ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

martes, 6 de febrero de 2018

"Obama tiene la culpa" (Revista Proceso, 4 de febrero, 2018)

John M. Ackerman

Donald Trump es un neofascista y un racista que odia a los mexicanos. Está utilizando la frágil situación migratoria de los cientos de miles de dreamers, jóvenes migrantes que no cuentan con residencia legal pero que llegaron a Estados Unidos de niños, para chantajear a los diputados y senadores del Partido Demócrata a fin de que financien el muro multimillonario en la frontera con México y permitan la expulsión masiva de migrantes, así como la separación de sus familias.

El magnate neoyorquino merece todo nuestro repudio como mexicanos desde ambos lados del Río Bravo. Sin embargo, también es importante reconocer que la situación actual no surgió de la nada, sino que es producto de la desidia y la traición de Barack Obama, Hillary Clinton y todos los demócratas a la causa de los migrantes cuando ellos tenían las riendas del poder en las manos.

Obama nunca fue amigo de México o los mexicanos. El expresidente y su canciller siempre dieron un espaldarazo cómplice y ciego a los gobiernos corruptos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Obama también deportó a más de 3 millones de inmigrantes durante sus ocho años en la Casa Blanca, más que cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos. No por nada ganó el mote de “Deportador-en-Jefe” entre la comunidad de defensores de los derechos de migrantes.

Obama también demostró su desprecio hacia los migrantes cuando dejó que se muriera el Dream Act, que hubiera legalizado formalmente a cientos de miles de jóvenes mexicanos. Sobre todo durante los primeros dos años de su administración, cuando el Partido Demócrata controlaba la Cámara de Representantes entre 2008 y 2010, Obama pudo haber aprobado esta ley aun por encima de la oposición del Partido Republicano. Sin embargo, el presidente prefirió utilizar la popularidad y el poder político del que gozaba al principio de su administración para empujar otros temas de política interior y exterior. A los migrantes se les informaba que tenían que esperar en la fila.



Sin embargo, de manera hipócrita, cuando Obama temía perder su reelección en 2012 de repente se dio cuenta de que debía hacer algo para garantizar el voto de los “hispanos”, el término que se utiliza en Estados Unidos para referirse a todos los residentes que tengan alguna ascendencia latinoamericana. De lo contrario, indignado por el maltrato por su administración, este sector podría haberlo abandonado y ejercido un voto de castigo en su contra.

Así que unos meses antes de las elecciones de noviembre de 2012, Obama se sacó de la manga un nuevo programa, el ahora famoso Deferred Action for Children Arrivals (DACA), que ofrecía algunas protecciones estrictamente temporales a una parte de la comunidad de los dreamers. Este programa generó gran esperanza y expectativa entre la comunidad migrante, pero en realidad no fue más que atole con el dedo. En lugar de empujar la aprobación por el Congreso de la Unión de una ley que legalizaría formalmente a los jóvenes migrantes, Obama prefirió la ruta más rápida y mediática de aplicar directamente una “acción ejecutiva” en junio de 2012, con el fin de acarrear el apoyo de esta comunidad a la víspera de las elecciones.

Funcionó la estrategia. Obama ganó su reelección en gran medida por el enorme apoyo que recibió de la población latina y de los mexicanos en particular. De acuerdo con la encuesta de salida de The New York Times, en noviembre de 2012, 71% de los latinos votaron por Obama en 2012, 4% más que en su primera elección de 2008.

Algunos esperaban que Obama devolviera el favor del apoyo electoral latino con nuevas reformas para ahora sí legalizar plenamente a los 11.5 millones de inmigrantes que hoy viven y trabajan sin papeles en Estados Unidos. Pero en su segundo mandato Obama de nuevo traicionó la esperanza de los indocumentados y jamás se materializó sus constantes promesas de “arreglar el descompuesto sistema de migración”.

Es Obama entonces quien tiene la culpa de que Trump ahora pueda utilizar a los dreamers y el programa DACA como moneda de cambio para lanzar un ataque descarnado en contra de México y los mexicanos. Es cierto que hace unos días los demócratas en el Congreso hicieron un esfuerzo simbólico para defender a los dreamers, negándose a aprobar el presupuesto federal y generando una clausura general de las oficinas gubernamentales durante un par de días. Sin embargo, esta dignidad legislativa duró muy poco; los principales líderes demócratas rápidamente cedieron a las presiones de Trump y suspendieron su protesta.

Con enorme hipocresía, Trump ahora ofrece un “camino hacia la legalización” para 1.8 millones de migrantes en un futuro lejano, en un periodo de 10 a 15 años, a cambio de la aplicación inmediata de una serie de medidas antimigrantes: la construcción del muro, el fin a los permisos de reunificación familiar y un aumento en las deportaciones de los casi 9 millones de migrantes que no estarían cubiertos por el nuevo programa.

¿Morderán los demócratas el anzuelo? ¿Se dejarán engañar por las mentiras de Trump sobre su fingido compromiso con los migrantes supuestamente “bien portados” hacia el futuro a cambio de otorgar su permiso en el presente para literalmente disparar en contra de todos los otros migrantes supuestamente “mal portados”?

