"Gisela y Nestora" (Revista Proceso, 10 de enero, 2015)

Nestora Salgado

John M. Ackerman

La ejecución de Gisela Mota y el encarcelamiento de Nestora Salgado son los dos lados de una sola moneda. Ambas mujeres jóvenes se enfrenta­ron al narco-Estado con gran valentía y han sido víctimas de cobardes re­presalias desde el poder. El régimen cada vez más despótico que se vive en México no tolera que nadie ponga en cuestión su “mando único” sobre la violencia armada y el flujo de los re­cursos financieros y naturales.

Antes, con el “viejo” PRI, la ley y las instituciones imponían ciertos lí­mites mínimos al ejercicio del poder. Siempre fue una mentira que el par­tido del Estado fuera realmente “ins­titucional”; sin embargo, había por lo menos un esfuerzo por aparentar que ello era realidad. Hoy el sistema ni si­quiera se preocupa por disimular su supuesta institucionalidad, sino que hace gala del ejercicio desnudo de la fuerza bruta.

Gisela Mota

En la actualidad, ni la ley ni las instituciones constituyen obstácu­los para la expansión del poder del narco-Estado mexicano. Gisela Mota, de 33 años, era una joven decidida a combatir desde las instituciones a la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico en su municipio. Había servido como diputada federal entre 2012 y 2015, y el 1 de enero de 2016 tomó posesión de la presidencia munici­pal de Temixco.

De acuerdo con el padre de Gisela, la presidenta municipal rechazó la protec­ción policiaca especializada porque no confiaba en la fuerza pública. “¿Usted se sentiría seguro con una patrulla atrás?”, preguntó el señor Gabino Mota al periodis­ta Arturo Cano, de La Jornada. Desde luego que no, sería la respuesta de cualquier ciu­dadano que conociera un poco el compor­tamiento de las fuerzas policiacas del país.

Y efectivamente los primeros reportes sobre los posibles responsables del ase­sinato han indicado que probablemente participó en el ataque un agente de la Po­licía Judicial del estado de Guerrero. Asi­mismo, las primeras detenciones de los criminales no se realizaron gracias a la astucia de la fuerza pública, sino debido a la increíble valentía del padre y el her­mano de Gisela, quienes se subieron a su auto para perseguir en caliente a los de­lincuentes inmediatamente después del artero asesinato de su familiar.

El caso de Nestora Salgado es pareci­do. En lugar de esperar a que los policías y los políticos corruptos resolvieran el pro­blema de la inseguridad con el que ellos mismos lucran, Nestora decidió participar en la Policía Comunitaria de su pueblo de Olinalá, Guerrero. Ello no constituye ata­que alguno a la institucionalidad pública, ya que los usos y costumbres de los pue­blos indígenas en materia de seguridad están avalados por la Ley 701 de Recono­cimiento, Derechos y Cultura de los Pue­blos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

Nestora relata que los problemas em­pezaron cuando la Policía Comunitaria a su cargo decidió indagar más allá de los crímenes comunes para también seguir la pista de políticos y empresarios corruptos de la localidad. Los comunitarios detuvie­ron a un comerciante de carne clandes­tina, investigaban los posibles nexos de la administración municipal de Olinalá a cargo de Eusebio González con el narco­tráfico, e incluso tuvieron la osadía de en­carcelar al síndico Armando Patrón Jimé­nez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos personas en el poblado de Huamuxtitlán.

Fue en ese momento cuando inició el contraataque desde el narcopoder, estatal y federal, que llevó al encarcelamiento injusto de Salgado como uno de los pre­sos políticos más importantes de este régimen. Se le acusa de “secuestrar” a un grupo de mujeres detenidas por la Policía Comunitaria, pero hasta la fecha no se ha presentado a declarar ninguna de las presuntas víctimas de los delitos que le imputan a Salgado.

Tiene razón el New York Times. En su editorial del pasado 4 de enero el impor­tante rotativo señaló que Peña Nieto ya no será recordado por sus supuestas “reformas estructurales”, sino por su fracaso en materia de derechos huma­nos y rendición de cuentas. Al parecer, el actual ocupante de Los Pinos ha per­dido el respaldo incluso de sus más fieles patrocinadores estadunidenses. Simultáneamente, la incontrolable de­valuación del peso y la histórica caída en el precio del petróleo han dejado al gobierno en una situación de enorme debilidad.

Ello quizás explica por qué el jefe del Ejecutivo ha estado tan ausente. Frente al colapso de legitimidad na­cional e internacional, Peña Nieto apa­rentemente ha decidido tirar la toalla, dejando la operación del Estado en manos de personajes aún más oscuros e ineptos que él, como Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Ñuño, José Anto­nio Meade y Luis Videgaray.

En 2016, los ciudadanos tenemos la gran oportunidad de llenar el creciente vacío de poder con nuevas iniciativas y alianzas. El desbordamiento del ci­nismo del narco-Estado va generando excelentes condiciones para la cons­trucción desde abajo de una nueva política ciudadana de transformación nacional.

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Publicado en Revista Proceso No. 2045

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