"Honrar la Constitución" (Revista Proceso, 7 de febrero, 2016)

John M. Ackerman

Los principios revolucionarios y de transformación social que conforman el eje vertebral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) siguen hoy más vigentes que nunca. Hoy a 99 años de su promulgación el 5 de febrero de 1917, México no necesita una nueva Constitución ni un “reordenamiento” del viejo texto, y mucho menos otras “reformas estructurales” neoliberales. En lugar de buscar vías para cancelar, matizar o suavizar el legado de la Revolución Mexicana y la vigencia de nuestra histórica Carta Magna, habría que construir caminos para finalmente hacer valer el enorme abanico de derechos que todos ya tenemos de acuerdo con la ley.

“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”, reza la primera frase del artículo 123 de la Constitución. Cualquier persona que hoy se encuentra sin trabajo, o con un empleo que no lo dignifique como ser humano, se encuentra en franca violación del pacto nacional y social. La situación de las docenas de millones de desempleados y subempleados, así como de la multitud de personas quienes hoy laboran en el mercado informal o para grandes consorcios internacionales en condiciones deplorables, constituyen una abierta afrenta al Estado de derecho. 

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”, señala el artículo cuarto de la Constitución. El mismo artículo garantiza que todos los mexicanos también tengan acceso a “la protección de la salud”, “un medio ambiente sano”, “el agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible” y una “vivienda digna y decorosa”.

¿Usted, su familia, sus colegas y sus vecinos tienen satisfechas todas y cada una de estas necesidades básicas? Si es el caso, usted se encuentra entre las personas más privilegiadas del país, y además se mueve en un mundo enclaustrado, totalmente apartado de la vida cotidiana de la gran mayoría de sus compatriotas. Los derechos sociales más básicos de decenas de millones de personas son violados de manera flagrante todos los días y a todas horas en México.

El nuevo informe de OXFAM internacional (disponible aquí: http://ow.ly/XTCJv) ha demostrado que las 62 personas más ricas del mundo, entre las cuales se encuentra una media docena de mexicanos, ahora posean la misma riqueza que las 3.5 mil millones de personas más pobres de la planeta. En un estudio anterior, OXFAM-México ya había revelado que los rendimientos financieros de la riqueza de los cuatro principales multimillonarios mexicanos les alcanzarían para contratar 3 millones de trabajadores mexicanos durante un año pagándoles el salario mínimo, sin perder un solo peso de su riqueza (véase: http://ow.ly/XTEcj). 

Los juristas que circunscriben las violaciones al Estado de derecho estrictamente al ámbito penal y público distorsionan la realidad y engañan a los ciudadanos. Si bien es cierto que el crimen organizado, el abuso de autoridad y la corrupción gubernamental son asuntos sumamente graves, solamente constituyen la mitad del problema. La privatización de los recursos y los servicios públicos, la destrucción del medio ambiente, la sobreexplotación de los trabajadores así como la pobreza extrema en que se encuentra la mayor parte de los mexicanos también violan flagrantemente a la Carta Magna. 

En otros países, la naturaleza conservadora y estrictamente liberal de las constituciones correspondientes obliga a los juristas progresistas a elaborar teorías rebuscadas para demandar la intervención del Estado en la defensa y la tutela de los derechos sociales y económicos. Tal es el caso en los Estados Unidos y en la mayor parte de los países de Europa, por ejemplo, dónde los juristas de vanguardia muchas veces se ven obligados a recurrir al derecho natural o a los tratados internacionales para justificar su defensa del derecho más fundamental a una vida digna y sana. 

Pero en México tenemos la gran fortuna de contar con una Carta Magna surgida de una de las pocas revoluciones sociales exitosas del Siglo XX. Nuestro desarrollo jurídico se encuentra un paso adelante de los países supuestamente más “desarrollados”, muy a pesar de la ideología “malinchista” fomentada desde los aparatos ideológicos del Estado en la escuela, la iglesia y los medios de comunicación. En lugar de cercenar nuestra historia para emular a las naciones coloniales e imperiales del norte, el mejor camino es entonces partir de una valoración de los grandes logros históricos de la república y el pueblo mexicanos. 

Ello no implica, desde luego, caernos en una nostalgia triste de añoranza estéril para tiempos pasados. Al contrario, habría que inspirarnos en nuestra victoria histórica sobre el régimen despótico de Porfirio Díaz para actualizar las luchas de Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Francisco Villa y Lázaro Cárdenas en el México de hoy. Antes, el problema central fue la concentración del poder económico y político en manos de los latifundistas, los burócratas y la iglesia. Hoy, son los medios de comunicación, la clase política y el crimen organizado, dentro y fuera de las instituciones gubernamentales, quienes tienen postrado a la nación. 

Los adversarios son diferentes, pero la causa y el objetivo son los mismos. Tal y como ocurrió hace un siglo, la justicia, la democracia y la paz solamente serán posibles con la lucha constante del pueblo mexicano desde abajo en defensa de sus derechos y a favor de la vigencia de su Constitución republicana. 

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Publicado en Revista Proceso No.2049

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