ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

domingo, 4 de agosto de 2013

Intercambio entre Sergio Aguayo y John M. Ackerman sobre la "guerra" de Peña (Revista Proceso, Palabra del Lector, 4 de Agosto, 2013)

De Sergio Aguayo 

Señor director: 

En su columna para Proceso 1917 (“Guerra” indiscriminada, 28 de julio de 2013), John Ackerman me degüella (metafóricamente) ante la opinión pública basándose en una lectura apresurada de mi texto para Reforma titulado "La inteligencia" (24 de julio de 2013). 

Asegura que estoy entre los que celebran “los autoelogios de Peña Nieto con respecto a su ‘nueva’ estrategia, supuestamente basada en la ‘inteligencia’ criminal”. 

Ni en ese texto ni en ningún otro escrito o comentario he celebrado la “‘nueva’ estrategia” del gobierno de Enrique Peña Nieto por una razón bastante elemental: la desconozco. Por el contrario, he criticado en diversas ocasiones la ausencia de un plan maestro e integral para combatir al crimen organizado. Mis reflexiones no fueron sobre la estrategia, sino sobre los usos de la inteligencia en las guerras, y aseguré, eso sí, que la detención del Z-40 es otro indicio de que va mejorando la inteligencia de la Marina y de las Fuerzas Armadas. 

Siempre he respetado y disfrutado la enjundia que John pone a sus textos. En este caso su pasión lo hizo desdeñar el rigor en el análisis y la precisión en el uso de la información. 

Atentamente, 

Sergio Aguayo


Respuesta de John M. Ackerman


Señor director: 

A pocas horas de que ocurriera la oprobiosa masacre de un grupo de ciudadanos que protestaban a favor de la paz en Los Reyes, Michoacán, Sergio Aguayo escribió una columna llamada “La inteligencia” dónde señala que “se justifica el autoelogio lanzado por el presidente Enrique Peña Nieto” ya que “en efecto, la inteligencia tiene cualidades terapéuticas: es un elíxir ideal para entender lo que está pasando y para el diseño de estrategias bien enganchadas con la realidad”. En lugar de solidarse con las víctimas de la “guerra” de Peña Nieto, el analista avala la narrativa del nuevo presidente con respecto a su supuestamente “inteligente” estrategia contra el crimen organizado a raíz de la nada novedosa detención de otro líder de una banda criminal. El analista también complementa este juicio con un sorprendente e inmerecido reconocimiento a la “bravura”, “valentía” y “determinación” de Felipe Calderón en su lucha contra la inseguridad. 

Señalar mi disenso absoluto frente a tales juicios, elogios y autoelogios no implica un ataque personal al distinguido columnista, y mucho menos un “degollamiento metafórico”, sino una invitación a debatir seriamente el total fracaso de los últimos dos gobiernos federales para resolver los problemas de fondo que generan la violencia y la inseguridad. Pero en lugar de responder a los argumentos que desarrollo en mi columna con respecto al acoso sistemático a los disidentes políticos y la total exclusión de la sociedad civil que caracterizan la “estrategia” de Peña Nieto así como la esperanza que implica el surgimiento de algunos de los grupos de autodefensa comunitaria, Aguayo prefiere personalizar el debate y declararse víctima de un ataque público. 

Habría que recordarle al columnista que las verdaderas víctimas son otras y lo que se encuentra en juego es mucho más importante que la reputación o el prestigio de uno u otro comentarista. Líderes de opinión como Aguayo le hacen un flaco favor a su propia causa de la “sociedad civil” aplaudiendo a un Presidente de la República que ha evidenciado una y otra vez su total desdén para las formas democráticas de ejercicio del poder. Ojalá el Dr. Aguayo rectifique y dirija su mirada de nuevo hacia la sociedad en lugar de al gobierno y el poder. 

Atentamente, 

John M. Ackerman

lunes, 29 de julio de 2013

"La 'guerra' de Peña" (28 de julio, 2013)

Guardias comunitarias en Aquila, Michoacán/ Foto: Proceso.com
John M. Ackerman

Hoy las balas no solamente se dirigen contra los individuos que solitariamente luchan por hacer justicia a sus familiares caídos, como Marisela Escobedo Ortiz, Nepomuceno Moreno y tantos otros luchadores heroicos, sino que también empiezan a ser utilizadas contra los ciudadanos que de forma colectiva se organizan para defender la paz. La cobarde represión armada a un grupo de civiles que protestaban pacíficamente el pasado lunes en el municipio de Los Reyes, Michoacán demuestra que con Enrique Peña Nieto hemos pasado a una nueva etapa en la “guerra” contra la inseguridad que es simultáneamente más escalofriante y paradójicamente más esperanzadora que la vivida durante el sexenio de Felipe Calderón. 

