ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

domingo, 21 de agosto de 2016

"Fortunas transparentes" (Revista Proceso, 21 de agosto, 2016)

John M. Ackerman

¿A cuánto ascienden las fortunas de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Vicente Fox? ¿Cuál es el salario de Carlos Loret de Mola y Denise Maerker? ¿Cuánto gana Carlos X. González? ¿Carlos Slim y Emilio Azcárraga pagan impuestos? ¿Quiénes pagan el predial para las residencias de las familias de Arturo Montiel, José Murat y Miguel Ángel Yunes en el extranjero?

Son algunas de las preguntas que encontrarían respuesta si hubiera un verdadero compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el país. Toda la información con la que hoy contamos sobre la gran corrupción y los conflictos de intereses que están destruyendo la nación la tenemos gracias a las investigaciones de la prensa nacional e internacional. Frente a la indolencia de las autoridades y la complicidad de una gran parte de la sociedad civil organizada, The Guardian, Aristegui Noticias, Proceso, La Jornada, The New York Times y Le Monde, entre otros, se han convertido en los únicos actores que trabajan a favor de una verdadera rendición de cuentas.

Las costosas instituciones gubernamentales creadas durante las últimas décadas para supuestamente garantizar la honestidad de la vida pública no han servido para combatir la corrupción o generar un país más justo o democrático. El nuevo "Sistema Nacional Anticorrupción” terminará, sin duda, perdido en el mismo pantano burocrático y simulador. Y la exclusión del sector privado de las obligaciones de la Ley 3de3 garantizará total impunidad para los empresarios monopólicos y sus amigos gubernamentales. Mientras, el SAT continúa en franca rebeldía en contra de una serie de 33 resoluciones del INAI que obligan al gobierno federal a dar a conocer los montos precisos de las millonarias condonaciones de créditos fiscales otorgados a las grandes empresas monopólicas. 

¿Cómo reaccionaría la población mexicana si conociéramos el verdadero nivel de riqueza y de corrupción de nuestra clase política y empresarial? ¿Qué pasaría si de repente tuviéramos acceso a la información completa sobre todas las cuentas en paraísos fiscales y los departamentos de lujo en Miami, San Diego, Texas, Nueva York, Suiza y París?


Los medios mercenarios y los partidos del "Pacto por México” acusan a Andrés Manuel López Obrador de mentir en su declaración fiscal y de bienes porque para ellos la política no es más que un negocio. No entienden y les saca de quicio la humildad del tabasqueño porque pone en cuestión todo su esquema existencial basado en la acumulación, el individualismo, el agandalle y el robo. Saben que hay mil maneras para triangular fondos, ingresos y propiedades para evitar cualquier responsabilidad política o fiscal. Los escándalos de Monex y los PanamaPapers son apenas la punta del iceberg. El león cree que todos son de su condición.

"Un político pobre es un pobre político”, decía Carlos Hank González, fundador de la mafia del Grupo Atlacomulco que hoy nos malgobierna. Esta lógica no solamente avala la corrupción sino que también es profundamente clasista. Lo que importa es el dinero, no el servicio. Lo que distingue al ser humano son sus joyas y sus cirugías plásticas, no sus ideas o sus valores. Lo valioso son las redes de contactos, no la lectura o el estudio.

La meritocracia y la movilidad social cada día se vuelven más escasas en el México neoliberal. Para que el hijo de un obrero o de un profesor llegue a tener un éxito profesional necesita forzosamente de un padrino con poder económico o influencia política. Poco a poco la cultura de la indolencia oligárquica va desplazando al profundo espíritu de esfuerzo, lucha y dedicación que siempre ha caracterizado al pueblo mexicano.

Ahora que los oligarcas amenazan de nuevo con reprimir a los maestros debemos reflexionar muy seriamente sobre lo que representan las dos partes en esta disputa. Por un lado, tenemos maestros humildes y cultos que ejercen una profesión sumamente noble para la cual se han preparado con años de estudio y práctica. Los docentes defienden sus fuentes de trabajo y proponen la implementación de un enfoque crítico hacia la educación de las nuevas generaciones. Por otro lado, tenemos un puñado de oligarcas que han llegado a sus posiciones por medio de palancas y compadrazgos y que heredan sus riquezas de generación en generación sin necesidad de demostrar mérito humano o intelectual alguno.

