La única manera de garantizar un proceso electoral verdaderamente democrático el próximo domingo, 1 de julio, será por medio de una masiva participación ciudadana en las urnas. Si no salimos a votar para expresar nuestro punto de vista sobre quién debe fungir como nuestro próximo Presidente, decidirán por nosotros el poder, el dinero y la corrupción.
Los estudiosos en la materia estiman que la capacidad de fraude en México alcanza para modificar los resultados en aproximadamente seis puntos porcentuales, el equivalente a unos 3 millones de votos. Adicionalmente, las nuevas reglas con respecto a la nulidad de una elección permiten que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anulen con gran facilidad a cualquier elección en que el margen de victoria haya sido menor de 5%.
Ello significa que Andrés Manuel López Obrador debe ganar por un mínimo de 11 puntos porcentuales, unos 5.5 millones de votos, sobre el segundo lugar para que las autoridades electorales se vean obligadas a aceptar el triunfo del tabasqueño. La victoria debe ser suficientemente grande para poder soportar una rebaja de 6% auspiciada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y todavía contar con una ventaja suficientemente grande para evitar una nulidad parcial y corrupta de parte de los magistrados electorales.
El primer eslabón en la cadena de confianza, o desconfianza, con respecto a los resultados electorales será la divulgación de las “encuestas de salida” a partir de las 20:00 horas el mismo día de la elección. Estos sondeos con votantes después de que hayan emitido su sufragio normalmente dan una excelente indicación con respecto a la tendencia general de las preferencias ciudadanas. Sin embargo, en las elecciones cerradas muchas veces las casas encuestadoras deciden guardar sus resultados por temor a que no coincidan finalmente con los resultados oficiales o por amenazas desde el poder para no echar abajo un operativo de fraude electoral.
Por ejemplo, en las pasadas elecciones para Gobernador del Estado de México, celebradas el 4 de junio de 2017, más de 20 casas encuestadoras se habían registrado para levantar encuestas de salida. Entre ellos se encontraba Consulta Mitofsky, que incluso unos días antes se había comprometido públicamente a dar a conocer los resultados de su encuesta de salida después del cierre de las casillas electorales.
Sin embargo, misteriosamente la noche de la elección todas y cada una de las casas encuestadoras se quedaron calladas. Ni Roy Campos ni ningún otro encuestador se atrevieron a dar a conocer sus resultados. Unas horas después, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) daría a conocer los resultados de su “conteo rápido”, con base en un muestreo de casillas extrañamente rasurado en casi la tercera parte, lo cual arrojaba una ventaja para el primo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, sobre la candidata de Morena, Delfina Gómez, de dos puntos porcentuales.
Posteriormente, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) también contaría con una gran cantidad de irregularidades. Y finalmente en los “cómputos distritales”, cuando el miércoles después de la elección se revisan las actas, una por una, para asegurar que no hubiera ninguna irregularidad, la mayoría de los consejeros del IEEM junto con los representantes del PRI, el PAN y el PRD cerraron filas con el fin de limitar al máximo la cantidad de paquetes electorales sujetos a recuento.
Tal y como lo relata el único Consejero Electoral disidente del IEEM, el doctor Gabriel Corona, en su contribución al libro de Bernardo Barranco El infierno electoral, la suma de todas estas irregularidades resultó en una muy sospechosa triangulación y acomodo de cifras “oficiales” para permitir la “victoria” de Del Mazo a pesar de las claras evidencias de que probablemente había sido Gómez la verdadera ganadora de la contienda.
Si López Obrador no arrasa en la elección presidencial, las tentaciones serán enormes para modificar los resultados electorales de la misma manera en que lo hicieron los operadores del PRI en el Estado de México. Por ejemplo, el actuario Arturo Erdely ha demostrado como los institutos electorales pueden manipular metodologías estadísticas con el fin de poder declarar “empates técnicos” falsos.
El Dr. Erdely ha desarrollado su análisis completo en un artículo científico reciente (véase aquí: http://goo.gl/9KFJVM, también resumido aquí: https://bit.ly/2JVTla3). La trampa consiste en elevar innecesariamente el “nivel de confianza” de los resultados del conteo rápido con el fin de ampliar al máximo los “intervalos de error” para los porcentajes de cada candidato y así poder declarar un supuesto “empate” aun cuando la diferencia real entre el primero y el segundo lugar alcanza hasta 10 puntos porcentuales.
Es decir, aun si López Obrador llevara una ventaja contundente sobre el segundo lugar, cuando Lorenzo Córdova sale a dar los resultados del Conteo Rápido a las 23:00 horas del 1 de julio podría recurrir a este truco para declarar un supuesto “empate técnico” entre los dos candidatos. Ello les daría varios días a los operadores del fraude para modificar las actas y alterar las boletas antes del conteo distrital definitivo que tendrá lugar el 4 y 5 de julio.
Existen infinidad de maneras para alterar los resultados electorales y defraudar la voluntad popular. El único antídoto indestructible al veneno de la corrupción electoral es la masiva participación ciudadana. Todos y todas estamos convocados a las urnas el próximo domingo 1 de julio para juntos derrotar a los fraudulentos e iniciar la construcción de una nueva República.
Twitter: @JohnMAckerman
Publicado en Revista Proceso no. 2173
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados
