ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

domingo, 15 de octubre de 2017

"El fin del TLCAN" (Revista Proceso, 15 de octubre, 2017)

Caricatura de José Hernández, Revista Proceso
John M. Ackerman

El presidente Enrique Peña Nieto y su canciller, Luis Videgaray, esperaban que, si se arrastraban con suficiente abyección a los pies de Donald Trump, el magnate neoyorquino finalmente les tendría lástima y dejaría intacto su apreciado juguete salinista: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Pero todo parece indicar que la estrategia tapete de los indignos representantes de nuestro mal gobierno terminará en un fracaso histórico para la diplomacia mexicana.

Conforme avanzan las rondas de renegociación, se confirma la sospecha de que el gobierno de Trump nunca tenía el menor interés en “actualizar” o “modernizar” el acuerdo trilateral, sino que solamente busca tiempo para arrinconar y chantajear al gobierno de México con el fin de obligarlo a aceptar términos aún más lesivos y desiguales que la versión actualmente vigente del tratado. En su desesperación por detener la estrepitosa devaluación del peso y evitar un estallido social en el corto plazo, Peña Nieto le entró al juego del ocupante de la Casa Blanca y ahora se encuentra en un callejón sin salida.

Para mantener el TLCAN, Trump exige al gobierno mexicano una serie de concesiones inaceptables que hundirían la economía nacional durante décadas. Propone, por ejemplo, obligar a México a aumentar sus importaciones de bienes y servicios de Estados Unidos, así como fijar en 50% o más el porcentaje requerido de insumos estadunidenses en los productos industriales de mayor valor agregado exportados desde México al país vecino. Washington también busca reservar su derecho a violar el acuerdo de manera unilateral en cualquier momento, por medio de la eliminación del capítulo 19 del tratado, así como incluir una revisión obligatoria de los términos del TLCAN cada tres o cuatro años con el fin de ir ajustando detalles si no se supera el presunto “déficit comercial” de Estados Unidos con México.

Aceptar estos términos convertiría a México en un simple apéndice de la economía estadunidense. Simultáneamente se aumentaría nuestra dependencia del norte y se reducirían los beneficios de nuestro acceso privilegiado al mercado de nuestro poderoso vecino. A cambio de unas cuantas migajas, sacrificaríamos de manera definitiva la posibilidad de desarrollar una verdadera política industrial y de desarrollo agropecuario que pudieran resolver la pobreza y la desigualdad que tanto lastiman hoy al pueblo mexicano.

A Peña Nieto y a Videgaray no les preo­cupa que México desaparezca como Estado soberano. Ellos firmarían cualquier acuerdo con el fin de mantener una semblanza de estabilidad financiera durante los meses previos a las elecciones de 2018.

Sin embargo, el pueblo mexicano no es tonto y podría castigar al gobierno muy fuertemente en las urnas por este acto de alta traición. Así que los vendepatrias también tienen guardado un “Plan B”. Desde ahora preparan la opción de envolverse en la bandera y levantarse indignados de la mesa de negociación del TLCAN con el fin de lucrar políticamente con su propio fracaso diplomático, presentándose como los grandes defensores de la patria frente a la intransigencia del gandalla de la Casa Blanca.

Sin embargo, pocos mexicanos se dejarían engañar por los discursos patrioteros de estos nacionalistas de ocasión. Es demasiado tarde para rectificar. Too little, too late, como dicen los gringos tan admirados por los tecnosaurios que hoy predominan en el gabinete federal. Peña Nieto y Videgaray han dado demasiadas muestras concretas de su abyección al imperio para poder rectificar a estas alturas del partido.

Todos recordamos, por ejemplo, la abierta utilización de los recursos y el prestigio del Estado mexicano para intervenir a favor de Trump durante la pasada campaña presidencial en Estados Unidos, con la invitación al magnate neoyorquino a Los Pinos el 31 de agosto de 2016. El juramento de Peña Nieto en su conversación telefónica con Trump del pasado 27 de enero –de que “el espíritu de mi gobierno es la posición de mi administración, es que las cosas vayan bien para Estados Unidos y que todo vaya bien para su gobierno (de Trump)”– también pinta de cuerpo entero la visión y la ideología del primer mandatario mexicano.

Ya basta de improvisaciones y oportunismos en la agenda bilateral. Tanto el entreguismo servil como el patrioterismo hipócrita lastiman la posición internacional de México y contribuyen al debilitamiento de la economía nacional. Urge una nueva diplomacia firme, serena y capaz, que genere respeto en el escenario internacional.

Con o sin el TLCAN, la relación bilateral entre México y Estados Unidos seguirá. Pero para que esta relación sea productiva y efectiva, para que rinda frutos para México y los mexicanos, hace falta una verdadera interlocución entre iguales. Y una condición necesaria para poder lograr esta igualdad es un gobierno mexicano plenamente legítimo que cuente con el respaldo de su propio pueblo y que esté dispuesto a luchar con los ciudadanos en defensa de la soberanía nacional y la justicia social.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2137
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 2 de octubre de 2017

"Democracia plurinominal" (Revista Proceso, 1 de octubre, 2017)

John M. Ackerman

Sin diputados plurinominales ni financiamiento público para los partidos políticos, el PRI recuperaría su antigua posición como el partido hegemónico de Estado que por sí solo podía aprobar cualquier ley, así como dictar unilateralmente la política nacional desde la Presidencia de la República.

Estas iniciativas no apuntan hacia la liberación ciudadana, sino hacia una esclavitud aún mayor a los mismos políticos corruptos de siempre; las propone el PRI porque le conviene. Quienes quieren expulsar del poder a la vieja clase política deben abrir bien los ojos para evitar ser engañados por estos viejos lobos colmilludos disfrazados de tiernas ovejitas.

Hace 15 días en estas mismas páginas advertimos sobre los peligros de la eliminación del financiamiento público para los partidos políticos (véase: http://ow.ly/q4NV30ft78k). En esta ocasión analizamos la propuesta igualmente engañosa de eliminar la representación proporcional en el Congreso de la Unión.

Hoy la Cámara de Diputados tiene 300 diputados uninominales por distrito y 200 plurinominales por circunscripción. Esta distribución es similar a la que existe en otros países, como Alemania, que buscan establecer un sano equilibrio entre la representación territorial, por un lado, y la fidelidad a la pluralidad social y política del país, por el otro.

Tanto los diputados “pluris” como los “unis” son electos por la ciudadanía. La diferencia esencial entre los dos tipos de representantes es que la votación que se toma en cuenta para calcular los ganadores de los primeros no se limita a un solo distrito electoral, sino que incluye un conjunto, a una “pluralidad” de los mismos.


Los sistemas que no cuentan con representación proporcional desperdician una enorme cantidad de votos. Por ejemplo, si en un distrito el candidato ganador recibe 35% de la votación y los otros contendientes reciben 30%, 25% y 10% cada uno, los únicos votos realmente válidos, con fuerza para determinar quiénes ocuparán curules en la Cámara de Diputados, serán los emitidos a favor del ganador. Los sufragios de 65% de los ciudadanos que votaron en contra del candidato ganador en el distrito correspondiente se quedan sin impacto o influencia alguna.

Pero en sistemas con representación proporcional todos los votos a favor de candidatos perdedores al nivel distrital encuentran una segunda salida al ser tomados en cuenta a la hora del reparto de los diputados plurinominales. De esta manera se evita la exclusión de la voz de millones de ciudadanos.

En las más recientes elecciones para la Cámara de Diputados, las de 2015, el PRI recibió sólo 31% de la votación. Con el sistema mixto actual, el PRI controla hoy 41% de los curules, una sobrerrepresentación de 10%. Pero si no existieran diputados plurinominales, la situación sería aún peor. Por sí solo el PRI ocuparía 53% de los escaños en San Lázaro, 22% mayor a su fuerza real con respecto a la votación popular. Más claro ni el agua.

Para acabar completamente con el problema de la sobrerrepresentación, la vía no sería la eliminación de los legisladores plurinominales, sino todo lo contrario: la eliminación de los uninominales, o de distrito, para quedarnos únicamente con representantes electos con criterios de estricta proporcionalidad.

La enorme hipocresía del PRI queda manifiesta cuando observamos su posición en la Ciudad de México, donde el partido es minoritario, de oposición, que incluso abogó a favor de un aumento significativo, no una reducción, en la cantidad de diputados plurinominales. De acuerdo con la nueva Constitución de la Ciudad de México, a partir de 2018 el Congreso local ya no tendrá 40 de mayoría y 26 plurinominales, sino 33 por cada concepto.

Ahora bien, es cierto que el Congreso de la Unión ha dado la espalda a la población. A partir del “Pacto por México”, los integrantes de las bancadas del PRI, PAN, PRD, PVEM y Panal se han convertido en simples levantadedos que no hacen otra cosa que avalar los pactos cupulares acordados entre los líderes partidistas y el presidente Enrique Peña Nieto.