Fuera máscaras. Es hora de que los oligarcas y los jefes de las mafias políticas nos informen sobre todo lo que han robado del pueblo mexicano. Habría que exigirles que también devuelvan todo el dinero mal habido para que se pueda invertir en la construcción de escuelas y hospitales dignos al servicio de los más humildes. Pero los de arriba solamente rendirán cuentas si logramos construir suficiente fuerza desde abajo que los obligue a hacerlo. De eso precisamente se trata la lucha política y social. Lo demás es mera simulación.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2077
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 25 de julio de 2016

"Ni olvido ni perdón" (Revista Proceso, 24 de julio, 2016)

Imágen de Peña Nieto y Nuño colocada en la entrada de Nochixtlán, Oaxaca
John M. Ackerman

Enrique Peña Nieto nos ha pedido perdón por el escándalo de la “Casa Blanca” y Aurelio Nuño nos invita a dejar atrás la masacre de Nochixtlán para debatir sobre su nuevo “modelo educativo” neocolonial y privatizante. Al más típico estilo priista se privilegia la impunidad por encima de todo. Se repite el escenario que tuvo lugar a finales de 2014, cuando Peña Nieto llamó a los mexicanos a simplemente “superar” la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Con el tradicional coctel de demagogia, represión, guerra mediática y reformas simuladoras, se busca tender una cortina de humo que recubra y nos haga olvidar los enormes agravios cometidos contra la sociedad durante el sexenio actual.

En respuesta al olvido y el perdón que pide el gobierno, a los ciudadanos nos toca mantener viva la memoria, exigir castigos ejemplares para los responsables del desastre nacional, así como trazar una ruta de escape que pase por la revocación de todas las “reformas estructurales” y el diseño de un plan estratégico hacia la construcción de una nueva República.

Llama la atención que en el mismo momento en que Nuño anunciaba su “modelo educativo”, el miércoles 20, un grupo de porros escoltados por la fuerza pública irrumpió violentamente en el bloqueo establecido por maestros y organizaciones sociales en la autopista entre San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez. Se ratifica la elección preferencial de este gobierno por la ley del garrote.

Nuño ha colocado como ejes prioritarios de su modelo la enseñanza del inglés, el fomento de “valores para la convivencia” y la autonomía de gestión para las escuelas. En otras palabras, se buscará impulsar una lógica neocolonial, una cultura de obediencia ciega a la autoridad, así como la privatización de los planteles escolares por medio del cobro de cuotas. En contraste, la columna vertebral de un verdadero modelo educativo tendría que ser la historia, el pensamiento crítico y la gratuidad absoluta de la educación impartida por el Estado.

Por otra parte, el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción promulgado el lunes pasado por el ocupante de Los Pinos, es un bodrio que se limita a crear una serie de nuevas “coordinaciones” y “comités” que solamente generarán mayor caos entre las diversas instancias de control interno, control externo, sanción y fiscalización en los diferentes poderes y niveles del Estado mexicano. Ahora será aún más difícil que nunca saber quién es el verdadero responsable por hacer valer la rendición de cuentas. Esta situación de confusión institucionalizada abrirá jugosos negocios para una infinidad de consultores y “expertos” pero también garantizará la continuidad del sistema de impunidad estructural que está destruyendo la legitimidad de las instituciones públicas.

En contraste, el manifiesto divulgado la semana pasada por las autoridades municipales y agrarias de más de 150 pueblos originarios de Oaxaca, durante su histórica caravana hacia la Ciudad de México, constituye un excelente punto de partida para el necesario esfuerzo de construcción de unidad popular y ciudadana. Esta nueva agrupación plural de pueblos indígenas surgió a raíz de la masacre de Nochixtlán del pasado 19 de junio y se ha inspirado en la valiente lucha de la CNTE y de todos los maestros del país contra la reforma educativa.

De manera importante, las demandas de los pueblos oaxaqueños en resistencia rebasan las dimensiones locales y gremiales que suelen acotar la fuerza de los movimientos sociales. Las cuatro exigencias de lo que podemos llamar el “Manifiesto de Oaxaca” son: 1) justicia por los crímenes de Nochixtlán; 2) abrogación de las 12 “reformas estructurales” aprobadas en el actual sexenio, en particular la educativa; 3) libertad inmediata de todos los presos políticos del país; 4) juicio político contra el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto.

Son demandas absolutamente razonables a las cuales tendríamos que sumarnos todos. Constituyen una agenda mínima para iniciar un proceso de articu­lación social y política hacia el rescate de la nación, basado en principios universales de justicia, dignidad, democracia y rendición de cuentas. Habría que considerar la organización de mesas formales de negociación y diálogo entre los diferentes sectores y organizaciones en resistencia para alimentar este manifiesto, incluyendo la participación de estudiantes, maestros, indígenas, intelectuales, militantes y dirigentes de Morena, familiares de desaparecidos, luchadores medioambientales, pequeños y medianos empresarios, periodistas en resistencia, defensores de derechos humanos, obreros y campesinos en general, entre otros.

