"Sociedad Acosada" (17 de mayo de 2013)

J. Edgar Hoover

John M. Ackerman 

El retorno de los dinosaurios al trono ha venido acompañado de un ataque sistemático a los movimientos sociales. J. Edgar Hoover, el repudiado director del FBI durante casi cinco décadas (1924-1972), decía que su objetivo era “exponer, trastornar, redirigir, desacreditar y neutralizar de cualquier forma” a los grupos disidentes. Hoy el PRI y sus aliados en los gobiernos estatales y los medios de comunicación aparentemente están decididos a seguir el nefasto y criminal ejemplo de Hoover al pie de la letra.

La estrategia de "shock & awe" (conmoción y pavor) implementada por Enrique Peña Nieto durante los primeros meses de su gestión (véase mi análisis: http://ow.ly/l3RBb) no funcionó para eliminar la resistencia popular. Si bien desarticuló algunos movimientos juveniles e intimidó a otros sectores, el río ya empieza a regresar a su cauce.

Una gran parte de la sociedad se niega a aceptar el cuento falso de que en México hay democracia y de que la mejor vía para ser escuchado es votar en la próxima elección en favor del candidato menos peor. Simultáneamente, el aumento en los precios de la gasolina y de los alimentos, junto con los regalos desde el poder a empresas monopólicas como Televisa, atizan el descontento social e incrementan el repudio al gobierno en turno.

Llama la atención que sean los maestros y los estudiantes quienes hoy encabezan las protestas. Son las personas más cultas, con conocimiento de la historia de México y el mundo, quienes ponen el ejemplo en rechazar las mentiras de los medios de comunicación dominantes y tomar el destino del país en sus manos.

Después de la Revolución Mexicana, los maestros rurales exponían su vida para llevar la educación científica y racional a las comunidades más alejadas y bajo el control de la Iglesia. Al grito de “¡Viva Cristo Rey!”, los Cristeros linchaban a los maestros que buscaban enseñar a sus hijos la evolución de las especies y los orígenes del ser humano. Hoy los profesores vuelven a tomar la batuta en el combate a la ignorancia fomentada desde las cúpulas del poder. Y hoy los nuevos pastores apostados en Avenida Chapultepec también linchan a los maestros, desde la pantalla televisiva, al relacionarlos con “narcotraficantes”, “guerrilleros” y “vándalos”.

En los años sesenta y setenta las movilizaciones estudiantiles obligaron al régimen a abrirse e iniciar un largo y sinuoso proceso de liberalización. Pero cientos de estudiantes primero tuvieron que pagar con sangre en la masacre de Tlatelolco de 1968 y los actos represivos posteriores, como el Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971. Hoy de nuevo los estudiantes en todo el país sacrifican sus importantes actividades cotidianas para luchar por el interés general y exhibir las injusticias del sistema. Y también son recibidos con balas, denuncias penales y oídos sordos de parte de los gobernantes.

Un indignante botón de muestra de la vigencia de la intolerancia autoritaria fue la detención y tortura de tres jóvenes activistas falsamente acusados de planear protestas violentas durante la visita de Peña Nieto a Puebla para las celebraciones del 5 de mayo. Jesús Robles Maloof ha relatado con detalle las inaceptables violaciones a los derechos humanos en contra de Iván Guizasola, Néstor López y Eduardo Salazar (análisis completo en: http://ow.ly/l3Z86). Como bien lo ha señalado el mismo Maloof: “Si quieres saber si un país es democrático, sólo observa cómo tratan a los opositores. En México los torturan”.

En Morelos, el gobernador Graco Ramírez sistemáticamente criminaliza a los disidentes en sus declaraciones públicas. En Guerrero, Ángel Aguirre ha logrado órdenes de aprehensión en contra de más de 20 maestros de la CETEG. De la misma manera en que se acosaba a los estudiantes de 1968 con acusaciones penales exageradas, hoy se acusa de “sedición” y “motín” a los dirigentes magisteriales.

La infiltración de provocadores también es una práctica comúnmente implementada por los gobiernos autoritarios. La reciente recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre los acontecimientos del pasado 1 de diciembre de 2012 evidencia la muy probable utilización de estas tácticas para justificar la represión en contra de auténticos y pacíficos movimientos juveniles. Ello no debería sorprender a nadie ya que, como el maestro Miguel Ángel Granados Chapa denunciaba de manera sistemática, estas tácticas son muy comunes en entidades priistas como Hidalgo, su estado natal, y el Estado de México, cuyos ex-gobernadores hoy comandan el gobierno federal.

