"Paso libre" (19 de abril, 2015)

El Viacrucis del Migrante/Foto:Hugo Cruz, Proceso

John M. Ackerman

El Viacrucis del Migrante encabezado por el padre Alejandro Solalinde ha tenido la enorme importancia de visibilizar las constantes agresiones que sufren nuestros hermanos y hermanas centroamericanos en su paso por México. Como Martin Luther King Jr., con sus marchas de Selma a Montgomery, Alabama, para exigir el respeto al voto de los afroamericanos en los Estados Unidos en 1965, Solalinde hoy también actúa en defensa de los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables.

Todos los mexicanos deberíamos solidarizarnos con nuestros vecinos latinoamericanos. Debe detenerse inmediatamente la inaceptable persecución, extorsión y expulsión de migrantes tanto por agentes gubernamentales como por integrantes del crimen organizado. En lugar de hacer el trabajo sucio a Washington, el Estado mexicano tendría que permitir el paso libre por el territorio nacional.

La Constitución nos otorga a todos el derecho al libre tránsito. “Toda persona tiene derecho para… viajar por su territorio… sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”, señala el artículo 11. “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, anuncia el artículo 15.

Asimismo, la Ley de Migración establece como principio fundamental la “hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional”. Y el artículo 76 de la misma norma indica que las autoridades en ningún momento “podrán realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes”.

En México los extranjeros cuentan con los mismos derechos civiles que los nacionales. Tanto el cerco policiaco al albergue Hermanos en el Camino como el constante acoso por las autoridades gubernamentales al Viacrucis violan flagrantemente el marco jurídico nacional.

Cada año el gobierno invierte cantidades millonarias de recursos para promover el turismo y la inversión extranjera en México. Y cuando los extranjeros económicamente privilegiados de Europa y los Estados Unidos nos visitan gozan de la enorme hospitalidad y apertura al exterior que caracterizan al generoso pueblo mexicano.

Nuestros hermanos y hermanas centroamericanos que buscan trabajo para ganarse la vida al otro lado del Río Bravo merecen el mismo trato y atención. “Por mi raza hablará el espíritu”, señala el sabio lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todos los pueblos de América Latina compartimos una historia similar y deberíamos apoyarnos en la lucha común por la justicia social.

Lo ideal sería poder ofrecerles en México a todos los centroamericanos que lo necesitaran trabajo, alimentación, vivienda, salud y educación. Su gran fuerza de trabajo podría generar grandes ganancias para todos. Lamentablemente, décadas de políticas neoliberales impulsadas por el PRI y el PAN al servicio de Washington han dejado nuestra economía en ruinas. Pero lo que sí podemos hacer es por lo menos echarles una mano a nuestros vecinos en su búsqueda de una mejor vida para sus hijos.

Un gobierno mexicano democrático y comprometido con el bienestar social convertiría todos los centros de revisión y de detención para migrantes en cómodos albergues para recibir, alimentar y permitir descansar a los dignos viajeros en su camino hacia el norte. Aquella transformación no solamente sería una gran acción humanitaria, sino que también implicaría un importante ahorro en el gasto público, ya que es más económico gastar en camas y cocineros que en celdas y policías.

Tristemente, la realidad es precisamente lo contrario. La semana pasada, un ciudadano grabó la llegada al territorio nacional de cientos de nuevos vehículos militares provenientes de los Estados Unidos (véase http://ow.ly/LHJHg), como si se estuviera preparando una invasión. El gobierno mexicano también recientemente compró de Washington 18 nuevos helicópteros militares Blackhawk fuertemente armados. Y Miguel Ángel Osorio Chong ya estudia la posibilidad de utilizar la Gendarmería Nacional para resguardar las instalaciones de las empresas mineras extranjeras.

En este contexto llama poderosamente la atención la aprobación de las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permiten a los agentes de los Estados Unidos portar sus armas en el territorio nacional. Ahora los policías estadunidenses podrán matar a mexicanos a sangre fría no solamente al norte de la frontera, como Antonio Zambrano, Rubén García y un indigente en Los Ángeles, sino también directamente en el territorio nacional.

Con su tradicional malinchismo, quien fue secretario de Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón, Ernesto Cordero, ha señalado que “tiene más miedo a un policía municipal de Iguala que a un oficial extranjero”. Lo que no menciona el senador es que los policías municipales ya se encuentran armados por y bajo el mando de los extranjeros. A la postre, el verdadero responsable por la desaparición de los estudiantes de Ayotzi­napa sería precisamente la estrategia de represión y “guerra contra las drogas” impuesta al gobierno mexicano por Washington. Solamente con la solidaridad y el trabajo en conjunto entre los pueblos y las naciones latinoamericanos podremos caminar hacia la paz con justicia social.