Los gobiernos federales y locales continúan con la irresponsable y fallida “estrategia” implementada desde 2006. Frente a cualquier problema, envían más militares, policías y armamento para “apaciguar” la zona, lo que de manera predecible solamente genera más violencia y sangre. También continúa la táctica de “decapitación” de importantes narcotraficantes, como el Z-40, por órdenes y a partir de información del gobierno de los Estados Unidos. Los exagerados elogios de parte de Barack Obama y Janet Napolitano para Peña Nieto recuerdan la comparación que el presidente norteamericano hiciera en 2010 entre Calderón y el superpolicía Eliot Ness, de los Untouchables.

Lo que llama la atención sobre la coyuntura actual no es la supuesta utilización de “inteligencia” por parte del gobierno de Peña Nieto, sino la valentía y la capacidad de organización de las comunidades asoladas por la violencia. Los manifestantes de Los Reyes pretendían tomar el Palacio Municipal para despedir a los policías corruptos, poner fin a la extorsión y establecer un sistema de autodefensa popular y comunitaria. El pasado miércoles, otro grupo exitosamente logró ocupar la alcaldía de Aquila, Michoacán y tomar el control sobre la Dirección de Seguridad Pública local en respuesta al total fracaso de las autoridades para mantener el Estado de derecho. El mismo día, en Guerrero pobladores de Xaltianguis bloquearon la carretera Acapulco-México para defender a su Policía Comunitaria del acoso ejercido por el propio Ejército mexicano que buscaba desarmarla. También circula un video en redes sociales que expone la estremecedora e inspiradora historia del Consejo Ciudadano de Autodefensa en Tepalcatepec, Michoacán (véase: http://ow.ly/nkbkK)

Durante el sexenio de Calderón atestiguamos horribles multi-homicidios, incluyendo las granadas lanzadas el 15 de septiembre de 2008 en Morelia, la masacre en Villas de Salvalcar en enero de 2010, y el ataque al Casino Royale en agosto de 2011, entre muchos otros incidentes. Pero hoy los grupos armados no solamente atacan a los ciudadanos que se encuentran en reuniones de esparcimiento sino también a manifestaciones sociales con demandas específicas.

La actual “politicización” de la represión armada es un fenómeno sumamente grave que nos debe preocupar a todos. Y cuando esta novedad se concatena con la represión durante la toma de posesión el pasado 1 de diciembre y el acoso sistemático a los disidentes políticos a lo largo del sexenio actual, se configura un escenario de franca consolidación de los modos más autoritarios de ejercicio del poder.

Miguel Ángel Osorio Chong ha señalado que lo acontecido en Los Reyes fue “una respuesta al avance que han tenido el gobierno federal y estatal en contra del crimen”. Sugiere el Secretario de Gobernación entonces que conforme las autoridades tengan más “avances” en su “estrategia”, los ciudadanos tendremos que esperar cada vez peores ataques armados sobre grupos civiles. Por lo visto, los “daños colaterales” de la “guerra” de Peña harán que aquellos de la “guerra” de Calderón parezcan un juego de niños. 

Si bien Calderón dejó el país en llamas, e incluso podría llegar a ser encontrado responsable de numerosos crímenes de guerra, durante su sexenio la sociedad por lo menos podía expresar su repudio públicamente y de manera pacífica en las calles. Hoy con Peña Nieto la protesta social cada vez se torna más peligrosa.

Resulta muy lamentable entonces que destacados analistas y activistas que fueron sumamente críticos de Calderón, como Sergio Aguayo, hoy celebren los autoelogios de Peña Nieto con respecto a su “nueva” estrategia supuestamente basada en la “inteligencia” criminal (véase: http://ow.ly/nkcd9). Flaco favor hacen los líderes de opinión como Aguayo a su propia causa aplaudiendo una estrategia cuya principal novedad es precisamente el ataque directo a activistas sociales.

En lugar de dar un voto de confianza a gobiernos federales y locales que ya han demostrado su verdadera faz represora e intolerante, habría que acompañar a los valientes pobladores de las comunidades, especialmente en poblaciones indígenas, que han tenido la valentía para auto-organizarse en defensa de la paz y el bienestar social. En lugar de quedar bien con el gobierno y el poder, habría que escuchar a Elsa Márquez Manríquez, una mujer de Xaltianguis quien con valor denuncia: “A mí me mataron a un hermano, a un tío y a un cuñado y el Gobierno nada más se daba la vuelta y se iba nos dejaba solo…queremos a los comunitarios aquí, con ellos nos hemos sentido protegidos.” 