Todo parece indicar que así será el lamentable desenlace. En este caso, se confirmaría una vez más que no solamente México, sino también Estados Unidos requieren de una profunda transformación en su sistema político. Una victoria electoral para el Partido Demócrata en las elecciones legislativas de 2018 o en las próximas elecciones presidenciales, en 2020, no resolverá el problema sino que solamente serviría para consolidar la hipocresía institucionalizada.

Tanto al norte como al sur del Río Bravo, la simple “alternancia” no es suficiente. En Washington también habría que apostarle a un verdadero cambio de régimen.


Twitter: @JohnMAckerman

lunes, 22 de enero de 2018

"Se tambalea el registro del PRI" (Revista Proceso, 21 de enero, 2018)

John M. Ackerman

El pasado 10 de enero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) anunció con bombo y platillo que había descubierto, seis años tarde, una compleja trama utilizada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para triangular enormes cantidades de recursos ilegales hacia las campañas de 2012. Específicamente, se detectó que una sola empresa fantasma al servicio de la campaña de Enrique Peña Nieto, Logística Estratégica Asismex, manejó libremente la friolera de mil 400 millones de pesos durante aquel proceso electoral sin reportar un solo peso ni a la autoridad electoral ni a las autoridades hacendarias. 

Este monto sería adicional a los millones de pesos que ya sabemos se manejaban también por medio de las conocidas tarjetas Monex y Soriana durante el mismo año. 

Sin embargo, en lugar de llegar al fondo de esta situación sumamente irregular, los consejeros de repente decidieron frenar su investigación y cerrar el expediente con la aplicación de un par de multas estrictamente simbólicas. De los mil 400 millones de pesos, el INE solamente multó al PRI por no reportar pagos por la cantidad de 16 millones de pesos, recursos entregados cuatro días antes de la elección a personas que estaban formalmente acreditados como representantes de casilla. 

El mismo día del pago de los 16 millones, también se realizó una dispersión de otros 47 millones de pesos desde las mismas cuentas, pero a otras personas no formalmente registrados con el INE como representantes del PRI. Cualquier persona en su sano juicio deduciría que estos otros gastos también tendrían que haber sido para fines de la campaña electoral, para comprar votos y movilizar las bases del PRI, aunque no hayan sido depositados directamente en las cuentas de personas formalmente registradas ante el INE como operadores del partido. Pero el INE, al parecer, carece precisamente del juicio necesario y prefirió encubrir e ignorar la realidad. 

Los consejeros también tuvieron el cinismo de multar simultáneamente a la Coalición Movimiento Progresista, que había postulado a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, porque aparentemente unas cuantas personas que recibían dinero de la empresa Asismex, por medio de tarjetas de Bancomer, estaban acreditados como representantes de casilla de esta coalición. 

Aquí la interpretación lógica sería que estas personas recibían este recurso como soborno para incumplir sus tareas con López Obrador. O, en su caso, serían personas infiltradas entre las filas Obradoristas desde el principio del proceso electoral. No se entendería de otra manera porque estas personas recibieron exactamente el mismo pago, por la misma vía y de la misma “empresa” que los miles de operadores priistas acreditados. 

Pero tal hipótesis jamás fue considerada o investigada por los consejeros electorales. Prefirieron sancionar parejo con el fin de sembrar entre la opinión pública la fantasiosa idea de que “todos son iguales”. 

Pero el problema más grave con la investigación de los consejeros fue la ausencia de una indagación con respecto al origen de estos mil 400 millones de pesos. La autoridad simplemente se dio por vencido al atestiguar la compleja telaraña de cuentas y empresas fantasmas armada por el PRI y sus socios para esconder los rastros de los “donantes”. 

El INE no ofrece dato alguno con respecto a quienes hayan sido los misteriosos financiadores. Abdicó en su responsabilidad de llegar al fondo de este enorme atropello a la legalidad y la constitucionalidad en materia electoral. 

¿Habrán sido recursos del narcotráfico? ¿Dinero de Odebrecht y otras empresas petroleras extranjeras canalizado por medio de Emilio Lozoya? ¿Recursos provenientes del gobierno de los Estados Unidos? ¿Recursos públicos canalizados por medio de empresas fantasma al estilo de la “Estafa Maestra” o como en el caso de las elecciones de 2016 en Chihuahua? 

Él que cuenta con toda la información sobre los flujos financieros de 2012 es hoy el único aspirante a la presidencia por el PRI, José Antonio Meade, quien fungió como el Secretario de Hacienda de Felipe Calderón durante todo el proceso electoral de 2012. Pero el muy “honesto” precandidato al parecer sabe muy bien como guardar los secretos y las complicidades. 

La indolencia y la complicidad del INE no nos permiten conocer el verdadero origen de estos recursos millonarios. Sin embargo, con la información que tenemos es evidente que hubo una grave violación a la normatividad en materia electoral. 

Por ejemplo, el 41 de la constitución establece el principio irrenunciable de prevalencia de los recursos públicos sobre los de origen privado en todas las campañas electorales. En 2012, el PRI recibió por concepto de financiamiento público para gastos de campaña la cantidad de 537,269,864.03 millones de pesos. Si se acredita que los mil 400 millones de pesos manejados por la empresa Asismex fueron utilizados para la campaña del PRI nos encontraríamos frente a una flagrante violación de este principio fundamental. 

