"¿Morena o voto nulo?" (Revista Proceso, 31 de mayo, 2015)

John M. Ackerman

Para “no legitimar el sistema”, propongo que todos dejemos de leer periódicos y revistas, de utilizar las redes sociales, de acudir a marchas o de conversar con nuestros colegas, vecinos y amigos. Que cada quien se quede solo en su casa para dedicar la mayor cantidad de tiempo posible a la construcción de su propia burbuja dorada de pureza ciudadana. Así podrás evitar conocer las masacres constantes, la corrupción desbordada y el cinismo institucionalizado que tienen al país al borde del precipicio. Serás más feliz y dormirás tranquilo imaginando que no puedes hacer absolutamente nada para cambiar el sistema.

Cada tortilla que comes, cada libro que lees, cada pensamiento que tienes y cada momento en que inhalas y exhalas aire mexicano ratifican tu pertenencia a esta patria tan dolida. Así que si eres de los pocos afortunados que cuentan con los recursos para viajar, ve preparando tus maletas desde ahora para dejar el país. Después podrás solicitar otra nacionalidad y renunciar a la mexicana para estar libre de cualquier vestigio de culpa por el naufragio nacional que dejarás atrás.

Pero más allá de tus planes de largo plazo, te suplico que de ninguna manera se te ocurra romper con tu rutina diaria para ir a votar el próximo domingo, 7 de junio. La televisión y el onanismo son actividades mucho más importantes y satisfactorias que formarse en una larga fila para colocar una papeleta en una urna. Te han convencido de que todos los partidos y candidatos son “lo mismo”, así que no importa si votas o no votas, ya que al final de cuentas todo seguirá igual.

Y cuidado: Si en algún momento entre hoy y el 7 de junio sientes que empieza a encenderse una pequeña llama de esperanza, una voz totalmente irracional que te dice que eres alguien y que puedes hacer algo para cambiar el país, prende inmediatamente la televisión. Te bastará con un par de horas de Televisa o TV Azteca para volver a convencerte de que eres perfectamente inútil y que la única opción es el Partido “Verde”.

Y si de veras no puedes resistir la tentación de codearte con tus conciudadanos el domingo, o si tu novio o novia te hace ojitos para que le acompañes a las urnas, aprovecha la ocasión para romper la boleta electoral en mil pedazos o escribir en grandes letras alguna grosería dirigida a la clase política. Así podrás evitar cualquier sentimiento de culpa por haber “legitimado” el sistema. No importa que tu “voto nulo” fortalezca al PRI, a Enrique Peña Nieto y al régimen asesino, ya que ello no es tu responsabilidad, sino de los mismos políticos corruptos que repudias.

Todos sabemos que los resultados de las elecciones en puerta no reflejarán la voluntad popular. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que “la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres (y) auténticas”. Sin embargo, con su inacción o abierta parcialidad, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, juntos, conspiran en contra del pueblo mexicano. Han dejado en total impunidad un sinnúmero de violaciones a la ley por parte del PRI y el PVEM.

El fraude está garantizado. El Diccionario de la Real Academia Española define “fraude” como “una acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”. Y lo que ha predominado en las campañas actuales son precisamente el engaño y la mentira, sobre todo del Partido “Verde”, en contra de la ciudadanía.

Pero ello no es motivo para tirar la toalla, dejar de soñar, aceptar pasivamente la situación actual, o para anularnos como ciudadanos. El derecho al voto libre y secreto es un derecho conquistado a lo largo de siglos de luchas populares en contra del poder despótico en todo el mundo. No ejercer este derecho fundamental equivale literalmente a regalar las instituciones del Estado mexicano, nuestras instituciones públicas, a los peores intereses corruptos y apátridas.

Quizás tendría sentido dejarse vencer por la tristeza y la desesperación si realmente no hubiera opción alguna en la boleta electoral, si en verdad todos los partidos fueran “la misma basura”. Pero resulta que en México se encuentra en proceso de construcción una nueva alternativa política que podría ser mucho más poderosa y efectiva que las que hoy existen en Grecia con Syriza o en España con Podemos.

