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| Enrique Peña Nieto flanqueado por los Secretarios de Defensa y de Marina |
Uno de los aspectos más notorios de los regímenes autoritarios es la utilización facciosa de la ley para reprimir, censurar y controlar a la población.
El contenido de dos nuevas leyes impulsadas por Enrique Peña Nieto y los partidos del Pacto por México confirma que el actual ocupante de Los Pinos busca consolidar de manera definitiva la política represiva que ensayó en Atenco el 4 de mayo de 2006, cuando fungía como gobernador del Estado de México, y que ha repetido una y otra vez desde su toma de protesta como presidente de la República el 1 de diciembre de 2012.
Peña Nieto se da cuenta del aumento de la ira social frente a sus fallidas “reformas estructurales”, la crisis económica, la profundización de la corrupción y la expansión de la violencia por todo el país. El presidente mexicano también está sujeto a cada vez más presión de organismos internacionales para frenar tanto la ola expansiva de violaciones a los derechos humanos como los ataques constantes contra periodistas, activistas sociales y políticos.
Pero en lugar de cambiar el rumbo y resolver el problema de raíz atacando la impunidad criminal enquistada en las instituciones gubernamentales, Peña Nieto ha decidido promover nuevas leyes que legalizarían la crisis generalizada de derechos humanos. Así como las contrarreformas “estructurales” institucionalizaron la corrupción y el saqueo, las nuevas contrarreformas represivas buscan formalizar la imposición de un estado de sitio generalizado en el país.
En la Cámara de Diputados avanza un dictamen para la Ley Reglamentaria al Artículo 29 Constitucional que daría manga ancha al presidente de la República y al Congreso de la Unión para suspender nuestras garantías constitucionales frente a casi cualquier “perturbación a la paz pública” con el fin de establecer la “normalidad” de impunidad generalizada en el país. De acuerdo con el texto de la iniciativa, ya aprobada por el Senado de la República, se define el concepto “perturbación grave” como un “fenómeno social violento que ponga en peligro la estabilidad o seguridad del Estado o su estructura social, política o económica”.
Es decir, casi cualquier protesta social, o supuesta amenaza a la autoridad orquestada por provocadores en la nómina de la Secretaría de Gobernación, puede ser motivo para cancelar nuestros derechos más básicos a la libertad de reunión, de protesta y de expresión, así como a la privacidad, a la información, al tránsito y a la comunicación. En otras palabras, en el momento en que Peña Nieto y sus partidos aliados empiezan a sentir que su poder se tambalea, esta nueva ley les permitiría encerrarnos a todos en nuestras casas y cancelar todo servicio telefónico o de internet. Simultáneamente, el gobierno podría establecer un régimen de estricta censura en todos los medios de comunicación, algo ya bastante avanzado en los hechos, así como prohibir las reuniones de protesta e intervenir en todas y cada una de nuestras comunicaciones personales.
La nueva "Ley Atenco", aprobada por el PRI, el PAN y el PRD en el Congreso del Estado de México el pasado jueves 17 funge como el perfecto complemento autoritario a la ley de estado de sitio promovida en el Congreso federal. La nueva Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México autoriza de manera indiscriminada la utilización de la fuerza pública en casi cualquier situación de protesta social. Por ejemplo, el artículo 7 promueve su uso para garantizar “el orden y la paz pública”, definidos en los términos más abstractos, así como “por estado de necesidad, cuando se realice para salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente”. Asimismo, el Capítulo III de la ley autoriza de manera general emplear la fuerza para el “control de multitudes” y define como una “reunión ilegal” de facto cualquier protesta ciudadana donde se busque “obligar” a las autoridades a resolver en un sentido específico.
En suma, la “Ley Atenco” está diseñada para acabar con la protesta social, así como para proteger a los elementos de seguridad en caso de cualquier acusación en su contra de parte de los ciudadanos víctimas de sus actos represivos. El contenido de ambas leyes, la del Artículo 29 al nivel federal y la del Uso de la Fuerza Pública al nivel estatal, demuestran el aislamiento cada vez más extremo de la clase política respecto de la sociedad y su necesidad de gobernar estrictamente por la fuerza.
Y cuando sumamos las recientes confesiones del colombiano Andrés Sepúlveda a la agencia Bloomberg (véase: http://ow.ly/109ept) sobre su participación en una amplia red de espionaje y fraude electoral durante la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, nos queda claro que la lógica de la fuerza ha sido la característica del gobierno actual desde sus orígenes. El gobierno de Peña Nieto no solamente no es democrático, sino que, a partir de cada revelación nueva sobre los entretelones del funcionamiento de su red internacional de corrupción política, queda más claro que carece de la más mínima legitimidad social o institucional.
Cada día tendremos más presos políticos atrás de las rejas y criminales en el gobierno si no actuamos juntos, como sociedad unida, con una clara vocación política y electoral, para detener la legalización del fraude y la cancelación de todas nuestras libertades ciudadanas.
Publicado en Revista Proceso No. 2057
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@JohnMAckerman