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Publicado en Revista Proceso, No. 2007

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"Ludismo electoral" (5 de abril, 2015)

Conmemoración de los Luditas ingleses por Cath Everett (via ludditelink.org.uk)

John M. Ackerman

Hay que canalizar de la manera más efectiva la justa rabia y repudio al sistema corrupto y asesino que hoy se presenta como “gobierno” en México. En los albores de la Revolución Industrial, los artesanos ingleses desataron su furia en contra de las nuevas máquinas fabricantes de telas que estaban eliminando sus fuentes de trabajo. En su desesperación, los dignos “luditas” confundían las herramientas de la explotación con los autores de la do­minación. No eran las máquinas sino sus dueños los verdaderos adversarios. Esta confusión fue uno de los motivos por los cuales se quedó corto el desarrollo políti­co de Inglaterra en comparación con los vecinos revolucionarios de Francia.

Hoy ocurre algo similar con respecto a las elecciones y los partidos políticos en México. El enorme hartazgo con la clase política y los constantes fraudes electora­les han llevado a muchos a abogar por un “boicot” electoral, así como a demandar la cancelación de las elecciones en Gue­rrero. Si bien se entiende y se comparte la enorme indignación que motiva estos posicionamientos, también se vale cues­tionar respetuosamente la utilidad de las estrategias que proponen.

Lo que nos tiene sumidos en la más absoluta ignominia no son las elecciones o los partidos en sí mismos, sino el frau­de y la corrupción política. No fue el vo­to lo que llevó Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre y José Luis Abarca a sus puestos, sino la dictadura mediática, la compra de voluntades y la parcialidad de las institu­ciones electorales. Y hoy no somos gober­nados por partidos políticos, sino por una clase política absolutamente podrida que ha logrado corroer y destruir por dentro a cada uno de los institutos políticos que hoy malgobiernan el país.

Si los ciudadanos críticos dejan de votar u obstaculizan la celebración de las elecciones, hacen el trabajo aún más fácil a los corruptos. Las televisoras, el Institu­to Nacional Electoral (INE) y el Pacto por México avanzarán juntos con toda tran­quilidad en la consolidación de la dicta­dura mediático-militar bajo el mando de Washington y los mercados financieros internacionales.

La evidencia más clara de que la esfe­ra electoral todavía implica una amenaza para el sistema es la enorme cantidad de dinero que se invierte en propaganda en­gañosa, en “chayotes” mediáticos, en el acarreo de votantes y en la alquimia elec­toral. Si las elecciones fueran exclusiva­mente una ceremonia de legitimación no sería necesario gastar tanto en las cam­pañas o llenar al INE con tantos soldados leales al sistema. Al contrario, el sistema podría darse el lujo de garantizar un “jue­go limpio” y equitativo entre los diferen­tes candidatos, además de fomentar los debates públicos y una plena libertad de expresión.

Si la esfera electoral estuviera to­talmente controlada por el sistema no hubiera sido necesario, por ejemplo, des­pedir a Carmen Aristegui de MVS Noticias 15 días antes del inicio de las campañas federales. Tampoco haría falta la abusiva, engañosa e ilegal campaña del Partido “Verde”.

Votar libremente por los pocos can­didatos que valen la pena no es entonces “legitimar el sistema”; es precisamente rebelarse en contra del mismo. Votar de manera informada tampoco es “exten­der un cheque en blanco”, como señala nuestro distinguido colega de Proceso Javier Sicilia, sino solamente no dejar un estratégico campo de batalla totalmente libre al adversario. No deberíamos hacer tan fácil a los corruptos su trabajo de ro­barnos la esperanza y cancelar nuestros derechos ciudadanos. El gran dirigente popular Rubén Jaramillo tenía esta lec­ción sumamente clara cuando compitió por la gubernatura de Morelos dos veces, en 1946 y 1952, aún en un contexto del más profundo autoritarismo de Estado.

Ahora bien, resulta evidente que el ejercicio del voto no podrá por sí solo salvamos del naufragio nacional. El po­der del Estado nunca fue lo que algunos imaginaban que era, y hoy, después de tres décadas de entreguistas políticas neoliberales, se encuentra más debilitado y vulnerable que nunca. Para que el relevo en los cargos públicos pueda tener un verdadero impacto, hace falta construir simultáneamente una alternativa social independiente que de una vez por todas obligue a las autoridades a rendir cuentas y responder a las demandas ciudadanas.

Los importantes esfuerzos de construcción de poder popular al nivel municipal en Guerrero, Chiapas, Michoacán y Oaxaca deben ser el modelo para los niveles estatales y federales. Los policías deberían ser “comunitarios” tanto en los municipios como en todos los niveles de gobierno y en el país entero. Y el modelo de “Concejos Populares” que se aplica en pueblos indígenas tendría que extenderse a toda la nación. Luchemos para que todo México sea territorio autónomo y rebelde, no solamente algunas localidades.

