ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 22 de enero de 2018

"Se tambalea el registro del PRI" (Revista Proceso, 21 de enero, 2018)

John M. Ackerman

El pasado 10 de enero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) anunció con bombo y platillo que había descubierto, seis años tarde, una compleja trama utilizada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para triangular enormes cantidades de recursos ilegales hacia las campañas de 2012. Específicamente, se detectó que una sola empresa fantasma al servicio de la campaña de Enrique Peña Nieto, Logística Estratégica Asismex, manejó libremente la friolera de mil 400 millones de pesos durante aquel proceso electoral sin reportar un solo peso ni a la autoridad electoral ni a las autoridades hacendarias. 

Este monto sería adicional a los millones de pesos que ya sabemos se manejaban también por medio de las conocidas tarjetas Monex y Soriana durante el mismo año. 

Sin embargo, en lugar de llegar al fondo de esta situación sumamente irregular, los consejeros de repente decidieron frenar su investigación y cerrar el expediente con la aplicación de un par de multas estrictamente simbólicas. De los mil 400 millones de pesos, el INE solamente multó al PRI por no reportar pagos por la cantidad de 16 millones de pesos, recursos entregados cuatro días antes de la elección a personas que estaban formalmente acreditados como representantes de casilla. 

El mismo día del pago de los 16 millones, también se realizó una dispersión de otros 47 millones de pesos desde las mismas cuentas, pero a otras personas no formalmente registrados con el INE como representantes del PRI. Cualquier persona en su sano juicio deduciría que estos otros gastos también tendrían que haber sido para fines de la campaña electoral, para comprar votos y movilizar las bases del PRI, aunque no hayan sido depositados directamente en las cuentas de personas formalmente registradas ante el INE como operadores del partido. Pero el INE, al parecer, carece precisamente del juicio necesario y prefirió encubrir e ignorar la realidad. 

Los consejeros también tuvieron el cinismo de multar simultáneamente a la Coalición Movimiento Progresista, que había postulado a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, porque aparentemente unas cuantas personas que recibían dinero de la empresa Asismex, por medio de tarjetas de Bancomer, estaban acreditados como representantes de casilla de esta coalición. 

Aquí la interpretación lógica sería que estas personas recibían este recurso como soborno para incumplir sus tareas con López Obrador. O, en su caso, serían personas infiltradas entre las filas Obradoristas desde el principio del proceso electoral. No se entendería de otra manera porque estas personas recibieron exactamente el mismo pago, por la misma vía y de la misma “empresa” que los miles de operadores priistas acreditados. 

Pero tal hipótesis jamás fue considerada o investigada por los consejeros electorales. Prefirieron sancionar parejo con el fin de sembrar entre la opinión pública la fantasiosa idea de que “todos son iguales”. 

Pero el problema más grave con la investigación de los consejeros fue la ausencia de una indagación con respecto al origen de estos mil 400 millones de pesos. La autoridad simplemente se dio por vencido al atestiguar la compleja telaraña de cuentas y empresas fantasmas armada por el PRI y sus socios para esconder los rastros de los “donantes”. 

El INE no ofrece dato alguno con respecto a quienes hayan sido los misteriosos financiadores. Abdicó en su responsabilidad de llegar al fondo de este enorme atropello a la legalidad y la constitucionalidad en materia electoral. 

¿Habrán sido recursos del narcotráfico? ¿Dinero de Odebrecht y otras empresas petroleras extranjeras canalizado por medio de Emilio Lozoya? ¿Recursos provenientes del gobierno de los Estados Unidos? ¿Recursos públicos canalizados por medio de empresas fantasma al estilo de la “Estafa Maestra” o como en el caso de las elecciones de 2016 en Chihuahua? 

Él que cuenta con toda la información sobre los flujos financieros de 2012 es hoy el único aspirante a la presidencia por el PRI, José Antonio Meade, quien fungió como el Secretario de Hacienda de Felipe Calderón durante todo el proceso electoral de 2012. Pero el muy “honesto” precandidato al parecer sabe muy bien como guardar los secretos y las complicidades. 

La indolencia y la complicidad del INE no nos permiten conocer el verdadero origen de estos recursos millonarios. Sin embargo, con la información que tenemos es evidente que hubo una grave violación a la normatividad en materia electoral. 

Por ejemplo, el 41 de la constitución establece el principio irrenunciable de prevalencia de los recursos públicos sobre los de origen privado en todas las campañas electorales. En 2012, el PRI recibió por concepto de financiamiento público para gastos de campaña la cantidad de 537,269,864.03 millones de pesos. Si se acredita que los mil 400 millones de pesos manejados por la empresa Asismex fueron utilizados para la campaña del PRI nos encontraríamos frente a una flagrante violación de este principio fundamental. 

Las leyes electorales también establecen estrictos topes de gasto de campaña (fijado en 336 millones de pesos para la elección presidencial de 2012), prohíben la compra o adquisición de tiempos en radio y televisión para hacer propaganda electoral y sancionan la recepción de recursos de procedencia ilícita o la utilización de recursos gubernamentales para fines electorales. 

El Artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos señala que es causa de pérdida de registro de un partido político “incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto…de las obligaciones que le señala la normatividad electoral”. 

Cuando combinamos el caso de Asismex con lo que conocemos sobre el financiamiento irregular de las campañas de 2016 en Chihuahua y otros estados y los descarados fraudes electorales cometidos en Coahuila y el Estado de México durante 2017, es difícil no llegar a la conclusión de que el Consejo General del INE debería por lo menos abrir un expediente con respecto al posible retiro del registro del partido más viejo y autoritario del país. 

