ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

martes, 10 de julio de 2018

"La segunda transición y la cuarta república" (Revista Proceso, 8 de julio, 2018)


John M. Ackerman

La contundente victoria de Andrés Manuel López Obrador marca, sin duda, un antes y un después en la historia de México. Independientemente de lo que ocurra durante su sexenio, el sólo hecho de derrotar a la mafia del poder de manera pacífica en una votación masiva el domingo 1 significa un profundo viraje en la política nacional. 

Los jóvenes, las mujeres, los campesinos, los obreros, los profesionistas, los empresarios, los pueblos indígenas y los maestros mexicanos hemos luchado durante décadas sin tregua por la democratización del país. En dos ocasiones anteriores la ola de repudio popular al sistema autoritario inundó las urnas con esperanza y dignidad. Tanto en 1988 como en 2006 la oposición de izquierda derrotó a la coalición del neoliberalismo autoritario, pero sus triunfos fueron cruelmente arrebatados por medio de descarados fraudes electorales. 

Hoy, a 50 años del levantamiento estudiantil de 1968 y 30 del fraude de 1988, finalmente hicimos valer el anhelo ciudadano de contar con un gobierno federal plenamente legitimado en las urnas y con un respaldo popular mayoritario. 

En 1997, México pasó por un momento similar al actual. En su espléndido libro biográfico sobre López Obrador, AMLO: con los pies en la tierra, José Agustín Ortíz Pinchetti relata lo que sintió la noche de las elecciones en que Cuauhtémoc Cárdenas ganó la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y simultáneamente el PRI perdió, por primera vez, su mayoría en la Cámara de Diputados: “En la noche de la jornada electoral me encontré en el Zócalo capitalino a don Julio Scherer; estábamos exultantes. Miré al cielo y sentí que se había roto la bóveda bajo la que yo había nacido: el control político del PRI empezaba a resquebrajarse. ¡Un entusiasmo bastante prematuro!” 

Tuvieron que pasar más de 20 años hasta que este sueño de la liberación del pueblo mexicano del yugo del PRI -- transmutado después en PRIAN con Vicente Fox y finalmente en PRIANRD con el Pacto por México -- pudiera hacerse realidad. El alud de votos a favor de Morena en la pasada elección no solamente llevó López Obrador a su triunfo; también modificó al mapa político en el país entero. De la noche a la mañana el nuevo partido se convirtió en la fuerza hegemónica tanto en el Congreso de la Unión como en algunos de los lugares más alejados de los vientos de la democratización, como el Estado de México y Hidalgo. 

Ahora bien, ¿Cómo garantizar que ahora sí la alternancia electoral genere un nuevo régimen político? ¿Cuáles fueron los principales errores cometidos en el pasado que llevaron al fracaso del primer intento de “transición democrática”? 

No hay respuestas sencillas a estas preguntas, pero podemos iniciar el necesario debate con una reflexión sobre dos puntos: 

Primero: el primer intento de transición se enfocó principalmente en el reformismo institucional y legal. Los legisladores han modificado la Carta Magna docenas de veces durante las últimas dos décadas, creando múltiples nuevas leyes, órganos autónomos y disposiciones constitucionales en materia de elecciones, rendición de cuentas, derechos humanos, transparencia y justicia penal con la esperanza de transformar de esta manera las coordenadas del poder público. 

Sin embargo, la efectividad de estas reformas ha dejado mucho que desear, tanto por la captura de estas instituciones por intereses políticos como por la simulación burocrática que suele caracterizar su actuar cotidiano. 

El principal reto para el nuevo gobierno de López Obrador es ir más allá de los cambios legales para generar una verdadera transformación tanto en la relación entre el gobierno y la sociedad como en la estructura del poder social y económico del país. Mientras sigamos con un gobierno corrupto que desprecia a la ciudadanía y una sociedad sometida por los poderes fácticos, ningún ajuste institucional será efectivo. 

El éxito de la segunda transición y de la cuarta república dependerá entonces, por un lado, del establecimiento de un verdadero sistema de rendición de cuentas del gobierno hacia la ciudadana y, por otro lado, de acabar de una vez por todas tanto con la pobreza como con los privilegios con el fin de generar una sociedad más igualitaria, participativa y crítica. 

Segundo: los partidos políticos que impulsaban la primera transición, el PRD y el PAN, rápidamente se burocratizaron, se corrompieron y se alejaron de las demandas sociales. Los desastrosos resultados electorales para ambos partidos en las elecciones del domingo pasado constituyen un claro mensaje de repudio de parte del pueblo mexicano para dos institutos políticos que ya no cuentan con arraigo popular alguno. 

