"Por una verdadera reforma electoral" (2 de junio, 2013)

Consejero Presidente Leonardo Valdés/Foto: Proceso

John M. Ackerman

A los políticos no les conviene modificar el actual sistema corrupto de repartición de cargos, favores y prebendas electorales. Solamente buscan inyectar una nueva dosis de legitimidad pública para superar la crisis de confianza generada tanto por las desaseadas elecciones de 2012 como por los escándalos recientes. Tal y como ocurrió despúes de los comicios de 1988, 1994 y 2006, la principal intención de las nuevas promesas y reformas en materia electoral es borrar las huellas de impunidades pasadas, más que transformar de raíz el sistema. 

Cualquier esfuerzo por avanzar en este tema tendría que iniciar con una clara rendición de cuentas sobre las elecciones de 2012. No solamente se deben investigar los desfalcos en Tabasco, sino también los ríos de dinero que muy probablemente fluyeron de las arcas del Estado de México, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila y otras entidades gobernadas por el PRI para asegurar el triunfo de Enrique Peña Nieto. Desde luego, también es preciso llegar al fondo de los asuntos de Monex y Soriana. 

Con respecto a la reforma electoral, hay que ir más allá de atender lagunas legales y ajustar estructuras burocráticas, para tomar medidas definitivas que permitan la recuperación de la esperanza ciudadana en los comicios. Hoy los procesos electorales son juegos de negociaciones oscuras entre élites partidistas y poderes fácticos. Gana quien sella más pactos comprometedores y viola más descaradamente las normas electorales. 

Es necesario dar un giro de 180 grados para que las campañas y las elecciones se transformen en procesos de verdadero debate, expresión y participación ciudadanas. Para ello habría que poner un alto a los abusos de los medios de comunicación, hacer efectivos los topes de gasto de campaña, acabar con la parcialidad y la pasividad de los órganos electorales, y empoderar a los ciudadanos para defender la autenticidad del sufragio. 

El primer reto es evitar perdernos en interminables debates sobre temas meramente burocráticos. Por ejemplo, desde hace años los consejeros del IFE y sus intelectuales orgánicos han insistido en que se deberían trasladar las facultades sancionadoras y de fiscalización del IFE a otros órganos, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ello para “proteger” al IFE de la vorágine política y la sobrecarga de trabajo, que supuestamente dañan su efectividad y credibilidad. Desde hace tiempo también se ha debatido la posibilidad de crear un solo instituto electoral a nivel nacional para organizar tanto los comicios federales como los locales. Los que defienden esta propuesta sostienen que dicho órgano permitiría un significativo ahorro y además rompería el control de los gobernadores sobre las elecciones en sus estados respectivos. 

Ambas propuestas son cuestionables y no llegan al fondo del problema. En lugar de aligerar la carga de trabajo a los supuestamente explotados consejeros electorales, habría que darles más facultades y exigir a estos funcionarios muy bien remunerados que cumplan cabalmente con sus responsabilidades constitucionales. Y en lugar de entregar todas las elecciones del país a un grupo de consejeros nacionales de comprobada parcialidad, habría que tomar medidas para garantizar la independencia y la ciudadanización de todos los órganos electorales en el país. 

Una reforma clave, por ejemplo, sería implementar nuevos mecanismos para la selección de los consejeros y magistrados electorales. Un sorteo entre un grupo de candidatos ciudadanos que ya hayan aprobado varias etapas de revisión por la misma sociedad civil podría minimizar la influencia de los partidos políticos sobre los nuevos funcionarios. (Véase mi análisis aquí: http://ow.ly/lxV1W.) Otra reforma estratégica sería la creación de un nuevo “juicio ciudadano de inconformidad” en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que la sociedad pueda impugnar directamente la actuación del IFE o de los partidos políticos ante el TEPJF. De esta manera los ciudadanos dejarían de ser pasivos emisores de votos para convertirse en actores centrales en la defensa de la autenticidad del proceso electoral en su conjunto. 

Pero la reforma más importante sería la expansión de las obligaciones para la radio y la televisión. En lugar de solamente emitir llamados a misa en la forma de “sugerencias de lineamientos” para la cobertura noticiosa de las campañas políticas, el IFE tendría que vigilar estrictamente todos los aspectos de las transmisiones y tener la facultad de sancionar el incumplimiento del principio de equidad.Siguiendo el modelo italiano, las sanciones deberían aplicarse independientemente de si existió o no un contrato o una donación formal a algún candidato.

Del mismo modo, sería recomendable reformar el artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) para garantizar la organización de por lo menos seis debates entre los aspirantes a la Presidencia, con asistencia obligatoria para todos los candidatos y transmisión por cadena nacional. Asimismo, se podrían institucionalizar “jornadas deliberativas” en las que los mismos ciudadanos tendrían la oportunidad de debatir públicamente los temas más importantes de la agenda nacional y discutir las posiciones de los candidatos. Otras propuestas serían la inclusión del rebase de topes de campaña como causal de nulidad de la elección presidencial, así como la ampliación de las obligaciones legales a los consejeros electorales, tanto federales como locales, para inhibir y castigar la compra y coacción del voto.

Propuestas de reforma abundan. Lo que falta es voluntad política. Hoy en México la soberanía popular todavía es un sueño. Exijamos un nuevo país en que éste y otros sueños se cumplan.

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