Pero la eliminación de los plurinominales solamente agravaría el problema, ya que reduciría aún más la fuerza de la oposición en el Poder Legislativo. Con ello habría aún menos rendición de cuentas o transparencia en la discusión y la aprobación de las leyes, así como una reducción en la capacidad fiscalizadora y de control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo.

En lugar de reducir la cantidad de plurinominales al nivel federal, habría que “abrir” las listas de candidatos para que, a la hora de votar, los ciudadanos puedan expresar su opinión a favor o en contra de los nombres incluidos por cada uno de los partidos en sus listas de candidatos “pluris” que se encuentran en la parte trasera de la boleta electoral. Así quitaríamos el control de los partidos sobre el orden de los candidatos en las listas y evitaríamos que fueran electos candidatos impresentables por esta vía, como suele pasar en la actualidad.

Otra propuesta en el mismo sentido, y aún más fácil de implementar, sería distribuir los lugares plurinominales entre los candidatos uninominales que no hayan ganado sus distritos electorales, y en estricto orden de prelación de acuerdo con la cantidad de votos que reciban. De esta manera, absolutamente nadie ocuparía una curul en el Congreso sin haber hecho campaña activamente y dialogado con el electorado.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2135
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 18 de septiembre de 2017

"El 'remedio' Kumamoto" (Revista Proceso, 17 de septiembre, 2017)

Pedro Kumamoto y Aristóteles Sandoval pactan su reforma electoral 
John M. Ackerman

La enfermedad es evidente y a los ojos de todos. Cada año México derrocha enormes cantidades de recursos públicos en los partidos políticos y las instituciones electorales. En 2018 los partidos recibirán 12 mil millones de pesos, incluyendo su financiamiento federal y estatal, y el gasto operativo del INE y el TEPJF juntos rebasará 22 mil millones de pesos.

Quienes pagamos impuestos no tenemos por qué mantener a tantos burócratas inútiles y dirigentes corruptos. Sin embargo, el remedio que pactó el diputado "independiente” Pedro Kumamoto con el gobernador priista de Jalisco, Aristóteles Sandoval, es peor que la enfermedad.

La reforma, ya aprobada por el Congreso de Jalisco y avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modifica la fórmula para calcular el monto de financiamiento público para los partidos en el estado. A partir de 2019 la bolsa total, antes de su reparto a cada uno de los partidos, no se calculará en función de la cantidad de votantes inscritos en el padrón electoral sino de acuerdo con la cantidad de votos válidos emitidos en la urna en la elección inmediatamente anterior.

Kumamoto alega que esta reforma ayudará a renovar el sistema político y a acercar a los partidos con la ciudadanía. Pero en realidad ocurrirá exactamente lo contrario.

Primero, la nueva ley incentiva la abstención. Con el fin de "castigar a los partidos” y desde un punto de vista engañoso de "todos son iguales”, los ciudadanos más conscientes ahora cuentan con el pretexto perfecto para justificar la irresponsabilidad ciudadana de quedarse en casa el día de las elecciones.

Mientras, seguirán operando las mismas redes clientelares y delincuenciales de compra, coacción y acarreo del voto de siempre. El resultado será un debilitamiento de la votación para los candidatos ciudadanos e independientes, ya que los medios del régimen se encargarán de "demostrar” que son "iguales” a los demás, y el fortalecimiento de la presencia electoral de los partidos más retrógradas, como el PRI, PAN, PRD y MC, que tienen garantizados siempre sus ejércitos de votantes.

Segundo, la reducción en el financiamiento público favorecerá directamente a los partidos más corruptos. Los partidos del mal llamado Pacto por México no sufrirán mayores consecuencias porque ya reciben ilegalmente una gran parte de su financiamiento del sector privado, o incluso del crimen organizado. Estos institutos políticos compensarán fácilmente la pérdida de recursos públicos con una mayor recaudación entre sus poderosos socios, estableciendo así compromisos aún más profundos de corrupción e impunidad hacia el futuro.

En contraste, la reducción en el financiamiento público afectará gravemente a los partidos cercanos a los ciudadanos de carne y hueso. Por muchas rifas y colectas que se organicen, las pequeñas donaciones individuales jamás alcanzarán para financiar una campaña electoral exitosa en las condiciones actuales.

Nuestro pueblo es demasiado empobrecido y los gastos electorales demasiado elevados. El resultado será la muerte lenta de cualquier esfuerzo político que se propone defender los intereses de quienes no tienen suficientes recursos para comer y mucho menos para donar a un partido político.