Morena, en contraste, ha crecido de manera inusitada. Con apenas cuatro años de vida, esta agrupación ha pasado de ser una asociación civil con unos cuantos de miles de miembros a un poderoso movimiento político y social que opera en todo el país. Si el nuevo partido gobernante no establece rápidamente candados más claros para candidaturas, procesos formativos más profundos para militantes y mecanismos más democráticos para la toma de decisiones, la inercia, la infiltración y el oportunismo inevitablemente llevarán a Morena a repetir los mismos vicios del PRD y el PAN. 

En los próximos meses, Morena renovará toda su estructura directiva, al nivel nacional y en todas las entidades federativas, y probablemente también modificará sus estatutos para ajustarse a nueva coyuntura política. En estos procesos Morena pondrá en juego su presente y su futuro: ¿El nuevo partido ciudadano se convertirá en un verdadero motor de cambio social y político o terminará como una agencia de colocación de empleos y un espejo aplaudidor del gobierno federal? 

Para hacer historia, primero hay que aprender del pasado. Abramos los ojos, avancemos con paso firme y evitemos a toda costa repetir los errores del pasado. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2175
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

domingo, 24 de junio de 2018

"Inundar las urnas" (Revista Proceso, 24 de junio, 2018)

John M. Ackerman

La única manera de garantizar un proceso electoral verdaderamente democrático el próximo domingo, 1 de julio, será por medio de una masiva participación ciudadana en las urnas. Si no salimos a votar para expresar nuestro punto de vista sobre quién debe fungir como nuestro próximo Presidente, decidirán por nosotros el poder, el dinero y la corrupción. 

Los estudiosos en la materia estiman que la capacidad de fraude en México alcanza para modificar los resultados en aproximadamente seis puntos porcentuales, el equivalente a unos 3 millones de votos. Adicionalmente, las nuevas reglas con respecto a la nulidad de una elección permiten que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anulen con gran facilidad a cualquier elección en que el margen de victoria haya sido menor de 5%. 

Ello significa que Andrés Manuel López Obrador debe ganar por un mínimo de 11 puntos porcentuales, unos 5.5 millones de votos, sobre el segundo lugar para que las autoridades electorales se vean obligadas a aceptar el triunfo del tabasqueño. La victoria debe ser suficientemente grande para poder soportar una rebaja de 6% auspiciada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y todavía contar con una ventaja suficientemente grande para evitar una nulidad parcial y corrupta de parte de los magistrados electorales. 

El primer eslabón en la cadena de confianza, o desconfianza, con respecto a los resultados electorales será la divulgación de las “encuestas de salida” a partir de las 20:00 horas el mismo día de la elección. Estos sondeos con votantes después de que hayan emitido su sufragio normalmente dan una excelente indicación con respecto a la tendencia general de las preferencias ciudadanas. Sin embargo, en las elecciones cerradas muchas veces las casas encuestadoras deciden guardar sus resultados por temor a que no coincidan finalmente con los resultados oficiales o por amenazas desde el poder para no echar abajo un operativo de fraude electoral. 

Por ejemplo, en las pasadas elecciones para Gobernador del Estado de México, celebradas el 4 de junio de 2017, más de 20 casas encuestadoras se habían registrado para levantar encuestas de salida. Entre ellos se encontraba Consulta Mitofsky, que incluso unos días antes se había comprometido públicamente a dar a conocer los resultados de su encuesta de salida después del cierre de las casillas electorales. 

Sin embargo, misteriosamente la noche de la elección todas y cada una de las casas encuestadoras se quedaron calladas. Ni Roy Campos ni ningún otro encuestador se atrevieron a dar a conocer sus resultados. Unas horas después, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) daría a conocer los resultados de su “conteo rápido”, con base en un muestreo de casillas extrañamente rasurado en casi la tercera parte, lo cual arrojaba una ventaja para el primo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, sobre la candidata de Morena, Delfina Gómez, de dos puntos porcentuales. 

Posteriormente, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) también contaría con una gran cantidad de irregularidades. Y finalmente en los “cómputos distritales”, cuando el miércoles después de la elección se revisan las actas, una por una, para asegurar que no hubiera ninguna irregularidad, la mayoría de los consejeros del IEEM junto con los representantes del PRI, el PAN y el PRD cerraron filas con el fin de limitar al máximo la cantidad de paquetes electorales sujetos a recuento. 

Tal y como lo relata el único Consejero Electoral disidente del IEEM, el doctor Gabriel Corona, en su contribución al libro de Bernardo Barranco El infierno electoral, la suma de todas estas irregularidades resultó en una muy sospechosa triangulación y acomodo de cifras “oficiales” para permitir la “victoria” de Del Mazo a pesar de las claras evidencias de que probablemente había sido Gómez la verdadera ganadora de la contienda. 

