ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 11 de junio de 2018

"El coletazo del dinosaurio" (Revista Proceso, 10 de junio, 2018)

John M. Ackerman 

Las encuestas más recientes de Reforma, Parametria y El Financiero colocan a Andrés Manuel López Obrador con una ventaja casi insuperable de entre 20 y 30 puntos porcentuales hacia las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio. El tabasqueño domina a sus dos contrincantes en absolutamente todos los sectores sociales, entre todos los rangos de edad y en cada una de las regiones del país. Ni el fraude electoral más grande jamás visto en la historia de México podría remontar esta enorme desventaja del sistema corrupto. 

Sin embargo, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Lorenzo Córdova y un grupo de los oligarcas más poderosos del país simplemente se niegan a aceptar la derrota. Estos soldados de la continuidad aparentemente están dispuestos a torpedear la campaña del tabasqueño “haiga sido como haiga sido” con el fin de mantener sus privilegios y sus prebendas. 

La masiva realización de llamadas robotizadas con “encuestas” simuladas que atacan y difaman al tabasqueño constituye el capítulo más reciente en una guerra sucia de larga duración que viola flagrantemente la ley y enturbia al proceso electoral. El objetivo de estas llamadas no es solamente alejar a los votantes de López Obrador sino también obstaculizar la realización de nuevas encuestas electorales durante las próximas semanas que podrían ir confirmando la inevitable victoria del candidato de Morena en las elecciones presidenciales. 

Después de recibir varias de estas llamadas amenazantes y difamatorias, el ciudadano difícilmente tendría ganas de responder a las preguntas de un encuestador auténtico que se atreva a marcar por teléfono o a tocar el timbre de su casa. El miedo y el fastidio dictarán que es mejor encerrarse en su domicilio y simplemente no hablar con extraños. Y este proceso de aislamiento voluntario afectaría de manera particularmente fuerte a los allegados de Morena, ya que los ataques están dirigidos específicamente contra ellos. 

Con este operativo, los hombres y las mujeres del sistema buscan alterar artificialmente los resultados de las encuestas y así generar una ventana de oportunidad para poder operar un “fraude patriótico” sin llamar demasiado la atención o pagar costos políticos demasiado altos. Esta jugada no solamente cuenta con muy pocas probabilidades de éxito, sino que también constituye una violación flagrante a la normatividad. Si el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales (FEPADE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no investigan y castigan inmediatamente a los responsables estarán demostrando una vez más que sus abultados presupuestos simplemente no tienen razón de ser. 
Hay cinco maneras en que la masiva realización de llamadas difamatorias viola la ley: 

En primer lugar, nos encontramos frente a una muy probable violación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP). El INAI tendría que realizar una investigación exhaustiva de los números de origen y de destino de cada una de las llamadas para averiguar si no hubiera alguna filtración o venta ilegal de los números personales de millones de clientes de servicios telefónicos. Podríamos encontrarnos frente a un caso de mal uso de datos personales similar al que le metió en serios problemas legales a la empresa Cambridge Analytica en Europa y los Estados Unidos. 

En segundo lugar, tanto la Constitución como las leyes electorales prohíben que la propaganda política utilice calumnias que atribuyan falsamente delitos a partidos o candidatos opositores. La referencia falsa a Nestora Salgado como una supuesta “secuestradora” en un gran número de estas llamadas evidentemente se encuentra fuera de la norma. 

En tercer lugar, la enorme cantidad de dinero requerida para financiar la realización de millones de llamadas desde “call centers” especializados debe ser materia de una investigación inmediata de parte del INE. El gasto fácilmente podría generar un rebase de tope de gasto para las campañas de Anaya y/o Meade, así como también un rebase del límite estricto con respecto al financiamiento privado para las compañas políticas. 

En cuarto lugar, nos encontramos también frente a la probable comisión de un delito electoral que debe ser investigado por la FEPADE. El inciso XVI del artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales impone una multa de cincuenta a cien días y prisión de seis meses a tres años a cualquier persona que “realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio”. Las llamadas evidentemente buscan generar precisamente tanto “temor” como “intimidación” así que le FEPADE estaría obligado a intervenir en el caso. 

Finalmente, entre los cientos de denuncias recopiladas por la iniciativa universitaria “Diálogos por la democracia” (www.dialogosdemocraciaunam.mx) hemos detectado numerosas llamadas realizadas desde números del extranjero, por ejemplo desde Brasil y Grecia. Ello viola claramente la prohibición absoluta en contra de financiamiento desde el extranjero para las campañas políticas en México. 