Twitter: @JohnMAckerman

(c) John M. Ackerman (Todos los derechos reservados)

lunes, 15 de julio de 2013

"Intemperancia empresarial" (14 de julio de 2013)

El presidente del CMHN, Claudio X. González/ Foto: proceso.com
John M. Ackerman

"Las estrellas se han alineado para nuestro país", exclamó el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), Claudio X. González, dos días despúes de una jornada electoral manchada con vastas irregularidades, abstencionismo y violencia en 14 estados de la República. González estaba a punto de entrar a una comida privada con Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional junto con otros integrantes del CMHN, un organismo que incluye a conspicuos representantes de la oligarquía más enriquecida del país como Emilio Azcárraga, Carlos Slim, Gastón Azcárraga y Alberto Bailleres, entre otros. Allí se anunciaría una supuesta próxima inversión por la cantidad “histórica” de 27 mil millones de dólares para el año 2013.

Dicen que en política no hay coincidencias y en este caso el mensaje es más claro que el agua. Frente al hundimiento de la legitimidad electoral y el debilitamiento del Pacto por México como mecanismo de cooptación de la oposición política, Peña Nieto y el PRI han llamado a su artillería pesada para que les apoye a evitar la completa disminución de la supuesta burbuja de popularidad artificalmente construida para el nuevo presidente entre algunos sectores de la población. Así como Barack Obama “vende” las más atractivas plazas de embajador en Europa o el Caribe a sus principales donantes electorales, con contribuciones de 1.8 millones de dólares en promedio por “embajador” de acuerdo a The Guardian, Peña Nieto también ofrece todo tipo de facilidades a las familias más ricas del país a cambio de su respaldo político. La reciente confirmación de la inacción y la complicidad del IFE en los casos Soriana y Monex evidentemente también se explica por esta misma estrategia.

El anuncio del CMHN es simple propaganda. La cifra de 27 mil millones de dólares fue literalmente sacado de la manga a partir de una “encuesta” realizada por el mismo organismo cupular entre sus propios integrantes. No existe compromiso formal o responsabilidad alguna para cumplir con este monto y la cantidad podrá ser ajustada libremente de acuerdo a las leyes de oferta y demanda política. 

A principios del año en curso el CMHN ya había manejado una cifra distinta. El pasado 3 de febrero, González afirmó que el monto total de inversión del CMHN sería de 30 mil millones de dólares en el territorio nacional y de 15 en el extranjero. En la conferencia de prensa del martes pasado no se ofreció explicación alguna por la reducción de tres mil millones en la inversión nacional (y de cinco en la internacional) ni un informe sobre la cantidad ya invertida después de haber transcurrido más de la mitad del año. Tampoco se ofreció detalle alguno sobre los proyectos o empresas específicas que invertirían en 2013.

Lo único que González sí dejo en claro es que estas supuestas inversiones no serán para fortalecer la economía popular o para fomentar un crecimiento sustentable o sostenible, sino solamente para enriquecer aún más a los mismos integrantes del CMDH. Sin ofrecer cifra alguna, el vocero señaló que los sectores que recibirían más inversión serían la minera y la de telecomunicaciones, dos de las áreas de la economía más monopolizadas que generan ganancias no a partir del fortalecimiento de la economía nacional sino a raíz de la extracción de onerosas rentas tanto de la tierra como de los consumidores.

También se evidenció que la generación de empleo no es prioridad para los oligarcas. En un tono digno de Cantinflas el señor González señaló: "En cuanto al número de empleos generados, no hay cifras para dar. Nunca las hemos dado porque son difíciles de computar, porque hay distintas fases dentro del proceso de inversión y ya luego de arranque y operación". 

El centro del acto en Palacio Nacional no fue la expresión de un supuesto compromiso de los empresarios más poderosos del país con el desarrollo nacional, sino la manifestación de su respaldo personal a Peña Nieto y las lesivas reformas neoliberales que su gobierno impulsa. “Hay reformas muy importantes que se han concretado en los últimos meses, empezando por la reforma laboral y pasando por la educativa y telecomunicaciones; además, las que están a punto de salir”, señaló González, “por ello, las empresas del CMHN habrán de invertir una cantidad sin precedentes". Y ni siquiera habían pasado 24 horas cuando el Instituto Mexicano de la Competitividad, financiado por el mismo CMHN, llamó a otra conferencia de prensa para dar a conocer un amplio estudio sobre la “Apertura y Competencia para Explotar Nuestra Riqueza Petrolera” que demanda la total transformación de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.

Para rematar la conferencia del martes, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, celebró la “demostración de confianza en términos de esquema-país" de parte del CMHN. Pero precisamente lo que ha inhibido el desarrollo de México es tal “esquema-país”, en lugar de un fuerte “Estado-nación”, que ha sido promovido en los últimos treinta años por gobiernos entreguistas y corruptos. En lugar de que el gobierno y la oligarquía alardeen de manera conjunta inversiones inexistentes e improductivas, los ricos del país tendrían que verse obligados por verdaderas autoridades públicas a pagar los impuestos que deben para que contribuyan a la economía nacional que les ha dado todo. 

Hace un año, en un desplegado publicado el 6 de agosto de 2012, la CMHN criticó a “las izquierdas” por “crear un ambiente de intemperancia, en el que se alientan...acciones que afectan al público y a empresas como Soriana”. Pero la verdadera “intemperancia” no es de los ciudadanos conscientes quienes rechazan la compra-venta de los resultados electorales, sino de los empresarios más poderosos del país que se mantienen en total impunidad e insisten en violentar todos los días la Constitución y burlarse de la soberanía popular.


Twitter: @JohnMAckerman

(c) John M. Ackerman (Todos los derechos reservados)

lunes, 1 de julio de 2013

"Señales del norte y del sur" (30 de junio de 2013)

Barda en la frontera entre México y Estados Unidos/ Foto: La Jornada
John M. Ackerman

El camino a seguir para superar la crisis de legitimidad democrática que enfrenta el mundo no será trazado por los países del norte, sino por los del sur. En Estados Unidos, la sociedad se mantiene quieta mientras se construyen bardas, se persigue a periodistas e informantes internos y se cancelan protecciones electorales a grupos vulnerables. En contraste, las movilizaciones populares masivas de Brasil han obligado a la clase política a impulsar reformas cruciales para democratizar el sistema político, combatir la corrupción gubernamental y aumentar el gasto social.

Si México busca avanzar por una senda de desarrollo sostenible e independiente tendrá que consolidar sus vínculos con los gobiernos y pueblos latinoamericanos y acabar con su obediencia humillante frente al vecino del norte. De lo contrario, se arriesga a ser arrastrado por la corriente de un imperio en declive cada día más desesperado, autoritario y peligroso.

La semana pasada, la Suprema Corte de Estados Unidos echó abajo el artículo quinto de la Ley de Derechos del Elector (Voting Rights Act), que obligaba a nueve estados del sur del país a recibir autorización federal para cualquier modificación a su normatividad electoral. Esta ley, aprobada en 1965, fue una de las conquistas históricas más importantes del movimiento social encabezado por Martin Luther King Jr., Malcolm X y otros líderes a favor de los derechos civiles de los afroamericanos. El artículo quinto era particularmente importante porque evitaba la manipulación de las leyes electorales para excluir a los afroamericanos, los latinos y otros grupos vulnerables con artimañas jurídicas como el rediseño geográfico de los distritos electorales o la imposición de nuevos requisitos para poder votar.

Esta misma Corte ya había dado el tiro de gracia a cualquier intento de regulación del flujo de dinero privado en las campañas electorales con su decisión en el caso Citizens United. En ese caso, resuelto en 2010, la mayoría de los ministros, encabezados por el ultraderechista John Roberts como su presidente, resolvió que las empresas tienen los mismos “derechos” a la “libertad de expresión” que cualquier ciudadano y, por lo tanto, pueden “donar” dinero a las campañas políticas casi sin limitación alguna.

Con estas dos decisiones históricas, Voting Rights Act y Citizens United, Estados Unidos se consolida como un sistema político diseñado para favorecer los intereses del dinero y la reacción. No debería sorprender a nadie entonces que los legisladores del ala más radical del Partido Republicano definan las coordenadas del debate político en Washington.

Por ejemplo, recientemente este grupo logró parar en seco una serie de reformas que hubieran aumentado marginalmente la vigilancia de la venta de armas de alto poder en aquel país. Estas reformas fueron ampliamente demandadas por la población en respuesta al terrible asesinato de 20 niños, de entre seis y siete años de edad, en la escuela Sandy Hook en diciembre pasado. Pero los intereses económicos de los fabricantes de armas fueron más poderosos que el sentido común.

Y hoy la famosa “reforma migratoria” cada día se parece más a una nueva ley de seguridad nacional. En lugar de reconocer la enorme contribución que realizan todos los días los mexicanos a la economía estadunidense y aceptar la naturaleza pluricultural del país, la ley busca ahondar las divisiones tanto dentro de la comunidad migrante como entre México y Estados Unidos.

Las nuevas e inaceptables modificaciones incluyen duplicar la cantidad de policías armados en la frontera de 20 mil a 40 mil, extender la cerca electrificada en cientos de kilómetros, y poner en operación 18 “drones” de vigilancia junto con un laberinto de cámaras y sensores infrarrojos propios de un campo de guerra. El senador John McCain ha presumido que estas medidas volverían la frontera entre México y Estados Unidos más impermeable que el Muro de Berlín. El senador Patrick Leahy ha señalado que tales disposiciones cumplen con una “lista de deseos de Navidad” de empresas de seguridad como Halliburton. Solamente falta que algún legislador del Tea Party también proponga colocar minas de guerra a lo largo de la frontera.