Las coyunturas nacional e internacional son idóneas para que la trayectoria de Morena sea radicalmente diferente a la del PRD, el Movimiento Ciudadano o el Partido del Trabajo, que ahora yacen como cascarones vacíos totalmente corrompidos.

La construcción de un partido verdaderamente ciudadano, simultáneamente al servicio de la inteligencia y de los más humildes, dependerá de la participación de todos y cada uno de nosotros. Que no nos quiten la esperanza. Pasemos de la indignación a la digna acción.

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Publicado en Revista Proceso, No. 2013

"Gobierno sin fusibles" (17 de mayo, 2015)

Protestas en Guatemala en contra de la corrupción (Foto: AP)

Libertad inmediata para Nestora Salgado, presa política.

John M. Ackerman

Ni Chile ni Guatemala son ejemplos en materia democrática, pero los gobernantes de ambos países han demostrado mayor sensibilidad a la voluntad de sus respectivos pueblos que el caduco sistema autoritario mexicano. Incluso una empresa española como OHL, dirigida por un cuestionado marqués íntimo del rey Juan Carlos I, ha tenido más valentía que el pusilánime gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto.

En los tres casos, importantes escándalos relacionados con supuestos actos de corrupción generaron la renuncia de altos mandos. Michelle Bachelet, Otto Pérez Molina y los directivos de OHL han removido de sus cargos a importantes aliados con el fin de demostrar su supuesto compromiso con la honestidad y la justicia. Bachelet pidió renunciar a todos los integrantes de su gabinete. Pérez Molina aceptó la dimisión de su vicepresidente. Y OHL le enseñó la puerta de salida a su director de Relaciones Institucionales.

En contraste, en México absolutamente nadie paga los platos rotos por la serie de escándalos de conflictos de interés, corrupción, censura y violación a los derechos humanos protagonizada por el gobierno en turno. Con todo cinismo, Peña Nieto y los integrantes de su gabinete siguen reprimiendo y vendiendo el país a pedazos desde Los Pinos sin consecuencia alguna. Si el pueblo mexicano no acude en masa a las urnas el próximo 7 de junio para expresar su repudio al régimen de oprobio votando por los pocos candidatos honestos, los políticos corruptos utilizarán la segunda mitad del sexenio para desaparecernos a todos.

La Constitución Política de la República de Chile vigente fue redactada por el dictador Augusto Pinochet en 1980. Si bien ha sido reformada en numerosas ocasiones, mantiene cláusulas profundamente autoritarias, como el sistema electoral “binominal”. Este sistema garantiza la continuidad de la influencia política de los cercanos a Pinochet y de la ultraderecha en general, al obligar a las fuerzas democráticas a duplicar la cantidad de votos emitidos por sus adversarios para poder contar con mayor representación en el Congreso Nacional. Esa es una de las principales razones por las cuales Chile continúa firme dentro de la órbita de las políticas económicas neoliberales. Es también la causa de que el país haya esperado hasta el año 2004 para legalizar el divorcio, y de que sostenga la prohibición absoluta del aborto.

Pero a pesar de las evidentes debilidades del sistema “democrático” chileno, Bachelet se vio obligada a actuar para frenar el derrumbe de legitimidad de su gobierno a raíz de una serie de escándalos de alto impacto. Su ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, ha sido vinculado con la empresa Soquimich, una corporación bajo investigación de la justicia chilena por presunto financiamiento irregular de campañas electorales. Asimismo, recientemente la prensa dio a conocer información sobre un negocio inmobiliario multimillonario en que el hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, habría utilizado sus influencias para conseguir un préstamo de 10 millones de pesos con el propósito de que su esposa pudiera comprar terrenos.

En los últimos meses la tasa de aprobación ciudadana para Bachelet ha caído a 31%, cuando antes había llegado hasta 80%. Tanto las similitudes como las diferencias con el caso mexicano son evidentes.

El actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, fue uno de los principales mandos de la fuerza de “élite” de los kaibiles del ejército guatemalteco durante el genocidio y guerra civil que dejó más de 200 mil muertos en Guatemala en los años 70 y 80. Existen importantes paralelos entre la llegada de Pérez Molina a la presidencia por la vía electoral en 2011 y el retorno de los “dinosaurios” del PRI en México con Peña Nieto en 2012. En ambos países, la “transición democrática” ha funcionado principalmente para traer de regreso a los representantes de los peores atropellos del pasado.

Sin embargo, Guatemala da la impresión de ser una utopía democrática en comparación con los enormes retrocesos que hemos vivido en México. El exdictador Efraín Ríos Montt se encuentra procesado por crímenes de lesa humanidad. Y apenas la semana pasada el brazo derecho de Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti, renunció a su cargo como resultado de una investigación que la vincula con una red de sobornos de empresas importadoras a funcionarios públicos para evadir el pago de impuestos de aduana.

Mientras tanto, en México todo es peor que nunca. Peña Nieto no ha pedido la renuncia de absolutamente nadie a raíz de las masacres de Tlatlaya, Ayotzinapa o Apatzingán; de las casas de Videgaray, Angélica Rivera y Osorio Chong, o de los escándalos revelados por The New York Times, El Mundo y Le Monde. La semana pasada, Osorio Chong confrontó directamente a la Comisión de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo la pauta ya establecida por José Antonio Meade en su cuestionamiento hace unas semanas del informe de la ONU sobre la tortura en México. Además, la “justicia” de Baja California ha fijado la fianza para los humildes jornaleros presos políticos de San Quintín en la exorbitante cantidad de 7 millones de pesos.

La buena noticia, sin embargo, es que al negarse a sacrificar un solo “fusible”, Peña Nieto ha permitido que aumente y se concentre aún más la ira popular hacia su persona y el régimen despótico. El siguiente estallido social se encuentra sin duda a la vuelta de la esquina. Sigamos estrechando lazos de confianza y de trabajo conjunto en preparación para nuestra próxima oportunidad de hacer historia. 

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Publicado en Revista Proceso No. 2011

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"Capital rebelde" (3 de mayo, 2015)

El Zócalo de la Ciudad de México//Foto: Hugo Cruz, Proceso

John M. Ackerman

El proceso de elaboración de una Constitución para la Ciudad de México sería una oportunidad de oro para articular la amplia diversidad de corrientes opositoras al régimen de oprobio que hoy nos mal gobierna. Los 9 millones de habitantes del Distrito Federal se encuentran entre los más participativos y visionarios del país. Un proceso verdaderamente democrático que permitiera el libre flujo de ideas podría generar una explosiva sinergia ciudadana contagiando a las otras entidades del país con un espíritu rebelde y renovador.

Desde hace décadas los capitalinos han estado a la vanguardia en las transformaciones políticas nacionales. La histórica participación solidaria en respuesta al terremoto de 1985 en la Ciudad de México dio una contundente lección al régimen autoritario y neoliberal encabezado por el presidente Miguel de la Madrid. Y las sorpresivas victorias electorales de la izquierda durante las primeras dos elecciones para la jefatura de gobierno, primero con Cuauhtémoc Cárdenas en 1997 y después con Andrés Manuel López Obrador en 2000, generaron una enorme esperanza entre la población de que era posible concretar una nueva forma de hacer política.

Hoy los habitantes del Distrito Federal siguen siendo los ciudadanos quienes tienen menos tolerancia para las mentiras del PRI y del PAN. Las elecciones de 2006 y 2012, tanto para la Presidencia de la República como para la jefatura de gobierno, casi desaparecieron al PRI del mapa político en la capital y han mantenido al PAN con una representación estrictamente minoritaria. Y actualmente los capitalinos reprueban de manera contundente tanto a Miguel Ángel Mancera como al PRD por su actitud represora, su deleznable servilismo a Enrique Peña Nieto y su abierta complicidad con el régimen de corrupción neoliberal.