Estas llamadas son apenas el principio del escalamiento de la guerra sucia durante las últimas semanas de la campaña. Si las instituciones no toman una acción contundente para frenar esta práctica a todas luces ilegal estarán literalmente invitando al PRI y al PAN a que rompan con cualquier semblanza del Estado de derecho en el camino hacia el 1 de julio, algo que podría poner en riesgo la celebración misma de las elecciones presidenciales. 


Twitter: @JohnMAckerman

martes, 29 de mayo de 2018

"Todos somos Nestora" (Revista Proceso, 27 de mayo, 2018)

John M. Ackerman

Los desesperados ataques de José Antonio Meade en contra de Nestora Salgado pintan de cuerpo entero al régimen autoritario que ya se acerca a su fin. Con el propósito de desviar la atención de las enormes corruptelas y los sistemáticos crímenes de lesa humanidad que han marcado este sexenio, Meade se lanza con todo en contra de una valiente mujer, indígena y migrante, quien no ha hecho otra cosa que defender a su pueblo natal de Olinalá, Guerrero, de la delincuencia organizada y luchar a favor de los derechos humanos de todo el pueblo mexicano. 

Quien tendría que estar en la cárcel no es Nestora, sino Meade. Los verdaderos cómplices del crimen organizado no son los policías comunitarios, quienes, amparados por la Ley 701 del estado de Guerrero, defienden la paz y la tranquilidad social, sino los altos funcionarios públicos que encubren a los gobernadores corruptos y promueven la utilización del presupuesto federal para financiar campañas electorales. 

Meade es la cara viviente del privilegio, la impunidad y el abuso de poder. El candidato de Enrique Peña Nieto nació en el seno de una familia de elite cuya fortuna proviene de sus amplios vínculos con destacados políticos tanto del PRI como del PAN. Estas redes de poder le permitieron a Meade ingresar y sufragar las colegiaturas astronómicas de escuelas como el ITAM y Yale. Y fue gracias a estos mismos contactos, y no por algún mérito propio o capacidad académica especial, que el ahora candidato del PRI a la Presidencia de la República logró ir escalando de puesto en puesto dentro de la administración pública federal. 

No es la lucha sino el champán lo que define el actuar del ex-secretario de Hacienda tanto de Felipe Calderón como de Peña Nieto. No es la valentía sino la comodidad lo que caracteriza la vida y la perspectiva política del gran encubridor de los saqueos de las últimas dos décadas (véase mi análisis reciente en estas mismas páginas sobre “Meade: el chapulín encubridor”: https://bit.ly/2q6vW9Q). 
En contraste, Salgado es un ejemplo a seguir. Su único pecado fue indignarse frente a la brutal violencia y criminalidad que todos los días carcomen el tejido social, las instituciones públicas y la economía popular en la hermosa región de La Montaña de Guerrero. 

Después de una ardua lucha personal como migrante en los Estados Unidos, Nestora ya había logrado el “sueño americano”. Había adquirido la nacionalidad estadounidense y vivía en Seattle en la bella Costa del Pacífico en el Estado de Washington. Sin embargo, en lugar de descansar, olvidarse de su pasado y enfocarse en su bienestar propio, Nestora decidió regresar a casa para sumarse a la lucha colectiva por la justicia en su pueblo natal. 

El fondo del problema de la violencia en Olinalá, y en todo Guerrero, es que el crimen no solamente es encubierto y tolerado por el gobierno, sino muchas veces directamente “organizado” por los políticos, del PRI y el PRD. 

Nestora relata, por ejemplo, que las agresiones en su contra empezaron cuando la Policía Comunitaria a su cargo decidió indagar más allá de los crímenes comunes para también seguir la pista de políticos y empresarios corruptos de la localidad. Los comunitarios detuvieron a un comerciante de carne clandestina, investigaban los posibles nexos de la administración municipal de Olinalá a cargo de Eusebio González con el narcotráfico, descubrieron redes de prostitución infantil, e incluso tuvieron la osadía de encarcelar al síndico Armando Patrón Jiménez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos personas en el poblado de Huamuxtitlán. 

Fue en ese momento cuando inició el contraataque desde el narcopoder, estatal y federal, que llevó al encarcelamiento injusto de Salgado como uno de las presas políticas más importantes del sexenio de Peña Nieto. Se le acusó de “secuestrar” a un grupo de mujeres detenidas por la Policía Comunitaria, pero las supuestas “víctimas” jamás se presentaron a declarar ante el juez y Nestora quedó exculpada de todos y cada uno de los cargos en su contra. 