Ya no podemos seguir con la dinámica de mesas de negociación y diálogo exclusivamente con el gobierno. La CNTE y los padres de familia de Ayotzinapa tienen razones muy legítimas para reunirse con la autoridad, pero harían bien en demostrar el mismo compromiso en sus relaciones con sus amigos y colegas de otras organizaciones sociales y políticas. El asambleísmo y los pronunciamientos generales de unidad tampoco son suficientes. Hace falta iniciar el arduo proceso de reconocer y dirimir las diferencias existentes entre movimientos así como construir acuerdos de acción coordinada entre las diversas resistencias.

El gobierno federal siente pasos en la azotea. Los resultados electorales del pasado 5 de junio, los históricos niveles de desaprobación ciudadana para el presidente de la República, el desprestigio de Enrique Peña Nieto en el exterior y las encuestas que demuestran el firme avance de Andrés Manuel López Obrador hacia 2018, tienen al régimen contra la pared. El poder se encuentra atrapado en el mismo laberinto de siempre de simulaciones y represiones. Al pueblo nos toca desmontar los sectarismos destructivos así como templar nuestra obsesión con las instituciones realmente existentes.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2073
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 11 de julio de 2016

"Tiempo agotado" (Revista Proceso, 10 de julio, 2016)

Miguel Ángel Osorio Chong
John M. Ackerman

El viernes 1 de julio el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que el “tiempo se había agotado” para las movilizaciones magisteriales. Unos días antes el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, utilizó la expresión de Gustavo Díaz Ordaz para señalar que su gobierno había sido “tolerante a extremos criticables” con respecto a las protestas de los maestros y padres de familia.

Las similitudes entre el discurso de los “nuevos” y los “viejos” líderes autoritarios recubren una diferencia de fondo entre los dos momentos históricos. Hoy el sistema autoritario se ve desgastado y agotado. Ya no controla los destinos de la nación como antes.

Desde la creación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 1946, el pilar central del sistema de control político ha sido la figura del presidente de la República. El ocupante de Los Pinos se convirtió en el sol alrededor del cual el negocio de la corrupción y la impunidad se administraba en todo el país. El primer mandatario siempre intentaba proyectar una imagen de estadista y se aseguraba de que sus subalternos, secretarios de Estado o gobernadores pagaran los platos rotos de los escándalos que periódicamente interrumpían la narrativa del poder.

Hoy la competencia desleal entre los diferentes integrantes del gabinete presidencial y los gobernadores ha transformado el tablero. La rebatiña entre Aurelio Nuño, Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray, Manlio Fabio Beltrones, Manuel Velasco, Rafael Moreno Valle y otros, para lograr la candidatura de la continuidad autoritaria en 2018 ha invertido el sistema de reparto de culpas y responsabilidades. En lugar de pasar los costos políticos a los subalternos del presidente, hoy son los subalternos quienes pasan los costos al mandatario.

Como un edificio sin fusibles, la descarga de cada escándalo pasa con toda su fuerza directamente al centro de operaciones, generando un desgaste enorme en todo el sistema. En otros tiempos, una masacre tan transparente y brutal como la de Nochixtlán hubiera generado inmediatamente la renuncia de alguien relevante, quizás el gobernador de Oaxaca o, en su caso, el secretario de Gobernación o el de Educación. Hace apenas dos años tuvo que separarse de su cargo el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, en respuesta a las enormes movilizaciones que surgieron a raíz de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Pero hoy ni siquiera el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, ha tenido que renunciar.

El resultado ha sido un constante desgaste en la imagen del presidente de la República. Hasta el periódico El Universal, un medio que ha tenido un trato muy generoso con el régimen actual, admite que la aceptación popular de Enrique Peña Nieto hoy se encuentra en un mínimo histórico, con una valoración positiva de sólo 29%.

Un estudio más independiente seguramente arrojaría una cifra aún menor. ¿Cuántas personas en tu círculo cercano del trabajo, la escuela, tu comunidad o la familia tienen una opinión favorable sobre Peña Nieto? En realidad, las opiniones positivas difícilmente rebasarían 15 o 20% de los mexicanos. Una clara muestra del nivel al que ha llegado el repudio hacia el primer mandatario es el hecho de que 51% de las personas que contestaron a la pregunta “¿qué es lo mejor que ha hecho el presidente?” respondieron secamente con la palabra “nada” (véase: http://ow.ly/NuxQ3021pE9).

Ahora bien, el viejo sistema no solamente inflaba artificialmente al presidente de la República, sino que también era experto en reprimir, dividir y cooptar a los movimientos sociales. En esta materia también se nota un desgaste importante. El escarmiento de ­Nochixtlán fue un rotundo fracaso para el gobierno. En lugar de infundir miedo en la población y despejar las carreteras del país, ha generado una reacción de movilizaciones en cadena en todo el país.

La atinada estrategia de negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) también ha roto con los patrones históricos del autoritarismo. El gobierno normalmente insiste en tratar las demandas específicas de manera separada con los líderes de cada organización social o sindical. Ello con el propósito de aislar y cooptar a cada grupo a partir del ofrecimiento de dádivas a los líderes correspondientes.

