ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 18 de septiembre de 2017

"El 'remedio' Kumamoto" (Revista Proceso, 17 de septiembre, 2017)

Pedro Kumamoto y Aristóteles Sandoval pactan su reforma electoral 
John M. Ackerman

La enfermedad es evidente y a los ojos de todos. Cada año México derrocha enormes cantidades de recursos públicos en los partidos políticos y las instituciones electorales. En 2018 los partidos recibirán 12 mil millones de pesos, incluyendo su financiamiento federal y estatal, y el gasto operativo del INE y el TEPJF juntos rebasará 22 mil millones de pesos.

Quienes pagamos impuestos no tenemos por qué mantener a tantos burócratas inútiles y dirigentes corruptos. Sin embargo, el remedio que pactó el diputado "independiente” Pedro Kumamoto con el gobernador priista de Jalisco, Aristóteles Sandoval, es peor que la enfermedad.

La reforma, ya aprobada por el Congreso de Jalisco y avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modifica la fórmula para calcular el monto de financiamiento público para los partidos en el estado. A partir de 2019 la bolsa total, antes de su reparto a cada uno de los partidos, no se calculará en función de la cantidad de votantes inscritos en el padrón electoral sino de acuerdo con la cantidad de votos válidos emitidos en la urna en la elección inmediatamente anterior.

Kumamoto alega que esta reforma ayudará a renovar el sistema político y a acercar a los partidos con la ciudadanía. Pero en realidad ocurrirá exactamente lo contrario.

Primero, la nueva ley incentiva la abstención. Con el fin de "castigar a los partidos” y desde un punto de vista engañoso de "todos son iguales”, los ciudadanos más conscientes ahora cuentan con el pretexto perfecto para justificar la irresponsabilidad ciudadana de quedarse en casa el día de las elecciones.

Mientras, seguirán operando las mismas redes clientelares y delincuenciales de compra, coacción y acarreo del voto de siempre. El resultado será un debilitamiento de la votación para los candidatos ciudadanos e independientes, ya que los medios del régimen se encargarán de "demostrar” que son "iguales” a los demás, y el fortalecimiento de la presencia electoral de los partidos más retrógradas, como el PRI, PAN, PRD y MC, que tienen garantizados siempre sus ejércitos de votantes.

Segundo, la reducción en el financiamiento público favorecerá directamente a los partidos más corruptos. Los partidos del mal llamado Pacto por México no sufrirán mayores consecuencias porque ya reciben ilegalmente una gran parte de su financiamiento del sector privado, o incluso del crimen organizado. Estos institutos políticos compensarán fácilmente la pérdida de recursos públicos con una mayor recaudación entre sus poderosos socios, estableciendo así compromisos aún más profundos de corrupción e impunidad hacia el futuro.

En contraste, la reducción en el financiamiento público afectará gravemente a los partidos cercanos a los ciudadanos de carne y hueso. Por muchas rifas y colectas que se organicen, las pequeñas donaciones individuales jamás alcanzarán para financiar una campaña electoral exitosa en las condiciones actuales.

Nuestro pueblo es demasiado empobrecido y los gastos electorales demasiado elevados. El resultado será la muerte lenta de cualquier esfuerzo político que se propone defender los intereses de quienes no tienen suficientes recursos para comer y mucho menos para donar a un partido político.

El surgimiento de nuevos candidatos supuestamente "independientes” no resolverá el problema, sino que lo agravará. Para poder competir en el contexto actual de fraude estructural, estos candidatos también tendrán que recaudar grandes cantidades de dinero y establecer contactos de alto nivel para tener posibilidades de acceder al poder.

De hecho, la presión financiera y política sobre los "independientes” será aún mayor que sobre los partidos, ya que por definición no cuentan con una estructura organizativa que los respalde ni un emblema ya conocido por la población.

Es precisamente por ello que "independientes”, como Jaime Rodríguez o Juan Bueno Torio, muchas veces resultan en realidad más dependientes de los poderosos que los ciudadanos de carne y hueso –como los Diputados Federales Guillermo Santiago o Araceli Damián– que logran postularse por medio de partidos, como Morena. Los vínculos de Kumamoto con grupos de poder en Jalisco, por ejemplo, lo acercan más a los primeros que a los segundos.

El verdadero remedio al problema del derroche electoral sería una reducción directa al financiamiento público, sin la perversa vinculación con la tasa de participación electoral. Pero esta reforma no funcionará si no viene acompañada también de una correspondiente reducción en los gastos en materia electoral, una prohibición absoluta de recibir cualquier financiamiento privado y una plena ciudadanización de las autoridades electorales.

En otras palabras, hay que establecer un verdadero sistema democrático en que la difusión de los mensajes y las propuestas de los candidatos no tengan ninguna relación con el tamaño de sus carteras y donde los ciudadanos puedan emitir sus sufragios de manera libre y secreta.