Y en el camino para lograr esta ne­cesaria transformación del poder públi­co es crucial saber reconocer y valorar a los amigos y aliados. Específicamente, en cada elección tenemos la obligación de preguntarnos cuál de los candidatos estará más dispuesto a escuchar las de­mandas ciudadanas o, en su caso, sim­plemente será utilizado para reprimir a los inconformes.

Para esta evaluación habría que con­siderar tanto el talante autoritario y las trayectorias de cada candidato como los compromisos políticos que pesarán a la hora de tomar decisiones clave. En con­secuencia, la gran pregunta no es cuál de los candidatos resulta “mejor” o “menos peor”. Es: ¿Cuál encabezará un gobierno menos agresivo para el florecimiento y el empoderamiento de la sociedad combati­va y exigente que necesitamos para poder solucionar juntos los grandes problemas nacionales?

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Publicado en Revista Proceso No. 2005

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"Conflicto entre particulares" (22 de marzo, 2015)

Carmen Aristegui afuera de los estudios de MVS Radio 15 marzo, 2015 (Foto: Virgilio Passoti, Proceso)

John M. Ackerman

El gobierno de Luis Echeverría Álvarez jamás asumió la responsabilidad por la masacre de docenas de estudiantes en las calles de la Ciudad de México el 10 de junio de 1971 ni por la expulsión de don Julio Scherer de la dirección del periódico Excélsior el 8 de julio de 1976. Aquellos cobardes ataques a nuestros derechos más básicos, a la vida, a la protesta y a la libertad de expresión fueron presentados como “conflictos entre particulares”. Hoy, los hijos políticos de Echeverría recurren al mismo discurso de antaño para evitar ser llamados a cuentas tanto por la masacre estudiantil en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, como por la destitución de Carmen Aristegui como titular de la primera emisión de MVS Noticias el 15 de marzo de 2015.

La escalofriante continuidad histórica de las estrategias del régimen, paradójicamente, genera esperanza. A lo largo de los últimos 40 años el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ha evolucionado un ápice, sino que se ha estancado en un pantano de lógicas retrógradas ya rebasadas por los tiempos modernos. En contraste, la sociedad se ha transformado radicalmente en las últimas cuatro décadas. Somos ahora mucho más conscientes, informados, comunicados, exigentes y movilizados que antes. El desenlace de la crisis actual, entonces, promete ser mucho más positiva y productiva que el de la acontecida a principios de los años 70 del siglo pasado.

Hoy todos sabemos que la masacre del Jueves de Corpus fue fríamente planeada desde las más altas esferas del poder. De acuerdo con las investigaciones periodísticas y académicas que han salido a la luz en años recientes, fue perpetrada por cientos de halcones entrenados en Estados Unidos que se coordinaron con la policía y con las fuerzas militares el día de la represión. El presidente Echeverría estaba al tanto del desarrollo de todos los acontecimientos. El excelente documental de 2006 realizado por Canal Seis de Julio y dirigido por Carlos Mendoza, Halcones: Terrorismo de Estado (disponible aquí: http://ow.ly/KwP6W), expone con claridad lo que realmente ocurrió aquel fatídico día.

Julio Scherer sale de las instalaciones de Excélsior 8 julio, 1976

De la misma manera, en estos tiempos todos saben que la salida de Scherer, Vicente Leñero, Enrique Maza, Rafael Rodríguez Castañeda y Miguel Ángel Granados Chapa, entre otros, de Excélsior, fue un golpe planeado desde la Presidencia de la República. El ataque inició en 1972, cuando los oligarcas del país organizaron un boicot de anunciantes en contra de Excélsior para ahorcarlo financieramente. Y, finalmente, en 1976 un grupo de esquiroles bajo las órdenes de Los Pinos tomaron por la fuerza la Asamblea General de la Cooperativa Excélsior para destituir formalmente a Scherer. La mejor referencia para conocer en detalle los acontecimientos de aquellos días tan álgidos es el libro del mismo Leñero (en paz descanse) titulado Los periodistas, cuya nueva edición de 2012 fue prologada precisamente por Carmen Aristegui.

Tanto la matanza de 1971 como la censura de 1976 les salieron muy caras al régimen. La represión del Jueves de Corpus convenció a muchos mexicanos, y de manera destacada en Guerrero, a abandonar la lucha institucional para tomar las armas en contra del poder despótico. Asimismo, la expulsión de Scherer desembocó en la creación de la revista Proceso, una publicación que nos acompaña hasta la fecha como uno de los pocos bastiones de crítica informada que valientemente pone límites al poder corrupto.