Si López Obrador no arrasa en la elección presidencial, las tentaciones serán enormes para modificar los resultados electorales de la misma manera en que lo hicieron los operadores del PRI en el Estado de México. Por ejemplo, el actuario Arturo Erdely ha demostrado como los institutos electorales pueden manipular metodologías estadísticas con el fin de poder declarar “empates técnicos” falsos. 

El Dr. Erdely ha desarrollado su análisis completo en un artículo científico reciente (véase aquí: http://goo.gl/9KFJVM, también resumido aquí: https://bit.ly/2JVTla3). La trampa consiste en elevar innecesariamente el “nivel de confianza” de los resultados del conteo rápido con el fin de ampliar al máximo los “intervalos de error” para los porcentajes de cada candidato y así poder declarar un supuesto “empate” aun cuando la diferencia real entre el primero y el segundo lugar alcanza hasta 10 puntos porcentuales. 

Es decir, aun si López Obrador llevara una ventaja contundente sobre el segundo lugar, cuando Lorenzo Córdova sale a dar los resultados del Conteo Rápido a las 23:00 horas del 1 de julio podría recurrir a este truco para declarar un supuesto “empate técnico” entre los dos candidatos. Ello les daría varios días a los operadores del fraude para modificar las actas y alterar las boletas antes del conteo distrital definitivo que tendrá lugar el 4 y 5 de julio. 

Existen infinidad de maneras para alterar los resultados electorales y defraudar la voluntad popular. El único antídoto indestructible al veneno de la corrupción electoral es la masiva participación ciudadana. Todos y todas estamos convocados a las urnas el próximo domingo 1 de julio para juntos derrotar a los fraudulentos e iniciar la construcción de una nueva República. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso no. 2173
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 11 de junio de 2018

"El coletazo del dinosaurio" (Revista Proceso, 10 de junio, 2018)

John M. Ackerman 

Las encuestas más recientes de Reforma, Parametria y El Financiero colocan a Andrés Manuel López Obrador con una ventaja casi insuperable de entre 20 y 30 puntos porcentuales hacia las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio. El tabasqueño domina a sus dos contrincantes en absolutamente todos los sectores sociales, entre todos los rangos de edad y en cada una de las regiones del país. Ni el fraude electoral más grande jamás visto en la historia de México podría remontar esta enorme desventaja del sistema corrupto. 

Sin embargo, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Lorenzo Córdova y un grupo de los oligarcas más poderosos del país simplemente se niegan a aceptar la derrota. Estos soldados de la continuidad aparentemente están dispuestos a torpedear la campaña del tabasqueño “haiga sido como haiga sido” con el fin de mantener sus privilegios y sus prebendas. 

La masiva realización de llamadas robotizadas con “encuestas” simuladas que atacan y difaman al tabasqueño constituye el capítulo más reciente en una guerra sucia de larga duración que viola flagrantemente la ley y enturbia al proceso electoral. El objetivo de estas llamadas no es solamente alejar a los votantes de López Obrador sino también obstaculizar la realización de nuevas encuestas electorales durante las próximas semanas que podrían ir confirmando la inevitable victoria del candidato de Morena en las elecciones presidenciales. 

Después de recibir varias de estas llamadas amenazantes y difamatorias, el ciudadano difícilmente tendría ganas de responder a las preguntas de un encuestador auténtico que se atreva a marcar por teléfono o a tocar el timbre de su casa. El miedo y el fastidio dictarán que es mejor encerrarse en su domicilio y simplemente no hablar con extraños. Y este proceso de aislamiento voluntario afectaría de manera particularmente fuerte a los allegados de Morena, ya que los ataques están dirigidos específicamente contra ellos. 

Con este operativo, los hombres y las mujeres del sistema buscan alterar artificialmente los resultados de las encuestas y así generar una ventana de oportunidad para poder operar un “fraude patriótico” sin llamar demasiado la atención o pagar costos políticos demasiado altos. Esta jugada no solamente cuenta con muy pocas probabilidades de éxito, sino que también constituye una violación flagrante a la normatividad. Si el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales (FEPADE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no investigan y castigan inmediatamente a los responsables estarán demostrando una vez más que sus abultados presupuestos simplemente no tienen razón de ser. 
Hay cinco maneras en que la masiva realización de llamadas difamatorias viola la ley: 

En primer lugar, nos encontramos frente a una muy probable violación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP). El INAI tendría que realizar una investigación exhaustiva de los números de origen y de destino de cada una de las llamadas para averiguar si no hubiera alguna filtración o venta ilegal de los números personales de millones de clientes de servicios telefónicos. Podríamos encontrarnos frente a un caso de mal uso de datos personales similar al que le metió en serios problemas legales a la empresa Cambridge Analytica en Europa y los Estados Unidos. 