El surgimiento de nuevos candidatos supuestamente "independientes” no resolverá el problema, sino que lo agravará. Para poder competir en el contexto actual de fraude estructural, estos candidatos también tendrán que recaudar grandes cantidades de dinero y establecer contactos de alto nivel para tener posibilidades de acceder al poder.

De hecho, la presión financiera y política sobre los "independientes” será aún mayor que sobre los partidos, ya que por definición no cuentan con una estructura organizativa que los respalde ni un emblema ya conocido por la población.

Es precisamente por ello que "independientes”, como Jaime Rodríguez o Juan Bueno Torio, muchas veces resultan en realidad más dependientes de los poderosos que los ciudadanos de carne y hueso –como los Diputados Federales Guillermo Santiago o Araceli Damián– que logran postularse por medio de partidos, como Morena. Los vínculos de Kumamoto con grupos de poder en Jalisco, por ejemplo, lo acercan más a los primeros que a los segundos.

El verdadero remedio al problema del derroche electoral sería una reducción directa al financiamiento público, sin la perversa vinculación con la tasa de participación electoral. Pero esta reforma no funcionará si no viene acompañada también de una correspondiente reducción en los gastos en materia electoral, una prohibición absoluta de recibir cualquier financiamiento privado y una plena ciudadanización de las autoridades electorales.

En otras palabras, hay que establecer un verdadero sistema democrático en que la difusión de los mensajes y las propuestas de los candidatos no tengan ninguna relación con el tamaño de sus carteras y donde los ciudadanos puedan emitir sus sufragios de manera libre y secreta.

También habría que incentivar, en lugar de desalentar, el voto. En México el voto ya es técnicamente obligatorio y también existen sanciones para quienes se abstienen, de acuerdo con los artículos 36 y 38 de la Constitución. Sin embargo, ninguna autoridad se ha atrevido a hacer válida esta disposición por miedo a generar la ira de los partidos del régimen.

Habría que seguir el ejemplo de países como Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay, donde hay verdaderas sanciones para quienes incumplen con su responsabilidad de participar en la decisión sobre quiénes serán sus futuros gobernantes. Ello garantiza una alta participación ciudadana y reduce el impacto de las redes clientelares y la compra del voto.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2133
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 4 de septiembre de 2017

"Aprender del fraude" (Revista Proceso, 3 de septiembre, 2017

John M. Ackerman 

En los próximos días, Alfredo Tercero asumirá el trono de Toluca para seguir malgobernando el Estado de México. El primo de Enrique Peña Nieto se dedicará en cuerpo y alma a saquear todos los recursos de la entidad con el fin de canalizarlos hacia la elección presidencial de 2018. Si bien fue importante para el régimen mantener el poder sobre la entidad más poblada de la República, la próxima elección presidencial será literalmente una cuestión de vida o muerte para el partido de estado, el PRI, y sus aliados pactistas del PAN y el PRD. 

¿Qué hemos aprendido de la experiencia con el fraude en el Estado de México? ¿Cómo evitar que las elecciones federales de 2018 tengan el mismo desenlace que las locales de 2017? 

La lección más importante es que las instituciones electorales son nuestros peores adversarios. No solamente se hacen de la vista gorda frente al fraude sino que promueven activamente la impunidad y el atropello de la ley. 

Hay que desconfiar del árbitro. Es necesario acabar con cualquier resquicio de ingenuidad institucionalista para asumir directamente, como ciudadanos, la responsabilidad de garantizar el ejercicio de la soberanía popular el próximo año. 

Para muestra, un botón. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha rechazado la solicitud ciudadana de #NiUnFraudeMás (http://niunfraudemas.org/) de revisar todas las boletas electorales utilizadas en la pasada elección para gobernador del Estado de México, con el fin de verificar el conteo oficial, con el argumento que la transparencia generaría “un riesgo o amenaza a la seguridad nacional”. De acuerdo con el Comité de Transparencia del IEEM (resolución 00245/IEEM/IP/2017), la opacidad es necesaria para “evitar especulaciones [que] pondrían en riesgo el Estado Constitucional y de derecho y se amenazaría la gobernabilidad democrática”. 