Otra estrategia que se utiliza para debilitar a los movimientos es la de los “diálogos” estériles, cuyo verdadero propósito es cansar a los opositores. Tanto los alumnos de la UNAM como los dirigentes magisteriales deberían tener mucho cuidado en sus actuales interlocuciones con las autoridades para asegurar que generen resultados concretos y productivos.

Finalmente, es muy difícil creer que los sofisticados nuevos aparatos para intervenir conversaciones y comunicaciones que el gobierno mexicano ha recibido de Estados Unidos, incluyendo los aviones espía (o “drones”), están siendo utilizados exclusivamente para combatir el narcotráfico. El reciente escándalo que involucra la vigilancia ilegal de Associated Press por el gobierno de Barack Obama es solamente la punta del iceberg en la materia, tanto en Washington como en México. Asimismo, es importante darnos cuenta de que uno de los propósitos para acusar a activistas de delitos graves como “sedición”, o incluso de “delincuencia organizada”, puede ser precisamente permitir una intervención indiscriminada en sus comunicaciones personales.

El gobierno le apuesta al miedo, la paranoia, la violencia y el sectarismo. La mejor respuesta desde la sociedad sería invertir nuestro tiempo en la construcción de nuevas redes públicas de confianza, debate, crítica y propuesta. El poder del dinero y el de la fuerza son grandes, pero el de la verdad, la educación y las redes sociales es mayor.

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"Subordinación multitemática" (12 de mayo de 2013)

Obama y Peña Nieto/ Foto: proceso.com

John M. Ackerman

Consumada la subordinación de la política de seguridad pública de México a Washington durante el sexenio de Felipe Calderón, hoy Enrique Peña Nieto busca modificar las coordenadas de la relación bilateral para consolidar el entreguismo nacional también en materia de política económica. Tal como ocurrió a lo largo del sexenio de Calderón, Barack Obama regala espejitos discursivos al mandatario mexicano a cambio de la plena obediencia de Los Pinos. La modificación del discurso público para abordar una agenda “multitemática” entonces esconde la continuidad de una relación bilateral profundamente nociva para México y los mexicanos.

No podemos esperar nada bueno de las futuras reuniones de “alto nivel” entre los funcionarios en materia económica de ambos países. Estos encuentros no tendrán el propósito de promover un modelo de desarrollo más equitativo y democrático en Norteamérica sino de consolidar el poder de las grandes empresas monopólicas y trasnacionales sobre la economía mexicana. El acuerdo firmado por los dos presidentes señala explícitamente que las reuniones incluirán “otros actores relevantes, particularmente el sector privado”, pero no existe mención alguna de los sindicatos, los ambientalistas u otras organizaciones sociales.

Tal como ocurre en reuniones similares a escala multilateral, como la Organización Mundial del Comercio o el G-20, los intereses empresariales dictarán la agenda. Walmart, HSBC, Exxon- Mobil, Smith & Wesson, Televisa, Telcel y Ford tendrán su lugar en la mesa, mientras los grupos ciudadanos serán enviados a la calle para protestar entre provocadores infiltrados y policías represores. Muy difícilmente podrán Luis Videgaray y Timothy Geithner, el secretario del Tesoro estadunidense, organizar sus reuniones en zonas pobladas o de cara a la sociedad. Estos funcionarios neoliberales tendrán que esconder se en algún resort fuertemente custodiado por la nueva gendarmería de Peña Nieto para poder repartir el pastel de la economía mexicana entre sus socios y amigos.

Un objetivo de estas reuniones en materia económica supuestamente será ejercer “conjuntamente un liderazgo global” como región norteamericana, en particular en las negociaciones del nuevo Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. Pero en realidad lo que implica es un abandono total de la histórica alianza comercial y diplomática de México con América Latina en favor de una plena “integración” norteamericana. También implica un importante sacrificio de la soberanía nacional, ya que México será un socio menor en una alianza desigual y excluyente con la economía más grande y rapaz del mundo.