En segundo lugar, tanto la Constitución como las leyes electorales prohíben que la propaganda política utilice calumnias que atribuyan falsamente delitos a partidos o candidatos opositores. La referencia falsa a Nestora Salgado como una supuesta “secuestradora” en un gran número de estas llamadas evidentemente se encuentra fuera de la norma. 

En tercer lugar, la enorme cantidad de dinero requerida para financiar la realización de millones de llamadas desde “call centers” especializados debe ser materia de una investigación inmediata de parte del INE. El gasto fácilmente podría generar un rebase de tope de gasto para las campañas de Anaya y/o Meade, así como también un rebase del límite estricto con respecto al financiamiento privado para las compañas políticas. 

En cuarto lugar, nos encontramos también frente a la probable comisión de un delito electoral que debe ser investigado por la FEPADE. El inciso XVI del artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales impone una multa de cincuenta a cien días y prisión de seis meses a tres años a cualquier persona que “realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio”. Las llamadas evidentemente buscan generar precisamente tanto “temor” como “intimidación” así que le FEPADE estaría obligado a intervenir en el caso. 

Finalmente, entre los cientos de denuncias recopiladas por la iniciativa universitaria “Diálogos por la democracia” (www.dialogosdemocraciaunam.mx) hemos detectado numerosas llamadas realizadas desde números del extranjero, por ejemplo desde Brasil y Grecia. Ello viola claramente la prohibición absoluta en contra de financiamiento desde el extranjero para las campañas políticas en México. 

Estas llamadas son apenas el principio del escalamiento de la guerra sucia durante las últimas semanas de la campaña. Si las instituciones no toman una acción contundente para frenar esta práctica a todas luces ilegal estarán literalmente invitando al PRI y al PAN a que rompan con cualquier semblanza del Estado de derecho en el camino hacia el 1 de julio, algo que podría poner en riesgo la celebración misma de las elecciones presidenciales. 


Twitter: @JohnMAckerman

martes, 29 de mayo de 2018

"Todos somos Nestora" (Revista Proceso, 27 de mayo, 2018)

John M. Ackerman

Los desesperados ataques de José Antonio Meade en contra de Nestora Salgado pintan de cuerpo entero al régimen autoritario que ya se acerca a su fin. Con el propósito de desviar la atención de las enormes corruptelas y los sistemáticos crímenes de lesa humanidad que han marcado este sexenio, Meade se lanza con todo en contra de una valiente mujer, indígena y migrante, quien no ha hecho otra cosa que defender a su pueblo natal de Olinalá, Guerrero, de la delincuencia organizada y luchar a favor de los derechos humanos de todo el pueblo mexicano. 

Quien tendría que estar en la cárcel no es Nestora, sino Meade. Los verdaderos cómplices del crimen organizado no son los policías comunitarios, quienes, amparados por la Ley 701 del estado de Guerrero, defienden la paz y la tranquilidad social, sino los altos funcionarios públicos que encubren a los gobernadores corruptos y promueven la utilización del presupuesto federal para financiar campañas electorales. 

Meade es la cara viviente del privilegio, la impunidad y el abuso de poder. El candidato de Enrique Peña Nieto nació en el seno de una familia de elite cuya fortuna proviene de sus amplios vínculos con destacados políticos tanto del PRI como del PAN. Estas redes de poder le permitieron a Meade ingresar y sufragar las colegiaturas astronómicas de escuelas como el ITAM y Yale. Y fue gracias a estos mismos contactos, y no por algún mérito propio o capacidad académica especial, que el ahora candidato del PRI a la Presidencia de la República logró ir escalando de puesto en puesto dentro de la administración pública federal. 

No es la lucha sino el champán lo que define el actuar del ex-secretario de Hacienda tanto de Felipe Calderón como de Peña Nieto. No es la valentía sino la comodidad lo que caracteriza la vida y la perspectiva política del gran encubridor de los saqueos de las últimas dos décadas (véase mi análisis reciente en estas mismas páginas sobre “Meade: el chapulín encubridor”: https://bit.ly/2q6vW9Q). 
En contraste, Salgado es un ejemplo a seguir. Su único pecado fue indignarse frente a la brutal violencia y criminalidad que todos los días carcomen el tejido social, las instituciones públicas y la economía popular en la hermosa región de La Montaña de Guerrero. 

Después de una ardua lucha personal como migrante en los Estados Unidos, Nestora ya había logrado el “sueño americano”. Había adquirido la nacionalidad estadounidense y vivía en Seattle en la bella Costa del Pacífico en el Estado de Washington. Sin embargo, en lugar de descansar, olvidarse de su pasado y enfocarse en su bienestar propio, Nestora decidió regresar a casa para sumarse a la lucha colectiva por la justicia en su pueblo natal. 

