ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 20 de febrero de 2017

"Derecha dividida, izquierda unida" (Revista Proceso, 19 de febrero, 2017)


John M. Ackerman

Una de las grandes debilidades de la izquierda en el mundo, y en particular en México y América Latina, ha sido su tendencia a las divisiones y los pleitos internos. Las fuertes convicciones y la pluralidad ideológica de quienes militan en movimientos progresistas, combinado con las infiltraciones y las cooptaciones desde el poder, producen un caldo de cultivo para la generación de constantes debates y conflictos. Esta situación convierte este tipo de movimientos en sumamente vulnerables a los ataques electorales, sociales y represivos desde el Estado y los poderes fácticos. 

En contraste, la derecha suele caminar unida. El dinero y el negocio de la impunidad son sus grandes lubricantes. Entre personas sin principios pero con grandes ambiciones, no hay división ni berrinche que no se pueda resolver con un cañonazo de miles de dólares. Y la profunda red de complicidades entre los integrantes de la mafia no permite a nadie confrontar con demasiada fuerza a su adversario, so pena de ser expulsado del paraíso de la protección del poder. 

Sin embargo, actualmente en México nos encontramos de repente en una situación excepcional en que la izquierda camina unida mientras la derecha se deshace en mil partes. 

La fallida marcha de “Vibra México” constituyó un excelente botón de muestra de la descomposición de la derecha. En 2004, un grupo de convocantes muy similar al de “Vibra México” logró sacar docenas de miles de personas vestidos de blanco a las calles para protestar en contra del gobierno capitalino de Andrés Manuel López Obrador, y supuestamente también a favor de una mejor seguridad pública en la Ciudad de México. Muchas de esas mismas convocantes, como María Elena Morera y Isabel Miranda de Wallace, después evidenciarían su claro sesgo ideológico al respaldar las fallidas políticas de Felipe Calderón que empeoraron la seguridad pública y hundieron a todo el país en un baño de sangre. 

Hoy, 13 años después de aquella marcha, menos de diez mil personas respondieron a la nueva convocatoria a una “marcha blanca”. Y quienes aportaron la verdadera “buena vibra” no eran los convocantes de derecha sino quienes desobedecieron la consigna de comportarse de manera “respetuosa” con el gobierno de Enrique Peña Nieto y prefirieron mostrar pancartas llenas de expresiones de repudio tanto para Donald Trump como para el presidente mexicano. 

La marcha se dividió en dos partes. De un lado de la valla en el Ángel de la Independencia se colocaron los seguidores de Miranda de Wallace, quien tuvo que salir corriendo de la manifestación frente a las expresiones de repudio en su contra. Del otro lado, caminaron por separado cada uno de los convocantes a la “Marcha por la unidad”, demostrando la gran desconfianza y divisiones que existían entre los mismos grupos convocantes. 


Mientras, figuras tan cuestionadas como Bernardo Gómez, Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín, Claudio X. González, María Amparo Casar, Leo Zuckermann, y Chumel Torres todos asistieron a la marcha, pero muy pocos siguieron su ejemplo. La desconfianza generalizada en las instituciones públicas y los partidos políticos ya ha alcanzado también a las figuras de la sociedad civil supuestamente “puras” e “independientes”. 

En contraste, del lado izquierdo del espectro político, la sociedad se une cada vez más con el proyecto y el movimiento de López Obrador. Docenas de miles de personas, de una variedad de agrupaciones sociales y partidos políticos, han acudido a cada una de las plazas públicas que ha visitado el tabasqueño para firmar su adhesión al Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México con miras hacia 2018.

El PRD se desfonda de una manera estrepitosa y la farsa de las candidaturas “independientes” cada vez se hace más evidente. En cambio, el Presidente del Partido Morena ha sido la única figura política capaz de llenar el enorme vacío de dirección y poder resultado del abandono a cualquier principio democrático de parte del gobierno de Peña Nieto y los partidos del “Pacto por México”. 

Todos ahora quieren saltarse a Morena. El reto central entonces para la izquierda ya no es como construir la tan anhelada unidad, que ya es un hecho, sino como evitar la desviación del movimiento hacia las agendas de la misma mafia del poder que busca combatir. 

En otras palabras, ¿Cómo evitar que Morena se convierta en otro PRD? ¿Cómo mantener la firme independencia del partido de quienes roban y asesinan al pueblo? 

En primer lugar, para los cargos y las responsabilidades habría que dar prioridad siempre a los líderes sociales y comunitarios, y entre ellos preferentemente a los jóvenes y las mujeres, que puedan acreditar su compromiso histórico con sus sectores o sus comunidades, por encima de los vividores que solamente se dedican a saltar de un puesto a otro. En otras palabras, habría que ejercer una clara “acción afirmativa” a favor de los líderes naturales y los nuevos cuadros. 

En general, todas las personas con expedientes limpios que quieran sumarse al movimiento deberían ser bienvenidos, pero tendrán que entrar con humildad para apoyar a quienes ya han dedicado años de sus vidas a la construcción del partido. En lugar de esperar sentados como burócratas de partido a que les regale el siguiente puesto, tendrían que formarse en la fila y ponerse a trabajar con las bases para demostrar su compromiso con el proyecto de transformación nacional. 

