"El coletazo del dinosaurio" (Revista Proceso, 10 de junio, 2018)

John M. Ackerman 

Las encuestas más recientes de Reforma, Parametria y El Financiero colocan a Andrés Manuel López Obrador con una ventaja casi insuperable de entre 20 y 30 puntos porcentuales hacia las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio. El tabasqueño domina a sus dos contrincantes en absolutamente todos los sectores sociales, entre todos los rangos de edad y en cada una de las regiones del país. Ni el fraude electoral más grande jamás visto en la historia de México podría remontar esta enorme desventaja del sistema corrupto. 

Sin embargo, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Lorenzo Córdova y un grupo de los oligarcas más poderosos del país simplemente se niegan a aceptar la derrota. Estos soldados de la continuidad aparentemente están dispuestos a torpedear la campaña del tabasqueño “haiga sido como haiga sido” con el fin de mantener sus privilegios y sus prebendas. 

La masiva realización de llamadas robotizadas con “encuestas” simuladas que atacan y difaman al tabasqueño constituye el capítulo más reciente en una guerra sucia de larga duración que viola flagrantemente la ley y enturbia al proceso electoral. El objetivo de estas llamadas no es solamente alejar a los votantes de López Obrador sino también obstaculizar la realización de nuevas encuestas electorales durante las próximas semanas que podrían ir confirmando la inevitable victoria del candidato de Morena en las elecciones presidenciales. 

Después de recibir varias de estas llamadas amenazantes y difamatorias, el ciudadano difícilmente tendría ganas de responder a las preguntas de un encuestador auténtico que se atreva a marcar por teléfono o a tocar el timbre de su casa. El miedo y el fastidio dictarán que es mejor encerrarse en su domicilio y simplemente no hablar con extraños. Y este proceso de aislamiento voluntario afectaría de manera particularmente fuerte a los allegados de Morena, ya que los ataques están dirigidos específicamente contra ellos. 

Con este operativo, los hombres y las mujeres del sistema buscan alterar artificialmente los resultados de las encuestas y así generar una ventana de oportunidad para poder operar un “fraude patriótico” sin llamar demasiado la atención o pagar costos políticos demasiado altos. Esta jugada no solamente cuenta con muy pocas probabilidades de éxito, sino que también constituye una violación flagrante a la normatividad. Si el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales (FEPADE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no investigan y castigan inmediatamente a los responsables estarán demostrando una vez más que sus abultados presupuestos simplemente no tienen razón de ser. 

Hay cinco maneras en que la masiva realización de llamadas difamatorias viola la ley: 

En primer lugar, nos encontramos frente a una muy probable violación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP). El INAI tendría que realizar una investigación exhaustiva de los números de origen y de destino de cada una de las llamadas para averiguar si no hubiera alguna filtración o venta ilegal de los números personales de millones de clientes de servicios telefónicos. Podríamos encontrarnos frente a un caso de mal uso de datos personales similar al que le metió en serios problemas legales a la empresa Cambridge Analytica en Europa y los Estados Unidos. 

En segundo lugar, tanto la Constitución como las leyes electorales prohíben que la propaganda política utilice calumnias que atribuyan falsamente delitos a partidos o candidatos opositores. La referencia falsa a Nestora Salgado como una supuesta “secuestradora” en un gran número de estas llamadas evidentemente se encuentra fuera de la norma. 

En tercer lugar, la enorme cantidad de dinero requerida para financiar la realización de millones de llamadas desde “call centers” especializados debe ser materia de una investigación inmediata de parte del INE. El gasto fácilmente podría generar un rebase de tope de gasto para las campañas de Anaya y/o Meade, así como también un rebase del límite estricto con respecto al financiamiento privado para las compañas políticas. 

En cuarto lugar, nos encontramos también frente a la probable comisión de un delito electoral que debe ser investigado por la FEPADE. El inciso XVI del artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales impone una multa de cincuenta a cien días y prisión de seis meses a tres años a cualquier persona que “realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio”. Las llamadas evidentemente buscan generar precisamente tanto “temor” como “intimidación” así que le FEPADE estaría obligado a intervenir en el caso. 

Finalmente, entre los cientos de denuncias recopiladas por la iniciativa universitaria “Diálogos por la democracia” (www.dialogosdemocraciaunam.mx) hemos detectado numerosas llamadas realizadas desde números del extranjero, por ejemplo desde Brasil y Grecia. Ello viola claramente la prohibición absoluta en contra de financiamiento desde el extranjero para las campañas políticas en México. 

Estas llamadas son apenas el principio del escalamiento de la guerra sucia durante las últimas semanas de la campaña. Si las instituciones no toman una acción contundente para frenar esta práctica a todas luces ilegal estarán literalmente invitando al PRI y al PAN a que rompan con cualquier semblanza del Estado de derecho en el camino hacia el 1 de julio, algo que podría poner en riesgo la celebración misma de las elecciones presidenciales. 

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