Pero la CNTE se ha negado a entrar a este juego autoritario de control social. Las diferentes secciones sindicales han presentado un frente unido e insistido en consultar a sus bases sobre todos los acuerdos. Asimismo, el movimiento se ha aliado con otros sectores de la sociedad (la comunidad de Nochixtlán, maestros y estudiantes universitarios, etcétera) y, en lugar de buscar beneficios personales o gremiales particulares, ha mantenido firme su demanda de abrogación de la reforma educativa.

Esta actitud profundamente democrática y social ha generado una amplia solidaridad en todo el país. Las históricas movilizaciones magisteriales en Monterrey y la Ciudad de México, por ejemplo, no se explican sin este énfasis en los temas generales por encima de los asuntos particulares en la mesa de negociación. La claridad de la posición de la CNTE también ha creado el espacio político necesario para permitir a los padres de familia de Ayotzinapa romper dignamente con las negociaciones simuladas que les ofrecen desde la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El tiempo se le acaba al régimen y se abre una enorme oportunidad para transformar a la nación. ¿El pueblo, los movimientos y los ciudadanos sabremos aprovechar la coyuntura para finalmente poner fin al sistema de corrupción, saqueo y violencia estructural en el poder desde 1946?



Twitter: @JohnMAckerman

domingo, 26 de junio de 2016

"Diálogo con olor a sangre" (Revista Proceso, 26 de junio, 2016)

Enrique Peña Nieto, MF Beltrones y MA Osorio Chong
John M. Ackerman 

La sangre de Nochixtlán tiene sin cuidado al gobierno asesino. Lo único que le interesa es apagar el fuego de la creciente resistencia magisterial, estudiantil, popular y ciudadana. Desde las comunidades indígenas de Oaxaca hasta Nueva York, desde Monterrey hasta la UNAM, todos los días crece el repudio a la masacre cometida por los policías federales y estatales el pasado domingo, 19 de junio. La solidaridad nacional e internacional incluso se ha generalizado más rápidamente que después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. 

Lo que ocurrió en Nochixtlán no fue un “choque” o un “enfrentamiento” entre dos grupos en conflicto, maestros y policías, sino un ataque premeditado ejecutado a sangre fría por hombres encapuchados, fuertemente armados, al servicio de un gobierno despótico y corrupto. Las víctimas fueron maestros y ciudadanos de una zona con fuerte presencia indígena que defendían, con lápices, cuadernos y palos, sus derechos laborales, su cultura y su tierra. 

Ni un solo policía recibió un solo impacto de bala, por la sencilla razón de que ninguno de los manifestantes estaba armado. Tampoco hay evidencia alguna de que la Policía Federal hubiera sufrido una “emboscada” de parte de algún grupo violento ajeno al movimiento magistral. El pueblo mexicano ya no se deja engañar tan fácilmente por las “verdades históricas” del poder. Ya fluye suficiente información vía internet y en las redes sociales para poder desmentir, casi de inmediato, las manipulaciones de Televisa, Letras Libres y ¡Hola!
Los muertos de Nochixtlán
De acuerdo con testimonios recogidos por Arturo Cano, de La Jornada, fueron los mismos policías vestidos de civil quienes habrían incendiado los camiones y automóviles del bloqueo con el fin de generar un caos que pudiera “justificar” la utilización de fuerza letal en contra de los manifestantes. Los policías también dispararon una gran cantidad de gases lacrimógenos, de fabricación estadounidense, desde sus barricadas y sus helicópteros. 

Los médicos en la comunidad de Hacienda Blanca tuvieron que suspender la atención a los heridos y desalojar su centro de salud para evitar ahogarse en la nube de gas tóxico. Los policías también detuvieron arbitrariamente a docenas de pobladores de la zona que no tenían relación alguna con el conflicto, incluyendo un amplio grupo de personas que estaba participando en un funeral en el panteón municipal que se encontraba cerca del operativo. 

El hecho de que la mayor parte de las víctimas del ataque no hayan sido maestros, sino personas de la comunidad solidarias con la causa magisterial, demuestra la profundidad de la batalla civilizatoria en que se encuentra inmersa la nación. La lucha en contra de la reforma educativa cada día se convierte más en una batalla de todo el pueblo mexicano en defensa de la patria, la historia y la dignidad. 

Es entonces aplaudible que el diálogo no sea con el Secretario de Educación Pública sino con el Secretario de Gobernación. Lo que está en juego no es solamente la contra-reforma educativa sino todo un sistema de gobierno despótico y corrupto que busca imponer por medio de la fuerza una agenda colonial y privatizadora en todos los sectores de la economía nacional, incluyendo el petróleo, la electricidad, la salud, el agua, las universidades, las pensiones, y el sindicalismo, entre otros. 