Las leyes electorales también establecen estrictos topes de gasto de campaña (fijado en 336 millones de pesos para la elección presidencial de 2012), prohíben la compra o adquisición de tiempos en radio y televisión para hacer propaganda electoral y sancionan la recepción de recursos de procedencia ilícita o la utilización de recursos gubernamentales para fines electorales. 

El Artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos señala que es causa de pérdida de registro de un partido político “incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto…de las obligaciones que le señala la normatividad electoral”. 

Cuando combinamos el caso de Asismex con lo que conocemos sobre el financiamiento irregular de las campañas de 2016 en Chihuahua y otros estados y los descarados fraudes electorales cometidos en Coahuila y el Estado de México durante 2017, es difícil no llegar a la conclusión de que el Consejo General del INE debería por lo menos abrir un expediente con respecto al posible retiro del registro del partido más viejo y autoritario del país. 

La subordinación de los consejeros al poder y el dinero no les permitirán actuar de acuerdo con la ley. Sin embargo, tarde o temprano la historia los juzgará por su evidente complicidad con el régimen de corrupción y violencia que hoy está destruyendo la nación. 

Publicado en Revista Proceso No. 2151
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

Twitter: @JohnMAckerman

lunes, 8 de enero de 2018

"Meade en su burbuja" (Revista Proceso, 7 de enero, 2018)

John M. Ackerman 

En su reciente visita a Zacatecas, el pasado martes 2, José Antonio Meade se hizo acompañar de “un despliegue de seguridad que incluyó a decenas de hombres vestidos de civil con corte de cabello y apariencia militar”, informó el corresponsal de La Jornada en la entidad, Alfredo Valadez. El evento, además, no se realizó en una plaza pública de la capital del Estado, sino en el protegido Centro Platero de Convenciones del municipio de Guadalupe, en la zona conurbada. 

El miedo no anda en burro. El día anterior, los mexicanos habíamos iniciado el año 2018 sufriendo un nuevo aumento en los precios de la gasolina y la tortilla. Y durante los últimos días de 2017 el valor del peso se desplomó, llegando a rozar 20 por dólar. 2017 también resultó ser el año más violento en la historia reciente, con 2 mil homicidios al mes, más que en 2011, el año más violento del sexenio de Felipe Calderón. 

Cada día queda más claro que aunque Meade crea que ande por el mundo “vestido de civil”, viajando en vuelos comerciales al estilo de Andrés Manuel López Obrador y comprando con su esposa su cena de fin de año en el supermercado, en realidad el rey de la estrategia económica de Calderón y de Enrique Peña Nieto se encuentra totalmente desprovisto de vestimenta alguna. Quedan muy pocos ciudadanos que todavía se dejan engañar por la farsa del tecnosaurio disfrazado de Chamula. 

La visita de Meade a Zacatecas además contó con un agravante adicional. Los habitantes de esta combativa ciudad recuerdan muy bien cómo el régimen autoritario recientemente les arrebató de manera brutal su derecho a elegir a sus propios gobernantes. 

En las últimas elecciones para la presidencia municipal de la capital del Estado, celebradas el 5 de junio de 2016, la candidata de Morena, Soledad Luévano, recibió en las urnas el apoyo mayoritario de la población. Sin embargo, en flagrante violación de las jurisprudencias en la materia, los magistrados electorales locales y federales concluyeron que la existencia de unas cuantas bardas y camisetas, así como un solo anuncio espectacular con el nombre de la candidata, durante el periodo de precampaña, fueron violaciones suficientemente “graves”, “sustanciales”, “generalizadas” y “determinantes” para anular la victoria de Luévano. 

La decisión no tenía pies ni cabeza desde un punto de vista jurídico, sino que respondió a una evidente directriz política. Por si hubiera alguna duda al respeto, unos días después de este atraco jurídico, el magistrado que lo había orquestado, Reyes Rodríguez Mondragón, fue premiado con su promoción a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde donde hoy sigue protegiendo los intereses del PRIAN y tendrá que calificar la elección presidencial de 2018. 

Las “decenas de hombres vestidos de civil con corte de cabello y apariencia militar” que acompañan a Meade no lo hacen para evitar algún atentado en contra de la vida de candidato. Meade es una figura insignificante, un títere gris que personalmente no representa amenaza alguna para nadie, ni para los peores delincuentes. 

El verdadero peligro para el exfuncionario del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) son más bien los reclamos y la indignación populares. Los operadores del PRI temen la muy probable repetición de un escenario similar al de aquella fatídica tarde en la Universidad Iberoamericana que dio origen al movimiento de #YoSoy132 en 2012. Los militares que acompañan a Meade están ahí para evitar cualquier roce incómodo con el pueblo, para asegurar que el precandidato se mantenga dentro de una burbuja esterilizada repleta de engaños y autoelogios. 

La principal debilidad de la campaña del candidato priista es precisamente el éxito de esta estrategia de aislamiento y empaquetamiento artificial. Mientras su principal contrincante, López Obrador, convive diariamente con la sociedad mexicana, recogiendo sus demandas y sus exigencias, escuchando sus sufrimientos y esperanzas, Meade se pierde dentro de un mar de asesores de imagen, periodistas chayoteros y encuestadores a modo. 