La subordinación de los consejeros al poder y el dinero no les permitirán actuar de acuerdo con la ley. Sin embargo, tarde o temprano la historia los juzgará por su evidente complicidad con el régimen de corrupción y violencia que hoy está destruyendo la nación. 

Publicado en Revista Proceso No. 2151
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lunes, 8 de enero de 2018

"Meade en su burbuja" (Revista Proceso, 7 de enero, 2018)

John M. Ackerman 

En su reciente visita a Zacatecas, el pasado martes 2, José Antonio Meade se hizo acompañar de “un despliegue de seguridad que incluyó a decenas de hombres vestidos de civil con corte de cabello y apariencia militar”, informó el corresponsal de La Jornada en la entidad, Alfredo Valadez. El evento, además, no se realizó en una plaza pública de la capital del Estado, sino en el protegido Centro Platero de Convenciones del municipio de Guadalupe, en la zona conurbada. 

El miedo no anda en burro. El día anterior, los mexicanos habíamos iniciado el año 2018 sufriendo un nuevo aumento en los precios de la gasolina y la tortilla. Y durante los últimos días de 2017 el valor del peso se desplomó, llegando a rozar 20 por dólar. 2017 también resultó ser el año más violento en la historia reciente, con 2 mil homicidios al mes, más que en 2011, el año más violento del sexenio de Felipe Calderón. 

Cada día queda más claro que aunque Meade crea que ande por el mundo “vestido de civil”, viajando en vuelos comerciales al estilo de Andrés Manuel López Obrador y comprando con su esposa su cena de fin de año en el supermercado, en realidad el rey de la estrategia económica de Calderón y de Enrique Peña Nieto se encuentra totalmente desprovisto de vestimenta alguna. Quedan muy pocos ciudadanos que todavía se dejan engañar por la farsa del tecnosaurio disfrazado de Chamula. 

La visita de Meade a Zacatecas además contó con un agravante adicional. Los habitantes de esta combativa ciudad recuerdan muy bien cómo el régimen autoritario recientemente les arrebató de manera brutal su derecho a elegir a sus propios gobernantes. 

En las últimas elecciones para la presidencia municipal de la capital del Estado, celebradas el 5 de junio de 2016, la candidata de Morena, Soledad Luévano, recibió en las urnas el apoyo mayoritario de la población. Sin embargo, en flagrante violación de las jurisprudencias en la materia, los magistrados electorales locales y federales concluyeron que la existencia de unas cuantas bardas y camisetas, así como un solo anuncio espectacular con el nombre de la candidata, durante el periodo de precampaña, fueron violaciones suficientemente “graves”, “sustanciales”, “generalizadas” y “determinantes” para anular la victoria de Luévano. 

La decisión no tenía pies ni cabeza desde un punto de vista jurídico, sino que respondió a una evidente directriz política. Por si hubiera alguna duda al respeto, unos días después de este atraco jurídico, el magistrado que lo había orquestado, Reyes Rodríguez Mondragón, fue premiado con su promoción a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde donde hoy sigue protegiendo los intereses del PRIAN y tendrá que calificar la elección presidencial de 2018. 

Las “decenas de hombres vestidos de civil con corte de cabello y apariencia militar” que acompañan a Meade no lo hacen para evitar algún atentado en contra de la vida de candidato. Meade es una figura insignificante, un títere gris que personalmente no representa amenaza alguna para nadie, ni para los peores delincuentes. 

El verdadero peligro para el exfuncionario del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) son más bien los reclamos y la indignación populares. Los operadores del PRI temen la muy probable repetición de un escenario similar al de aquella fatídica tarde en la Universidad Iberoamericana que dio origen al movimiento de #YoSoy132 en 2012. Los militares que acompañan a Meade están ahí para evitar cualquier roce incómodo con el pueblo, para asegurar que el precandidato se mantenga dentro de una burbuja esterilizada repleta de engaños y autoelogios. 

La principal debilidad de la campaña del candidato priista es precisamente el éxito de esta estrategia de aislamiento y empaquetamiento artificial. Mientras su principal contrincante, López Obrador, convive diariamente con la sociedad mexicana, recogiendo sus demandas y sus exigencias, escuchando sus sufrimientos y esperanzas, Meade se pierde dentro de un mar de asesores de imagen, periodistas chayoteros y encuestadores a modo. 

El resultado ha sido un alejamiento cada día más patente del priista del pueblo mexicano. Ello quedó claro cuando, el día después de su acto en Zacatecas, a Meade se le ocurrió citar las predicciones de “La Bruja Zulema”, una actriz del “esoterismo” que sale en la televisión nacional, como evidencia de su victoria supuestamente segura en 2018. Los recientes tweets, agresivos y de mal gusto en contra de López Obrador, de parte del nuevo Secretario de Educación Pública, el salinista Otto Granados, también revelan una clara desesperación entre las filas gubernamentales. 

La supuesta “inteligencia y “honestidad” del precandidato priista es un mito. Por mucho que Meade “se vista de civil” y presuma su “preparación” en escuelas elitistas de los Estados Unidos al servicio de la plutocracia global, en realidad el mismo ex Secretario de Hacienda no es más que un soldado raso, con todo y “corte de cabello y apariencia militar”, listo para disparar a la menor provocación en contra de sus compatriotas, con la Ley de Seguridad Interior en una mano y la bandera del Tío Sam en la otra. 

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados
Publicado en Revista Proceso No. 2149