Más claro ni el agua. Para las autoridades electorales, la principal amenaza para la gobernabilidad, el Estado de derecho y la seguridad nacional no es el fraude, sino la información y la conciencia ciudadanas. El IEEM concibe a sí mismo como una iglesia dueña de la única verdad y visualiza a los ciudadanos como un rebaño que en lugar de “especular” deben limitarse a obedecer, callarse y aceptar la dura realidad de la normalización de la imposición autoritaria. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha respondido con el mismo desdén despótico al rechazar el amplio recurso ciudadano, de más de 150 fojas, presentado por #NiUnFraudeMás a favor de la nulidad de la elección para gobernador del Estado de México. En su sentencia (SUP-JE-48/2017), los magistrados de la Sala Superior niegan que los ciudadanos tendríamos el derecho a contar con gobiernos electos democráticamente en elecciones libres, limpias y auténticas. 

De un plumazo, abdicando su plena jurisdicción y sin argumentación alguna, desechan los artículos 39 (referente a la soberanía popular), 40 (sobre la república representativa y democrática) y 41 (sobre la celebración de elecciones libres y auténticas) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Escondiéndose en una lectura literalista y burocrática de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el máximo tribunal de justicia electoral ha resuelto que los únicos con “interés jurídico” en contar con autoridades legítimas electas democr[aticamente serían los candidatos y los partidos. 

En otras palabras, de acuerdo con las instituciones electorales, los ciudadanos no somos más que un estorbo para la democracia. 

La triste realidad es que hemos regresado tres décadas en materia de justicia electoral. Nos encontramos hoy en exactamente la misma situación que en 1988, antes de la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), en que la única forma para hacer valer la soberanía popular es por medio de la acción directa en las calles y las urnas. 

Ya no tiene sentido alguno exigir a las autoridades que “cumplan con su mandato constitucional” o que “se abran a la ciudadanía”. Tampoco podemos esperar pasivamente que el único partido ciudadano y de oposición, Morena, haga todo el trabajo por nosotros. 

La responsabilidad se encuentra en nuestras manos. Todos y cada uno de los ciudadanos del país tenemos la obligación de organizarnos desde ahora para ir formando enormes cinturones de paz, de vigilancia y de legalidad con suficiente fuerza para garantizar el ejercicio de la soberanía popular en 2018. 

¿Seremos capaces de hacer nuestra parte o nos quedaremos en las gradas observando como desaparecen a México del mapa? 

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso, No. 2131

lunes, 21 de agosto de 2017

"López Obrador y la institucionalidad democrática" (Revista Proceso, 20 de agosto, 2017)


John M. Ackerman

Carmen Martínez, Fredy Martínez, Augusto Cruz, Epifanio Domínguez, presos políticos de Chiapa de Corzo, libertad inmediata.

Entre todas las calumnias y mentiras que cotidianamente se lanzan desde las altas esferas del poder económico y social contra Andrés Manuel López Obrador, la que ofende más a la inteligencia y la lógica es la acusación de que la llegada del tabasqueño a Los Pinos implicaría una amenaza para la institucionalidad democrática del país.

Los adversarios del futuro candidato presidencial de Morena no se cansan de acusarlo de ser un “populista” que supuestamente no respeta las leyes o la división de poderes. Advierten que como presidente podría actuar como un pequeño dictador que no permitiría ningún límite a su poder y aplastaría a sus adversarios. Más vale malo por conocido que bueno por conocer, reza esta perversa lógica conservadora y derrotista.

El primer error con este enfoque es que supone que México hoy gozaría de algo que podría llamarse “institucionalidad democrática”.

Habría que hacernos una serie de preguntas serias al respecto: ¿Existe alguna institución del Estado mexicano que hoy funcione correctamente de acuerdo con su mandato constitucional o legal? ¿La Suprema Corte imparte justicia? ¿Las fuerzas armadas protegen al pueblo? ¿La Presidencia de la República fomenta el bienestar de los mexicanos? ¿El Congreso de la Unión legisla a favor del interés público? ¿La Procuraduría General de la República combate la impunidad? ¿La Secretaría de Relaciones Exteriores defiende la soberanía nacional? ¿Los institutos electorales garantizan comicios libres, limpios y auténticos?

Muy difícilmente podríamos contestar, en buena fe, a cualquiera de estas preguntas en lo afirmativo. Nos encontramos hoy en medio de una enorme crisis histórica de efectividad y de credibilidad de las instituciones públicas.

No es necesario esperar, entonces, hasta después de las elecciones presidenciales de 2018 para saber cómo sería vivir en una situación de colapso total de la institucionalidad democrática. Enrique Peña Nieto, y el régimen PRIANRDista que lo respalda, ya ha avanzado demasiado en este sentido.

Recordemos cómo Peña Nieto violentó la división de poderes desde el primer día del sexenio con su Pacto por México, atropellando todos los procedimientos parlamentarios con el fin de lograr la aprobación relámpago de la privatización del petróleo y la electricidad.