Ahora que la reforma pasa del Senado a la Cámara de Representantes, donde los republicanos son aún más poderosos, se incluirán más “enmiendas” nocivas. Por ejemplo, los migrantes muy probablemente serán excluidos de cualquier beneficio público mientras esperan más de una década para ser “legalizados”. También existe la propuesta de obligar a los mexicanos a pagar cuantiosas multas, así como a mantener un trabajo estable sin interrupción alguna durante todo el periodo de espera. Es posible que incluso se elimine la opción de conseguir la anhelada ciudadanía al final del largo periodo de espera y “buen comportamiento”.

En contraste, en Brasil el Congreso avanza en la aprobación de una nueva medida que obligaría al Estado a utilizar 100% de las regalías de la producción futura de petróleo para programas de educación y salud pública. Además, se encuentran en curso una amplia reforma política y medidas definitivas para combatir y castigar la corrupción gubernamental. México haría bien en seguir este valioso ejemplo.

El estudio más reciente del CIDE sobre las actitudes de los mexicanos hacia el exterior ha ratificado que los mexicanos se sienten mucho más “latinoamericanos” (50%) que “norteamericanos” (8%). Una encuesta de la BBC, Country Ratings World Survey 2010 (disponible aquí: http://ow.ly/ms0eW), también ha revelado que solamente 13% del pueblo mexicano tiene una opinión favorable sobre la influencia internacional de Estados Unidos.

Estos datos alentadores demuestran que la conciencia crítica del pueblo mexicano sigue firme. El progreso de México como país líder en el concierto de las naciones depende precisamente de valorar y fortalecer los vínculos con los hermanos del sur y rechazar las políticas excluyentes, prepotentes y racistas del norte.


Twitter: @JohnMAckerman

(c) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados


martes, 18 de junio de 2013

"Comunicaciones privadas e independencia nacional" (16 de junio de 2013)



Edward Snowden
Justicia para Arturo Hernández Cardona, Félix Bandera y Ángel Román, activistas sociales cobardemente asesinados en Iguala,Guerrero.

John M. Ackerman

El periódico británico The Guardian ha revelado que el gobierno de Estados Unidos y sus empresas contratistas intervienen de manera indiscriminada y masiva en las comunicaciones telefónicas y electrónicas del mundo entero. Barack Obama y sus socios también han desarrollado un agresivo aparato de ciberguerra para hackear, infiltrar y destruir unilateralmente a cualquiera que se oponga a sus “intereses nacionales”. Esta situación no solamente tiene que ver con China y el Medio Oriente, sino que también implica directamente a México. El vergonzoso e indignante silencio del gobierno y la clase política mexicanos con respecto a estas revelaciones del exagente de la CIA Edward Snowden revela que la soberanía nacional aparentemente no les importa a los políticos.

Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz y Vicente Guerrero se revuelven en sus tumbas. Frente a esta traición histórica, la sociedad tendría que actuar de manera autónoma para defender su derecho a la privacidad y rescatar la independencia nacional.

En Canadá, Inglaterra, Australia y Estados Unidos, las autoridades y los representantes populares han iniciado investigaciones para conocer hasta dónde el programa PRISM, dado a conocer por Snowden, implica la vigilancia ilegal de comunicaciones privadas de sus propios ciudadanos, y en qué medida sus gobiernos respectivos serían cómplices de este programa o incluso cuentan con programas propios similares. Las organizaciones de la sociedad civil también se han activado. La Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), por ejemplo, ha demandado al gobierno de Barack Obama por violaciones a los derechos de la privacidad y al debido proceso de los estadunidenses.

En México tendríamos que actuar de manera similar. El artículo 16 de la Constitución indica claramente que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente”. El mismo artículo señala que “las comunicaciones privadas son inviolables” y que “la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas”. El Código Penal Federal fija una pena de seis a 12 años de cárcel para quien intervenga comunicaciones privadas sin mandamiento judicial.

Nuestra privacidad y la presunción de inocencia también se encuentran protegidas por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su caso, la PGR o la Policía Federal tendrían la facultad legal de vigilar a individuos específicos acusados de delitos graves, pero siempre dentro del marco de una averiguación previa y con autorización de un juez.

En suma, es absolutamente ilegal y anticonstitucional que cualquier actor (nacional, internacional, privado o gubernamental) intervenga las comunicaciones de los ciudadanos mexicanos o tenga acceso a sus datos personales de manera indiscriminada y generalizada. La información con la cual contamos sobre la operación del programa PRISM indica entonces la probable comisión masiva de delitos en contra de los mexicanos por autoridades y empresas estadunidenses.