La tarea de construir un partido democrático, digno y honesto será posible si los militantes y los líderes logran poner sus propios egos al lado, aunque sea por un momento, para permitir que los principios de generosidad y de sacrificio determinen el futuro del instituto político que ya se prepara para tomar las riendas del poder en 2018. 

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Publicado en Revista Proceso No. 2103
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domingo, 5 de febrero de 2017

"Hipocresía constitucionalizada" (Revista Proceso, 5 de febrero, 2017)

Osorio Chong y Encinas "promulgan" la Constitución CDMX
John M. Ackerman

Hoy, 5 de febrero de 2017, en el centenario de nuestra Carta Magna, seremos testigos de un grotesco espectáculo en que los mismos políticos y gobernantes responsables por la traición a los enaltecidos valores, principios y compromisos sociales contenidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) (véase: http://www.proceso.com.mx/430089/honrar-la-constitucion) se erigirán como los guardianes de la legalidad, el Estado de derecho y la justicia.

Con enorme cinismo, los rateros se presentarán como defensores de la honestidad. Los vendepatrias se pronunciarán a favor de la soberanía nacional. Los sátrapas, término persa equivalente a “cacique” en México, pronunciarán discursos grandilocuentes a favor de la democracia. Los oligarcas afirmarán que favorecen la justicia social. Y los asesinos jurarán su compromiso más estricto con la paz y la armonía social.

Desde la creación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946, el régimen mexicano se ha basado en la hipocresía más profunda. A partir del sexenio de Miguel Alemán, electo en 1946 como el primer Presidente de la República emanado de las filas del nuevo partido, se inaugura una etapa de cinismo estructural en que se coloca en un altar los grandes héroes de la patria y los principios de justicia social de la Constitución de 1917 con el único fin de distraer la atención pública y poder burlarse más libremente en la práctica de estos mismos héroes y principios.

La respuesta más fácil a esta evidente traición es arrojar por la ventana al proverbial bebé junto con el agua sucia. Desde las calles y las plazas del país, importantes organizaciones sociales y ciudadanos indignados proclaman que hoy en el centenario de la Constitución no hay “¡Nada que festejar!”. Afirman, no sin razón, que los derechos humanos y sociales contenidos en nuestra Constitución, al agua, a la alimentación, a la salud, a la tierra y al trabajo, no se cumplen y que las docenas de reformas impulsadas por los gobiernos neoliberales han trastocado la original esencia revolucionaria de nuestra Carta Magna. Estos grupos llaman a la población a participar en la redacción de una nueva Constitución que pudiera garantizar la verdadera tutela de nuestros derechos y la defensa de la Nación.

Este proyecto alternativo y renovador es muy loable. Es cierto que nuestra Constitución ha sido manoseada y traicionada un millión de veces por nuestros “gobernantes” y “autoridades”. Sin embargo, la experiencia vivida con la redacción de una nueva Constitución para la Ciudad de México, aprobada por la Asamblea Constituyente el pasado 31 de enero, demuestra claramente que antes de llamar a una nueva constituyente primero tendríamos que conquistar las instituciones públicas realmente existentes.

El control de Miguel Ángel Mancera y Enrique Peña Nieto, y en general del “Pacto por México”, sobre la redacción de la Carta Magna capitalina la convirtió en un documento que protege más a las élites que a los pobres y mermará de manera significativa el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Tal y como ya lo ha denunciado la doctora Irma Eréndira Sandoval, Diputada Constituyente por Morena y académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el texto de la nueva Constitución implica graves retrocesos en materia de derecho a la protesta, al agua y a una vida digna (véase: http://ow.ly/rXQZ308zEad). El texto constitucional tampoco garantiza el derecho al aborto, ni asegura la plena exigibilidad de los derechos sociales, ni establece límites claros a los excesos de las grandes constructoras e inmobiliarias.

Pero el problema central con la nueva Constitución de la Ciudad de México no es solamente que no haya establecido mecanismos claros para la exigibilidad de los derechos, sino que también haya incluido candados y cláusulas que aseguran de manera afirmativa que nuestros derechos jamás se cumplan. Por ejemplo, el gobierno solamente tendrá la obligación constitucional de tutelar nuestros derechos sociales, a la educación, a la salud o a la alimentación, “hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan”. Y nuestro derecho a la protesta solamente será garantizado si no “afecta derechos de terceros”. El gobierno entonces se encontrará amparado por la misma constitución para dejar a los ciudadanos en el abandono así como para mandar a los manifestantes a protestar en un “marchodromo”.

Otro retroceso importante es la transformación en la integración de la Asamblea Legislativa. En lugar de la distribución actual de 40 diputados de distrito y 26 de representación proporcional, ahora habrá 33 diputados por cada uno de los dos conceptos. El resultado será el debilitamiento de la representatividad territorial directa y un aumento en la cantidad de diputados plurinominales que sólo rinden cuentas a las cúpulas partidistas. La falta de un referéndum popular para aprobar el texto de la nueva Carta Magna también implica una inaceptable afrenta a la voluntad de los ciudadanos de la capital.

