"Comunicaciones privadas e independencia nacional" (16 de junio de 2013)

Edward Snowden

Justicia para Arturo Hernández Cardona, Félix Bandera y Ángel Román, activistas sociales cobardemente asesinados en Iguala,Guerrero.

John M. Ackerman

El periódico británico The Guardian ha revelado que el gobierno de Estados Unidos y sus empresas contratistas intervienen de manera indiscriminada y masiva en las comunicaciones telefónicas y electrónicas del mundo entero. Barack Obama y sus socios también han desarrollado un agresivo aparato de ciberguerra para hackear, infiltrar y destruir unilateralmente a cualquiera que se oponga a sus “intereses nacionales”. Esta situación no solamente tiene que ver con China y el Medio Oriente, sino que también implica directamente a México. El vergonzoso e indignante silencio del gobierno y la clase política mexicanos con respecto a estas revelaciones del exagente de la CIA Edward Snowden revela que la soberanía nacional aparentemente no les importa a los políticos.

Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz y Vicente Guerrero se revuelven en sus tumbas. Frente a esta traición histórica, la sociedad tendría que actuar de manera autónoma para defender su derecho a la privacidad y rescatar la independencia nacional.

En Canadá, Inglaterra, Australia y Estados Unidos, las autoridades y los representantes populares han iniciado investigaciones para conocer hasta dónde el programa PRISM, dado a conocer por Snowden, implica la vigilancia ilegal de comunicaciones privadas de sus propios ciudadanos, y en qué medida sus gobiernos respectivos serían cómplices de este programa o incluso cuentan con programas propios similares. Las organizaciones de la sociedad civil también se han activado. La Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), por ejemplo, ha demandado al gobierno de Barack Obama por violaciones a los derechos de la privacidad y al debido proceso de los estadunidenses.

En México tendríamos que actuar de manera similar. El artículo 16 de la Constitución indica claramente que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente”. El mismo artículo señala que “las comunicaciones privadas son inviolables” y que “la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas”. El Código Penal Federal fija una pena de seis a 12 años de cárcel para quien intervenga comunicaciones privadas sin mandamiento judicial.

Nuestra privacidad y la presunción de inocencia también se encuentran protegidas por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su caso, la PGR o la Policía Federal tendrían la facultad legal de vigilar a individuos específicos acusados de delitos graves, pero siempre dentro del marco de una averiguación previa y con autorización de un juez.

En suma, es absolutamente ilegal y anticonstitucional que cualquier actor (nacional, internacional, privado o gubernamental) intervenga las comunicaciones de los ciudadanos mexicanos o tenga acceso a sus datos personales de manera indiscriminada y generalizada. La información con la cual contamos sobre la operación del programa PRISM indica entonces la probable comisión masiva de delitos en contra de los mexicanos por autoridades y empresas estadunidenses.

Casi la totalidad de las comunicaciones electrónicas que tienen lugar en México se hacen por medio de empresas estadunidenses colaboradoras con PRISM, como Google, Apple, Facebook, Twitter, YouTube, Skype, etcétera. No hay duda alguna de que el programa recoge todos los días y sin mandamiento judicial una enorme cantidad de información sobre empresas, individuos, grupos sociales y políticos mexicanos. El Senado de la República y la PGR tendrían que iniciar inmediatamente investigaciones al respecto.

También tenemos que preguntarnos sobre la probable complicidad del gobierno mexicano en la comisión de estos delitos. Sería muy difícil creer que Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón se atreverían a rechazar un regalo del gobierno vecino tan “valioso” como la información completa sobre las vidas privadas y los negocios de sus colegas y adversarios. Los sofisticados aparatos multimillonarios que el gobierno mexicano ha recibido en años recientes del gobierno estadunidense sin duda también cuentan con la facultad de intervenir directamente y de manera indiscriminada en las comunicaciones privadas.

Pero cualquier autoridad o empresa mexicana que hoy recoja, maneje, reciba o utilice este tipo de información privada de los ciudadanos mexicanos, independientemente de su fuente, está cometiendo un delito grave si no cuenta con un mandamiento judicial. El Congreso de la Unión también tendría que iniciar inmediatamente una investigación al respecto.

Y más allá de las investigaciones que en su momento podrían ordenar las autoridades correspondientes, los ciudadanos también deberíamos actuar. En primer lugar, urge desarrollar nuevos sistemas propiamente mexicanos y ciudadanos para compartir información y navegar en internet lejos de la persecución del Tío Sam.

Asimismo, sería conveniente moderar nuestra dependencia de las redes sociales y el internet. Si bien el mundo de la comunicación electrónica es sumamente valioso y ha permitido una revolución en la conciencia ciudadana, también se ha convertido en una poderosa arma de control social. En su libro Cypherpunks, Julian Assange incluso señala que el internet ahora es “una amenaza a la civilización humana” por el enorme poder que allí ejercen las autoridades gubernamentales y los poderes fácticos. Las revelaciones de Snowden confirman que Assange tiene razón.

Todos haríamos bien en administrar mejor nuestra vida para dedicar menos tiempo ante la pantalla de la computadura y más tiempo a la construcción de pequeños grupos de estudio, análisis y acción en nuestras comunidades, escuelas, trabajos y barrios. Así se fortalecería un amplio tejido social de resistencia y acción ciudadana invulnerable a los designios de Washington, Los Pinos y empresas privadas del ciberespacio que legalmente no tienen ninguna responsabilidad cívica.

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