En una conferencia de prensa celebrada el pasado martes, 22 de mayo, Nestora respondió con gran dignidad y elocuencia a las calumnias de Meade. Le preguntó al candidato priista si él alguna vez “ha acompañado a levantar un cuerpo despedazado, que si ha acompañado a una madre, que si ha visitado esos pueblos donde no tienen para comer tres veces al día y que si ha visitado a esos campesinos a los que se les ha abandonado”. 

Nestora continuó: “Quiero decir que me indigna cómo estos dos candidatos del PRI y del PAN con esas palabras huecas hablan de los migrantes, qué saben ellos de cruzar la frontera para trabajar, qué saben ellos de dejar sus familias con ese dolor, dejar a sus hijos llorando”. 

Y finalmente remató: “Rechazo definitivamente la acusación que me está haciendo públicamente en cadena nacional, exponiéndome y poniéndome en peligro, y hago de conocimiento público que esa misma noche después de que declaró eso en cadena nacional a la casa de mi hija fueron a tirar balazos. Así ese señor está poniendo en riesgo de toda mi familia, de mis hijos y de mis compañeros”. 

Entonces, quien debe tener la conciencia intranquila no es Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido demuestra gran entereza apoyando a alguien como Nestora como candidata al Senado de la República; es Meade, quien con sus declaraciones pone en riesgo la vida no solamente de Nestora sino de todos los luchadores sociales del país. 

Ya basta. Los mexicanos demandamos paz, libertad y justicia. Este 1 de julio todos tenemos la responsabilidad histórica de expresar este profundo anhelo de manera pacífica en las urnas. 


Twitter: @JohnMAckerman

lunes, 14 de mayo de 2018

"'Magia' priista" (Revista Proceso, 13 de mayo, 2018)

John M. Ackerman 

En el “relanzamiento” de la campaña presidencial de José Antonio Meade el pasado 6 de mayo, Emilio Gamboa exclamó eufórico, en entrevista con el periodista Enrique Méndez de La Jornada: “Hay tiempo para ganar. ¡El partido es mágico!”. Tiene razón el coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Décadas de experiencia con la alquimia electoral han convertido los dirigentes del viejo partido de Estado en verdaderos magos del fraude. 

“Con poquito, pero vamos a ganar”, declaró el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Armando Neyra, confiado en que la mezcla perfecta de operación clientelar, acarreo delincuencial, violencia política y guerra sucia funcionarán para colocar a Meade en Los Pinos el próximo 1 de julio. Efectivamente, Meade ha citado numerosas veces los fraudes perpetrados el año pasado en Coahuila y el Estado de México como “ejemplos” a seguir rumbo a la Presidencia de la República. 

El senador priista Manuel Cavazos fue más preciso en su argumentación, también en entrevista con Enrique Méndez el mismo domingo 6: “Las elecciones se ganan en la casilla y para llenar ese hueco, ese bache, esa distancia entre la casa y la casilla se necesita mucha organización y estructura, y eso sólo lo tiene el PRI”. Cavazos después remataría: “Las encuestas se hacen en casa. Y si le preguntan, usted dice por quién piensa votar. Ah, pero que ese día se levante a votar, deje el futbol y la fiesta, eso es otra cosa, y eso no lo toman en cuenta.” 

Queda perfectamente clara la estrategia del PRI. Gastarán millones de dólares, euros y pesos al margen de la ley para, por un lado, movilizar legiones de ciudadanos vulnerables por medio de operativos ilegales de acarreo de votantes y, por otro lado, desmovilizar a los simpatizantes de sus adversarios por medio de la intimidación, el miedo y la distracción. De manera complementaria, el régimen también utilizará amenazas directas y estrategias de cooptación, la fórmula clásica de “plata o plomo”, tanto para ahuyentar los representantes de casilla de Morena como para domar a los ciudadanos funcionarios de casilla que pudieran atreverse a denunciar las irregularidades. 

Tal y como lo ha documentado el periodista Salvador García Soto (véase: https://bit.ly/2rrvXov) el PRI sabe que es suficiente con ejercer un control absoluto sobre un 10% o 15% de las 155 mil casillas electorales, sobre todo las ubicadas en las zonas rurales más marginadas del país. Si logran retacar estas casillas con boletas electorales a su favor, y anular las de López Obrador, podrán compensar por la enorme pérdida de votos que seguramente sufrirán en las zonas urbanas. 

Y si por alguna razón estas estrategias no surtieran efecto, siempre queda el último recurso: la muerte. En el “relanzamiento” del 6 de mayo, Meade convocó a los militantes del PRI a “jugársela a muerte para defender lo que creemos en este país”. Justo el día anterior, el periodista Ricardo Alemán había lanzado vía Twitter una invitación pública a los seguidores de López Obrador para que acabaran con la vida del tabasqueño. Ese mismo sábado, 5 de mayo, fue asesinado el candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Tenango del Aire, Addiel Zermann de 39 años, en el Estado de México. 