El fondo del problema de la violencia en Olinalá, y en todo Guerrero, es que el crimen no solamente es encubierto y tolerado por el gobierno, sino muchas veces directamente “organizado” por los políticos, del PRI y el PRD. 

Nestora relata, por ejemplo, que las agresiones en su contra empezaron cuando la Policía Comunitaria a su cargo decidió indagar más allá de los crímenes comunes para también seguir la pista de políticos y empresarios corruptos de la localidad. Los comunitarios detuvieron a un comerciante de carne clandestina, investigaban los posibles nexos de la administración municipal de Olinalá a cargo de Eusebio González con el narcotráfico, descubrieron redes de prostitución infantil, e incluso tuvieron la osadía de encarcelar al síndico Armando Patrón Jiménez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos personas en el poblado de Huamuxtitlán. 

Fue en ese momento cuando inició el contraataque desde el narcopoder, estatal y federal, que llevó al encarcelamiento injusto de Salgado como uno de las presas políticas más importantes del sexenio de Peña Nieto. Se le acusó de “secuestrar” a un grupo de mujeres detenidas por la Policía Comunitaria, pero las supuestas “víctimas” jamás se presentaron a declarar ante el juez y Nestora quedó exculpada de todos y cada uno de los cargos en su contra. 

En una conferencia de prensa celebrada el pasado martes, 22 de mayo, Nestora respondió con gran dignidad y elocuencia a las calumnias de Meade. Le preguntó al candidato priista si él alguna vez “ha acompañado a levantar un cuerpo despedazado, que si ha acompañado a una madre, que si ha visitado esos pueblos donde no tienen para comer tres veces al día y que si ha visitado a esos campesinos a los que se les ha abandonado”. 

Nestora continuó: “Quiero decir que me indigna cómo estos dos candidatos del PRI y del PAN con esas palabras huecas hablan de los migrantes, qué saben ellos de cruzar la frontera para trabajar, qué saben ellos de dejar sus familias con ese dolor, dejar a sus hijos llorando”. 

Y finalmente remató: “Rechazo definitivamente la acusación que me está haciendo públicamente en cadena nacional, exponiéndome y poniéndome en peligro, y hago de conocimiento público que esa misma noche después de que declaró eso en cadena nacional a la casa de mi hija fueron a tirar balazos. Así ese señor está poniendo en riesgo de toda mi familia, de mis hijos y de mis compañeros”. 

Entonces, quien debe tener la conciencia intranquila no es Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido demuestra gran entereza apoyando a alguien como Nestora como candidata al Senado de la República; es Meade, quien con sus declaraciones pone en riesgo la vida no solamente de Nestora sino de todos los luchadores sociales del país. 

Ya basta. Los mexicanos demandamos paz, libertad y justicia. Este 1 de julio todos tenemos la responsabilidad histórica de expresar este profundo anhelo de manera pacífica en las urnas. 


Twitter: @JohnMAckerman

lunes, 14 de mayo de 2018

"'Magia' priista" (Revista Proceso, 13 de mayo, 2018)

John M. Ackerman 

En el “relanzamiento” de la campaña presidencial de José Antonio Meade el pasado 6 de mayo, Emilio Gamboa exclamó eufórico, en entrevista con el periodista Enrique Méndez de La Jornada: “Hay tiempo para ganar. ¡El partido es mágico!”. Tiene razón el coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Décadas de experiencia con la alquimia electoral han convertido los dirigentes del viejo partido de Estado en verdaderos magos del fraude. 

“Con poquito, pero vamos a ganar”, declaró el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Armando Neyra, confiado en que la mezcla perfecta de operación clientelar, acarreo delincuencial, violencia política y guerra sucia funcionarán para colocar a Meade en Los Pinos el próximo 1 de julio. Efectivamente, Meade ha citado numerosas veces los fraudes perpetrados el año pasado en Coahuila y el Estado de México como “ejemplos” a seguir rumbo a la Presidencia de la República. 

El senador priista Manuel Cavazos fue más preciso en su argumentación, también en entrevista con Enrique Méndez el mismo domingo 6: “Las elecciones se ganan en la casilla y para llenar ese hueco, ese bache, esa distancia entre la casa y la casilla se necesita mucha organización y estructura, y eso sólo lo tiene el PRI”. Cavazos después remataría: “Las encuestas se hacen en casa. Y si le preguntan, usted dice por quién piensa votar. Ah, pero que ese día se levante a votar, deje el futbol y la fiesta, eso es otra cosa, y eso no lo toman en cuenta.” 