Sin embargo, si bien predomina una actitud crítica y consciente, los “chilangos” también somos víctimas de sectarismos y desconfianzas propios de la vida urbana que debilitan nuestra capacidad de acción colectiva. La intensidad de la vida profesional, personal y escolar también obstaculiza la coordinación de esfuerzos. En lugar de caminar juntos a favor de una meta común, la dinámica de la vida en el Distrito Federal empuja a los capitalinos hacia la multiplicación de nuevas iniciativas, muchas relevantes e importantes pero sin articulación alguna entre sí.

La construcción de una Constitución para la Ciudad de México ayudaría enormemente a superar estos problemas de desarticulación y desconfianza. En este proyecto podrían confluir fácilmente radicales y moderados, organizaciones populares y organizaciones civiles, militantes de Morena y “anulistas”, líderes estudiantiles y sindicalistas, jóvenes y personas de la tercera edad, trabajadores informales y formales, tuiteros y facebookeros. Si el proceso se abriera auténticamente a la participación de la población en su conjunto, se podría generar un pequeño laboratorio para un eventual nuevo constituyente también a nivel federal. 

La población mexicana reclama y demanda nuevas oportunidades para la participación democrática. Frente al derrumbe de la confianza ciudadana en las instituciones realmente existentes urge iniciar procesos de articulación social y política para ir reconstruyendo nuestra capacidad de soñar y actuar juntos.

Ello es el contexto para la trágica decisión del Senado de la República de cerrar al máximo el proceso de elaboración de la Constitución de la Ciudad de México. De acuerdo con la versión aprobada, hoy en espera de su análisis y votación en la Cámara de Diputados, 40 de los 100 integrantes del Congreso Constituyente serían elegidos por los partidos del Pacto por México, incluyendo 28 legisladores federales en funciones y 12 nombrados por “dedazo” por Enrique Peña Nieto y Mancera. Los otros 60 serían electos por la población, pero sin un verdadero proceso de auscultación, debate y participación ciudadana o garantías con respecto a la representatividad de la diversidad de los sectores e intereses sociales en la capital.

El objetivo político es claro. Se busca evitar a toda costa que el nuevo constituyente en el Distrito Federal rompa con las arraigadas prácticas de simulación institucional y exclusión ciudadana consolidadas dentro del marco del Pacto por México. Peña Nieto y Mancera saben perfectamente bien que un proceso verdaderamente democrático podría destapar un amplio proceso de esperanza y acción ciudadana en todo el país, similar a lo que ocurrió con la Convención de Aguascalientes de 1914.

Los capitalinos merecemos más y el país merece mejor. En lugar de utilizar el nuevo constituyente para consolidar la simulación autoritaria y traicionar a los capitalinos, habría que aprovechar este proceso histórico para resucitar y regenerar la esperanza ciudadana. 

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Publicado en Revista Proceso No. 2009

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"Paso libre" (19 de abril, 2015)

El Viacrucis del Migrante/Foto:Hugo Cruz, Proceso

John M. Ackerman

El Viacrucis del Migrante encabezado por el padre Alejandro Solalinde ha tenido la enorme importancia de visibilizar las constantes agresiones que sufren nuestros hermanos y hermanas centroamericanos en su paso por México. Como Martin Luther King Jr., con sus marchas de Selma a Montgomery, Alabama, para exigir el respeto al voto de los afroamericanos en los Estados Unidos en 1965, Solalinde hoy también actúa en defensa de los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables.

Todos los mexicanos deberíamos solidarizarnos con nuestros vecinos latinoamericanos. Debe detenerse inmediatamente la inaceptable persecución, extorsión y expulsión de migrantes tanto por agentes gubernamentales como por integrantes del crimen organizado. En lugar de hacer el trabajo sucio a Washington, el Estado mexicano tendría que permitir el paso libre por el territorio nacional.

La Constitución nos otorga a todos el derecho al libre tránsito. “Toda persona tiene derecho para… viajar por su territorio… sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”, señala el artículo 11. “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, anuncia el artículo 15.

Asimismo, la Ley de Migración establece como principio fundamental la “hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional”. Y el artículo 76 de la misma norma indica que las autoridades en ningún momento “podrán realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes”.