Casi la totalidad de las comunicaciones electrónicas que tienen lugar en México se hacen por medio de empresas estadunidenses colaboradoras con PRISM, como Google, Apple, Facebook, Twitter, YouTube, Skype, etcétera. No hay duda alguna de que el programa recoge todos los días y sin mandamiento judicial una enorme cantidad de información sobre empresas, individuos, grupos sociales y políticos mexicanos. El Senado de la República y la PGR tendrían que iniciar inmediatamente investigaciones al respecto.

También tenemos que preguntarnos sobre la probable complicidad del gobierno mexicano en la comisión de estos delitos. Sería muy difícil creer que Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón se atreverían a rechazar un regalo del gobierno vecino tan “valioso” como la información completa sobre las vidas privadas y los negocios de sus colegas y adversarios. Los sofisticados aparatos multimillonarios que el gobierno mexicano ha recibido en años recientes del gobierno estadunidense sin duda también cuentan con la facultad de intervenir directamente y de manera indiscriminada en las comunicaciones privadas.

Pero cualquier autoridad o empresa mexicana que hoy recoja, maneje, reciba o utilice este tipo de información privada de los ciudadanos mexicanos, independientemente de su fuente, está cometiendo un delito grave si no cuenta con un mandamiento judicial. El Congreso de la Unión también tendría que iniciar inmediatamente una investigación al respecto.

Y más allá de las investigaciones que en su momento podrían ordenar las autoridades correspondientes, los ciudadanos también deberíamos actuar. En primer lugar, urge desarrollar nuevos sistemas propiamente mexicanos y ciudadanos para compartir información y navegar en internet lejos de la persecución del Tío Sam.

Asimismo, sería conveniente moderar nuestra dependencia de las redes sociales y el internet. Si bien el mundo de la comunicación electrónica es sumamente valioso y ha permitido una revolución en la conciencia ciudadana, también se ha convertido en una poderosa arma de control social. En su libro Cypherpunks, Julian Assange incluso señala que el internet ahora es “una amenaza a la civilización humana” por el enorme poder que allí ejercen las autoridades gubernamentales y los poderes fácticos. Las revelaciones de Snowden confirman que Assange tiene razón.

Todos haríamos bien en administrar mejor nuestra vida para dedicar menos tiempo ante la pantalla de la computadura y más tiempo a la construcción de pequeños grupos de estudio, análisis y acción en nuestras comunidades, escuelas, trabajos y barrios. Así se fortalecería un amplio tejido social de resistencia y acción ciudadana invulnerable a los designios de Washington, Los Pinos y empresas privadas del ciberespacio que legalmente no tienen ninguna responsabilidad cívica.


Twitter: @JohnMAckerman

(c) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

domingo, 2 de junio de 2013

"Por una verdadera reforma electoral" (2 de junio, 2013)

Consejero Presidente Leonardo Valdés/Foto: Proceso
John M. Ackerman

A los políticos no les conviene modificar el actual sistema corrupto de repartición de cargos, favores y prebendas electorales. Solamente buscan inyectar una nueva dosis de legitimidad pública para superar la crisis de confianza generada tanto por las desaseadas elecciones de 2012 como por los escándalos recientes. Tal y como ocurrió despúes de los comicios de 1988, 1994 y 2006, la principal intención de las nuevas promesas y reformas en materia electoral es borrar las huellas de impunidades pasadas, más que transformar de raíz el sistema. 

Cualquier esfuerzo por avanzar en este tema tendría que iniciar con una clara rendición de cuentas sobre las elecciones de 2012. No solamente se deben investigar los desfalcos en Tabasco, sino también los ríos de dinero que muy probablemente fluyeron de las arcas del Estado de México, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila y otras entidades gobernadas por el PRI para asegurar el triunfo de Enrique Peña Nieto. Desde luego, también es preciso llegar al fondo de los asuntos de Monex y Soriana. 

Con respecto a la reforma electoral, hay que ir más allá de atender lagunas legales y ajustar estructuras burocráticas, para tomar medidas definitivas que permitan la recuperación de la esperanza ciudadana en los comicios. Hoy los procesos electorales son juegos de negociaciones oscuras entre élites partidistas y poderes fácticos. Gana quien sella más pactos comprometedores y viola más descaradamente las normas electorales. 

Es necesario dar un giro de 180 grados para que las campañas y las elecciones se transformen en procesos de verdadero debate, expresión y participación ciudadanas. Para ello habría que poner un alto a los abusos de los medios de comunicación, hacer efectivos los topes de gasto de campaña, acabar con la parcialidad y la pasividad de los órganos electorales, y empoderar a los ciudadanos para defender la autenticidad del sufragio. 