Los maestros de la CNTE tienen perfectamente claro la interrelación entre las diversas causas. Por ejemplo, en su convocatoria para la marcha del pasado viernes, 17 de junio en la Ciudad de México, los profesores explícitamente ligaron la reforma educativa con la reforma energética y celebraron el hecho de que “la insurgencia magisterial se articula con una insurgencia popular” más amplia. 

Al enviar los maestros a negociar con Miguel Angel Osorio Chong en lugar de con Aurelio Nuño, el gobierno tiene la intención de limitar y encasillar las demandas de los maestros. Pero en realidad esta situación abre el panorama para abordar un abanico mucho más amplio de temas. La CNTE tendría que aprovechar de este error táctico de su adversario para poner a discusión de una vez a todas las “reformas estructurales” del Pacto contra México así como la “gobernabilidad” en general del país. 

Pero primero habría que superar otro tema delicado. Recordemos que como resultado de las reformas impulsadas por Peña Nieto, la Policía Federal ahora pertenece a la Secretaría de Gobernación. En consecuencia, Osorio mismo sería el principal responsable por la masacre de Nochixtlán. ¿Cómo podrán los maestros sentar en la misma mesa con el presunto asesino de sus amigos y colegas? 

Osorio se ha comprometido llevar a cabo una investigación exhaustiva de los acontecimientos del 19 de junio. Pero la única forma para realizar una indagación auténticamente transparente e imparcial sería si el principal responsable de la corporación bajo investigación primero se separara de su cargo. Así como Ángel Aguirre tomó licencia después de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, Osorio también tendría que abandonar su cargo a raíz de la masacre de Nochixtlán. 

Una condición más para el diálogo tendría que ser la libertad inmediata de todos los presos políticos de la CNTE, y en particular de los 13 presos pertenecientes a la Sección XXII del sindicato, con sede en Oaxaca. La detención arbitraria y fabricación de cargos en contra de Rubén Nuñez y Francisco Villalobos, los dos líderes máximos de esta sección sindical, fue la dinamita que terminó de polarizar la situación en la entidad. Ningún diálogo podría avanzar sin su libertad inmediata, así como la de sus otros 11 colegas también injustamente encarcelados. 

México se acerca a un momento crítico en su historia. Para avanzar con paso firme, habría que ejercer la autocrítica y aprender de los errores cometidos durante las negociaciones de paz entre el EZLN y Ernesto Zedillo, las mesas de diálogo entre Javier Sicilia y Felipe Calderón y los múltiples encuentros entre los padres de familia de Ayotzinapa y el gobierno de Peña Nieto. Evitemos las trampas del poder y la esterilización de los diálogos. Aprovechemos esta importante coyuntura para sentar las bases para una transformación profunda de la República. 

Publicado en Revista Proceso No. 2069
(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados

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lunes, 13 de junio de 2016

"Intolerancia tecnocrática" (Revista Proceso, 12 de junio, 2016)

Arturo Fernández, Rector del ITAM
John M. Ackerman 

Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), los nuevos capitanes de la corrupción política han querido vendernos el cuento de que representarían un “nuevo PRI” más “tecnocrático” que vendría a reemplazar los “dinosaurios” del viejo partido del Estado. Hoy, casi 30 años después, a todos nos queda claro que la nueva generación de políticos entrenados en universidades privadas y extranjeras son peores que sus predecesores. 

Los nuevos priistas son menos capaces, menos cultos y menos tolerantes. Luis Videgaray, José Antonio Meade, Emilio Lozoya y Armando Ríos Piter, todos egresados del Instituto Tecnológico Autónoma de México (ITAM), son ejemplos del fracaso de la tecnocracia neoliberal en generar un desarrollo sustentable y equitativo en el país. Si bien han recibido jugosas recompensas por su servidumbre al capital y al imperio, han dejado en la ruina al pueblo mexicano. 

La economía nacional hoy se encuentra desmantelada, fragmentada y al servicio de las grandes corporaciones transnacionales. La pobreza y la desigualdad avanzan sin freno, ya tenemos más de 60 millones de pobres en el país, y el medio ambiente sufre bajo el avance de las empresas mineras, petroleras y de “fracking” en todo el territorio nacional. La devaluación del peso también hunde a la Nación. Pero en lugar de estimular la economía y apoyar al pueblo en un momento de gran necesidad, los “tecnócratas” obedientes a Washington han anunciado, el pasado lunes, más recortes millonarios al gasto público y social. 

La nueva generación de priistas también es más violenta, más corrupta y más apátrida que la anterior. A pesar de su corta edad, Enrique Peña Nieto tiene una de las almas más corroídas y desgastadas del país, evidenciada con su trato hacia los padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los miles de otros casos de violaciones graves de derechos humanos. Javier Duarte, Gobernador de Veracruz, y Roberto Borge, Gobernador de Quintana Roo, ambos derrotados en las urnas el domingo pasado, también son claros botones de muestra de los extremos a que ha llegado la podredumbre del nuevo-viejo Partido de Estado. 


