer reto es evitar perdernos en interminables debates sobre temas meramente burocráticos. Por ejemplo, desde hace años los consejeros del IFE y sus intelectuales orgánicos han insistido en que se deberían trasladar las facultades sancionadoras y de fiscalización del IFE a otros órganos, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ello para “proteger” al IFE de la vorágine política y la sobrecarga de trabajo, que supuestamente dañan su efectividad y credibilidad. Desde hace tiempo también se ha debatido la posibilidad de crear un solo instituto electoral a nivel nacional para organizar tanto los comicios federales como los locales. Los que defienden esta propuesta sostienen que dicho órgano permitiría un significativo ahorro y además rompería el control de los gobernadores sobre las elecciones en sus estados respectivos. 

Ambas propuestas son cuestionables y no llegan al fondo del problema. En lugar de aligerar la carga de trabajo a los supuestamente explotados consejeros electorales, habría que darles más facultades y exigir a estos funcionarios muy bien remunerados que cumplan cabalmente con sus responsabilidades constitucionales. Y en lugar de entregar todas las elecciones del país a un grupo de consejeros nacionales de comprobada parcialidad, habría que tomar medidas para garantizar la independencia y la ciudadanización de todos los órganos electorales en el país. 

Una reforma clave, por ejemplo, sería implementar nuevos mecanismos para la selección de los consejeros y magistrados electorales. Un sorteo entre un grupo de candidatos ciudadanos que ya hayan aprobado varias etapas de revisión por la misma sociedad civil podría minimizar la influencia de los partidos políticos sobre los nuevos funcionarios. (Véase mi análisis aquí: http://ow.ly/lxV1W.) Otra reforma estratégica sería la creación de un nuevo “juicio ciudadano de inconformidad” en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que la sociedad pueda impugnar directamente la actuación del IFE o de los partidos políticos ante el TEPJF. De esta manera los ciudadanos dejarían de ser pasivos emisores de votos para convertirse en actores centrales en la defensa de la autenticidad del proceso electoral en su conjunto. 

Pero la reforma más importante sería la expansión de las obligaciones para la radio y la televisión. En lugar de solamente emitir llamados a misa en la forma de “sugerencias de lineamientos” para la cobertura noticiosa de las campañas políticas, el IFE tendría que vigilar estrictamente todos los aspectos de las transmisiones y tener la facultad de sancionar el incumplimiento del principio de equidad.Siguiendo el modelo italiano, las sanciones deberían aplicarse independientemente de si existió o no un contrato o una donación formal a algún candidato.

Del mismo modo, sería recomendable reformar el artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) para garantizar la organización de por lo menos seis debates entre los aspirantes a la Presidencia, con asistencia obligatoria para todos los candidatos y transmisión por cadena nacional. Asimismo, se podrían institucionalizar “jornadas deliberativas” en las que los mismos ciudadanos tendrían la oportunidad de debatir públicamente los temas más importantes de la agenda nacional y discutir las posiciones de los candidatos. Otras propuestas serían la inclusión del rebase de topes de campaña como causal de nulidad de la elección presidencial, así como la ampliación de las obligaciones legales a los consejeros electorales, tanto federales como locales, para inhibir y castigar la compra y coacción del voto.

Propuestas de reforma abundan. Lo que falta es voluntad política. Hoy en México la soberanía popular todavía es un sueño. Exijamos un nuevo país en que éste y otros sueños se cumplan.

Twitter: @JohnMAckerman

(c) John M. Ackerman, todos los derechos reservados