El régimen actual tampoco respeta las leyes del país. La corrupción desbordada y la impunidad desenfrenada demuestran claramente que quienes hoy gobiernan no tienen ningún respeto por las instituciones públicas. El caso de los sobornos de Odebrecht para Emilio Lozoya es solamente el caso más reciente en una serie de escándalos públicos que involucran el círculo más íntimo del actual ocupante de Los Pinos. Y el fraude en el Estado de México demostró una vez más la total ausencia de un Estado de derecho en materia electoral.

El régimen actual también ha demostrado su enorme intolerancia a la oposición y el diálogo democrático. La censura a los comunicadores, la agresión a los periodistas, la represión de las manifestaciones y el encarcelamiento de activistas se han generalizado durante el presente sexenio como nunca antes en la historia reciente del país.

Es cierto, sin embargo, que las cosas podrían empeorar. Por ejemplo, si el régimen logra imponerse una vez más en 2018 por medio de la violencia, la censura y el fraude podríamos tocar fondo muy pronto. Cualquiera de los candidatos del PRIANRD (Margarita Zavala, Aurelio Nuño, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Miguel Ángel Mancera, etcétera.) llegarían con el fin de culminar el trabajo de destrucción institucional iniciado desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari.

Resulta evidente que la única esperanza para iniciar el largo camino hacia la recuperación de la institucionalidad democrática es con la llegada a Los Pinos de un agente externo, alguien que no tiene participación alguna en la extensa telaraña de complicidades que hoy infecta las altas esferas políticas y económicas del país.

El que paga para ganar, roba al llegar. Pero quien gana legítimamente no tiene otra opción que rendir cuentas a quien lo colocó en la silla.

Es también importante recordar que López Obrador ha dedicado su vida entera a la lucha por la democracia y la recuperación de las instituciones públicas. Jamás ha llamado a la violencia y siempre acude a las instituciones para defender las causas que enarbola. En 2006 fue al Tribunal Electoral para demandar “voto por voto” y en 2012 exigió una fiscalización profunda de las finanzas de la campaña de Peña Nieto. Sus luchas contra las reformas petrolera y educativa también han buscado establecer diálogos públicos con las instituciones responsables.

La misma insistencia del tabasqueño en participar una y otra vez en las elecciones presidenciales, aun a pesar de los constantes fraudes y engaños, revela su profundo apego a la vía institucional. López Obrador jamás ha tirado el tablero. Tiene una fe casi utópica en que con el esfuerzo de todos, podemos finalmente hacer realidad el sueño de que las instituciones funcionen de acuerdo con su mandato legal.

Y tantos años de experiencia de López Obrador en la oposición constituye una garantía de que al llegar a Los Pinos no recurriría a ninguna cacería de brujas ni acoso a la oposición. Sería simplemente contra natura que alguien forjado con tantos años de lucha desde la oposición y por una democracia verdadera de repente cambiaría su perspectiva 180 grados al llegar al poder.

En suma, López Obrador no presenta riesgo alguno a la institucionalidad democrática sino todo lo contrario, representa la esperanza de finalmente recuperar la institucionalidad perdida.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2129
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

miércoles, 9 de agosto de 2017

"El 'mundo global' de Nuño" (Revista Proceso, 6 de agosto, 2017)


John M. Ackerman

El pasado 11 de julio Aurelio Nuño anunció que la solución mágica a los problemas de México se encontraría en la ampliación de la cantidad de horas dedicadas a la enseñanza del inglés en las escuelas públicas del país. De acuerdo con su plan maestro, a partir de 2020 todos los niños egresarían de la primaria perfectamente bilingües, hablando español e inglés.

En un momento particularmente emocionante de su discurso, el secretario de Educación Pública –alguien que apenas mastica el inglés– exclamó que la enseñanza de este idioma sería más importante que casi cualquier otra materia, ya que es la única forma en que “México podrá insertarse con eficacia en el mundo global”.

El “pequeño detalle”, como diría Cantinflas, es que la afirmación de Nuño carece de sentido alguno, ya que el “mundo” es siempre y por definición “global”. Asimismo, la “inserción” de México en este “mundo global” es un hecho que no depende en absoluto del idioma que hablen sus ciudadanos. Al parecer, habría que recordarle a Mister Nuño que nuestro país no se encuentra en la Luna, sino en el planeta Tierra y por ello está automáticamente “inserto” en el mundo.