El primer reto es evitar perdernos en interminables debates sobre temas meramente burocráticos. Por ejemplo, desde hace años los consejeros del IFE y sus intelectuales orgánicos han insistido en que se deberían trasladar las facultades sancionadoras y de fiscalización del IFE a otros órganos, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ello para “proteger” al IFE de la vorágine política y la sobrecarga de trabajo, que supuestamente dañan su efectividad y credibilidad. Desde hace tiempo también se ha debatido la posibilidad de crear un solo instituto electoral a nivel nacional para organizar tanto los comicios federales como los locales. Los que defienden esta propuesta sostienen que dicho órgano permitiría un significativo ahorro y además rompería el control de los gobernadores sobre las elecciones en sus estados respectivos. 

Ambas propuestas son cuestionables y no llegan al fondo del problema. En lugar de aligerar la carga de trabajo a los supuestamente explotados consejeros electorales, habría que darles más facultades y exigir a estos funcionarios muy bien remunerados que cumplan cabalmente con sus responsabilidades constitucionales. Y en lugar de entregar todas las elecciones del país a un grupo de consejeros nacionales de comprobada parcialidad, habría que tomar medidas para garantizar la independencia y la ciudadanización de todos los órganos electorales en el país. 

Una reforma clave, por ejemplo, sería implementar nuevos mecanismos para la selección de los consejeros y magistrados electorales. Un sorteo entre un grupo de candidatos ciudadanos que ya hayan aprobado varias etapas de revisión por la misma sociedad civil podría minimizar la influencia de los partidos políticos sobre los nuevos funcionarios. (Véase mi análisis aquí: http://ow.ly/lxV1W.) Otra reforma estratégica sería la creación de un nuevo “juicio ciudadano de inconformidad” en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que la sociedad pueda impugnar directamente la actuación del IFE o de los partidos políticos ante el TEPJF. De esta manera los ciudadanos dejarían de ser pasivos emisores de votos para convertirse en actores centrales en la defensa de la autenticidad del proceso electoral en su conjunto. 

Pero la reforma más importante sería la expansión de las obligaciones para la radio y la televisión. En lugar de solamente emitir llamados a misa en la forma de “sugerencias de lineamientos” para la cobertura noticiosa de las campañas políticas, el IFE tendría que vigilar estrictamente todos los aspectos de las transmisiones y tener la facultad de sancionar el incumplimiento del principio de equidad.Siguiendo el modelo italiano, las sanciones deberían aplicarse independientemente de si existió o no un contrato o una donación formal a algún candidato.

Del mismo modo, sería recomendable reformar el artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) para garantizar la organización de por lo menos seis debates entre los aspirantes a la Presidencia, con asistencia obligatoria para todos los candidatos y transmisión por cadena nacional. Asimismo, se podrían institucionalizar “jornadas deliberativas” en las que los mismos ciudadanos tendrían la oportunidad de debatir públicamente los temas más importantes de la agenda nacional y discutir las posiciones de los candidatos. Otras propuestas serían la inclusión del rebase de topes de campaña como causal de nulidad de la elección presidencial, así como la ampliación de las obligaciones legales a los consejeros electorales, tanto federales como locales, para inhibir y castigar la compra y coacción del voto.

Propuestas de reforma abundan. Lo que falta es voluntad política. Hoy en México la soberanía popular todavía es un sueño. Exijamos un nuevo país en que éste y otros sueños se cumplan.

Twitter: @JohnMAckerman

(c) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

domingo, 19 de mayo de 2013

"Sociedad Acosada" (17 de mayo de 2013)

J. Edgar Hoover
John M. Ackerman 

El retorno de los dinosaurios al trono ha venido acompañado de un ataque sistemático a los movimientos sociales. J. Edgar Hoover, el repudiado director del FBI durante casi cinco décadas (1924-1972), decía que su objetivo era “exponer, trastornar, redirigir, desacreditar y neutralizar de cualquier forma” a los grupos disidentes. Hoy el PRI y sus aliados en los gobiernos estatales y los medios de comunicación aparentemente están decididos a seguir el nefasto y criminal ejemplo de Hoover al pie de la letra.

La estrategia de "shock & awe" (conmoción y pavor) implementada por Enrique Peña Nieto durante los primeros meses de su gestión (véase mi análisis: http://ow.ly/l3RBb) no funcionó para eliminar la resistencia popular. Si bien desarticuló algunos movimientos juveniles e intimidó a otros sectores, el río ya empieza a regresar a su cauce.

Una gran parte de la sociedad se niega a aceptar el cuento falso de que en México hay democracia y de que la mejor vía para ser escuchado es votar en la próxima elección en favor del candidato menos peor. Simultáneamente, el aumento en los precios de la gasolina y de los alimentos, junto con los regalos desde el poder a empresas monopólicas como Televisa, atizan el descontento social e incrementan el repudio al gobierno en turno.