Queda perfectamente clara la estrategia del PRI. Gastarán millones de dólares, euros y pesos al margen de la ley para, por un lado, movilizar legiones de ciudadanos vulnerables por medio de operativos ilegales de acarreo de votantes y, por otro lado, desmovilizar a los simpatizantes de sus adversarios por medio de la intimidación, el miedo y la distracción. De manera complementaria, el régimen también utilizará amenazas directas y estrategias de cooptación, la fórmula clásica de “plata o plomo”, tanto para ahuyentar los representantes de casilla de Morena como para domar a los ciudadanos funcionarios de casilla que pudieran atreverse a denunciar las irregularidades. 

Tal y como lo ha documentado el periodista Salvador García Soto (véase: https://bit.ly/2rrvXov) el PRI sabe que es suficiente con ejercer un control absoluto sobre un 10% o 15% de las 155 mil casillas electorales, sobre todo las ubicadas en las zonas rurales más marginadas del país. Si logran retacar estas casillas con boletas electorales a su favor, y anular las de López Obrador, podrán compensar por la enorme pérdida de votos que seguramente sufrirán en las zonas urbanas. 

Y si por alguna razón estas estrategias no surtieran efecto, siempre queda el último recurso: la muerte. En el “relanzamiento” del 6 de mayo, Meade convocó a los militantes del PRI a “jugársela a muerte para defender lo que creemos en este país”. Justo el día anterior, el periodista Ricardo Alemán había lanzado vía Twitter una invitación pública a los seguidores de López Obrador para que acabaran con la vida del tabasqueño. Ese mismo sábado, 5 de mayo, fue asesinado el candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Tenango del Aire, Addiel Zermann de 39 años, en el Estado de México. 

El PRI se niega a aceptar su derrota. Al parecer, el viejo partido de Estado está dispuesto a cualquier cosa con tal de no soltar el poder. El “haiga sido como haiga sido” de Felipe Calderón podría llegar a ser peccata minuta en comparación con el megafraude que tienen planeado los PRIANistas contemporáneos. 

López Obrador ha ganado la primera fase de la batalla: la lucha en la opinión pública por colocarse como el probable ganador el 1 de julio. En contraste con 2012, todas las encuestas ahora colocan a AMLO con una enorme ventaja sobre sus rivales. Hasta los periodistas de Televisa y de Milenio han tenido que bajarse de su pedestal y por lo menos fingir su respeto hacia el tabasqueño. 

Sin embargo, la euforia obradorista tiene el riesgo de obnubilar la razón de sus simpatizantes. Pareciera como si de la noche a la mañana, por arte de magia, México se hubiera convertido en una auténtica democracia electoral en la que los mejores candidatos y los políticos más populares accedieran a los cargos públicos. 

La recta final es siempre lo más difícil en cualquier carrera y el actual proceso electoral no es ninguna excepción. Si Morena no logra inhibir y desarticular la enorme movilización ilegal que tendrá lugar en los distritos más vulnerables y marginados del país, difícilmente podrá cantar victoria la noche del 1 de julio. 

Los ciudadanos también tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad histórica. El próximo 31 de mayo se cierra el plazo para registrarse como observadores electorales ciudadanos. Solamente los ciudadanos debidamente acreditados por el Instituto Nacional Electoral como observadores podrán vigilar las casillas durante la jornada electoral y también atestiguar personalmente el conteo de los votos y el llenado de las actas durante la noche del 1 de julio. 

El trámite es sumamente sencillo. Solamente hay que acudir a cualquier módulo del INE con su credencial de elector y dos fotografías en mano (para mayor información, véase: http://dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx/participa/). 

Esperemos que cientos de miles de ciudadanos decidan participar directamente en la defensa de la legalidad y la democracia durante estos comicios históricos. De lo contrario, que la nación nos lo demande. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso no. 2167
(c) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

martes, 1 de mayo de 2018

"Salinas reloaded" (Revista Proceso, 29 de abril, 2018)

John M. Ackerman 

El formato del primer debate presidencial entretuvo a los televidentes, pero obstaculizó una discusión a fondo sobre los grandes problemas nacionales. El limitado tiempo para las intervenciones y las réplicas de los candidatos no permitió un adecuado desarrollo de las propuestas. Fue un gran espectáculo mediático, una serie de spots alargados, que se quedó muy corto con respecto a la formación cívica de la población. 

Se contabilizaron más de 50 ataques directos hacia Andrés Manuel López Obrador durante el debate. Quienes critican al tabasqueño por supuestamente no responder a esta andanada de agresiones evidencian su mala fe. Si el tabasqueño se hubiera dedicado a responder puntualmente a cada uno de los ataques, no hubiera tenido tiempo para desarrollar ninguna propuesta propia. 