El resultado ha sido un alejamiento cada día más patente del priista del pueblo mexicano. Ello quedó claro cuando, el día después de su acto en Zacatecas, a Meade se le ocurrió citar las predicciones de “La Bruja Zulema”, una actriz del “esoterismo” que sale en la televisión nacional, como evidencia de su victoria supuestamente segura en 2018. Los recientes tweets, agresivos y de mal gusto en contra de López Obrador, de parte del nuevo Secretario de Educación Pública, el salinista Otto Granados, también revelan una clara desesperación entre las filas gubernamentales. 

La supuesta “inteligencia y “honestidad” del precandidato priista es un mito. Por mucho que Meade “se vista de civil” y presuma su “preparación” en escuelas elitistas de los Estados Unidos al servicio de la plutocracia global, en realidad el mismo ex Secretario de Hacienda no es más que un soldado raso, con todo y “corte de cabello y apariencia militar”, listo para disparar a la menor provocación en contra de sus compatriotas, con la Ley de Seguridad Interior en una mano y la bandera del Tío Sam en la otra. 

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso No. 2149

lunes, 11 de diciembre de 2017

"¿Guerra o paz?" (Revista Proceso, 10 de diciembre, 2017)

John M. Ackerman 

Las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador con respecto a la necesidad de “explorar todas las posibilidades” con el fin de “garantizar la paz y la tranquildad” en México han generado un enorme revuelo entre los telectuales y comentaristas del régimen. Varios funcionarios públicos fieles al narcogobierno, como Miguel Ángel Osorio Chong, Salvador Cienfuegos, Vidal Soberón y Miguel Ángel Mancera, también han aprovechado la ocasión para denostar y atacar al tabasqueño. 

Lo primero que llama la atención es el increíble impacto y difusión que tiene cualquier comentario de López Obrador. Hasta el contenido de un intercambio informal con periodistas después de un mitin en el pueblo de Quechultenango, Guerrero, se ha convertido en noticia nacional e incluso es retomado por publicaciones internacionales de importancia. López Obrador todavía no es siquiera precandidato a la Presidencia de la República, pero los medios de comunicación, y la sociedad en general, ya le da trato de presidente. 

¿Qué es lo que dijo exactamente López Obrador? 

“Hay que hablar con los mexicanos, con todos, y hay que plantearles que necesitamos la paz y que todos podemos ayudar a que haya paz en el país…Vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas, hasta exigir al gobierno de Estados Unidos que lleve a cabo campañas para aminorar el consumo de drogas…No va a quedarse ningún tema sin ser abordado, si se trata de garantizar la paz y la tranquilidad” 

Lo que se destaca de esta declaración es su profundo espíritu humanista. El presidente de Morena no distingue entre “los buenos” y “los malos” mexicanos, ni caracteriza a los delincuentes como “animales salvajes” que habría que eliminar recurriendo a las mismas estrategias que ellos utilizan. Al contrario, eleva la mira y afirma que quiere hablar “con todos” los mexicanos, como seres humanos, para convencerlos a poner su granito de arena con el fin de lograr la regeneración del país. 

Tal y como lo ha afirmado en muchas ocasiones, López Obrador no busca venganza ni divisiones sociales, sino generar un nuevo contexto de unidad nacional. “Olvido no, perdón sí”, es una de sus frases más socorridas. La posibilidad de otorgar “amnistía” (que no es otra cosa que un “perdón” jurídicamente respaldado) a algunas de las personas que hayan cometido delitos en el pasado, en comunicación con las víctimas y a partir de una consulta popular, no implica abrir la puerta a la impunidad sino todo lo contrario. 

La amnistía se aplica exclusivamente a delitos ya cometidos en el pasado y no implica ninguna protección hacia el futuro. Al contrario, normalmente las amnistías se otorgan precisamente bajo la condición de que la persona beneficiada acepte una vigilancia especial en el futuro y se comprometa a jamás violar la ley de nuevo. 

En otras palabras, los psicópatas violentos, que solo quieren más sangre y que hoy laboran tanto dentro como fuera de las instituciones gubernamentales, evidentemente no se beneficiarán en absoluto con la eventual amnistía de López Obrador. Estos sujetos ni siquiera aceptarían las condiciones ofrecidas por el nuevo gobierno. Prefieren el statu quo de impunidad absoluta, no solamente con respecto a delitos pasados sino también hacia el futuro. 

La estrategia de López Obrador es clara. En lugar de intentar “apagar el fuego con el fuego”, quiere debilitar y destruir los tentáculos del crimen que están acabando con la juventud mexicana. La combinación de una amnistía, condicional y consultada con la sociedad, junto con el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que otorgaría 2.6 millones de becas de estudio y de trabajo, rompería de tajo con la actual lógica de “plata o plomo”. 

Hoy el gobierno mantiene un control endeble sobre la sociedad a partir de la corrupción, la violencia y el miedo. En contraste, López Obrador quiere poner en acción las instituciones gubernamentales con el fin de liberar la sociedad a partir de incentivos para estudiar, trabajar y desarrollarse profesionalmente. 