En México los extranjeros cuentan con los mismos derechos civiles que los nacionales. Tanto el cerco policiaco al albergue Hermanos en el Camino como el constante acoso por las autoridades gubernamentales al Viacrucis violan flagrantemente el marco jurídico nacional.

Cada año el gobierno invierte cantidades millonarias de recursos para promover el turismo y la inversión extranjera en México. Y cuando los extranjeros económicamente privilegiados de Europa y los Estados Unidos nos visitan gozan de la enorme hospitalidad y apertura al exterior que caracterizan al generoso pueblo mexicano.

Nuestros hermanos y hermanas centroamericanos que buscan trabajo para ganarse la vida al otro lado del Río Bravo merecen el mismo trato y atención. “Por mi raza hablará el espíritu”, señala el sabio lema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todos los pueblos de América Latina compartimos una historia similar y deberíamos apoyarnos en la lucha común por la justicia social.

Lo ideal sería poder ofrecerles en México a todos los centroamericanos que lo necesitaran trabajo, alimentación, vivienda, salud y educación. Su gran fuerza de trabajo podría generar grandes ganancias para todos. Lamentablemente, décadas de políticas neoliberales impulsadas por el PRI y el PAN al servicio de Washington han dejado nuestra economía en ruinas. Pero lo que sí podemos hacer es por lo menos echarles una mano a nuestros vecinos en su búsqueda de una mejor vida para sus hijos.

Un gobierno mexicano democrático y comprometido con el bienestar social convertiría todos los centros de revisión y de detención para migrantes en cómodos albergues para recibir, alimentar y permitir descansar a los dignos viajeros en su camino hacia el norte. Aquella transformación no solamente sería una gran acción humanitaria, sino que también implicaría un importante ahorro en el gasto público, ya que es más económico gastar en camas y cocineros que en celdas y policías.

Tristemente, la realidad es precisamente lo contrario. La semana pasada, un ciudadano grabó la llegada al territorio nacional de cientos de nuevos vehículos militares provenientes de los Estados Unidos (véase http://ow.ly/LHJHg), como si se estuviera preparando una invasión. El gobierno mexicano también recientemente compró de Washington 18 nuevos helicópteros militares Blackhawk fuertemente armados. Y Miguel Ángel Osorio Chong ya estudia la posibilidad de utilizar la Gendarmería Nacional para resguardar las instalaciones de las empresas mineras extranjeras.

En este contexto llama poderosamente la atención la aprobación de las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permiten a los agentes de los Estados Unidos portar sus armas en el territorio nacional. Ahora los policías estadunidenses podrán matar a mexicanos a sangre fría no solamente al norte de la frontera, como Antonio Zambrano, Rubén García y un indigente en Los Ángeles, sino también directamente en el territorio nacional.

Con su tradicional malinchismo, quien fue secretario de Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón, Ernesto Cordero, ha señalado que “tiene más miedo a un policía municipal de Iguala que a un oficial extranjero”. Lo que no menciona el senador es que los policías municipales ya se encuentran armados por y bajo el mando de los extranjeros. A la postre, el verdadero responsable por la desaparición de los estudiantes de Ayotzi­napa sería precisamente la estrategia de represión y “guerra contra las drogas” impuesta al gobierno mexicano por Washington. Solamente con la solidaridad y el trabajo en conjunto entre los pueblos y las naciones latinoamericanos podremos caminar hacia la paz con justicia social.

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Publicado en Revista Proceso, No. 2007

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"Ludismo electoral" (5 de abril, 2015)

Conmemoración de los Luditas ingleses por Cath Everett (via ludditelink.org.uk)

John M. Ackerman

Hay que canalizar de la manera más efectiva la justa rabia y repudio al sistema corrupto y asesino que hoy se presenta como “gobierno” en México. En los albores de la Revolución Industrial, los artesanos ingleses desataron su furia en contra de las nuevas máquinas fabricantes de telas que estaban eliminando sus fuentes de trabajo. En su desesperación, los dignos “luditas” confundían las herramientas de la explotación con los autores de la do­minación. No eran las máquinas sino sus dueños los verdaderos adversarios. Esta confusión fue uno de los motivos por los cuales se quedó corto el desarrollo políti­co de Inglaterra en comparación con los vecinos revolucionarios de Francia.