López Obrador hizo lo correcto. En lugar de distraerse con la guerra de lodo que le proponían los otros cuatro candidatos, se dirigió directamente a los mexicanos para exponer sus iniciativas. Mientras la jauría evidenciaba su pequeñez y su obsesión personal con el candidato de Morena, López Obrador demostró gran altura al demostrar su sincera preocupación con la resolución de los graves problemas de la nación. 

En contraste, la pronunciada agresividad de Anaya lo pintó de cuerpo entero. El candidato panista busca tapar su enorme inexperiencia e incapacidad políticas con descalificaciones hacia el puntero en las encuestas. 

Es importante recordar que la carrera política de Anaya es aún más gris que la de Margarita Zavala. De 2003 hasta 2009 fungió como Secretario Particular del Gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón. Después llegaría a ser diputado local y diputado federal del PAN, ambos por la vía plurinominal. También trabajó durante algunos meses como Subsecretario de Planeación Turística durante el gobierno de Felipe Calderón. 

Posteriormente, Anaya llegaría a ser Presidente del PAN y candidato presidencial de la Coalición “Por México al Frente” no por que tuviera algún mérito especial, sino por su enorme habilidad para darle la espalda a sus amigos y establecer arreglos corruptos con el poder. Después de traicionar al pueblo mexicano con su apoyo a las “reformas estructurales” de Enrique Peña Nieto, Anaya procedió a traicionar también a sus colegas de partido con tal de imponer su candidatura presidencial. 

Anaya hoy ataca a López Obrador, pero también roba y fusila sus propuestas. Dice que le indignan las injusticias, que se despertará temprano y que luchará en contra de la corrupción de la clase política. En general, el objetivo del panista es intentar presentarse, con gran hipocresía y cinismo, como la verdadera “oposición” y como un líder “moderno”, cuando él es uno de los principales responsables por la actual crisis política, económica y social que desgarra la nación. 

Si Anaya realmente fuera de la oposición, dirigiría sus ataques en contra de Peña Nieto, Meade, Calderón y Zavala, en lugar de lanzarse constantemente en contra de López Obrador. Si Anaya fuera un líder auténtico, incorporaría nuevas voces en su campaña, en lugar de reciclar los mismos dinosaurios de siempre, como Diego Fernández de Cevallos y Jorge Castañeda. 

Anaya se parece a otro maestro de la traición y el engaño: Carlos Salinas de Gortari. En 1988, Salinas tampoco contaba con gran experiencia ni importantes logros en su carrera política antes de lograr la candidatura presidencial del PRI. El “innombrable” también basó su campaña en el concepto de la “modernidad” y el “futuro”, y terminó imponiéndose en la Presidencia de la República por medio de la violencia y el fraude. 

Han pasado exactamente treinta años desde aquella elección tan fatídica y hoy todavía estamos pagando los enormes costos de la mentira de la supuesta “modernidad” Salinista, la cual resultó ser la más perfecta continuidad del mismo cinismo y saqueo priista de siempre. 

¿En realidad queremos que llegue otro joven ambicioso, corrupto, reaccionario y traidor a Los Pinos? ¿Los mexicanos somos en realidad tan masoquistas? 

Afortunadamente, todo parece indicar que las nuevas generaciones están decididas a no repetir los errores de sus padres. Quieren que su futuro se llene de esperanza en lugar de constantes crisis. Están decididos a hacer todo lo que esté a su alcance para evitar que los próximos treinta años sean tan desastrosos como los últimos treinta. 

A los demás nos toca apoyarles a los y las jóvenes para que puedan llevar a buen puerto su importante misión histórica este próximo 1 de julio. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso, No. 2165
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

domingo, 15 de abril de 2018

"Estalinismo electoral" (Revista Proceso, 15 de abril, 2018)

John M. Ackerman 

La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordena la incorporación de Jaime Rodríguez Calderón a la boleta presidencial no tiene pies ni cabeza desde un punto de vista jurídico. Los magistrados Felipe Fuentes, José Luis Vargas, Mónica Soto e Idalfer Infante simplemente le regalaron al Gobernador nuevoleonés con licencia las 16 mil 656 firmas que le faltaban para alcanzar los 866 mil 573 apoyos ciudadanos necesarios para registrar su candidatura. 

Los mismos jueces electorales reconocen en su sentencia (SUP-JDC-186/2018 y su acumulado SUP-
JDC-201/2018) que El Bronco no alcanzó el número de firmas requeridas por la ley y que además cometió graves irregularidades en el proceso de reunir sus apoyos ciudadanos. 

Para muestra un botón: por lo menos 11 mil 748 de sus supuestos apoyos son de personas que aparecen en el “padrón electoral” pero que no fueron incorporados a la “lista nominal” de votantes porque los ciudadanos correspondientes nunca recogieron sus credenciales de elector en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE). 