Es decir, el tabasqueño propone acabar con la “guerra” declarada por Felipe Calderón y ratificada por Enrique Peña Nieto. Desde 2006 hasta la fecha, México se ha convertido en un verdadero baño de sangre, con más de 200 mil homicidios y más de 30 mil desaparecidos. El pasado mes de octubre fue el más violento en las últimas dos décadas, con 2 mil 371 homicidios, o más de 76 al día. 

Hoy el régimen PRIANRDista trabaja junto con el crimen organizado para desaparecer estudiantes, robar el presupuesto, censurar a los medios de comunicación y reprimir las protestas sociales. Y respecto al narcotráfico en particular, el gobierno criminaliza a todos por igual, incluyendo los campesinos obligados a cosechar plantíos de droga y los jóvenes forzados a trabajar de halcones para los sicarios. 

Adicionalmente, la militarización de la lucha en contra de las drogas ha generado una “carrera armamentista” en la que los carteles de la droga necesitan conseguir armas cada vez más poderosas y letales, lo cual aumenta significativamente la cantidad de muertos en cada conflicto. Esta situación se volverá más grave en el futuro cercano, ya que Donald Trump ya anunció su intención de liberar el comercio internacional de armas de alto poder fabricadas en Estados Unidos (véase: http://reut.rs/2xrRJwL). 

Lo más absurdo es que, en muchos casos, los mexicanos nos matamos para evitar la cosecha y el traslado de plantas, como la mariguana, que ya se consumen libremente en más de una docena de estados de los Estados Unidos. 

Quienes insisten en seguir por el mismo camino fracasado son quienes están a favor de la violencia y la impunidad. Con sus declaraciones recientes, López Obrador no ha hecho otra cosa que ratificar su compromiso irrestricto con lograr la paz a partir de la modificación radical de la estrategia actual de combate al crimen organizado. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2145
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 27 de noviembre de 2017

"¡Ahí vienen los rusos!" (Revista Proceso, 26 de noviembre, 2017)

Propaganda anti-ruso durante la Guerra Fría
John M. Ackerman

La andanada de acusaciones temerarias con respecto a la presunta "intervención rusa” en las elecciones de 2018 en México tiene el propósito de generar una cortina de humo para esconder la muy real injerencia ilegal que ya se encuentra en proceso desde Los Pinos y los Estados Unidos. Con base en mentiras y datos fabricados a modo, y como si todavía estuviéramos inmersos en la Guerra Fría, voceros del régimen, como Javier Tejado, Gabriel Quadri, Pablo Hiriart, Felipe Calderón, Shannon O’Neil y Fernando García Ramírez buscan sembrar el miedo y fomentar el pánico entre el electorado.

El propósito es alejar a los ciudadanos de las urnas y así perder la oportunidad de lograr un cambio político pacífico durante las próximas elecciones presidenciales.

Históricamente, Rusia y México, sus gobiernos y sus pueblos, siempre han tenido una relación de respeto mutuo. Aun en los momentos más álgidos de la Guerra Fría, en México nunca vivimos la histeria de la "amenaza rusa” o el pánico de "susto rojo” (red scare) donde cualquier persona u obra artística crítica podían ser censuradas por su supuesto apoyo al comunismo. Jamás existió un equivalente mexicano al paranoico senador Joseph McCarthy, quien desde el Congreso norteamericano encabezó una cruzada que arruinó miles de carreras profesionales bajo la mera sospecha de tener algún vínculo con Rusia.

Al contrario, si bien México siempre se ha ubicado firmemente dentro del sistema capitalista y ha mantenido relaciones cercanas con Estados Unidos, antes no permitíamos que las paranoias estadounidenses afectaran nuestras relaciones con otros países. Siempre mantuvimos relaciones diplomáticas con la Cuba revolucionaria, por ejemplo, y México jugó un papel muy importante en la mediación de los conflictos centroamericanos durante los años ochenta, particularmente en El Salvador.

La histórica Doctrina Estrada, o el "principio de no intervención”, surgió precisamente de la necesidad del gobierno mexicano de pintar su raya con respecto a la política internacional intervencionista y neocolonial de Estados Unidos. "Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, reza la frase célebre de Benito Juárez que todo México aprende desde la primaria.


Pero hoy las cosas son diferentes. El canciller Luis Videgaray funge en realidad más como vocero del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, que como representante del pueblo mexicano. La posición intervencionista de México con respecto a Venezuela, por ejemplo, ha hecho un enorme daño al prestigio que había acumulado la diplomacia mexicana a lo largo de los años.

Videgaray es uno de los cerebros atrás de la idea de la supuesta "amenaza rusa”. Pero al final de cuentas el canciller no ha podido estropear nuestras relaciones con Rusia de la misma manera en que ya lo ha hecho con las hermanas repúblicas de América Latina. En su visita del pasado 17 de noviembre a Moscú, Videgaray tuvo que aceptar públicamente, tanto en una conferencia de prensa con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, como en una entrevista con RT: "Por nuestra parte no tenemos ninguna evidencia que valide la hipótesis” de una supuesta intervención rusa hacia las elecciones de 2018.