Las constituciones siempre son reflejos de los contextos y las circunstancias políticas correspondientes. En 1917, por ejemplo, los constituyentes lograron revertir muchas de las propuestas más retrógradas de Venustiano Carranza y elaborar nuevas redacciones para los artículos 3, 27 y 123 que revolucionarían el constitucionalismo moderno en México y el mundo. Ello fue posible gracias a las valientes luchas del ala agrarista y radical de la Revolución encabezada por Emiliano Zapata y Francisco Villa.

En contraste, en 2017 la política institucional en México se encuentra en medio de una profunda crisis anti-revolucionaria en que los políticos solamente buscan satisfacer sus propios intereses. Esta situación de absoluta inmoralidad y falta de convicción está plenamente reflejada en el bodrio que ha resultado ser la primera Constitución de la Ciudad de México. Sería un grave error convocar hoy a un Congreso Constituyente para todo el país ya que tendríamos el mismo resultado mediocre y peligroso al nivel nacional.

La buena noticia, sin embargo, es que la indignación ciudadana cada día se expresa más claramente y se articula con mayor efectividad a lo largo y ancho del país. Si la vasta movilización social logra generar una transformación política, en las elecciones de 2017 y 2018, posteriormente nos encontraríamos en una coyuntura idónea para plantear una transformación de fondo y una actualización de nuestra Carta Magna.

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domingo, 22 de enero de 2017

"Defender a México" (Revista Proceso, 22 de enero, 2017)


Isidro Baldenegro, imprescindible luchador social, descanse en paz, justicia ya 
John M. Ackerman 

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca constituye una excelente oportunidad para que los mexicanos recordemos y defendamos la grandeza de la historia, la cultura, la naturaleza y la economía de nuestro país. No se trata, desde luego, de emular el nativismo patriotero del bárbaro ignorante que ahora comanda el gobierno del país vecino, sino todo lo contrario. Habría que rescatar las mejores tradiciones de luchas republicanas, sincretismo cosmopolita e internacionalismo libertario que siempre han estado presentes a lo largo de la historia de México. 

Estados Unidos es un país construido a partir de la muerte y la rapiña. Aquel país nació con el genocidio de los pueblos indígenas, creció a partir de la sangre de los esclavos secuestrados de la costa de África y consolidó su predominio mundial en función de sus constantes intervenciones extranjeras, sobre todo en América Latina. La “libertad” de la que se goza en Estados Unidos es estrictamente empresarial y capitalista. Al norte del Río Bravo, el valor humano se mide en dólares y el éxito profesional depende de eliminar y humillar al adversario. 

Tres libros de lectura esencial para entender como se ha forjado la actual Estado-nación estadounidense son: A People´s History of the United States, de Howard Zinn, War and Revolution, de Domenico Losurdo y Fear Itself, de Ira Katznelson. Estas tres obras, a la vez históricas y filosóficas, transparentan los cimientos podridos de un país cuya enorme riqueza y poderío militar están construidos encima de una trágica bancarrota moral, racista e intolerante. 

Hay, sin duda, muchos estadounidenses dignos y ha habido grandes luchas sociales en aquel país. Sin embargo, las actuales estructuras de poder dominante y coordenadas del debate público suelen sofocar al pensamiento crítico y matar las utopías transformadoras. 
La elección de Trump, entonces, no fue una mera coincidencia, sino el resultado de procesos históricos y culturales profundamente arraigados. Solamente una radical revolución de conciencias, desde la raíz y a lo largo de muchos años podría voltear la tortilla al norte de la frontera. 

En México, en contraste, esta misma transformación necesaria se encuentra más al alcance de la mano. México cuenta con una enorme reserva moral construida a lo largo de cientos de años de luchas y de conquistas populares. Nuestra primera fortaleza son los pueblos indígenas que han resistido con enorme valentía los embates del poder y hoy se encuentran en una posición mucho más fuerte y presente que sus hermanos y hermanas en los Estados Unidos. Una segunda fortaleza clave es nuestra Constitución Política, un documento profundamente social redactado a partir de una de las grandes revoluciones mundiales del siglo XX y que cumplirá 100 años el próximo 5 de febrero. 

Una rápida comparación entre los grandes líderes políticos en la historia de México y los Estados Unidos es esclarecedora. George Washington era un terrateniente dueño de cientos de esclavos. José María Morelos, en contraste, era un afrodescendiente que abolió la esclavitud desde el primer momento. 

Abraham Lincoln se enfrentó a los terratenientes del sur durante la Guerra Civil, pero siempre desde una posición de fuerza y comodidad, ya que contaba con el fuerte respaldo de los intereses financieros más retrógrados del norte. Benito Juárez, en cambio, tuvo que vivir años a salto de mata protegido solamente por su pueblo, hasta su improbable pero glorioso triunfo en contra de los franceses. 