El PRI se niega a aceptar su derrota. Al parecer, el viejo partido de Estado está dispuesto a cualquier cosa con tal de no soltar el poder. El “haiga sido como haiga sido” de Felipe Calderón podría llegar a ser peccata minuta en comparación con el megafraude que tienen planeado los PRIANistas contemporáneos. 

López Obrador ha ganado la primera fase de la batalla: la lucha en la opinión pública por colocarse como el probable ganador el 1 de julio. En contraste con 2012, todas las encuestas ahora colocan a AMLO con una enorme ventaja sobre sus rivales. Hasta los periodistas de Televisa y de Milenio han tenido que bajarse de su pedestal y por lo menos fingir su respeto hacia el tabasqueño. 

Sin embargo, la euforia obradorista tiene el riesgo de obnubilar la razón de sus simpatizantes. Pareciera como si de la noche a la mañana, por arte de magia, México se hubiera convertido en una auténtica democracia electoral en la que los mejores candidatos y los políticos más populares accedieran a los cargos públicos. 

La recta final es siempre lo más difícil en cualquier carrera y el actual proceso electoral no es ninguna excepción. Si Morena no logra inhibir y desarticular la enorme movilización ilegal que tendrá lugar en los distritos más vulnerables y marginados del país, difícilmente podrá cantar victoria la noche del 1 de julio. 

Los ciudadanos también tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad histórica. El próximo 31 de mayo se cierra el plazo para registrarse como observadores electorales ciudadanos. Solamente los ciudadanos debidamente acreditados por el Instituto Nacional Electoral como observadores podrán vigilar las casillas durante la jornada electoral y también atestiguar personalmente el conteo de los votos y el llenado de las actas durante la noche del 1 de julio. 

El trámite es sumamente sencillo. Solamente hay que acudir a cualquier módulo del INE con su credencial de elector y dos fotografías en mano (para mayor información, véase: http://dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx/participa/). 

Esperemos que cientos de miles de ciudadanos decidan participar directamente en la defensa de la legalidad y la democracia durante estos comicios históricos. De lo contrario, que la nación nos lo demande. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso no. 2167
(c) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

martes, 1 de mayo de 2018

"Salinas reloaded" (Revista Proceso, 29 de abril, 2018)

John M. Ackerman 

El formato del primer debate presidencial entretuvo a los televidentes, pero obstaculizó una discusión a fondo sobre los grandes problemas nacionales. El limitado tiempo para las intervenciones y las réplicas de los candidatos no permitió un adecuado desarrollo de las propuestas. Fue un gran espectáculo mediático, una serie de spots alargados, que se quedó muy corto con respecto a la formación cívica de la población. 

Se contabilizaron más de 50 ataques directos hacia Andrés Manuel López Obrador durante el debate. Quienes critican al tabasqueño por supuestamente no responder a esta andanada de agresiones evidencian su mala fe. Si el tabasqueño se hubiera dedicado a responder puntualmente a cada uno de los ataques, no hubiera tenido tiempo para desarrollar ninguna propuesta propia. 

López Obrador hizo lo correcto. En lugar de distraerse con la guerra de lodo que le proponían los otros cuatro candidatos, se dirigió directamente a los mexicanos para exponer sus iniciativas. Mientras la jauría evidenciaba su pequeñez y su obsesión personal con el candidato de Morena, López Obrador demostró gran altura al demostrar su sincera preocupación con la resolución de los graves problemas de la nación. 

En contraste, la pronunciada agresividad de Anaya lo pintó de cuerpo entero. El candidato panista busca tapar su enorme inexperiencia e incapacidad políticas con descalificaciones hacia el puntero en las encuestas. 

Es importante recordar que la carrera política de Anaya es aún más gris que la de Margarita Zavala. De 2003 hasta 2009 fungió como Secretario Particular del Gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón. Después llegaría a ser diputado local y diputado federal del PAN, ambos por la vía plurinominal. También trabajó durante algunos meses como Subsecretario de Planeación Turística durante el gobierno de Felipe Calderón. 

Posteriormente, Anaya llegaría a ser Presidente del PAN y candidato presidencial de la Coalición “Por México al Frente” no por que tuviera algún mérito especial, sino por su enorme habilidad para darle la espalda a sus amigos y establecer arreglos corruptos con el poder. Después de traicionar al pueblo mexicano con su apoyo a las “reformas estructurales” de Enrique Peña Nieto, Anaya procedió a traicionar también a sus colegas de partido con tal de imponer su candidatura presidencial. 