Así que la gran pregunta sobre el futuro de México no es cómo mejor “insertarnos en un mundo global”, una frase que carece de sentido u originalidad, sino cómo relacionarnos mejor con las otras naciones y pueblos del planeta.

Vale la pena abordar el tema de fondo: ¿Es el aprendizaje del inglés la clave del éxito internacional de México? Y en particular, ¿vale la pena dar prioridad a esta materia por encima de otras áreas de aprendizaje, como las matemáticas, el español, la música, las lenguas indígenas o el pensamiento creativo y crítico?


Si el objetivo principal del sistema educativo es producir mano de obra barata al servicio del capital estadunidense la respuesta sería afirmativa, desde luego. Desde este punto de vista, México necesita urgentemente que sus obreros puedan leer los manuales escritos en Seattle así como obedecer las órdenes emitidas por sus nuevos jefes de Houston y Nueva York.

Esta miserable lógica entreguista es la que predomina en el gobierno federal y en las mentes de todos los “líderes” del PRIANRD. Sueñan con desaparecer a México, y en particular al terrible estorbo de los millones de mexicanos dignos y conscientes, para “integrarse” plenamente en América del Norte. De ahí surge el servilismo más absoluto del gobierno de Enrique Peña Nieto hacia Donald Trump con respecto a la construcción del muro fronterizo, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el maltrato hacia los migrantes mexicanos residentes en los Estados Unidos y la política exterior hacia Venezuela.

Pero quienes soñamos con un México fuerte, soberano y justo tendríamos que apostarles a otras vías para fortalecer a la nación.

Específicamente, los dos aspectos que deberían ser prioritarios en el sistema educativo nacional serían la creatividad y el pensamiento crítico. Los países que logran avanzar en el mundo contemporáneo son aquellos que invierten en la formación integral de la inteligencia y la sensibilidad de sus poblaciones, no los que priorizan la enseñanza de un idioma en particular.

Lo que hace falta no es aprender a decir “yes sir” sin acento, sino liberarnos del malinchismo tan arraigado entre las élites políticas, empresariales e intelectuales del país, con el fin de construir nuestro propio camino al éxito a partir de las grandes fortalezas culturales, históricas y económicas de México.

Antes de aprender a masticar el inglés, nuestros niños primero tendrían que conocer la historia de México, así como saber leer, escribir, crear y criticar en español. Los estudiantes también tendrían que hacer deporte, aprender a tocar algún instrumento, saber debatir inteligentemente sobre la situación política nacional y conocer las tradiciones y las lenguas de los pueblos indígenas. El aprendizaje del inglés no hace daño, desde luego, pero es un gran error colocarlo como el eje vertebral del nuevo sistema educativo.

Si en México habláramos un idioma poco conocido mundialmente, quizás tendría sentido dar una alta prioridad al aprendizaje de lenguas extranjeras. Sin embargo, habría que recordar que el español es hoy el tercer idioma más importante en el mundo, con 350 millones de hablantes nativos. Solamente el chino mandarín y el hindi cuentan con más hablantes nativos.

Hablar español, el idioma de nuestros primeros colonizadores, ya nos da acceso al “mundo global” tan admirado por Nuño.

Lo que hace falta hoy no es aprender el idioma del nuevo imperio, sino dirigir la mirada hacia adentro para promover un renacimiento integral de la enorme creatividad y profundidad de todos los mexicanos a partir de una verdadera reforma educativa diseñada e implementada de la mano con los maestros, los alumnos, los padres y las madres de familia en toda la República.

@JohnMAckerman

lunes, 10 de julio de 2017

"Hacia la ciudadanización del derecho electoral" (Revista Proceso, 9 de julio, 2017)



John M. Ackerman

Una de las razones por las cuales predomina la impunidad más absoluta en materia electoral es por la burocratización y la partidización de la justicia electoral. Si realmente queremos romper el nefasto ciclo de simulación y de fraudes constantes en México, habría que habilitar a los ciudadanos para que puedan participar directamente en los procesos de vigilancia y evaluación de los comicios. 

Actualmente, el derecho electoral mexicano acota de manera estricta e inaceptable el papel de la ciudadanía. Somos convocados a las urnas para votar, prestamos mano de obra gratuita al INE sirviendo como funcionarios de casilla, y podemos fungir como silenciosos “observadores ciudadanos” de los procesos de conteo, pero formalmente no contamos con la “personalidad jurídica” necesaria para exigir un recuento de la votación o impugnar directamente los resultados fraudulentos. 