El editorial del primer número de Proceso,­ publicado el 6 de noviembre de 1976, deja un legado muy valioso que presenta similitudes con la coyuntura del presente. Ahí los editores denunciaron “la inquina política en términos que causaron asombro dentro y fuera de México”, así como “la impudicia de la agresión” hacia el periodismo libre, y expresaron su decisión de no permitir que “el silencio cubra por completo a esta nación”. Remataron: “Así somos, y aquí estamos”.

En el video del Canal Seis de Julio sobre el 10 de junio se incluyen testimonios originales de estudiantes que intervinieron en la manifestación. En respuesta a la pregunta de un periodista: “¿Cree usted que son libres en México?”, un estudiante responde: “No lo creemos. La mejor prueba de esto es la existencia de presos políticos en las cárceles de la Ciudad de México y en otras ciudades del país”. Y en otra toma un estudiante explica: “Estamos luchando por un país realmente democrático, y tenemos que mostrar que el gobierno no es democrático. Estamos intentando demostrar que el sistema represivo no lo hace legalmente ni respeta la Constitución. Y estamos tratando de desarrollar un movimiento revolucionario”.

En esta época hay aún más periodistas –quienes “aquí estamos” en la brecha de la dignidad– y muchos más estudiantes y maestros con la claridad de que “el gobierno no es democrático”. Además contamos con redes de comunicación e información digitales que no teníamos hace 40 años. Y la decisión de los dignos padres y estudiantes de Ayotzinapa de rechazar la vía armada para acceder al poder público abre una enorme oportunidad histórica para superar viejos debates, desconfianzas y sectarismos.

Pocas veces ha habido una coyuntura tan favorable para caminar juntos a favor de una renovación de la patria; 40 años de represión y censura no han podido apagar la antorcha de la esperanza democrática. Al contrario, ésta alumbra el camino con más fuerza que nunca. Sigamos todos el ejemplo de los fundadores de Proceso tomando la historia en nuestras manos.

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(Publicado en Revista Proceso No. 2003)

"El Rey Peña" (8 de marzo, 2015)

Peña Nieto y familia en visita "de Estado" a Inglaterra

John M. Ackerman

La visita de Enrique Peña Nieto y su familia a la reina Isabel II en Buckingham Palace ofreció una excelente estampa de la putrefacción de la política nacional. En medio de una crisis nacional de proporciones históricas, con la violencia desbordada, la economía en picada y los derechos humanos en vilo, el inquilino de Los Pinos otorgó a su esposa e hijas unas vacaciones pagadas en Londres. Se confirmó que Peña Nieto no es en realidad el primer mandatario del país, sino un simple ornamento que desperdicia recursos públicos, igual que la misma reina de Inglaterra.

Isabel II ascendió al trono el 6 de febrero de 1952, funge simultáneamente como la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra y es el jefe de Estado con más años en el poder del mundo. Representa con todas sus letras el autoritarismo más retrógrado. Con razón Peña Nieto se sentía como en casa durante la cena de gala y lucían tan sonrientes y contentos los integrantes de la comitiva presidencial, que incluía a Gerardo Gutiérrez Candiani, del Consejo Coordinador Empresarial, y a José Antonio Fernández, de FEMSA-Coca-Cola. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), fundado en 1946, ha controlado los destinos de la nación mexicana desde hace aún más tiempo que la reina Isabel II. Ambos comparten los mismos valores y prácticas de desprecio hacia el pueblo humilde y de derroche parasitario de los ingresos estatales.

La cobertura mediática lisonjera de la visita “de Estado” buscó fomentar la perversa fascinación del pueblo mexicano por las monarquías. Por ejemplo, las reiteradas menciones a la ridícula carroza del “Jubileo de Diamante” en que se transportaron juntos Peña Nieto e Isabel II, con un valor de 4.7 millones de dólares y con 260 zafiros y 48 diamantes incrustados, tienen el efecto de que parezcan normales los gastos insultantes de Peña Nieto, su gabinete y los exgobernadores priistas en sus residencias de lujo, aviones barrocos, departamentos en el extranjero y cuentas bancarias en Suiza. Tanto aquellos dispendios de Peña y sus cómplices como los de la primera dama y sus hijas en Inglaterra escogiendo entre los vestidos y las joyas más caros del mundo, para fingir que ellas también son parte de la realeza, deben ser motivo de indignación, no de celebración.

Lamentablemente, muchos críticos de Peña Nieto han caído en la misma admiración monárquica. Circulan por las redes sociales numerosas imágenes y burlas al mandatario mexicano por supuestamente no estar a la “altura” de la reina Isabel II. Por ejemplo, una imagen difundida por una destacada crítica del sistema representa a Angélica Rivera preguntando a la reina Isabel cuál de los contratistas del gobierno le habrá construido su hermoso castillo, como si las mansiones de la reina no fueran resultado de siglos de expoliación colonial. Otras colocan a Peña Nieto en situaciones incómodas exhibiendo su enorme ignorancia sobre temas básicos en presencia de La Reina, como si la monarquía inglesa fuera un modelo de sofisticación para un pueblo mexicano con grandes tradiciones históricas e intelectuales propias.

Si bien las limitaciones culturales e intelectuales de Peña Nieto y su familia son evidentes, es un error suponer que la realeza inglesa de alguna manera enarbola principios más elevados. La monarca de Inglaterra ofreció una cena de gala y apoyó públicamente al mandatario mexicano precisamente porque comparten los mismos conflictos de interés y la misma visión autoritaria del poder.

Vale la pena recordar que desde el principio México ha sido una república. Si bien las fuerzas y las tentaciones monárquicas e imperiales tuvieron una influencia importante sobre el país durante el siglo XIX, a partir de la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917 el pueblo mexicano se decidió de manera definitiva por una estructura republicana y democrática para ejercer el poder estatal. Aquella decisión histórica ha sido traicionada una y otra vez a lo largo del siglo XX y a principios del actual. Los principales herederos y responsables de esta traición son quienes hoy se agrupan bajo el escudo del PRI, partido que, en su insignia, abusa anticonstitucionalmente de los colores patrios.

Desde el retorno del PRI a Los Pinos en 2012, el proceso de reinstalación monárquica goza de cabal salud. El Rey Peña pasea por el mundo supuestamente representando al país, pero el pueblo mexicano tiene perfectamente claro que el actual ocupante de Los Pinos solamente defiende los intereses de los más poderosos y ricos de la nación. Urge recuperar el gran legado de luchas republicanas e igualitarias que han definido la historia, la soberanía y la identidad mexicanas.

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Publicado en Proceso No. 2001

"Autoritarismo transparente" (23 de febrero, 2015)

La ley es siempre un arma de doble filo. Dependiendo del contexto de aplicación y los intereses en juego, la norma puede fungir como un instrumento de represión o de liberación. Desde la creación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946, la regla ha sido la utilización de la ley para consolidar el autoritarismo, encubrir la corrupción y ensanchar la desigualdad. Sin embargo, durante la breve ventana democrática que se abrió entre 1996 y 2003, la intensidad del contexto político y social logró imponer algunas reformas que prometían invertir la flecha de la legalidad autoritaria y empoderar a la ciudadanía.

Una de las reformas más importantes fue la aprobación, en 2002, de una nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). Esta ley implicó un giro de 180 grados en la relación entre el gobierno y la sociedad. A partir de la entrada en vigor de la nueva normatividad no sería el ciudadano quien tendría que justificar su intención de conocer algún documento oficial, sino que la autoridad debería defender de manera estricta, objetiva y en cada caso la reserva o confidencialidad de la información solicitada. En principio, absolutamente toda la información relacionada con las actividades de las instituciones públicas estaría a la disposición de la ciudadanía. 

Este nuevo enfoque tenía un enorme potencial transformador. Rompió de tajo con décadas de “institucionalismo revolucionario” donde se defendía el principio de opacidad de los documentos públicos con el fin de garantizar la supuesta integridad y fuerza del Estado en contra de los cuestionamientos sociales. Un sólido compromiso con el “principio de máxima publicidad” incluido en la nueva ley de transparencia podría haber transformado profundamente la administración pública.

Si ello hubiera ocurrido, hoy, 13 años después de su aprobación, el país se encontraría en medio de un fuerte proceso de renovación institucional. En lugar de la multiplicación de gobernantes como Abarca, Murat, Aguirre, Moreno Valle y Peña Nieto en todo el país, tendríamos numerosos ejemplos de funcionarios públicos honestos y comprometidos con sus electores. Se hubiera cumplido, aunque sea parcialmente, con el mandato popular expresado en las urnas en 2000 al expulsar al PRI de Los Pinos.

Pero el sueño democrático se esfumó rápidamente. Una y otra vez fracasarían los esfuerzos ciudadanos por utilizar la nueva ley de transparencia para combatir frontalmente al sistema de corrupción estructural y exhibir el abuso de poder. Un botón de muestra fue el cínico rechazo a la solicitud de acceso ciudadano a las boletas electorales utilizadas en la elección presidencial de 2006, originalmente propuesta por Irma Eréndira Sandoval y un servidor en estas mismas páginas. Aquella cerrazón autoritaria demostró que el régimen se defendería con garras frente al supuesto “abuso” ciudadano en la utilización de su nuevo derecho.