Anaya hoy ataca a López Obrador, pero también roba y fusila sus propuestas. Dice que le indignan las injusticias, que se despertará temprano y que luchará en contra de la corrupción de la clase política. En general, el objetivo del panista es intentar presentarse, con gran hipocresía y cinismo, como la verdadera “oposición” y como un líder “moderno”, cuando él es uno de los principales responsables por la actual crisis política, económica y social que desgarra la nación. 

Si Anaya realmente fuera de la oposición, dirigiría sus ataques en contra de Peña Nieto, Meade, Calderón y Zavala, en lugar de lanzarse constantemente en contra de López Obrador. Si Anaya fuera un líder auténtico, incorporaría nuevas voces en su campaña, en lugar de reciclar los mismos dinosaurios de siempre, como Diego Fernández de Cevallos y Jorge Castañeda. 

Anaya se parece a otro maestro de la traición y el engaño: Carlos Salinas de Gortari. En 1988, Salinas tampoco contaba con gran experiencia ni importantes logros en su carrera política antes de lograr la candidatura presidencial del PRI. El “innombrable” también basó su campaña en el concepto de la “modernidad” y el “futuro”, y terminó imponiéndose en la Presidencia de la República por medio de la violencia y el fraude. 

Han pasado exactamente treinta años desde aquella elección tan fatídica y hoy todavía estamos pagando los enormes costos de la mentira de la supuesta “modernidad” Salinista, la cual resultó ser la más perfecta continuidad del mismo cinismo y saqueo priista de siempre. 

¿En realidad queremos que llegue otro joven ambicioso, corrupto, reaccionario y traidor a Los Pinos? ¿Los mexicanos somos en realidad tan masoquistas? 

Afortunadamente, todo parece indicar que las nuevas generaciones están decididas a no repetir los errores de sus padres. Quieren que su futuro se llene de esperanza en lugar de constantes crisis. Están decididos a hacer todo lo que esté a su alcance para evitar que los próximos treinta años sean tan desastrosos como los últimos treinta. 

A los demás nos toca apoyarles a los y las jóvenes para que puedan llevar a buen puerto su importante misión histórica este próximo 1 de julio. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso, No. 2165
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

domingo, 15 de abril de 2018

"Estalinismo electoral" (Revista Proceso, 15 de abril, 2018)

John M. Ackerman 

La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordena la incorporación de Jaime Rodríguez Calderón a la boleta presidencial no tiene pies ni cabeza desde un punto de vista jurídico. Los magistrados Felipe Fuentes, José Luis Vargas, Mónica Soto e Idalfer Infante simplemente le regalaron al Gobernador nuevoleonés con licencia las 16 mil 656 firmas que le faltaban para alcanzar los 866 mil 573 apoyos ciudadanos necesarios para registrar su candidatura. 

Los mismos jueces electorales reconocen en su sentencia (SUP-JDC-186/2018 y su acumulado SUP-
JDC-201/2018) que El Bronco no alcanzó el número de firmas requeridas por la ley y que además cometió graves irregularidades en el proceso de reunir sus apoyos ciudadanos. 

Para muestra un botón: por lo menos 11 mil 748 de sus supuestos apoyos son de personas que aparecen en el “padrón electoral” pero que no fueron incorporados a la “lista nominal” de votantes porque los ciudadanos correspondientes nunca recogieron sus credenciales de elector en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE). 

Es decir, es materialmente imposible que esas personas hubieran expresado su apoyo a Rodríguez Calderón, porque jamás recibieron las credenciales que les permitieran hacerlo. Nos encontramos frente a un indicio contundente de la comisión del delito de tráfico de datos personales, con la probable complicidad de funcionarios del propio INE. Lo mismo ocurre en el caso de Margarita Zavala, quien presentó también 13 mil 358 firmas de personas que nunca recibieron sus credenciales de elector. 

Aun con las evidentes irregularidades en el proceso, los magistrados recurren al argumento espurio de que supuestamente el INE le violó a Rodríguez Calderón sus derechos de audiencia y al debido proceso. 

En su sentencia, los magistrados proceden como sí Rodríguez Calderón fuera víctima de un abuso de poder de parte de los consejeros del INE y que además contara con un derecho inalienable de aparecer en la boleta electoral, aun cuando hubiera hecho trampa. Los jueces olvidan que los verdaderos bienes jurídicos que deben tutelar son la democracia y el estado de derecho. 