Francisco Villalobos, dirigente de la CNTE y preso político
No debe sorprender entonces que el Rector del ITAM, Arturo Fernández, quien también funge como Consejero del Fondo Mexicano del Petróleo que administra el botín de la privatización petrolera, se haya lanzado con tanta saña en contra los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y contra el nuevo partido ciudadano, Morena. 

El pasado lunes 6 de junio, un día después de las elecciones, el jefe y guía de los tecnócratas declaró en un discurso durante la Reunión Nacional de Consejeros de BBVA Bancomer que “la reacción y resistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido como la que se espera de un animal herido de muerte, que lanza gruñidos y zarpazos a diestra y siniestra; se trata de una organización política que agrupa a un gremio radical formado en una ideología guerrillera, rémora de lo peor de nuestro pasado político”. 

Con respecto al partido Morena, el Rector afirmó que “el desvergonzado apoyo de un partido político a esta organización [CNTE] no debe sorprendernos y nos devela su calaña y el riesgo que significa esta fuerza política para el futuro de nuestra nación”, de acuerdo con Proceso. 

Fernández apenas logra disimular su evidente clasismo y racismo. Al cuestionar la “calaña” de Morena y comparar la CNTE con un “animal herido”, lo único que revela es su enorme ignorancia e intolerancia. Siguiendo el ejemplo de Donald Trump, Fernández abandona cualquier decoro y transparenta su odio para el pueblo mexicano en su conjunto. 

Pero el señor rector va aún más allá de solamente escupir epítetos fascistas. También se lanza a la interpretación histórica al categorizar a la CNTE como una “rémora de lo peor de nuestro pasado político”. Podemos suponer que Fernández, quien se aferra a su puesto como rector desde hace 25 años al más puro estilo priista, se refiere a la larga tradición de educación popular, humanista y crítica surgida de la Revolución Mexicana y consolidada durante el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río. Son precisamente los maestros más dignos de los estados del sur, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, agrupados en la CNTE, quienes mejor canalizan y dan continuidad a este importante legado histórico. 

Al lanzarse en contra de los maestros rurales, es Fernández quien revive una de los peores momentos de la historia nacional: la Guerra Cristera. Al final de la década de los veinte, la iglesia y la oligarquía llamaban literalmente a linchar a los maestros que implementaban la avanzada política de Estado de establecer la educación laica y gratuita en todo el país. 

Frente al enorme apoyo ciudadano para los maestros en lucha y el imparable crecimiento de Morena, el sistema de intolerancia asesina y tecnocracia inculta ha entrado en pánico. Cada día queda más claro que quien polariza y violenta al país no es la izquierda ciudadana, sino la derecha oligárquica. Se consolida un nuevo bipartidismo entre los mismos de siempre y la esperanza del futuro. Tarde o temprano todos tendremos que definirnos frente a la historia. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso. No. 2067
(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados

domingo, 29 de mayo de 2016

"Todos somos maestros" (Revista Proceso, 29 de mayo, 2016)

John M. Ackerman

Cuando uno viaja a los hermosos pueblos de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, el visitante es siempre bien recibido con calidez y afecto.  Aún después de décadas de desmantelamiento institucional y corrupción autoritaria, México sigue siendo un país reconocido internacionalmente por su enorme hospitalidad, generosidad y apertura.  Estas características son particularmente arraigadas en los estados del sur así como entre los maestros y las maestras, líderes naturales en sus pueblos por su dedicación permanente a la infancia y al fortalecimiento de la vida comunitaria.

Indigna y da vergüenza, entonces, ver la manera en que las autoridades de la Ciudad de México, y de un sector de la sociedad capitalina, reciben con desprecio y rechazo a los maestros quienes acuden a la capital en busca de apoyo para su lucha en defensa de la cultura, la educación y la patria. 

Miguel Ángel Mancera se comporta como un pequeño dictadorzuelo siguiendo órdenes desde Los Pinos y Washington.  En franca violación de los derechos de tránsito, de libre expresión y de reunión, Mancera obstaculiza la entrada a la ciudad de los maestros, los acosa constantemente en sus plantones obligándolos a cambiar de sitio cada noche y finalmente los deporta de la ciudad, al peor estilo de los policías migratorios de los Estados Unidos, enviando una clara señal de que para el Jefe de Gobierno la capital no le pertenece a todos los mexicanos sino solamente a unos cuantos privilegiados al servicio de la oligarquía nacional.

Por otra parte, muchos capitalinos también se desquitan, por ignorancia o mala fe, con los maestros.  “Regrésate a tu casa” o “pinches mugrosos”, son dos de las descalificaciones más comunes lanzados a los profesores por ciudadanos apurados para llegar a tiempo a sus trabajos.  Lo que no saben quienes solamente ven Televisa, leen Letras Libres u hojean La Alarma es que son las autoridades, no los luchadores sociales, los responsables tanto por las dificultades de movilidad como por las complicaciones sanitarias causadas por la visita de los profesores.

La mejor forma para evitar los daños colaterales de las protestas legítimas de los maestros sería permitir que los mentores ingresaran sin retenes u obstáculos a la ciudad y que se instalaran tranquilamente en el Zócalo capitalino, la Plaza de la Constitución, que debería estar al servicio del pueblo y no del lucro empresarial y político de los gobernantes en turno. El Gobierno de la Ciudad de México también debería proporcionar tanto instalaciones sanitarias como servicios médicos durante el transcurso de la visita de los maestros, tal y como lo hace en ocasión de importantes conciertos o espectáculos culturales en la ciudad.

La estrategia es transparente. Las autoridades buscan simultáneamente cansar e intimidar a los maestros como desesperar y voltear a los capitalinos en contra de los mentores.

No caigamos en las trampas del poder.  Los gobiernos despóticos siempre buscarán dividir los diferentes movimientos y causas.  La unión entre el campo y la ciudad, y entre la capital y los estados de la república, es particularmente peligrosa para ellos. La articulación entre los movimientos sociales y los movimientos políticos también genera un enorme pánico en los pasillos del poder. Y la alianza entre los estudiantes y los maestros es crucial.  La solidaridad desde universidades públicas, como la UNAM y el IPN, con los maestros democráticos es particularmente importante.

En general, la construcción de un gran bloque histórico social, entre todas las causas ciudadanas y las fuerzas populares, constituye la llave a un futuro más próspero y justo en México.

Pero llama la atención cómo muchas de las mismas voces que se quejan desde sus computadoras de la supuesta “apatía” o “pasividad” del pueblo mexicano, simultáneamente descalifican las aguerridas y valientes acciones de resistencia de los maestros en todo el país.  Dese este punto de vista, la única forma válida de protesta sería el activismo “light” o “clasemediero” lleno de retweets, likes y peticiones online, pero sin un compromiso claro en el terreno ideológico o a partir de una acción material contundente. La acción cibernética es importante, desde luego, pero jamás trascenderá si no salimos también a la calle para reunirnos, dialogar y construir estrategias en conjunto con otros sectores y causas sociales.

Chiapas, por ejemplo, constituye una inspiración y un ejemplo a seguir. Frente a la brutal represión de parte de las fuerzas policiacas en contra de los maestros en lucha, el miércoles pasado la sociedad chiapaneca salió a las calles para proteger a sus maestros así como correr a los hombres armados al servicio del poder.  En Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, en particular, hubo actos de increíble solidaridad social con la causa de los profesores.  Cada día queda más claro que los maestros no están de ninguna manera solos en su lucha.

En la Ciudad de México nos falta seguir el ejemplo de los pueblos del sur.  Los habitantes de la capital tenemos una obligación ética, moral e histórica para romper con el guión racista y clasista propagado por los medios masivos de comunicación y los intelectuales y periodistas mercenarios. Los maestros de todo el país, pero en particular los del sur, representan lo mejor de México. Son portadores de un gran conocimiento de nuestra historia así como de una convicción patriótica y nacional sin parangón. 

Démosles a los maestros la bienvenida que merecen, con abrazos en lugar de toletes, con apoyos en lugar de represión.  Con nuestras acciones de solidaridad, enseñemos al mundo entero que Mancera no nos representa. Demostremos que no todos los capitalinos somos tan indignos y abyectos como él.  El futuro de la patria depende de ello.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2065
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 16 de mayo de 2016

"La marcha hacia el totalitarismo" (Revista Proceso, 15 de mayo, 2016)

Enrique Peña Nieto con los Secretarios de la Defensa y la Marina
John M. Ackerman

De cara a su muy proba­ble descalabro electoral tanto el próximo 5 de junio, en las eleccio­nes para gobernador en 12 estados y para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, como en las elecciones presidenciales de 2018, el régimen se mueve rápida­mente para acomodar sus fichas.

El objetivo es garantizar su con­trol sobre las palancas centrales del poder, aun en el caso de que el Partido Revolucionario Institu­cional (PRI) y sus aliados se vieran obligados por la sociedad mexi­cana y la comunidad internacio­nal a entregar temporalmente el control sobre el Poder Ejecutivo nacional y en algunas entidades federativas clave.