Franklin Roosevelt transigió y pactó tanto con los terratenientes esclavistas del sur como con los grandes industriales del norte para impulsar sus reformas del New Deal. En contraste, el general Lázaro Cárdenas jamás cayó en la lógica pactista sino que se alió abiertamente con los campesinos, los obreros y los indígenas para combatir frontalmente a los oligarcas y hacendados en todo el país. 

Y Emiliano Zapata o Pancho Villa simplemente no tienen parangón en los Estados Unidos. No es gratuito que hayan generado tanta atención de grandes historiadores estadounidenses como John Womack y Enrique Katz, quienes en sus respectivas biografías magistrales reconocen el carácter absolutamente sui generis de estos grandes líderes mexicanos. 

La diferencia esencial entre los líderes del norte y los del sur del Río Bravo es que en México el liderazgo auténtico siempre se construye desde abajo, con la gente y a favor de una transformación social profunda. En los Estados Unidos el elitismo es la norma y el pueblo es normalmente considerado un estorbo. Tenemos que rechazar de manera contundente la idea malinchista y neocolonial promovida por intelectuales seguidores de la escuela de Octavio Paz de que los líderes mexicanos serían “caudillos” atrasados e incultos mientras los líderes del norte serían de alguna manera más “modernos”, “liberales” o visionarios. 

México evidentemente también ha tenido periodos muy oscuros en su historia. El momento actual en que una pequeña mafia se ha dedicado a robar a manos llenas, reprimir al pueblo y vender el país es un claro ejemplo. Enrique Peña Nieto inició su gestión con la aspiración de ser tan temido como Porfirio Díaz, pero ha resultado más repudiado y vilipendiado que Victoriano Huerta. 

Por fortuna, cada vez que se agudizan demasiado las contradicciones sociales, el pueblo mexicano ha tenido la inteligencia y la valentía de levantarse para imponer una nueva dirección a la historia. Ocurrió a principios del siglo XIX con la Independencia, de nuevo a mediados del siglo XlX con la Reforma, y una vez más al inicio del siglo XX con la Revolución. Hoy, a principios del siglo XXI, el pueblo una vez más se encuentra en medio de un levantamiento generalizado a favor de la renovación de la República. 

Contrapongamos la sofisticación y el sincretismo profundo del sur a los simplismos y las intolerancias de los bárbaros del norte. Cada crisis implica una oportunidad. Ahora es un gran momento para volver a valorarnos y a defender la nación. 

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Publicado en Revista Proceso, No. 2099
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

domingo, 8 de enero de 2017

"Saqueadores" (Revista Proceso, 8 de enero, 2017)

A Julio Scherer García, luminario del periodismo mexicano, a dos años de su partida
John  M. Ackerman

El verdadero saqueador de México se llama Luis Videgaray. 

El flamante Secretario de Relaciones Exteriores fue el arquitecto de la reforma energética que ha regalado nuestro oro negro a las grandes empresas trasnacionales y disparado los precios de la gasolina. Como Secretario de Hacienda, Videgaray redactó la Ley de Ingresos de 2017 que incluye los actuales gasolinazos. Durante sus cuatro años a cargo de las finanzas del país, el mexiquense endeudó al país como quizás ningún otro personaje en la historia. 

Entre 2012 y 2016, la deuda pública pasó de 34.3% a 50.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Durante 2017, todos los mexicanos pagaremos la cantidad de 569 mil millones de pesos, el equivalente a 2.8% del PIB, solamente por el concepto de servicio a los intereses de la deuda. Pero si continúa la devaluación del peso mexicano la cantidad será aún mayor ya que una gran parte de la deuda está cotizada en dólares estadounidenses.

Videgaray fue, en parte, responsable de la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos. La visita del magnate neoyorkino a México en plena campaña presidencial fue crucial. La conferencia de prensa en Los Pinos, el 31 de agosto de 2016, permitió que un hombre profundamente racista, machista, fascista y, sobre todo, anti-mexicano pudiera dar la imagen de ser un hombre de Estado y supuestamente “amigo” de los mexicanos. Videgaray y Enrique Peña Nieto utilizaron el poder y los recursos del Estado mexicano para influir en los resultados electorales del país vecino. Fue una intervención aún más insidiosa y preocupante que la supuesta intromisión de Vladimir Putin en aquellos comicios. 

Ahora nos encontramos en la indignante situación en que un confeso enemigo del pueblo mexicano con nula experiencia en la diplomacia será el responsable de defender México del embate conducido por su amigo Trump en contra de todos los mexicanos. El ataque ya inició con la cancelación de inversiones en México de parte de las empresas Carrier y Ford. Y no tardan en llegar tanto las expulsiones masivas de mexicanos residentes en los Estados Unidos como la construcción de un enorme muro en el Río Bravo. 

Y en estas eventualidades ya sabemos de cuál lado del balón estarán Videgaray y Peña Nieto. Para ellos, hacer perder a México es un gran negocio.
Ahora bien, con respecto a los otros “saqueadores”, quienes la semana pasada se llevaron una gran cantidad de mercancías de supermercados y tiendas de autoservicio, toda la evidencia apunta a que fueron orquestados desde el mismo poder. Múltiples testimonios, videos y audios documentan como policías del Estado de México participaron directamente en los ataques a los establecimientos comerciales e incluso ofrecieron dinero a ciudadanos para participar en los operativos. Simultáneamente, un ejército de “bots” a favor de los saqueos se activaron en las redes sociales con el fin de alentar el caos. También se circularon audios vía WhatsApp con mensajes aprócrifos sobre la inminencia de un golpe de Estado o una masacre generalizada de la población.

Este tipo de guerra psicológica primero fue ensayado por el Gobierno de los Estados Unidos en el Golpe de Estado de 1954 en Guatemala. Por medio de la difusión de rumores falsos con un canal apócrifo de radio generaron una psicosis generalizada que permitió que un pequeño grupo de soldados entrenados por los Estados Unidos, al servicio del General Guatemalteco Carlos Castillo, pudieran derrocar rápidamente al gobierno democrático de Jacobo Arbenz. Hoy se utilizan las mismas estrategias, pero no para derrocar a un gobierno popular sino para mantener en el poder a un pequeño círculo de amigos y compadres de Peña Nieto en medio de la enorme ola de indignación social.

Este tipo de guerras psicológicas tiene dos objetivos. 

Primero, se busca generar miedo para desalentar la protesta. La idea es que los ciudadanos se queden inmóviles en sus casas en lugar de reunirse con sus compatriotas en repudio al mal gobierno. Un cartel digital que recibió un servidor vía WhatsApp, por ejemplo, señalaba enfáticamente que la estrategia más efectiva para protestar el aumento de los precios de los hidrocarburos sería quedarse en casa y simplemente “NO HACER NADA”. Más claro ni el agua.

Por otro lado, se busca que las exigencias ciudadanas abandonen la importante solicitud de revertir el gasolinazo y en su lugar reclamen de manera desesperada la imposición de “orden” por medio de la utilización de la fuerza del Estado. En otras palabras, el objetivo es allanar el camino para la próxima aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional que impondría un estado de excepción permanente en todo México, analizado recientemente por un servidor en estas mismas páginas (véase: http://ow.ly/J5Qe307J2Sg

Desde el primer día del actual sexenio, el 1 de diciembre de 2012, el gobierno de Peña Nieto ha recurrido a este tipo de estrategias de provocación y de miedo cada vez que se levanta la ira ciudadana y el pueblo se atreve a tomar las calles y las redes. También lo ha implementado en las coyunturas electorales. Tanto en 2015 como en 2016 se buscó desalentar la participación electoral por medio de mensajes de miedo enviados a miles de celulares, particularmente en Veracruz. Lo que vivimos la semana pasada fue apenas una pequeña prueba de lo que el gobierno tiene preparado para la histórica elección presidencial de 2018. 

En este contexto, hoy duele más que nunca la ausencia de Don Julio Scherer García a dos años de su lamentable partida. En el enrarecido contexto actual de desinformación y manipulación mediática es hoy particularmente indispensable contar con medios de comunicación profesionales y cercanos a la gente como Proceso. Gracias Julio, Gracias Rafael y gracias a todo el equipo de la revista por su trabajo cotidiano y por el enorme honor de poder compartir estas páginas con tan distinguidas plumas y valientes periodistas.

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Publicado en Revista Proceso No. 2097
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lunes, 26 de diciembre de 2016

"Lo peor está por venir" (Revista Proceso, 25 de diciembre, 2016)

Margarita Zavala y Javier Duarte
John M. Ackerman

El gran filósofo y dirigente italiano Antonio Gramsci conminaba a mantener siempre un sano “pesimismo del intelecto” combinado con un decidido “optimismo de la voluntad”. De esa manera evitamos tanto engañarnos con cuentos de hadas sobre una supuesta transformación mágica del país en el futuro como caer en una depresión inmovilizadora que nos hacen cómplices de nuestra propia destrucción.

En este fin de año es importante tomar el tiempo para abrirnos los ojos con respecto a la tragedia de 2016 y la crisis que se acerca en 2017. Pero asomarnos al abismo no debe implicar que nos arrojemos en el. Con consciencia, entrega y organización, el nuevo año también podría ser el momento en que finalmente logremos establecer las alianzas necesarias para hacer realidad el sueño de reconstruir la Nación.

La violencia está fuera de control. Aunque la mayoría de los medios de comunicación intenten esconder la verdad, la realidad es que la tasa de homicidios se mantiene en el mismo nivel en que lo dejó Felipe Calderón en 2012. De acuerdo con las cifras oficiales del INEGI, terminaremos 2016 con aproximadamente 20,000 homicidios en el año. En apenas cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto ya hemos alcanzado casi la misma cantidad de homicidios dolosos que en los seis años del gobierno de Calderón. 

La corrupción desbordada ha colapsado las instituciones públicas. Los casos de los gobernadores salientes Javier Duarte, Roberto Borge y Guillermo Padrés son particularmente escandalosos, pero apenas constituyen la punta del proverbial iceberg. Conocemos algunos detalles sobre estos casos porque los nuevos gobernadores buscan utilizar la exhibición de la corrupción de sus antecesores para dar la impresión de que ellos serían diferentes. Sin embargo, los mexicanos sabemos perfectamente bien que personajes como Miguel Ángel Yunes, Carlos Joaquín y Claudia Pavlovich también forman parte de la misma mafia corrupta que ha malgobernado el país desde hace décadas. 