Queda perfectamente claro que la decisión fue única y exclusivamente política. Al parecer, alguno de los asistentes a la fiesta de los 70 años de Carlos Salinas de Gortari decidió que la inclusión de Rodríguez Calderón en la boleta electoral ayudaría a restarle unos cuantos votos a Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en el norte del país, y los magistrados actuaron en consecuencia. 

Pero más allá del caso en particular, lo más llamativo de la situación es la exhibición pública de la existencia de un bloque mayoritario de cuatro jueces de consigna en el seno de la Sala Superior del TEPJF. Así como le regalaron suficientes apoyos a Rodríguez Calderón para que pudiera registrar su candidatura, y también se hicieron de la vista gorda con respecto a las graves irregularidades cometidas por Zavala, desde ahora estos cuatro magistrados se preparan para alterar los resultados de la elección presidencial para evitar que López Obrador llegue a Palacio Nacional. 

Recordemos que, de acuerdo con el Artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), le corresponde precisamente a la Sala Superior del TEPJF realizar el cómputo final de la votación para Presidente de la República, declarar la validez de la elección y finalmente entregar la constancia de mayoría al candidato ganador. El INE organiza la elección y divulga los resultados preliminares, pero para la elección presidencial no cuenta con la facultad legal de pronunciar al ganador. 

Es decir, en México la única forma para que un ciudadano pueda llegar a ser Presidente de la República es si cuenta con la venia de por lo menos cuatro magistrados electorales. Ni una participación electoral masiva, ni un margen de victoria de millones de votos, ni enormes movilizaciones callejeras pueden obviar el requisito de también contar con una votación mayoritaria en el TEPJF. 

"No importa quién vota, sino quién cuenta los votos", decía Josef Stalin. Así que lo único que tendrían que hacer Salinas de Gortari y los integrantes de la mafia del poder para garantizar que López Obrador no ocupe la Presidencia de la República es aplicar suficiente presión, por medio de una mezcla de incentivos monetarios y amenazas a la integridad física, para obligar a cuatro magistrados a votar en contra del reconocimiento de la victoria lópezobradorista. 

Pero lo más grave es que, en caso de nulidad de una elección, quien haya tenido su victoria anulada está impedido de participar en la elección extraordinaria inmediatamente posterior. El artículo 41 de la Carta Magna señala explícitamente que “en caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada”. 

Así que si la mayoría de magistrados de consigna decidiera anular el triunfo del tabasqueño, viviríamos de nuevo el escenario del desafuero de López Obrador, como en 2005. Aunque en esta ocasión sería mucho más difícil superar la prohibición para el candidato de Morena, ya que la inhabilitación de su postulación en la segunda vuelta habría sido dictada directamente por la Constitución. 

Con razón los priistas todavía se ven tan optimistas, aun cuando la popularidad de su candidato está por los suelos. Saben bien que si no les salen las cuentas respecto a la compra masiva de votos, la corrupción de funcionarios de casilla y el terrorismo electoral, siempre podrán recurrir al plan B de simplemente tumbar la elección. 

En ese caso “el tigre” evidentemente se despertaría y deambularía por los bosques, las ciudades, los litorales y las universidades del país. La voz de la indignación ciudadana se escucharía en el país entero. Pero ello les preocupa poco a los sectores más autoritarios y retrógradas del país, que simplemente se niegan a aceptar su derrota. Lo único que les importa a los mafiosos es el poder y el dinero, y están dispuestos a hacer casi cualquier cosa para evitar perder sus privilegios. 


Twitter: @JohnMAckerman

martes, 3 de abril de 2018

"Elecciones históricas" (Revista Proceso, 1 de abril, 2018)

John M. Ackerman 

Las elecciones del domingo, 1 de julio tendrán lugar en exactamente tres meses. En 91 días se celebrará uno de los comicios más importantes en la historia de México. No sólo se disputarán más de 18,000 cargos públicos (desde miles de regidores municipales hasta la Presidencia de la República) sino que también el pueblo mexicano tendrá la oportunidad de enviar un mensaje al mundo con respecto a su dignidad republicana, su capacidad organizativa y su consciencia social. 

¿Somos tan pacientes, pasivos y desorganizados como dictan los estereotipos de Hollywood sobre los mexicanos? ¿O seremos capaces de llevar a cabo una enorme revolución silenciosa en las urnas para botar a los corruptos y defender la soberanía nacional? 

La moneda todavía está en el aire. 

Durante las próximas semanas, el gobierno y los medios del régimen harán todo lo posible por desalentar la participación ciudadana y desanimar a los potenciales votantes. “Todos son iguales”, nos dirán. “No salgas a la calle porque podría haber problemas”, advertirán, “mejor quédate en casa con el futbol y los amigos”. Hará falta mucha valentía y perspicacia ciudadana para poder romper con las intensas campañas de desinformación, miedo y distracción que nos esperan en los próximos días. 

En general, la tasa de participación electoral en México deja mucho que desear. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 2006 solamente votó 58.5 por ciento de la lista nominal. En 2012, la participación subió un poco, pero aun así solamente emitió su sufragio 63 por ciento de los potenciales votantes. Durante las elecciones legislativas “intermedias” de 2009 y 2015, cuando no hubo elección presidencial, la tasa fue aún más baja, de 44 y 47 por ciento respectivamente. En las elecciones para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en 2016, solamente votó 28 por ciento de los electores. 

Lamentablemente, el grupo demográfico que menos vota son los jóvenes. En particular, el grupo de personas entre 20 a 29 años son quienes demuestran menor interés en participar en la elección de sus gobernantes, con una participación de solamente 53 por ciento en 2012 y de apenas 36 por ciento al nivel nacional en 2015, de acuerdo con estudios realizados por el Instituto Nacional Electoral (INE). 

Con respecto a los géneros, las mujeres mexicanas suelen participar mucho más que los hombres. En las últimas elecciones presidenciales en 2012, por ejemplo, votaron 66% de las mujeres y solamente 58% de los hombres, una brecha de 8 puntos porcentuales. 

Cuando cruzamos los variables de género y de edad queda aún más claro la radiografía. Quienes más votan son las mujeres de entre 50 y 59 años, 75% en las últimas elecciones presidenciales de 2012, y quienes menos votan son los varones de entre 20 y 29 años de edad, sólo 47% en el mismo año, lo cual significa una brecha de 27 puntos porcentuales. 

La baja participación entre los jóvenes, y en particular entre los hombres de 20 a 29 años, es preocupante porque en 2018 los jóvenes constituyen un enorme porcentaje de quienes podrán votar. 88 millones de ciudadanos mexicanos hoy cuentan con su credencial de elector. 26 millones de ellos, casi 30%, son jóvenes menores a 30 años. Y 15 millones, 17% del total, son jóvenes menores a 25 años para los cuales esta será su primera elección presidencial. 


Recordemos que el sufragio universal, en que todos los mayores de edad pueden votar, es un fenómeno reciente que ha sido la consecuencia de largas luchas sociales a favor de la justicia y la paz. En México, por ejemplo, fue hasta 1953 que las mujeres ganaron el derecho al voto. 

El voto es una conquista histórica de gran importancia que es incluso obligatorio de acuerdo con nuestra Constitución. El inciso III del artículo 36 de la Carta Magna indica que “votar en las elecciones y en las consultas populares” es una “obligación” de todos los ciudadanos mexicanos. Lamentablemente, no todos ejercen este derecho con la misma responsabilidad y consciencia. 

La buena noticia, sin embargo, es que a diferencia de las dos elecciones presidenciales pasadas, hoy nadie promueve el voto en blanco o el boicot electoral. 

El Congreso Nacional Indígena (CNI), por ejemplo, llegó incluso a lanzar una precandidata a la Presidencia de la República, María de Jesús Patricio “Marichuy”, quien hizo un trabajo muy importante recorriendo todo el país. 

Y muchos de quienes antes defendían al voto en blanco, como Denise Dresser o Emilio Álvarez Icaza, hoy apoyan a la coalición “Por México al frente” y las aspiraciones presidenciales de Ricardo Anaya. 

Otros políticos, como Andrés Manuel López Obrador, también han recibido el apoyo de un gran número de organizaciones sociales, activistas y líderes de opinión que en otros momentos han mostrado cierto escepticismo sobre los procesos electorales. 

En general, ha surgido un gran consenso social con respecto a la importancia de participar en las elecciones de 2018. Y no es para menos. Los resultados electorales del próximo 1 de julio marcarán por décadas, para bien o para mal, la historia de México. 

Todos los ciudadanos tenemos la obligación de preguntarnos qué papel queremos jugar en esta coyuntura tan importante y actuar en consecuencia. Como escribió Dante Alighieri: “Los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que en tiempos de crisis moral mantienen su neutralidad” 


Twitter: @JohnMAckerman 

martes, 20 de marzo de 2018

"Debates y valentía" (Revista Proceso, 18 de marzo, 2018)

John M. Ackerman 

Si Ricardo Anaya y José Antonio Meade realmente fueran tan valientes como dicen ser, no estarían buscando desesperadamente un debate con Andrés Manuel López Obrador dentro de un cómodo set televisivo manejado por uno de sus socios, sino que se lanzarían a los municipios más recónditos del país para dialogar y debatir con los millones de víctimas de la carestía, la corrupción y la violencia generadas por las políticas neoliberales impuestas desde hace décadas por los dos partidos que los impulsan: el PRI y el PAN. 