A cambio de la nueva disposición de “colaboración” de las autoridades mexicanas en materia económica, en su visita Obama halagó la “profundización de la democracia mexicana” y dio un espaldarazo a las “nuevas” políticas de seguridad de Peña Nieto. Obama también aceptó la “ventanilla única” de la Secretaría de Gobernación como vía para el intercambio de información y coordinación de operativos con el gobierno mexicano.

Pero en realidad habrá muy pocos cambios en la relación bilateral en materia de seguridad. Estados Unidos mantendrá la abrumadora presencia de sus agencias de seguridad en el país, continuará fomentando la estrategia militarizada de combate al narcotráfico y seguirá haciéndose de la vista gorda ante la impunidad y corrupción que corroe las más altas esferas de la clase política mexicana.

Ahora bien, en su discurso en el Museo Nacional de Antropología, Obama conminó a los estudiantes mexicanos a “desechar viejos hábitos que inhiben el progreso” y “poner a un lado las viejas estructuras mentales”. En su lugar abogó por el desarrollo de nuevos ciudadanos “emprendedores”, de “clase media” que “se esfuerzan” y “escalan” en el mundo. El presidente estadunidense no hace más que repetir exactamente el mismo discurso de la “audacia totalitaria”, basada en un profundo desprecio para la historia, la Revolución y la cultura popular mexicanas promovido desde hace años por Televisa y TV Azteca con su Iniciativa México (mi análisis: http://ow.ly/kGxrW) y hoy por el gobierno de Peña Nieto y sus intelectuales orgánicos (mi análisis: http://ow.ly/kGxz6).

El mensaje es perfectamente claro. De acuerdo con el Presidente de los Estados Unidos de América, la Revolución Mexicana y la gran tradición de luchas populares de la sociedad mexicana son los principales “obstáculos” a vencer. La esperanza de Obama es que los estudiantes mexicanos no solamente r ciban conocimientos sino también una buena dosis de ideología neoliberal durante sus estancias de intercambio académico en Estados Unidos y se olviden para siempre del legado revolucionario del Estado mexicano.

El reto para los estudiantes que aprovechen estas importantes oportunidades será mantenerse fieles a sus valores y principios. Así como se les aconseja a los votantes aceptar los regalos de los partidos políticos y posteriormente votar de acuerdo con su conciencia, también los estudiantes mexicanos podrán aceptar las becas que les ofrecen sin abandonar su compromiso con la justicia social.

En general habría que exigir que el nuevo Foro Bilateral sobre Educación Superior incluya la más amplia diversidad de posturas, actores e intereses. Por ejemplo, si bien nadie podría estar en contra de aumentar las oportunidades para el intercambio académico, siempre hay que calcular los costos y los beneficios de diferentes modalidades de inversión educativa. Muchas universidades estadunidenses hoy se encuentran en graves problemas económicos y estarían encantados de recibir un mayor número de estudiantes mexicanos becados por su gobierno. Pero en muchos casos el reducido presupuesto federal sería mejor invertido en apoyar a los alumnos y al sistema educativo nacional, por ejemplo para atender las carencias en los CCH o en las primarias de Guerrero, que en rescatar a las universidades extranjeras.

El nuevo gobierno del viejo PRI ha sido caracterizado por un gatopardismo constante y consistente. La “nueva” relación con Estados Unidos no es la excepción. No nos dejemos engañar.

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"El consenso de los oligarcas" (24 de marzo de 2013)

Emilio Azcárraga y Carlos Slim/Foto: proceso.com

John M. Ackerman

La unificación bajo un solo mando de las diversas expresiones de la oligarquía mexicana y de la clase política nacional no es motivo de celebración sino de preocupación. En teoría la democracia representativa y el constitucionalismo moderno sirven para controlar los excesos del poder económico y limitar los abusos del poder público. Pero para funcionar en la práctica, se requiere de una sociedad diversa y empoderada, con una variedad de intereses en conflicto. Sin una vibrante pluralidad política que constantemente cuestiona las decisiones de la autoridad y llama a cuentas a los poderes fácticos, las instituciones rápidamente dejan de defender el bien público y terminan por cuidar solamente los intereses de los poderosos.