Todas las encuestas demues­tran que el PRI se encuentra en un proceso de franca descomposición electoral. Si bien es posible que en los comicios de 2016 el partido de Estado logre mantener el control político en la mayoría de las entidades federativas en disputa, es ya un hecho el desgaste de sus tradicionales mecanismos de mani­pulación social. El PRI muy difícilmente rebasará una votación de 40% en ningu­na entidad federativa, incluyendo sus tradicionales bastiones como Veracruz y Tamaulipas, y en lugares como la Ciudad de México probablemente recibirá menas de 10% de los sufragios. Recordemos que en las últimas elecciones federales -de 2015- el PRI conquistó solamente 29% de la votación nacional.

Cada día el PRI depende más abier­tamente de la compra de los resultados electorales. En su desesperación, recurre a cualquier fuente de financiamiento para comprar votantes, cooptar líderes socia­les, controlar instituciones electorales y garantizar la servidumbre mediática. Sin embargo, los costos de esta estrate­gia aumentan con cada escándalo de co­rrupción revelado por la prensa nacional e internacional. El partido de Estado hoy yace en un barril sin fondo de despresti­gio e ignominia.

En respuesta, Peña Nieto recu­rre a las Fuerzas Armadas.

Históricamente México había sido una excepción en América Latina respecto a la relativa des­politización de sus Fuerzas Arma­das. Mientras la mayor parte de los otros países de la región expe­rimentaban constantes golpes de Estado y sufrieron bajo juntas mi­litares durante años, en el siglo XX México se destacó por su estricta disciplina militar.

A partir del sexenio de Felipe Calderón, y ahora de manera particularmente pronunciada con Peña Nieto, se rompió con esta larga tradición. Hoy los militares se han convertido en el principal bastión de apoyo político para el régimen autoritario. Las Fuerzas Armadas también son hoy una de las más importantes correas de transmi­sión para las órdenes de Washington.

El reciente espectáculo vergonzoso de entrega, por parte del secretario de la Marina, Vidal Soberón, de la Medalla de Distinción Naval y Mérito Militar Primera Clase al jefe militar del Comando Norte de Estados Unidos, William Gortney, transpa­rentó el total sacrificio de nuestra sobera­nía nacional en la materia.

Los raspones recientes que han re­cibido las Fuerzas Armadas (el cuestionamiento de su papel en el caso de Ayotzinapa, la divulgación de actos de tortura y algunos juicios civiles contra militares que ejercieron cargos de impor­tancia durante el sexenio de Calderón) no implican de ninguna manera una merma en su poderío. Como botón de muestra, tenemos las recientes reformas al Código de Justicia Militar y al Código Militar de Procedimientos Penales, que constituyen nada menos que un paso definitivo hacia el establecimiento de un gobierno militar-fascista en nuestro país.

En venganza por la supuesta “intro­misión” de las autoridades civiles en sus asuntos “internos”, con la aprobación de juicios civiles en casos de violaciones de derechos humanos por militares, las Fuerzas Armadas han logrado que ahora sus ministerios públicos y tribunales mi­litares puedan entrometerse de manera indiscriminada en asuntos civiles, con ca­teos a domicilios particulares y edificios gubernamentales, así como espionaje di­recto a comunicaciones personales.

Unos días antes de la aprobación de es­tas reformas en el Senado de la República, las Naciones Unidas envió una misiva a los legisladores que advertía sobre los graves riesgos de empoderar a los militares de esta manera. Los senadores hicieron caso omiso y aprobaron las reformas en apenas siete minutos y sin discusión alguna.

Como contraparte de la militarización de la política nacional, el régimen acele­ra la privatización de la economía con el fin de atarle las manos a un eventual Po­der Ejecutivo bajo el control del pueblo. El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), hoy esperando su aprobación relámpago en cualquier mo­mento en el Senado, es aun más peligroso que la reforma energética.

Como hemos argumentado en es­tas mismas páginas (véase: http://ow.ly/oBuB300fdJt), mientras la privatización del petróleo removió un sector importan­te del control estatal, el TPP busca acabar con la rectoría del Estado en todos los sec­tores de la economía.

El elemento más peligroso del acuer­do son los mecanismos jurídicos que per­mitirán a las empresas transnacionales demandar al Estado mexicano por opor­tunidades de lucro supuestamente perdi­das a partir de acciones gubernamentales en defensa del medio ambiente, de los derechos humanos o de regulación de la economía. Dichas demandas no serán re­sueltas por las autoridades nacionales o el Poder Judicial, sino por mesas de arbi­traje internacionales controladas por las mismas empresas transnacionales.

Fernando del Paso tiene razón: Méxi­co camina hacia el establecimiento de un Estado totalitario. 2018 podría ser nuestra última oportunidad para reequilibrar el balance entre, por un lado, el poder des­pótico de las armas y el capital financiero internacional, y por otro lado, el poder so­cial desde abajo del pueblo mexicano. Hay demasiado en juego, y el futuro de nues­tros hijos e hijas es demasiado importan­te como para darnos por vencidos antes de la batalla definitiva.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2063
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