Ello no implicaría problema alguno si las instituciones electorales cumplieran con su espíritu original de ser organismos ciudadanos, independientes y autónomos. La histórica reforma electoral de 1996, que sentó las bases para la supuesta “transición democrática” en México, le apostó a la ciudadanización de los órganos electorales con el fin de acabar con los fraudes constantes. 

Desde la casilla electoral hasta la máxima instancia de dirección, el Consejo General del IFE, la autoridad sería dirigida y vigilada por ciudadanos independientes. El IFE también contaría con autonomía plena tanto de los partidos políticos como de las instituciones gubernamentales para poder cuidar las elecciones con total independencia y objetividad. 

Pero aquel sueño de ciudadanización hoy se ha convertido en una oscura pesadilla de burocracia, simulación y corrupción. Los consejos generales, tanto del INE como de los institutos locales, ya no cuentan con autonomía ni espíritu ciudadano alguno. Hoy casi todos los consejeros rinden homenaje al poder y se hacen de la vista gorda frente a las violaciones legales. 

Asimismo, cada día los partidos del régimen corrompen e intimidan con mayor descaro a los ciudadanos funcionarios de casilla. En el Estado de México, hubo una avalancha de denuncias tanto de amenazas como de sobornos en contra de quienes tenían que contar los votos el pasado 4 de junio. Los partidos del Pacto por México también suelen formar sus cuadros desde temprano en las casillas para poder colocar a sus más fieles militantes como escrutadores en el caso de que algún funcionario faltara a su labor el día de la elección. También hubo graves deficiencias en la capacitación de los funcionarios de casilla en el Estado de México, evidenciadas por los numerosos casos de conteos amañados y actas irregulares. 

Frente a la traición de las instituciones electorales a su espíritu ciudadano, nos toca a la sociedad volver a tomar la batuta. Por ejemplo, desde la iniciativa #NiUnFraudeMás (www.niunfraudemas.org), y con el imprescindible apoyo del Lic. Julio Ortiz, entregamos la semana pasada dos recursos jurídicos especiales que buscan limpiar la pestilente elección del Estado de México. 

Por un lado, realizamos una solicitud de acceso a la información pública contenida en todas y cada una de las boletas electorales utilizadas en la elección. Ello con el fin de realizar un recuento ciudadano autónomo e independiente para verificar, o en su caso rectificar, el conteo oficial. Fundamentamos nuestra solicitud tanto en el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como en jurisprudencias y casos claves resueltos anteriormente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Electoral del Distrito Federal y la Corte Constitucional de Alemania. 

Por otro lado, sometimos a las autoridades un “Juicio Especial en Materia Electoral” que solicita la nulidad del eventual “triunfo” de Alfredo Del Mazo por violaciones graves a los artículos constitucionales 39, referente a la soberanía popular, 40, referente a la República representativa y democrática, y 41, referente a la celebración de elecciones libres y auténticas. 

Esta sería la primera vez en la historia de México en que un grupo de ciudadanos se haya atrevido a cometer el sacrilegio de impugnar legalmente los resultados “oficiales”. De acuerdo con la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y su homólogo en el Estado de México, los ciudadanos estamos formalmente y cínicamente excluidos del proceso de impugnación. 

Sin embargo, ninguna ley secundaria se puede colocar por encima de la Constitución. Específicamente, la redacción excluyente de las leyes de medio de impugnación viola nuestro derecho constitucional a la tutela judicial efectiva protegida por el artículo 17 de la CPEUM. Y el artículo 6 del Código Electoral del Estado de México incluso dice que “los ciudadanos y los partidos políticos son corresponsables de la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral”. ¿Pero cómo podremos los ciudadanos cumplir con esta responsabilidad legal si no tenemos acceso a los tribunales electorales? 

Para responder a esta pregunta los tribunales forzosamente tendrán que tomar en cuenta el Artículo Primero de la CPEUM que establece el principio “pro persona” lo cual obliga a todas las autoridades del país a recurrir siempre a la ley y la interpretación más favorables para la protección de los derechos humanos. 

Para bien o para mal, el marco jurídico mexicano ahora permite que ciudadanos sin partido, los mal llamados “independientes”, participan en los procesos electorales. Sin embargo, la tarea más propiamente ciudadana de vigilar e impugnar los resultados electorales sigue cerrada a la sociedad. 

Una ruta de salida al actual ciclo vicioso de fraudes y simulación es con la recuperación el espíritu original de las reformas electorales de los noventas permitiendo el acceso ciudadano a la justicia. Quedamos a la espera de la respuesta de los tribunales a los recursos presentados por #NiUnFraudeMás. 

Twitter: @JohnMAckerman