Es ahí, con los más marginados, donde los candidatos presidenciales tendrían que demostrar de manera directa su valentía, su apertura y su sensibilidad. Es ahí, con los ciudadanos más vulnerables, donde los aspirantes a Los Pinos deberían evidenciar su capacidad de escuchar, de proponer soluciones y de recibir críticas. 

López Obrador tiene casi dos décadas recorriendo al país visitando a todos y cada uno de los municipios de México, desde los más adinerados hasta los más olvidados. En cada parada tiene la oportunidad de escuchar las esperanzas y tomar en cuenta los reclamos de la gente. Y en cada visita expone su vida y su integridad física, ya que camina sin escoltas ni protección especial, confiado en que el mismo pueblo lo protege. 

Anaya y Meade, en contraste, sólo participan en reuniones estrictamente controladas, llenas de acarreados y rodeados de escoltas. Y cuando se atreven a participar en eventos con una población más abierta son fuertemente repudiados y abucheados, como cuando Meade tomó el micrófono la semana pasada en el evento de Omnilife en el estadio de las Chivas (véase: http://bit.ly/2FBDDia). 

Anaya de plano decidió escaparse del país durante el periodo de intercampañas. Prefirió cómodas reuniones en los despachos de Janet Napolitano, en California, y de Angela Merkel, en Berlin, a enfrentar los reclamos y los cuestionamientos del pueblo mexicano. Llama poderosamente la atención a quienes Anaya haya escogido como sus interlocutoras internacionales. Como Secretaria de Seguridad de la Patria de Barack Obama, Napolitano fue responsable por la expulsión de cientos de miles de mexicanos del país vecino, uno de los éxodos forzados más grandes en la historia reciente. 



Merkel tampoco es un ejemplo a seguir. La eterna canciller alemana tiene 13 años como la principal promotora del recrudecimiento de las políticas neoliberales en Europa. Ella fue responsable, por ejemplo, por la derrota de las innovaciones en materia de política económica originalmente propuestas, en 2015, por el nuevo gobierno de Grecia encabezado por Alex Tsipras y su partido Syriza. 

El “cobarde” entonces no es López Obrador, quien todos los días dialoga, debate y comparte el pan con el pueblo mexicano, sino los dos gemelos del PRIAN, quienes tienen las colas tan largas que solamente se sienten a gusto después de una larga sesión de maquillaje y con el correcto ajuste de luces en un set televisivo manejado por un locutor cuya lengua haya sido ajustada previamente por millones de pesos del presupuesto gubernamental. 

Por otro lado, es importante señalar que el reciente fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de ninguna manera “autoriza” la celebración de debates entre los candidatos durante el periodo de precampañas. Aunque los mismos magistrados electorales hayan promovido, de manera sospechosa, la desinformación sobre el tema (véase: http://bit.ly/2IemqsC), lo que en realidad resolvieron el pasado 9 de marzo fue simplemente revocar la validez de una carta que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) había enviado en respuesta a una consulta realizada por el Partido Morena con respecto a las reglas del juego durante el periodo de intercampañas. 

En esa carta, el INE de ninguna manera “prohibía” la realización de debates, sino que solamente les sugería a los partidos que los candidatos a elección popular no participaran en debates públicos, ya que con ello fácilmente podrían llegar a trastocar la prohibición absoluta contenida en la ley de realizar campañas entre el 11 de febrero y el 30 de marzo. 

El hecho de que el TEPJF haya ahora anulado los efectos legales de la carta del INE, utilizando argumentos estrictamente formales con respecto al alcance de las facultades del Consejo General, de ninguna manera implica que los magistrados electorales ahora impulsen o “dan luz verde” a la realización de debates públicos entre los candidatos en el periodo de intercampañas. 

La argumentación de fondo de la carta del INE se mantiene totalmente vigente. El candidato que hoy participe en un debate público pone en riesgo la validez tanto de su registro como de su eventual victoria, ya que el contenido y la forma de sus intervenciones durante un debate televisado fácilmente podrían ser calificados posteriormente como actos anticipados de campaña por las autoridades correspondientes. 

Insistir hoy en la realización de un debate público televisado durante el periodo de intercampañas, como lo han hecho Meade y Anaya, revela entonces una evidente falta de respeto a la legalidad en materia electoral. Al rehusarse a caer en la provocación de los candidatos del PRIAN, López Obrador una vez más demuestra que él es el candidato que en realidad más defiende la institucionalidad democrática y el Estado de derecho. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No.2158
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