Es decir, es materialmente imposible que esas personas hubieran expresado su apoyo a Rodríguez Calderón, porque jamás recibieron las credenciales que les permitieran hacerlo. Nos encontramos frente a un indicio contundente de la comisión del delito de tráfico de datos personales, con la probable complicidad de funcionarios del propio INE. Lo mismo ocurre en el caso de Margarita Zavala, quien presentó también 13 mil 358 firmas de personas que nunca recibieron sus credenciales de elector. 

Aun con las evidentes irregularidades en el proceso, los magistrados recurren al argumento espurio de que supuestamente el INE le violó a Rodríguez Calderón sus derechos de audiencia y al debido proceso. 

En su sentencia, los magistrados proceden como sí Rodríguez Calderón fuera víctima de un abuso de poder de parte de los consejeros del INE y que además contara con un derecho inalienable de aparecer en la boleta electoral, aun cuando hubiera hecho trampa. Los jueces olvidan que los verdaderos bienes jurídicos que deben tutelar son la democracia y el estado de derecho. 


Queda perfectamente claro que la decisión fue única y exclusivamente política. Al parecer, alguno de los asistentes a la fiesta de los 70 años de Carlos Salinas de Gortari decidió que la inclusión de Rodríguez Calderón en la boleta electoral ayudaría a restarle unos cuantos votos a Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en el norte del país, y los magistrados actuaron en consecuencia. 

Pero más allá del caso en particular, lo más llamativo de la situación es la exhibición pública de la existencia de un bloque mayoritario de cuatro jueces de consigna en el seno de la Sala Superior del TEPJF. Así como le regalaron suficientes apoyos a Rodríguez Calderón para que pudiera registrar su candidatura, y también se hicieron de la vista gorda con respecto a las graves irregularidades cometidas por Zavala, desde ahora estos cuatro magistrados se preparan para alterar los resultados de la elección presidencial para evitar que López Obrador llegue a Palacio Nacional. 

Recordemos que, de acuerdo con el Artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), le corresponde precisamente a la Sala Superior del TEPJF realizar el cómputo final de la votación para Presidente de la República, declarar la validez de la elección y finalmente entregar la constancia de mayoría al candidato ganador. El INE organiza la elección y divulga los resultados preliminares, pero para la elección presidencial no cuenta con la facultad legal de pronunciar al ganador. 

Es decir, en México la única forma para que un ciudadano pueda llegar a ser Presidente de la República es si cuenta con la venia de por lo menos cuatro magistrados electorales. Ni una participación electoral masiva, ni un margen de victoria de millones de votos, ni enormes movilizaciones callejeras pueden obviar el requisito de también contar con una votación mayoritaria en el TEPJF. 

"No importa quién vota, sino quién cuenta los votos", decía Josef Stalin. Así que lo único que tendrían que hacer Salinas de Gortari y los integrantes de la mafia del poder para garantizar que López Obrador no ocupe la Presidencia de la República es aplicar suficiente presión, por medio de una mezcla de incentivos monetarios y amenazas a la integridad física, para obligar a cuatro magistrados a votar en contra del reconocimiento de la victoria lópezobradorista. 

Pero lo más grave es que, en caso de nulidad de una elección, quien haya tenido su victoria anulada está impedido de participar en la elección extraordinaria inmediatamente posterior. El artículo 41 de la Carta Magna señala explícitamente que “en caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada”. 

Así que si la mayoría de magistrados de consigna decidiera anular el triunfo del tabasqueño, viviríamos de nuevo el escenario del desafuero de López Obrador, como en 2005. Aunque en esta ocasión sería mucho más difícil superar la prohibición para el candidato de Morena, ya que la inhabilitación de su postulación en la segunda vuelta habría sido dictada directamente por la Constitución. 

Con razón los priistas todavía se ven tan optimistas, aun cuando la popularidad de su candidato está por los suelos. Saben bien que si no les salen las cuentas respecto a la compra masiva de votos, la corrupción de funcionarios de casilla y el terrorismo electoral, siempre podrán recurrir al plan B de simplemente tumbar la elección. 

En ese caso “el tigre” evidentemente se despertaría y deambularía por los bosques, las ciudades, los litorales y las universidades del país. La voz de la indignación ciudadana se escucharía en el país entero. Pero ello les preocupa poco a los sectores más autoritarios y retrógradas del país, que simplemente se niegan a aceptar su derrota. Lo único que les importa a los mafiosos es el poder y el dinero, y están dispuestos a hacer casi cualquier cosa para evitar perder sus privilegios. 


Twitter: @JohnMAckerman