Hoy ocurre algo similar con respecto a las elecciones y los partidos políticos en México. El enorme hartazgo con la clase política y los constantes fraudes electora­les han llevado a muchos a abogar por un “boicot” electoral, así como a demandar la cancelación de las elecciones en Gue­rrero. Si bien se entiende y se comparte la enorme indignación que motiva estos posicionamientos, también se vale cues­tionar respetuosamente la utilidad de las estrategias que proponen.

Lo que nos tiene sumidos en la más absoluta ignominia no son las elecciones o los partidos en sí mismos, sino el frau­de y la corrupción política. No fue el vo­to lo que llevó Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre y José Luis Abarca a sus puestos, sino la dictadura mediática, la compra de voluntades y la parcialidad de las institu­ciones electorales. Y hoy no somos gober­nados por partidos políticos, sino por una clase política absolutamente podrida que ha logrado corroer y destruir por dentro a cada uno de los institutos políticos que hoy malgobiernan el país.

Si los ciudadanos críticos dejan de votar u obstaculizan la celebración de las elecciones, hacen el trabajo aún más fácil a los corruptos. Las televisoras, el Institu­to Nacional Electoral (INE) y el Pacto por México avanzarán juntos con toda tran­quilidad en la consolidación de la dicta­dura mediático-militar bajo el mando de Washington y los mercados financieros internacionales.

La evidencia más clara de que la esfe­ra electoral todavía implica una amenaza para el sistema es la enorme cantidad de dinero que se invierte en propaganda en­gañosa, en “chayotes” mediáticos, en el acarreo de votantes y en la alquimia elec­toral. Si las elecciones fueran exclusiva­mente una ceremonia de legitimación no sería necesario gastar tanto en las cam­pañas o llenar al INE con tantos soldados leales al sistema. Al contrario, el sistema podría darse el lujo de garantizar un “jue­go limpio” y equitativo entre los diferen­tes candidatos, además de fomentar los debates públicos y una plena libertad de expresión.

Si la esfera electoral estuviera to­talmente controlada por el sistema no hubiera sido necesario, por ejemplo, des­pedir a Carmen Aristegui de MVS Noticias 15 días antes del inicio de las campañas federales. Tampoco haría falta la abusiva, engañosa e ilegal campaña del Partido “Verde”.

Votar libremente por los pocos can­didatos que valen la pena no es entonces “legitimar el sistema”; es precisamente rebelarse en contra del mismo. Votar de manera informada tampoco es “exten­der un cheque en blanco”, como señala nuestro distinguido colega de Proceso Javier Sicilia, sino solamente no dejar un estratégico campo de batalla totalmente libre al adversario. No deberíamos hacer tan fácil a los corruptos su trabajo de ro­barnos la esperanza y cancelar nuestros derechos ciudadanos. El gran dirigente popular Rubén Jaramillo tenía esta lec­ción sumamente clara cuando compitió por la gubernatura de Morelos dos veces, en 1946 y 1952, aún en un contexto del más profundo autoritarismo de Estado.

Ahora bien, resulta evidente que el ejercicio del voto no podrá por sí solo salvamos del naufragio nacional. El po­der del Estado nunca fue lo que algunos imaginaban que era, y hoy, después de tres décadas de entreguistas políticas neoliberales, se encuentra más debilitado y vulnerable que nunca. Para que el relevo en los cargos públicos pueda tener un verdadero impacto, hace falta construir simultáneamente una alternativa social independiente que de una vez por todas obligue a las autoridades a rendir cuentas y responder a las demandas ciudadanas.

Los importantes esfuerzos de construcción de poder popular al nivel municipal en Guerrero, Chiapas, Michoacán y Oaxaca deben ser el modelo para los niveles estatales y federales. Los policías deberían ser “comunitarios” tanto en los municipios como en todos los niveles de gobierno y en el país entero. Y el modelo de “Concejos Populares” que se aplica en pueblos indígenas tendría que extenderse a toda la nación. Luchemos para que todo México sea territorio autónomo y rebelde, no solamente algunas localidades.