También habría que incentivar, en lugar de desalentar, el voto. En México el voto ya es técnicamente obligatorio y también existen sanciones para quienes se abstienen, de acuerdo con los artículos 36 y 38 de la Constitución. Sin embargo, ninguna autoridad se ha atrevido a hacer válida esta disposición por miedo a generar la ira de los partidos del régimen.

Habría que seguir el ejemplo de países como Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay, donde hay verdaderas sanciones para quienes incumplen con su responsabilidad de participar en la decisión sobre quiénes serán sus futuros gobernantes. Ello garantiza una alta participación ciudadana y reduce el impacto de las redes clientelares y la compra del voto.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2133
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 4 de septiembre de 2017

"Aprender del fraude" (Revista Proceso, 3 de septiembre, 2017

John M. Ackerman 

En los próximos días, Alfredo Tercero asumirá el trono de Toluca para seguir malgobernando el Estado de México. El primo de Enrique Peña Nieto se dedicará en cuerpo y alma a saquear todos los recursos de la entidad con el fin de canalizarlos hacia la elección presidencial de 2018. Si bien fue importante para el régimen mantener el poder sobre la entidad más poblada de la República, la próxima elección presidencial será literalmente una cuestión de vida o muerte para el partido de estado, el PRI, y sus aliados pactistas del PAN y el PRD. 

¿Qué hemos aprendido de la experiencia con el fraude en el Estado de México? ¿Cómo evitar que las elecciones federales de 2018 tengan el mismo desenlace que las locales de 2017? 

La lección más importante es que las instituciones electorales son nuestros peores adversarios. No solamente se hacen de la vista gorda frente al fraude sino que promueven activamente la impunidad y el atropello de la ley. 

Hay que desconfiar del árbitro. Es necesario acabar con cualquier resquicio de ingenuidad institucionalista para asumir directamente, como ciudadanos, la responsabilidad de garantizar el ejercicio de la soberanía popular el próximo año. 

Para muestra, un botón. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha rechazado la solicitud ciudadana de #NiUnFraudeMás (http://niunfraudemas.org/) de revisar todas las boletas electorales utilizadas en la pasada elección para gobernador del Estado de México, con el fin de verificar el conteo oficial, con el argumento que la transparencia generaría “un riesgo o amenaza a la seguridad nacional”. De acuerdo con el Comité de Transparencia del IEEM (resolución 00245/IEEM/IP/2017), la opacidad es necesaria para “evitar especulaciones [que] pondrían en riesgo el Estado Constitucional y de derecho y se amenazaría la gobernabilidad democrática”. 

Más claro ni el agua. Para las autoridades electorales, la principal amenaza para la gobernabilidad, el Estado de derecho y la seguridad nacional no es el fraude, sino la información y la conciencia ciudadanas. El IEEM concibe a sí mismo como una iglesia dueña de la única verdad y visualiza a los ciudadanos como un rebaño que en lugar de “especular” deben limitarse a obedecer, callarse y aceptar la dura realidad de la normalización de la imposición autoritaria. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha respondido con el mismo desdén despótico al rechazar el amplio recurso ciudadano, de más de 150 fojas, presentado por #NiUnFraudeMás a favor de la nulidad de la elección para gobernador del Estado de México. En su sentencia (SUP-JE-48/2017), los magistrados de la Sala Superior niegan que los ciudadanos tendríamos el derecho a contar con gobiernos electos democráticamente en elecciones libres, limpias y auténticas. 

De un plumazo, abdicando su plena jurisdicción y sin argumentación alguna, desechan los artículos 39 (referente a la soberanía popular), 40 (sobre la república representativa y democrática) y 41 (sobre la celebración de elecciones libres y auténticas) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Escondiéndose en una lectura literalista y burocrática de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el máximo tribunal de justicia electoral ha resuelto que los únicos con “interés jurídico” en contar con autoridades legítimas electas democr[aticamente serían los candidatos y los partidos. 

En otras palabras, de acuerdo con las instituciones electorales, los ciudadanos no somos más que un estorbo para la democracia. 

La triste realidad es que hemos regresado tres décadas en materia de justicia electoral. Nos encontramos hoy en exactamente la misma situación que en 1988, antes de la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), en que la única forma para hacer valer la soberanía popular es por medio de la acción directa en las calles y las urnas. 

Ya no tiene sentido alguno exigir a las autoridades que “cumplan con su mandato constitucional” o que “se abran a la ciudadanía”. Tampoco podemos esperar pasivamente que el único partido ciudadano y de oposición, Morena, haga todo el trabajo por nosotros. 

La responsabilidad se encuentra en nuestras manos. Todos y cada uno de los ciudadanos del país tenemos la obligación de organizarnos desde ahora para ir formando enormes cinturones de paz, de vigilancia y de legalidad con suficiente fuerza para garantizar el ejercicio de la soberanía popular en 2018. 

¿Seremos capaces de hacer nuestra parte o nos quedaremos en las gradas observando como desaparecen a México del mapa? 

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso, No. 2131