Efectivamente, no existe un solo dato que pudiera constituir siquiera un indicio de una posible intervención desde Moscú. Los supuestos accesos al sitio web del Instituto Nacional Electoral desde San Petersburgo fueron un vil invento, típico fake news, fabricado por el abogado de Televisa, Javier Tejado. Y el hecho de que un servidor tenga una videocolumna semanal con RT en español en internet, no constituye ninguna evidencia de injerencia indebida.

Carmen Aristegui cuenta con un programa en CNN en español y nadie la ha acusado de ser un "agente gringo”. Y un servidor colabora también con la revista Proceso y La Jornada y ofrece entrevistas constantemente a medios internacionales como BBC, France 24, Deutsche Welle, CNN, Telesur y Al Jazeera, pero no por ello recibo instrucción u orientación alguna de parte de los dueños o los editores de esos medios con respecto al contenido de mis participaciones.

El hecho de que numerosos periodistas y comentaristas mexicanos nos hemos visto obligados a recurrir a medios de comunicación internacionales para difundir nuestros reportajes y análisis en México, no habla de alguna intervención extranjera indebida sino de la increíble censura y cerrazón que existe entre los medios comerciales mexicanos. Tal y como vimos recientemente con el caso del despido sumario de Leonardo Curzio, el régimen peñista no tolera ni la más mínima crítica.

Donde sí existe ya una clara intervención extranjera, peligrosa y comprobada, de cara a las elecciones de 2018, es por medio de la firma Cambridge Analytica. Esta empresa es propiedad del multimillonario empresario de ultraderecha Robert Mercer y ha intervenido ya en las campañas tanto a favor del "Brexit” como de Trump. Durante la campaña presidencial estadounidense, Mercer y Cambridge Analytica trabajaron muy cercanamente con el asesor neofascista de cabecera de Trump, Steve Bannon, para manipular las redes sociales a favor del magnate neoyorkino.

De acuerdo con un extenso reportaje del periódico español El Diario (véase: http://bit.ly/2B9DAnU), las técnicas de Cambridge Analytica son las utilizadas históricamente en los "operativos psicológicos” (PsyOps) del gobierno estadounidense con el fin de desestabilizar países extranjeros como un complemento a la intervención militar directa. Ahora la "guerra” regresa a casa. El mismo diario afirma que esta "empresa consultora” ya cuenta con "perfiles psicológicos de 220 millones de adultos norteamericanos con 5 mil rasgos diferentes de cada uno”.

Dolia Estévez, de Sin embargo, ha demostrado que Cambridge Analytica ya se encuentra en operación en México y que ha lanzado convocatorias públicas para integrar su equipo que trabajaría en las elecciones de 2018 (véase: http://bit.ly/2yn1vhF). Estévez también ha evidenciado la llamativa cercanía que existe entre la representante de la empresa en México, Arielle Dale Karro, y el senador calderonista Ernesto Cordero.

No sería la primera vez que los hackers internacionales intervienen en las elecciones mexicanas. Recordemos las confesiones de Andrés Sepúlveda, el colombiano contratado por el consultor Juan José Rendón para apoyar la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012 (véase: http://bit.ly/1SCinFV). Él afirma que logró infiltrar y espiar los sistemas de cómputo de la casa de campaña de López Obrador, así como manipular las redes sociales con miles de bots y cuentas contratadas "para crear falsas oleadas de entusiasmo y burla”.

El verdadero "peligro para México” no se encuentra entonces en la persona de López Obrador o en una fantasiosa "intervención rusa” para 2018, sino en el hecho de que el régimen de oprobio se niega a aceptar su derrota y está dispuesto a recurrir a cualquier medio o estrategia para garantizar su continuidad en el poder. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2143
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 13 de noviembre de 2017

" 'The Economist' respalda al régimen" (Revista Proceso, 12 de noviembre, 2017)

Imagen cortesía de Polemon.mx
John M. Ackerman

La misma prensa financiera internacional que alabó tanto a Enrique Peña Nieto al principio de su sexenio, fabricando un supuesto “Mexican moment” de modernidad y desarrollo a partir de las “reformas estructurales”, ahora se lanza contra Andrés Manuel López Obrador. Influyentes medios globales recurren una vez más a tesis disparatadas con el fin de legitimar al actual régimen autoritario mexicano, ahora de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2018,

De acuerdo con Richard Ensor, corresponsal en México de la revista británica de corte neoliberal The Economist, hasta el mismo General Lázaro Cárdenas del Río supuestamente repudiaría el “populismo” de López Obrador. De acuerdo con el periodista, quien escribió el pasado 4 de noviembre bajo el pseudónimo “Bello”, el General Cárdenas era un político pragmático que construía instituciones, unificaba el país y se llevaba bien con los Estados Unidos. En contraste, el tabasqueño no es más que un demagogo que divide la nación, mina la institucionalidad democrática y provoca a Trump de manera irresponsable. Ensor remata con una cita de Cuauhtémoc Cárdenasque invita a diferenciar entre la “popularidad” constructiva del General y el “populismo” destructivo de otros líderes.