El acceso a información financiera y fiscal también ha sido bloqueado sistemáticamente. Jamás se ha divulgado todo lo ocurrido con la corrupción del “rescate” bancario del Fobaproa, y han fracasado los numerosos intentos ciudadanos para examinar los millonarios créditos fiscales otorgados por el SAT a las empresas más poderosas del país.

La PGR también ha erigido un muro infranqueable en contra del escrutinio ciudadano. Ha sido casi imposible tener acceso a versiones públicas de las averiguaciones previas, aun cuando se trate de la investigación de violaciones graves a los derechos humanos. Inclusive hace apenas unos días la PGR negó a una Comisión Especial del Congreso de la Unión la información básica sobre el caso Tlatlaya.

Y con cada nueva integración del pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) se ha ido deslavando el carácter ciudadano de los comisionados. Hoy el IFAI se encuentra tan servil y desprestigiado como el Instituto Nacional Electoral. Así como muy pocos creen que las elecciones del próximo 7 de junio serán ejercicios auténticos de competencia democrática, casi nadie cree en la posibilidad de una verdadera transparencia o rendición de cuentas gubernamental. La decepción ciudadana es total.

Pero la ambición del régimen está fuera de control. Los mismos dinócratas que primero enterraron el legado de la Revolución Mexicana con su contrarreforma energética ahora buscan desmantelar cualquier resabio de la ventana democrática al reformar la ley de transparencia. Los gobernadores neofeudales que hoy controlan la política nacional quieren evitar futuras fugas de información que pudieran exhibir sus insultantes fortunas y propiedades.

Las propuestas de contrarreforma son impulsadas por los senadores Arely Gómez, hermana del vicepresidente ejecutivo de Televisa, y Pablo Escudero, yerno de Manlio Fabio Beltrones. Las modificaciones acabarían en los hechos con el “principio de máxima publicidad”. Se busca la total opacidad de los contratos y fondos en el sector energético, obstaculizar la transparencia para casos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos, esconder información sobre créditos fiscales y cerrar de manera definitiva el acceso ciudadano a los millonarios fideicomisos y fondos gubernamentales.

Estos fideicomisos son el equivalente contemporáneo de la antigua “partida secreta” del presidente de la República. El más importante de todos es el recién creado Fondo Mexicano de Petróleo (FMP) ya que manejará los ingresos petroleros. Recordemos que fue precisamente Luis Téllez, hoy exhibido por sus cuentas millonarias en Suiza y recientemente nombrado integrante del Comité Técnico del FMP, quien señaló en su momento que Carlos Salinas “se robó la mitad de la partida secreta”.

Lo único transparente hoy es que el régimen autoritario no conoce límites. Solamente una amplia acción ciudadana coordinada, tanto en los ámbitos sociales como políticos, podrá detener el avance del dinosaurio.

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Publicado en Revista Proceso No. 1999

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"Disfunción pública" (8 de febrero, 2015)

John M. Ackerman

Con cada coletazo, el dinosaurio priista va destruyendo una a una las instituciones de la supuesta “transición democrática”. Cualquier organismo público que haya tenido en algún momento un espíritu ciudadano o una independencia política ha sido domesticado o cooptado por el aparato. El intento de Enrique Peña Nieto de resucitar como tapadera coyuntural a la ya desaparecida Secretaría de la Función Pública (SFP) es un ejemplo particularmente claro de la consolidación de este perverso rasgo del autoritarismo mexicano.

La primera “reforma estructural” impulsada por Peña Nieto no fue la reforma educativa, ni la reforma energética, sino la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). Aun antes de tomar posesión, el presidente electo hizo llegar al Congreso de la Unión, por los malos oficios de Manlio Fabio Beltrones, una iniciativa de ley que eliminaría la SFP y trasladaría sus funciones medulares a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a punto de ser ocupada por su amigo y cómplice Luis Videgaray. Peña Nieto también buscaba excluir miles de puestos del ya debilitado Sistema de Servicio Profesional de Carrera con el fin de rellenarlos con nuevos funcionarios a modo.

El propósito era centralizar al máximo el poder administrativo para evitar cualquier fuga de información sobre los fraudes que ya se estaban preparando desde Los Pinos. Recordemos que precisamente en las mismas fechas en que el presidente electo envió su reforma administrativa a los diputados, en noviembre de 2012, el futuro secretario de Hacienda estaba en pleno proceso de mudanza a su nueva “Casa HIGA” en Malinalco.

Peña Nieto tenía la intención de encubrir su jugada centralizadora con la creación simultánea de un nuevo elefante blanco llamado Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) que estaría bajo el control de un consejo de “notables”, incluyendo a los 31 gobernadores, y presidido por el mismo primer mandatario. Aquella cortina de humo simuladora la analizamos en su momento en estas mismas páginas (véase: http://ow.ly/IyI0z). La propuesta que hoy impulsa el PRI en el Congreso de la Unión a partir de la masacre de Iguala es esencialmente la misma.