Y en el camino para lograr esta ne­cesaria transformación del poder públi­co es crucial saber reconocer y valorar a los amigos y aliados. Específicamente, en cada elección tenemos la obligación de preguntarnos cuál de los candidatos estará más dispuesto a escuchar las de­mandas ciudadanas o, en su caso, sim­plemente será utilizado para reprimir a los inconformes.

Para esta evaluación habría que con­siderar tanto el talante autoritario y las trayectorias de cada candidato como los compromisos políticos que pesarán a la hora de tomar decisiones clave. En con­secuencia, la gran pregunta no es cuál de los candidatos resulta “mejor” o “menos peor”. Es: ¿Cuál encabezará un gobierno menos agresivo para el florecimiento y el empoderamiento de la sociedad combati­va y exigente que necesitamos para poder solucionar juntos los grandes problemas nacionales?

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Publicado en Revista Proceso No. 2005

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"Conflicto entre particulares" (22 de marzo, 2015)

Carmen Aristegui afuera de los estudios de MVS Radio 15 marzo, 2015 (Foto: Virgilio Passoti, Proceso)

John M. Ackerman

El gobierno de Luis Echeverría Álvarez jamás asumió la responsabilidad por la masacre de docenas de estudiantes en las calles de la Ciudad de México el 10 de junio de 1971 ni por la expulsión de don Julio Scherer de la dirección del periódico Excélsior el 8 de julio de 1976. Aquellos cobardes ataques a nuestros derechos más básicos, a la vida, a la protesta y a la libertad de expresión fueron presentados como “conflictos entre particulares”. Hoy, los hijos políticos de Echeverría recurren al mismo discurso de antaño para evitar ser llamados a cuentas tanto por la masacre estudiantil en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, como por la destitución de Carmen Aristegui como titular de la primera emisión de MVS Noticias el 15 de marzo de 2015.

La escalofriante continuidad histórica de las estrategias del régimen, paradójicamente, genera esperanza. A lo largo de los últimos 40 años el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ha evolucionado un ápice, sino que se ha estancado en un pantano de lógicas retrógradas ya rebasadas por los tiempos modernos. En contraste, la sociedad se ha transformado radicalmente en las últimas cuatro décadas. Somos ahora mucho más conscientes, informados, comunicados, exigentes y movilizados que antes. El desenlace de la crisis actual, entonces, promete ser mucho más positiva y productiva que el de la acontecida a principios de los años 70 del siglo pasado.

Hoy todos sabemos que la masacre del Jueves de Corpus fue fríamente planeada desde las más altas esferas del poder. De acuerdo con las investigaciones periodísticas y académicas que han salido a la luz en años recientes, fue perpetrada por cientos de halcones entrenados en Estados Unidos que se coordinaron con la policía y con las fuerzas militares el día de la represión. El presidente Echeverría estaba al tanto del desarrollo de todos los acontecimientos. El excelente documental de 2006 realizado por Canal Seis de Julio y dirigido por Carlos Mendoza, Halcones: Terrorismo de Estado (disponible aquí: http://ow.ly/KwP6W), expone con claridad lo que realmente ocurrió aquel fatídico día.

Julio Scherer sale de las instalaciones de Excélsior 8 julio, 1976

De la misma manera, en estos tiempos todos saben que la salida de Scherer, Vicente Leñero, Enrique Maza, Rafael Rodríguez Castañeda y Miguel Ángel Granados Chapa, entre otros, de Excélsior, fue un golpe planeado desde la Presidencia de la República. El ataque inició en 1972, cuando los oligarcas del país organizaron un boicot de anunciantes en contra de Excélsior para ahorcarlo financieramente. Y, finalmente, en 1976 un grupo de esquiroles bajo las órdenes de Los Pinos tomaron por la fuerza la Asamblea General de la Cooperativa Excélsior para destituir formalmente a Scherer. La mejor referencia para conocer en detalle los acontecimientos de aquellos días tan álgidos es el libro del mismo Leñero (en paz descanse) titulado Los periodistas, cuya nueva edición de 2012 fue prologada precisamente por Carmen Aristegui.