Ensor en realidad no hace otra cosa que repetir la misma estrategia utilizada por Peña Nieto para supuestamente justificar su reforma energética en 2013. En la exposición de motivos de su iniciativa de modificación constitucional que logró desmontar las conquistas de Cárdenas en la materia, el originario de Atlacomulco escribió con enorme cinismo que “la iniciativa que se somete a la consideración de esa Soberanía se basa en las ideas fundamentales de las reformas del Presidente Lázaro Cárdenas consecuentes con la expropiación petrolera de 1938”. Y remata señalando que “el espíritu de las reformas cardenistas fue nacionalista sin duda, pero también modernizador, visionario y pragmático.”

Los neoliberales están desesperados por presentarse como los verdaderos herederos de próceres de la patria como Lázaro Cárdenas. Basándose en mentiras, quieren arrebatarle de la izquierda el estandarte de la dignidad republicana.

Es cierto que Cárdenas era profundamente institucional, visionario y pragmático. La mentira, sin embargo, reside en la idea de que el régimen actual, y no la oposición obradorista, sería la fuerza política que da seguimiento y continuidad a este ejemplo histórico.

Los revisionistas distorsionan la realidad con fines políticos. Por ejemplo, Ensor escribe que uno de los grandes logros de Cárdenas fue supuestamente haber creado el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En realidad, el partido que creó Cárdenas el 30 de marzo de 1938 no fue el PRI sino el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), un partido de masas firmemente cimentado en el poder popular y la organización social.

El PRI como tal no se creó sino hasta 1946 y nació para repudiar y desarticular las reformas cardenistas. Fue a partir del sexenio de Miguel Alemán Valdés, el primer Presidente emanado del PRI, que se estableció el sistema de autoritarismo neoliberal, de represión estructural y de hipocresía institucionalizada que sigue vigente hasta la fecha. Es falso sostener que el PRI de hoy de alguna manera es una continuidad del cardenismo. La realidad es que ese partido surgió como un abierto repudio al legado del General.

Otra distorsión mal intencionada de Ensor es su afirmación de que supuestamente no existen pruebas del descarado fraude de 2006 y que las protestas de López Obrador en aquel año minaron las instituciones democráticas. El periodista evidentemente no ha revisado los cientos de páginas de la impugnación de la validez de la elección presidencial presentado en su momento a las autoridades electorales por los abogados del tabasqueño. Tampoco ha leído los numerosos libros y artículos escritos sobre el tema desde entonces.

En todo caso, si la elección de 2006 fue perfectamente limpia y democrática, como supone Ensor: ¿Por qué destruir las boletas electorales utilizadas en la elección sin permitir una revisión ciudadana previa de acuerdo con la ley de transparencia, tal y como lo demandaron miles de ciudadanos y la misma Revista Proceso?

También vale la pena recordar que las protestas de López Obrador en 2006 no fueron para obligar a las autoridades electorales a que se le reconociera como Presidente, sino para exigir transparencia. Su demanda principal fue el famoso “voto por voto”, es decir, el recuento total de la votación con el fin de esclarecer los resultados. Los historiadores serios del futuro verán este episodio no como un ejemplo de la supuesta incultura democrática de López Obrador, sino como una muestra clara del compromiso del tabasqueño con la participación ciudadana a favor del funcionamiento transparente de las instituciones públicas.

Finalmente, Ensor también se lanza contra López Obrador por supuestamente andar de “buscapleitos” con Donald Trump. El periodista sugiere que López Obrador haría bien en seguir el ejemplo de Cárdenas, quien fue más conciliador y pragmático en sus relaciones con Washington.

La comparación es francamente ridícula. Franklin Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos durante el sexenio de Cárdenas, era un líder inteligente e ilustrado con gran sensibilidad social. En contraste, Trump es un bully ignorante, elitista y racista. Quien no responde a Trump con fuerza es inmediatamente aplastado y humillado, tal y como ha ocurrido recientemente con Peña y Luis Videgaray.

Resulta evidente que la mejor manera de dar continuidad hoy al nacionalismo pragmático de los tiempos de Cárdenas no es con un entreguismo indigno, sino con una firme defensa de la soberanía nacional.

Afortunadamente, no todos los medios internacionales coinciden con The Economist. Por ejemplo, tanto las declaraciones Paul Krugman, columnista del New York Times, sobre López Obrador, así como el reportaje sobre la historia de fraudes electorales en México publicado recientemente en Le Monde Diplomatique, ayudan a equilibrar la opinión pública internacional.

Siempre hay que respetar y fomentar la libertad de expresión y la pluralidad de voces. Pero ello no implica quedarnos callados frente a las evidentes distorsiones malintencionadas que sirven para legitimar al actual régimen corrupto y autoritario.

Twitter: @JohnMAckerman

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Publicado en Revista Proceso No. 2141

domingo, 29 de octubre de 2017

"Meade: el chapulín encubridor" (Revista Proceso, 29 de octubre, 2017)

John M. Ackerman

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) nos haría un gran favor a todos los mexicanos si elige a José Antonio Meade como su candidato presidencial para las elecciones de 2018. El Secretario de Hacienda encarna mejor que cualquier otro aspirante la continuidad del sistema PRIANista de corrupción, desigualdad y saqueo. La presencia de Meade en la boleta no dejaría duda alguna con respecto a la disyuntiva central de los próximos comicios: ¿continuidad o cambio?

Meade es hijo de un priísta, Dionisio Meade, y sobrino nieto de uno de los fundadores del PAN, Daniel Kuri Breña. Como buen tecnosaurio, estudió su licenciatura con Luis Videgaray en el ITAM y su doctorado en las escuelas “Ivy League” de los Estados Unidos, siguiendo el ejemplo de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. 

A Meade no le interesan ni la justicia social ni el fortalecimiento institucional. Tampoco es un hombre carismático o atractivo que haya podido construir un liderazgo fuerte o una imagen propia. 

Lo que más caracteriza a Meade es su fiel servilismo hacia el dinero y el poder. Los bancos y la impunidad son sus negocios favoritos. Es precisamente por ello que quienes comulgan con el sistema actual lo ven con tan buenos ojos.

Meade inició su carrera política durante el sexenio de Zedillo, como Secretario Adjunto de Protección al Ahorro en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), institución que fue creada en 1998 para legalizar el enorme fraude cometido bajo el paraguas de su institución antecesora, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Posteriormente, se incorporaría de lleno a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, como Director General de Banrural, Subsecretario de Ingresos y Secretario de Hacienda, entre otros cargos.


En 2012, Enrique Peña Nieto tomó la sorpresiva decisión de mandar Meade a la Secretaría de Relaciones Exteriores, un cargo para el cual no tenía experiencia o preparación alguna. Fue el único integrante del gabinete de Calderón que gozó de un pase directo a la administración de Peña. Meade cobró así su recompensa por los invaluables servicios que había brindado a Peña Nieto durante su campaña presidencial. 

Meade recientemente confesó públicamente que había votado por Peña Nieto en 2012, aun cuando en ese momento formaba parte del gabinete de un gobierno panista. Esta confesión no debe sorprender a nadie. En realidad, no solamente Meade sino también Fox, Calderón y toda la nomenclatura panista apoyó a Peña Nieto como el candidato que mejor garantizaba la continuidad del régimen frente a la amenaza del lopezobradorismo.

Como Secretario de Hacienda durante la campaña presidencial de 2012, Meade debe conocer como la palma de su mano todos los secretos sobre exactamente como y de donde se financiaban las tarjetas Monex y los otros instrumentos financieros que permitían a Peña Nieto rebasar más de 14 veces el tope de gasto de campaña. 

No hay duda, por ejemplo, de que Meade hubiera tenido conocimiento de las transferencias de Odebrecht y otros similares orquestados por Emilio Lozoya. Meade seguramente también tenía conocimiento de los depósitos triangulados hacia las tarjetas Monex desde el Grupo Comercializador Cónclave, empresa administrada por Rodolfo Dávila, operador financiero del Cártel de Juárez, tal y como lo ha revelado Aristegui Noticias (Véase: http://ow.ly/Y3zD30g8dzD). 

Jesusa Cervantes, reportera de Proceso, ha revelado asimismo que justo antes de dejar la Secretaría de Hacienda en 2012, Meade negoció un importante convenio fiscal con Singapur que facilitaría la fuga de capitales y el lavado de dinero en aquel pequeño pero poderoso país asiático.

Después, como Canciller de Peña Nieto, Meade andaría por el mundo como vendedor ambulante de México al capital financiero internacional. Promovía las “reformas estructurales” como una gran oportunidad para el saqueo de las riquezas del país por las empresas más poderosas del mundo.

Posteriormente, como Secretario de Desarrollo Social, Meade aprovecharía para pactar con los gobernadores más retrógradas y corruptas del régimen. El aspirante presidencial también fue el responsable de presionar al INEGI para modificar sus criterios de medición de los ingresos de los hogares más desfavorecidas para dar la impresión de que el gobierno actual hubiera reducido la pobreza.

Ahora, de regreso a la Secretaría de Hacienda con Peña Nieto, Meade ha sido el autor de los gasolinazos, de los recortes al gasto educativo y del aumento en el gasto militar. También ha dado continuidad a la irresponsable política de endeudamiento extremo iniciada durante el gobierno de Calderón, el cual se ha agravado aún más durante el sexenio actual. Gracias a las gestiones de Meade y Videgaray en Hacienda desde 2010, la deuda pública ahora equivale a 50% del Producto Interno Bruto.

Se la misma manera, son ampliamente conocidas las convicciones ultraconservadoras de Meade en materia social. Es un fundamentalista religioso cercano a Antonio Chedraoui y el Opus Dei que se opone al aborto, el matrimonio gay y la liberación femenina. 

En suma, Meade no es más que un chapulín reaccionario que salta de puesto en puesto haciendo gala de su habilidad con el encubrimiento y el engaño. Meade es la viva imagen de la continuidad del sistema de impunidad, corrupción, desigualdad y entreguismo que ha malgobernado el país desde la creación del PRI en 1946. 

En el contexto actual de despertar ciudadano e indignación generalizada, un candidato como Meade solamente podría imponerse en 2018 por medio de uno de los fraudes electorales más grandes en la historia de la nación.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2139
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