Es un grave error confundir la “modernidad” con el consenso. Las sociedades modernas son precisamente aquellas que fomentan el debate y permiten el florecimiento de la más amplia diversidad de puntos de vista. La modernidad tampoco significa el fin de las “ideologías”. Al contrario, las sociedades avanzadas son precisamente aquellas donde conviven todas las ideologías en absoluta igualdad de condiciones.

Ian Shapiro, destacado teórico de la Universidad de Yale, ha definido la democracia como “un medio para manejar relaciones de poder con el fin de minimizar la dominación”. De acuerdo con esta definición, el sistema político en México hoy se encontraría de cabeza. Con la consolidación del Pacto por México como el nuevo poder supremo de la nación, nuestras instituciones supuestamente democráticas se habrían convertido en medios muy efectivos para “manejar relaciones de poder” pero con el fin de maximizar, en lugar de minimizar, la dominación.

Las reformas laboral, educativa y de telecomunicaciones, así como la próxima reforma energética, tienen el propósito de expandir las oportunidades de explotación para los empresarios más poderosos del país, así como minimizar el control ciudadano. La absoluta exclusión de la sociedad civil en el debate y la discusión de estas modificaciones legales es el indicador más claro de su verdadero objetivo.

Los nuevos gobernantes hacen esfuerzos olímpicos por recubrir este proyecto de dominación con un discurso supuestamente tecnocrático. Manlio Fabio Beltrones ha señalado que la reforma en materia de telecomunicaciones “no es para desahogar agravios”, sino únicamente para “servir a los mexicanos”. Luis Videgaray repite hasta el cansancio que habría que deshacerse de las “ideologías” con respecto al petróleo y que el enfoque de la reforma energética debe ser “pragmático”.

Este discurso es profundamente engañoso porque no hace más que esconder la clara ideología neoliberal de sus promotores. El Financial Times, por ejemplo, ha señalado abiertamente que el reto de Peña Nieto sería llenar el supuesto vacío de liderazgo político en América Latina que deja la muerte de Hugo Chávez para revivir el “Washington consensus”.

El enfoque tecnocrático también busca cancelar el debate público sobre los grandes temas nacionales y desmovilizar a la sociedad. El propósito es alejar al ciudadano de la política con el fin de dejar las decisiones fundamentales en manos de Peña Nieto y sus amigos

Estas estrategias son típicas de lo que Sheldon Wolin, filósofo de la Universidad de Princeton, ha llamado el “totalitarismo invertido” o “neo-totalitarismo”. Bajo el “totalitarismo clásico” de Hitler, Stalin y Mussolini se lograba el control social, la uniformidad de criterios y el poder omnímodo del Estado por medio de la movilización popular constante desde el gobierno bajo el liderazgo carismático del Jefe de Estado. Hoy, de acuerdo con Wolin, se establece la misma manipulación y control por medio de la desmovilización y desinterés ciudadano fomentado por los medios de comunicación privados. Esta apatía también se convierte en el perfecto caldo de cultivo para la captura total del Estado por la oligarquía y las empresas monopólicas. 

Urge revitalizar a la democracia mexicana por medio de la construcción de nuevas instituciones y organizaciones que puedan evitar la consolidación del neo-totalitarismo neoliberal. Una propuesta interesante es la de John P. McCormick, politólogo de la Universidad de Chicago, quien propone la recuperación del ejemplo histórico de los concilium plebs de la antigua Roma. Estas instituciones de rendición de cuentas intencionalmente excluían la participación de los ciudadanos más poderosos y fungían como centros de control y denuncia ciudadano sobre los abusos de las élites políticas y económicas. 

El “Pacto por México” busca excluir a los disidentes y marginar a las voces críticas al tacharlas de “radicales” e “irresponsables”. En respuesta, se debe construir un fuerte contrapoder ciudadano que arrebate la palabra a los políticos y consolide nuevos caminos para expresar el profundo espíritu libertario del pueblo mexicano. 

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"Poder popular" (24 de febrero de 2013)

John M. Ackerman

El recién reelecto presidente de Ecuador, Rafael Correa, no necesitará un artificial “Pacto por Ecuador” para cooptar a sus rivales y ablandar a la oposición en busca de una falsa legitimidad política. Su contundente victoria del domingo 17 le permitirá avanzar a pasos agigantados y de manera directa en su proyecto de privilegiar el bienestar de los ecuatorianos y de “someter a las transnacionales y a la globalización deshumanizante”. “Que manden los pueblos, no los capitales”, resumió el mandatario su visión política en su discurso pronunciado la noche de la elección. 