Por alguna extraña razón, aun con la total capitulación de las fuerzas “opositoras” en el Congreso no se pudo aprobar la creación del nuevo organismo “anticorrupción” de Peña Nieto. Al parecer, los panistas pensaron dos veces antes de entregar aún más armas a sus aliados priistas que después podrían ser utilizadas para chantajearlos exhibiendo la vasta corrupción del sexenio calderonista.

El PRD habría tenido el mismo propósito con respecto a las fechorías de Marcelo Ebrard y otros mandatarios locales. Por ejemplo, si hoy existiera la CNA no sería una Comisión Especial de la Cámara de Diputados la que estaría utilizando el escándalo de la Línea 12 del Metro para desacreditar a Ebrard, sino un poderoso organismo “autónomo” directamente al servicio del PRI-gobierno.

Sin embargo, aunque lograron parar la CNA, la “dignidad” de los legisladores de “oposición” no alcanzó para frenar las reformas a la LOAPF. Lo único que se logró fue la inclusión de un artículo transitorio en la reforma a la ley orgánica que indicaba que la SFP se mantendría temporalmente en funcionamiento hasta que se creara el nuevo organismo “anticorrupción” de Peña Nieto.

En consecuencia, desde hace más de dos años la SFP se encuentra en un limbo jurídico que la ha debilitado en extremo. Muerta en vida, la secretaría es hoy un auténtico “zombi” burocrático que deambula perdido por los pasillos del poder. Virgilio Andrade, quien siempre ha defendido férreamente los intereses de su partido, el PRI, tanto dentro como fuera de la administración pública, es entonces la persona perfecta para encabezar este Frankenstein en fase terminal. Su única función será tapar, cubrir y limpiar los evidentes conflictos de interés y corruptelas de su jefe y sus amigos en el gabinete presidencial.

Este desenlace de la SFP debe ser un trago muy amargo para quienes tenían esperanza de que la alternancia de 2000 pudiera generar procesos de profesionalización de la administración pública federal. Vicente Fox creó la SFP en 2003 para dirigir la modernización administrativa que supuestamente tendría lugar con la nueva Ley de Servicio Profesional de Carrera (LSPC). En realidad, ni Fox ni Felipe Calderón tomaron en serio este necesario proceso de transformación del Poder Ejecutivo. Vaciaron de contenido a la LSPC por medio de reglamentos amañados y colocaron a una serie de políticos ambiciosos y burócratas grises como titulares de esta importante secretaría. Calderón inclusive propuso la desaparición de la SFP en 2009. Sin embargo, nunca habíamos llegado a un extremo tan vergonzoso o un cinismo tan transparente como aquellos en que incurre Peña Nieto.

La muerte definitiva de la SFP como un organismo reformador e independiente constituye la cereza en el pastel de la disfuncionalidad pública bajo el régimen actual. Primero se canceló la división de poderes por medio de la suplantación del Congreso de la Unión por el “Pacto por México”. Después terminaron con la oposición partidista con la cooptación del PRD, y reprimieron a la oposición social con constantes abusos policiacos y detenciones arbitrarias. Posteriormente sometieron al INE (antes IFE) y al IFAI al rellenar a ambos institutos con funcionarios fieles al régimen. Hoy terminan el trabajo con la perversión absoluta del proyecto original de la SFP.

El Partido Revolucionario Institucional ya no es digno de su nombre. Se ha convertido definitivamente en el Partido de la Reversión Institucional. Solamente un masoquista se atrevería a desear su permanencia en el poder más allá del presente sexenio. Ha llegado la hora de ir preparando el relevo.

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Publicado en Revista Proceso No. 1997

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"Gobierno popular" (25 de enero, 2015)

Alexis Tsipras, líder de Syzria en Grecia, en un acto de campaña (Foto: La Jornada)

John M. Ackerman

Es un grave error visualizar nuestra tarea actual como la de “perfeccionar” la democracia mexicana o emprender una “segunda transición” limitada a la rendición de cuentas y el estado de derecho. Cualquier esfuerzo que no enfrente directamente la cuestión del poder social estará destinado al fracaso. La razón por la cual el país se encuentra en una situación tan delicada es porque las instituciones públicas y la clase política sirven a los amos del poder y el dinero en lugar de servir a los ciudadanos más humildes y vulnerables.