Pavlovich siempre ha sido del PRI y es absolutamente fiel a las redes de corrupción estructural sembradas desde hace décadas en el Estado de Sonora por personajes como Manlio Fabio Beltrones. Yunes fue durante mucho tiempo el brazo derecho de Elba Esther Gordillo y compitió en contra de su primo, Héctor Yunes, quien se mantiene en el PRI, para la gubernatura de Veracruz. Miguel Ángel tiene fuertes acusaciones en su contra tanto por desvío de recursos públicos en sus cargos anteriores como por abuso de menores. El nuevo gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, es también un viejo PRIista que saltó del barco para poder ser candidato por la alianza perversa del PANRD. Carlos es el primo de Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía de Peña Nieto y el hombre responsable por la privatización del petróleo nacional y también por la próxima alza en los precios de la gasolina en 2017.
Suben la gasolina y la luz
En 2016 hubo una explosión de violaciones a los derechos humanos de parte de las fuerzas del Estado y se cometió una de las masacres más reprobables en la historia reciente del país. El pasado 19 de junio, Miguel Ángel Osorio Chong y Gabino Cué enviaron cientos de policías fuertemente armados para llevar a cabo un escarmiento en contra del pueblo mixteco de Nochixltán, Oaxaca. Hasta la fecha no ha habido un solo detenido en el caso, dejando una lección de impunidad que garantiza la comisión de más masacres en el futuro (véase: http://ow.ly/NY4n307lms5). Asimismo, en esta navidad, presos políticos como Gonzalo Molina, Samuel Ramírez, Arturo Campos, José Manuel Mireles, Leonel Manzano, Damián Gallardo, Mario Olivera, Lauro Grijalva y Sara Altamirano, entre muchos otros, tuvieron que pasar la nochebuena separados de sus familias.

La economía mexicana está colapsada. Si bien nos va, 2016 terminará con una tasa de “crecimiento” de apenas 1.5 por ciento. El peso se ha devaluado más de 50% en los últimos dos años, lo cual ya está generando fuertes presiones inflacionarias y ha disparado el costo del servicio de la enorme deuda generada por las políticas de gasto irresponsables y corruptos del gobierno de Peña Nieto. 

Cotizada en dólares para fines de comparación internacional, el Producto Interno Bruto del país ha experimentado una franca contracción en los últimos años. En 2014, la economía nacional se valoraba en 1.297 millón de millones dólares. En 2015, únicamente llegó a 1.144 millón de millones. En 2016, probablemente terminaremos debajo de la línea de un millón de millones y caeremos varios lugares en el tablero internacional con respecto al tamaño de nuestra economía. Como consecuencia de las “reformas estructurales” del Pacto por México cada día los mexicanos somos más pobres.

El gobierno federal también ha sacrificado la soberanía nacional. La reacción de Peña Nieto a la victoria de Trump ha sido la de un lacayo a su amo. No ha levantado la voz ni una sola vez en defensa de la dignidad de México o de los mexicanos al otro lado del Río Bravo frente a las políticas y las declaraciones abiertamente racistas y fascistas del presidente electo. Al contrario, el Presidente mexicano ha ofrecido una actitud “constructiva” hacia los propósitos absolutamente destructivos del magnate de Nueva York.
Rex Tillerson, próximo Secretario de Estado de Trump
Mientras, Trump ha enviado un mensaje perfectamente claro con sus propuestas para los integrantes de su gabinete: el jefe del petrolero Exxon-Mobil será su Secretario de Estado, un general de cinco estrellas será su Secretario de Defensa (rompiendo así con una larga tradición de tener un mando civil sobre las fuerzas armadas de los Estados Unidos), un alto mando del banco Goldman Sachs será su Secretario del Tesoro, uno de los Senadores más racistas y anti-mexicanos será su Procurador, y un tejano multimillonario metido en el negocio del fracking será su Embajador a México.

En 2017, las múltiples crisis, de violencia, corrupción, derechos humanos, economía y soberanía se seguirán agravando. El pueblo ha sido abandonado por las autoridades y el “gobierno” de Peña Nieto ya no existe como tal. 

El destino del país entonces se encuentra en nuestras manos. No podemos seguir esperando que las instituciones del Estado o la inversión extranjera nos saquen del hoyo. Nos toca a todos y cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena para salvar a la Nación. De nuestras acciones durante 2017 dependerá la posibilidad de que 2018 no sea otro año de fraude y de indignación, sino que sea un año histórico en que iniciemos entre todos la construcción de una nueva república de paz, justicia y democracia.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2095
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

domingo, 11 de diciembre de 2016

"Fugados" (Revista Proceso, 11 de diciembre, 2016)

John M. Ackerman

El año pasado Joaquín “El Chapo” Guzmán se escapó por un túnel de 1.5 kilómetros cavado debajo de una de las cárceles de mayor seguridad del país, con evidente complicidad desde las más altas esferas del gobierno federal. El capo posteriormente se dejaría “recapturar” por Miguel Ángel Osorio Chong, al parecer bajo la condición de no ser extraditado inmediatamente a los Estados Unidos. 

Hace unas semanas, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se fugó del país utilizando un pasaporte falso. La entonces Procuradora General de la República y ahora Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, coincidentemente esperó hasta unas horas después de la desaparición del gobernador para girar los órdenes de aprensión correspondientes en contra del veracruzano por haber encabezado uno de los robos más grandes del siglo. 

Hace unos días, quien fuera Secretario de Hacienda de Felipe Calderón (2006-2009) y ahora gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, anunció que él también está haciendo maletas para abandonar el país. Como bien demostró Proceso la semana pasada, la normatividad no permite la renuncia de Carstens. Pero no le importa la ley al principal arquitecto de la fallida estrategia económica neoliberal de la última década. Prefiere huir antes de tener que rendir cuentas frente al total colapso económico que se acerca en 2017. 

Como ratas saltando de un barco a la deriva, estos tres personajes emblemáticos de la estructura prevaleciente de criminalidad, corrupción y desigualdad son protegidos por las instituciones realmente existentes. Quienes se quedan a mando les deben demasiados favores a los fugados para castigarlos como se merecen. Lo mismo ocurre con otras figuras como Tomás Yarrington, Rodrigo Medina, Roberto Borge, Humberto Moreira, Fausto Vallejo, César Duarte, Guillermo Padrés, Miguel Alonso Reyes y el mismo Felipe Calderón. Las redes de complicidad que tejieron cuando ocupaban sus tronos respectivos hoy siguen operando a su favor para garantizar su más absoluta impunidad. 

La gran pregunta, sin embargo, es: ¿Dónde se esconderá Enrique Peña Nieto al final de su sexenio? ¿Quiénes lo protegerán una vez que él también se salte de la nave del Estado mexicano que ha naufragado y despedazado con tanta efectividad? 

Esta es la pregunta clave que marcará todas y cada una de las acciones y decisiones del actual ocupante de Los Pinos hasta el último día de su sexenio. Peña Nieto sabe que no podrá colocar como su sucesor a uno de los integrantes de su círculo cercano, como Chong, Aurelio Nuño o Luis Videgaray. Tanto la incompetencia manifiesta de los integrantes del gabinete presidencial como los cada vez más escandalosos casos de corrupción han desfondado por completo la legitimidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De ahí el interés del ex-gobernador del Estado de México en pactar con Margarita Zavala, o incluso con Ricardo Anaya, Miguel Ángel Mancera o Movimiento “Ciudadano” (MC), con el fin de cerrarle el paso a una verdadera alternancia en el poder en 2018 que podría acabar con la impunidad. 

Tiene el mismo fin, de blindaje e impunidad, el ascenso de Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar en Guerrero durante la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa en 2014, primero a General de División y ahora al importante cargo de Inspector y Contralor General de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los nombramientos de Raúl Cervantes como Procurador General y probablemente también como Fiscal General, y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral, responden al mismo propósito. 

Pero conforme se acercan las elecciones de 2018 en un contexto de colapso económico, corrupción desbordada e indignación rampante, es probable que se deshaga la madeja y se caiga todo el edificio de impunidad pactada como un castillo de naipes. 

El mantenimiento del sistema actual de corrupción estructural depende de que todos los actores tengan la confianza de que sus actuales cómplices les cubrirán la espalda en el futuro. Pero en cuanto la seguridad de la impunidad eterna sea reemplazada por una auténtica incertidumbre con respecto a las coordenadas del poder futuro, los cálculos estratégicos empiezan a transformarse. 

En otras palabras, una vez que quede claro que el pacto de impunidad transexenal firmado entre PRI, PAN, PRD, que ahora también incluye a MC, PT e “independientes”, no tiene suficiente fuerza para imponer al próximo Presidente de la República, podría iniciarse una desbandada generalizada. Cada vez más funcionarios y delincuentes cavarán túneles de escape, desempolvarán sus pasaportes falsos y buscarán jugosas chambas en organizaciones y empresas transnacionales. 

Esta fuga generalizada dejaría a las instituciones públicas totalmente vacías y colapsadas, abriendo el escenario para una lucha política descarnada entre los militares y los morenos, entre la fuerza bruta y la esperanza ciudadana. Este probable escenario implicaría una verdadera coyuntura “revolucionaria” para las elecciones de 2018 en que todos los mexicanos tendremos que decidir si estamos decididos a seguir luchando por una república soberana y democrática o si de plano nos rendimos y aceptamos convertirse en una estrella más en la banda presidencial de Donald Trump. 