Correa recibió el respaldo de 56% de los votantes y duplicó la cifra de su más cercano competidor, Guillermo Lasso. Ni siquiera la suma de los sufragios de los seis partidos contendientes alcanzaba la votación para presidente. En marcado contraste con las recientes elecciones presidenciales en México, el pueblo votó en contra del candidato de las principales televisoras y cientos de miles de ciudadanos tomaron las calles para celebrar el triunfo de Correa.

La reafirmación de la soberanía popular por encima del poder del dinero en Ecuador constituye una gran lección y ejemplo democrático para México y el mundo. En aquel país sudamericano las elecciones populares siguen siendo vías para lograr la transformación social. El pueblo respalda de manera espontánea a su mandatario porque encarna sus esperanzas para lograr un país más justo e igualitario, aun cuando los principales medios electrónicos han sometido al presidente a constantes golpeteos y descalificaciones infundadas.

En contraste, en México las elecciones de 2012 implicaron el cierre del ciclo de esperanza electoral iniciado en 1988. Cada día existe menos ilusión ciudadana en la posibilidad de lograr un cambio verdadero por medio de los comicios. Aun con los enormes obstáculos que enfrentaban Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Clouthier en 1988, hace 25 años los ciudadanos todavía creían que una victoria de la oposición era posible y eventualmente inevitable.

Antes existía la posibilidad de que las elecciones pudieran sorprendernos con sus resultados. Hoy todo parece arreglado de antemano a partir de los pactos cupulares entre los poderosos. El papel del Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se reduce a ser simples observadores y lavadores de las irregularidades cometidas.

Esta profunda desesperanza ciudadana y falta de legitimidad pública son las verdaderas causas de las situaciones de “ingobernabilidad” que surgen todos los días. Por ejemplo, tanto los comités de autodefensa en Guerrero y Michoacán como las protestas estudiantiles en los CCH y la UACM están íntimamente vinculados a los casos de “Monexgate” y “Sorianagate”. Cuando fallan las instituciones, habla la sociedad. 

La protesta social y la autogestión comunitaria son reacciones absolutamente naturales y justificables ante la impunidad y corrupción institucional imperantes. Cuando se cancelan las vías establecidas para la resolución de conflictos y la expresión de las demandas sociales, las voces ciudadanas tienen que encontrar alguna manera alternativa para expresarse. 

Pero los políticos, como siempre, se preocupan más por los síntomas que por las causas de los problemas. Emilio Gamboa, por ejemplo, ha condenado a los grupos de autodefensa porque “dan una apariencia de posible ingobernabilidad que tenemos que cuidar mucho”. Pero en lugar de obsesionarse por las “apariencias”, los priístas deberían atender las raíces de la situación. La verdadera crisis de gobernabilidad se encuentra en la profunda corrupción de todos los partidos y sus candidatos. Y lo que más fomenta la percepción de ingobernabilidad es la absoluta impunidad de las empresas y los poderes fácticos. 

Por otra parte, José Woldenberg descalifica todas las organizaciones estudiantiles de la UNAM por su “espectacular carencia de compromiso con la propia universidad”. Si bien son inaceptables los medios violentos utilizados por algunos de los activistas más radicales en el conflicto del CCH, es irresponsable generalizar a todos los estudiantes de la Máxima Casa de Estudios a partir de un solo incidente. La UNAM cuenta con una amplia diversidad de estudiantes y no es una falta de “compromiso” sino un sano juicio crítico lo que lleva a una gran cantidad de ellos a expresarse por medio de la protesta. 

Ahora bien, vale la pena retornar a la demanda original del movimiento #YoSoy132 con respecto a la democratización de los medios de comunicación electrónica. La verdadera causa de la “ingobernabilidad” actual es la sistemática exclusión de las ideas y opiniones críticas en el debate público nacional. Una vez más, Rafael Correa tiene razón cuando señaló el domingo pasado que “América Latina tiene una de las peores prensas del mundo: una prensa mercantilista que manipula, que desinforma, que enjuicia, sentencia y exculpa desde sus titulares antes que lo haga el sistema judicial. Necesitamos una prensa más decente…que informe, que haga comunicación social”

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