Llama la atención que sean los maestros y los estudiantes quienes hoy encabezan las protestas. Son las personas más cultas, con conocimiento de la historia de México y el mundo, quienes ponen el ejemplo en rechazar las mentiras de los medios de comunicación dominantes y tomar el destino del país en sus manos.

Después de la Revolución Mexicana, los maestros rurales exponían su vida para llevar la educación científica y racional a las comunidades más alejadas y bajo el control de la Iglesia. Al grito de “¡Viva Cristo Rey!”, los Cristeros linchaban a los maestros que buscaban enseñar a sus hijos la evolución de las especies y los orígenes del ser humano. Hoy los profesores vuelven a tomar la batuta en el combate a la ignorancia fomentada desde las cúpulas del poder. Y hoy los nuevos pastores apostados en Avenida Chapultepec también linchan a los maestros, desde la pantalla televisiva, al relacionarlos con “narcotraficantes”, “guerrilleros” y “vándalos”.

En los años sesenta y setenta las movilizaciones estudiantiles obligaron al régimen a abrirse e iniciar un largo y sinuoso proceso de liberalización. Pero cientos de estudiantes primero tuvieron que pagar con sangre en la masacre de Tlatelolco de 1968 y los actos represivos posteriores, como el Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971. Hoy de nuevo los estudiantes en todo el país sacrifican sus importantes actividades cotidianas para luchar por el interés general y exhibir las injusticias del sistema. Y también son recibidos con balas, denuncias penales y oídos sordos de parte de los gobernantes.

Un indignante botón de muestra de la vigencia de la intolerancia autoritaria fue la detención y tortura de tres jóvenes activistas falsamente acusados de planear protestas violentas durante la visita de Peña Nieto a Puebla para las celebraciones del 5 de mayo. Jesús Robles Maloof ha relatado con detalle las inaceptables violaciones a los derechos humanos en contra de Iván Guizasola, Néstor López y Eduardo Salazar (análisis completo en: http://ow.ly/l3Z86). Como bien lo ha señalado el mismo Maloof: “Si quieres saber si un país es democrático, sólo observa cómo tratan a los opositores. En México los torturan”.

En Morelos, el gobernador Graco Ramírez sistemáticamente criminaliza a los disidentes en sus declaraciones públicas. En Guerrero, Ángel Aguirre ha logrado órdenes de aprehensión en contra de más de 20 maestros de la CETEG. De la misma manera en que se acosaba a los estudiantes de 1968 con acusaciones penales exageradas, hoy se acusa de “sedición” y “motín” a los dirigentes magisteriales.

La infiltración de provocadores también es una práctica comúnmente implementada por los gobiernos autoritarios. La reciente recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre los acontecimientos del pasado 1 de diciembre de 2012 evidencia la muy probable utilización de estas tácticas para justificar la represión en contra de auténticos y pacíficos movimientos juveniles. Ello no debería sorprender a nadie ya que, como el maestro Miguel Ángel Granados Chapa denunciaba de manera sistemática, estas tácticas son muy comunes en entidades priistas como Hidalgo, su estado natal, y el Estado de México, cuyos ex-gobernadores hoy comandan el gobierno federal.

Otra estrategia que se utiliza para debilitar a los movimientos es la de los “diálogos” estériles, cuyo verdadero propósito es cansar a los opositores. Tanto los alumnos de la UNAM como los dirigentes magisteriales deberían tener mucho cuidado en sus actuales interlocuciones con las autoridades para asegurar que generen resultados concretos y productivos.

Finalmente, es muy difícil creer que los sofisticados nuevos aparatos para intervenir conversaciones y comunicaciones que el gobierno mexicano ha recibido de Estados Unidos, incluyendo los aviones espía (o “drones”), están siendo utilizados exclusivamente para combatir el narcotráfico. El reciente escándalo que involucra la vigilancia ilegal de Associated Press por el gobierno de Barack Obama es solamente la punta del iceberg en la materia, tanto en Washington como en México. Asimismo, es importante darnos cuenta de que uno de los propósitos para acusar a activistas de delitos graves como “sedición”, o incluso de “delincuencia organizada”, puede ser precisamente permitir una intervención indiscriminada en sus comunicaciones personales.

El gobierno le apuesta al miedo, la paranoia, la violencia y el sectarismo. La mejor respuesta desde la sociedad sería invertir nuestro tiempo en la construcción de nuevas redes públicas de confianza, debate, crítica y propuesta. El poder del dinero y el de la fuerza son grandes, pero el de la verdad, la educación y las redes sociales es mayor.

Twitter: @JohnMAckerman

(c) John M. Ackerman, todos los derechos reservados