Publicado en Revista Proceso No. 2093

Twitter: @JohnMAckerman

lunes, 28 de noviembre de 2016

"Golpe de Estado silencioso" (Revista Proceso, 27 de noviembre, 2016)

John M. Ackerman 

La intromisión de las fuerzas militares en la vida política y social del país ha llegado a extremos intolerables que ponen en riesgo tanto la institucionalidad democrática como la soberanía nacional. Hoy atestiguamos el equivalente a un golpe de Estado subrepticio y silencioso. Si la sociedad no detiene la militarización rampante, Los Pinos pronto podría ser ocupado por un general. 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha presentado en la Cámara de Diputados una iniciativa que para una nueva Ley de Seguridad Interior, que tiene el objetivo de normalizar la participación inconstitucional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y de control social interno. 

La aprobación de esta iniciativa implicaría una transformación radical en el papel de los militares en la vida nacional. Normalmente, los soldados solamente pueden participar en asuntos de “seguridad nacional”. Y el artículo 129 de la Constitución es absolutamente claro: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. 

Sin embargo, la propuesta del Diputado César Camacho Quiróz, en cumplimiento de órdenes giradas por Enrique Peña Nieto y el Secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, habilitaría a los militares para involucrarse también directamente en asuntos de “seguridad interna”. Y este concepto lo define de la manera más abstracta y general: cualquier asunto que “ponga en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública”. 

Con la nueva ley, los militares ya no se dedicarían exclusivamente a defender el territorio patrio y a suplir a las autoridades civiles en casos de emergencia, sino que se transformarían en responsables permanentes del “orden” interno y, por lo tanto, en una fuerza política pluripotenciaria y autónoma capaz de intervenir por voluntad propia en casi cualquier momento. Es decir, se autorizaría formalmente la persecución castrense de la oposición política y los movimientos sociales en todo el país. 



Desde que Felipe Calderón sacó a los militares masivamente a las calles en 2006, supuestamente para combatir al narcotráfico, el gobierno federal ha dicho que la militarización de la seguridad pública era necesaria como una medida estrictamente temporal, mientras se avanzaba en el proceso de depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos municipales, estatales y federales. 

Hoy, 10 años más tarde, vemos que Calderón mintió desde el primer momento. La profesionalización policiaca nunca avanzó y ahora los partidos del Pacto por México han decidido simplemente reemplazar a los policías con militares. 

Hace unos meses, el PRIANRD ya reformó tanto al Código de Justicia Militar como al Código Militar de Procedimientos Penales, con el fin de permitir que los ministerios públicos y tribunales militares se entrometan de manera indiscriminada en asuntos civiles, con cateos a domicilios particulares y edificios gubernamentales, así como espionaje directo a comunicaciones personales. 

Con la Ley de Seguridad Interior se consolidaría y se expandiría esta lógica. La ley permitiría a los militares desplazar totalmente al ministerio público en la investigación de delitos cometidos incluso por civiles. También abriría la puerta para un sistema de espionaje político-militar generalizado, al permitir a los soldados utilizar cualquier medio de recolección de información. 

Aún más preocupante es que esta nueva ley busca darle la vuelta al procedimiento plasmado en el artículo 29 constitucional para declarar la suspensión de garantías en casos de “perturbación grave de la paz pública”. Aquel procedimiento constitucional obliga al Presidente a recibir la autorización del Congreso de la Unión y requiere que la suspensión sea forzosamente “por un tiempo limitado”. 

En contraste, la nueva ley permitiría al Presidente de la República realizar de manera unilateral una declaratoria de afectación a la seguridad interna, y para un tiempo indeterminado. Es decir, se eternizaría la presencia castrense en nuestras calles, con todo lo que ello implica respecto de la violación sistemática de los derechos humanos y la libertad de tránsito, de expresión y de reunión. 

Lo más grave, sin embargo, es el daño que esta nueva ley significaría para la soberanía nacional. No es ningún secreto que las fuerzas armadas mexicanas hoy no sólo siguen órdenes de las autoridades mexicanas sino que también obedecen a los mandatos de Washington. Fue el gobierno de Vicente Fox quien acomodó a la milicia mexicana dentro del marco del Comando Norte de los Estados Unidos (NORTHCOM) en 2002. Y un porcentaje cada vez más grande de generales, comandantes y cadetes miliares mexicanos reciben una parte importante de su entrenamiento militar en los Estados Unidos. 

El Secretario de la Marina, Vidal Soberón, recientemente fue nombrado Comandante de la Legión de Mérito del Gobierno de los Estados Unidos y tiene comunicación constante con los altos mandos castrenses en aquel país. Y hace unos meses Soberón le entregó personalmente al jefe del NORTHCOM, William Gortney, la Medalla de Distinción Naval y Mérito Militar Primera Clase de México. 

Así que si los vendepatrias del PRIANRD logran la aprobación de su nueva Ley de Seguridad Interna, el pueblo mexicano no solamente estará sujeto a la constante intromisión de las fuerzas militares en nuestras vidas sino que nuestra información y nuestras libertades también se colocarían bajo el control directo de Donald Trump. 

En lugar de aumentar la intromisión de un fascista en nuestros asuntos internos, hoy es un buen momento para recuperar nuestra larga tradición de dignidad nacional y solidaridad latinoamericana. Hay que dirigir nuestras miradas hacia el sur. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2091
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