La conquista del poder público por los de abajo constituye un paso necesario para empezar a rectificar. Mientras el Estado se mantenga en manos de élites corruptas que desprecian profundamente al pueblo mexicano, su única función será reprimir, dividir y explotar a la sociedad. Un Estado controlado por el pueblo no podría resolver por sí solo los grandes problemas nacionales, pero por lo menos fungiría como un escudo protector de los intereses populares contra la ambición desmedida y el sadismo sangriento de los poderosos. Y si un gobierno popular lograra un fuerte respaldo social podría incluso convertirse en una palanca para una transformación económica y política de fondo.

La coyuntura global es propicia para el surgimiento de un gobierno popular en México. La crisis de gobernabilidad neoliberal que se vive en el país es similar a la que experimentaron Brasil, Argentina y Venezuela en los años noventa, Bolivia y Ecuador en la primera década del presente siglo, y actualmente España y Grecia. Así como los opresivos sistemas burocráticos del bloque soviético fueron derrumbados por la acción social durante la década de los ochenta, hoy los sistemas de exclusión y corrupción institucionalizadas, de la órbita estadunidense, también se desmoronan frente a la movilización popular.

Los próximos meses constituyen un momento clave en la batalla por transformar las coordenadas del poder público en México. Más allá de la posición de cada quien con respecto a la utilidad del voto, durante el periodo de las campañas electorales la situación política de la nación se coloca en el centro del debate público. Nadie podrá evitar los millones de anuncios de los candidatos ni los debates con colegas y amigos sobre la coyuntura nacional.

La mayor parte de los spots serán un enorme desperdicio de tiempo y un insulto a la inteligencia, pero algunos quizás rompan con el guión establecido de cinismo y superficialidad. Véase, por ejemplo, el histórico anuncio en náhuatl recientemente difundido por el probable candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la gubernatura de Guerrero, Amílcar Sandoval (vínculo aquí: http://ow.ly/HKuDl).

Llama la atención cómo muchos que se quejan de la baja calidad de la propaganda partidista jamás se atreven a criticar el reprobable contenido de la propaganda privada y pública. Los millones de insultantes anuncios que las empresas monopólicas y las instituciones gubernamentales nos recetan todos los días generan mucho más daño que unos meses de partidistas. Nuestra indignación no debe dirigirse solamente en contra de la clase política corrupta, sino también en contra de los grandes intereses económicos y mediáticos que se sirven con la cuchara grande gracias al servilismo de los políticos.

Pero todo el sistema actual está diseñado precisamente para evitar que se dé este importante paso en el desarrollo de la conciencia nacional. No son gratuitas, por ejemplo, ni la protección especial que ha brindado el INE a la imagen de Joaquín López Dóriga ni los “problemas técnicos” con el nuevo sistema de fiscalización electoral.

Y por si hubiera alguna duda con respecto al contubernio entre las instituciones electorales y el poder oligárquico, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, recientemente acudió a Kidzania en Plaza Cuicuilco para inaugurar un módulo del instituto electoral. Desde que fue construida por el Grupo Carso, de Carlos Slim, encima de las tierras ancestrales de la hermosa Pirámide de Cuicuilco, esta plaza simboliza la destrucción de nuestra historia por los intereses del gran capital. Y hoy Kidzania complementa la ocupación física de terrenos históricos con la ocupación mental de las nuevas generaciones por medio de la sobresaturación de mensajes comerciales que esta escuela de formación neoliberal inyecta a cada uno de sus pequeños visitantes.

El boicot electoral está garantizado. Por desinterés y fastidio, la mayor parte de la población no acudirá a las urnas el próximo 7 de junio. Pero la celebración de elecciones fraudulentas en la mayor parte del país y la postulación de candidatos inaceptables en casi todos los cargos de elección popular también se impondrán.

No tiene sentido entonces perder nuestro valioso tiempo en debates estériles entre los “anulistas” y los votantes. Lo que hagamos o dejemos de hacer durante los próximos meses será mucho más importante que lo que cada quien decida hacer después de desayunar el domingo 7 de junio. Durante las campañas de 2012, por ejemplo, fue mucho más relevante el movimiento #YoSoy132 que el fraude que llevó a Peña Nieto a Los Pinos.

Hoy existen grandes oportunidades para la movilización política y social que habría que aprovechar para seguir acumulando fuerza. Si queremos que el movimiento en solidaridad con Ayotzinapa rinda aún más frutos, todos deberíamos participar tanto en las acciones sociales como en los actos políticos que más nos convenzan durante los próximos meses.

Lo que no se vale es mantenerse inmóvil quejándose cómodamente de la supuesta “apatía” o “colaboracionismo” de los demás. Es precisamente este tipo de actitudes lo que mantiene al sistema corrupto en su lugar. Un verdadero luchador social utiliza todos los medios a su alcance para transformar el poder y jamás acepta su derrota.

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(C) John M. Ackerman, Todos los Derechos Reservados

(Publicado en Revista Proceso, No. 1995)