Tanto la matanza de 1971 como la censura de 1976 les salieron muy caras al régimen. La represión del Jueves de Corpus convenció a muchos mexicanos, y de manera destacada en Guerrero, a abandonar la lucha institucional para tomar las armas en contra del poder despótico. Asimismo, la expulsión de Scherer desembocó en la creación de la revista Proceso, una publicación que nos acompaña hasta la fecha como uno de los pocos bastiones de crítica informada que valientemente pone límites al poder corrupto.

El editorial del primer número de Proceso,­ publicado el 6 de noviembre de 1976, deja un legado muy valioso que presenta similitudes con la coyuntura del presente. Ahí los editores denunciaron “la inquina política en términos que causaron asombro dentro y fuera de México”, así como “la impudicia de la agresión” hacia el periodismo libre, y expresaron su decisión de no permitir que “el silencio cubra por completo a esta nación”. Remataron: “Así somos, y aquí estamos”.

En el video del Canal Seis de Julio sobre el 10 de junio se incluyen testimonios originales de estudiantes que intervinieron en la manifestación. En respuesta a la pregunta de un periodista: “¿Cree usted que son libres en México?”, un estudiante responde: “No lo creemos. La mejor prueba de esto es la existencia de presos políticos en las cárceles de la Ciudad de México y en otras ciudades del país”. Y en otra toma un estudiante explica: “Estamos luchando por un país realmente democrático, y tenemos que mostrar que el gobierno no es democrático. Estamos intentando demostrar que el sistema represivo no lo hace legalmente ni respeta la Constitución. Y estamos tratando de desarrollar un movimiento revolucionario”.

En esta época hay aún más periodistas –quienes “aquí estamos” en la brecha de la dignidad– y muchos más estudiantes y maestros con la claridad de que “el gobierno no es democrático”. Además contamos con redes de comunicación e información digitales que no teníamos hace 40 años. Y la decisión de los dignos padres y estudiantes de Ayotzinapa de rechazar la vía armada para acceder al poder público abre una enorme oportunidad histórica para superar viejos debates, desconfianzas y sectarismos.

Pocas veces ha habido una coyuntura tan favorable para caminar juntos a favor de una renovación de la patria; 40 años de represión y censura no han podido apagar la antorcha de la esperanza democrática. Al contrario, ésta alumbra el camino con más fuerza que nunca. Sigamos todos el ejemplo de los fundadores de Proceso tomando la historia en nuestras manos.

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(Publicado en Revista Proceso No. 2003)

"El Rey Peña" (8 de marzo, 2015)

Peña Nieto y familia en visita "de Estado" a Inglaterra

John M. Ackerman

La visita de Enrique Peña Nieto y su familia a la reina Isabel II en Buckingham Palace ofreció una excelente estampa de la putrefacción de la política nacional. En medio de una crisis nacional de proporciones históricas, con la violencia desbordada, la economía en picada y los derechos humanos en vilo, el inquilino de Los Pinos otorgó a su esposa e hijas unas vacaciones pagadas en Londres. Se confirmó que Peña Nieto no es en realidad el primer mandatario del país, sino un simple ornamento que desperdicia recursos públicos, igual que la misma reina de Inglaterra.

Isabel II ascendió al trono el 6 de febrero de 1952, funge simultáneamente como la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra y es el jefe de Estado con más años en el poder del mundo. Representa con todas sus letras el autoritarismo más retrógrado. Con razón Peña Nieto se sentía como en casa durante la cena de gala y lucían tan sonrientes y contentos los integrantes de la comitiva presidencial, que incluía a Gerardo Gutiérrez Candiani, del Consejo Coordinador Empresarial, y a José Antonio Fernández, de FEMSA-Coca-Cola. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), fundado en 1946, ha controlado los destinos de la nación mexicana desde hace aún más tiempo que la reina Isabel II. Ambos comparten los mismos valores y prácticas de desprecio hacia el pueblo humilde y de derroche parasitario de los ingresos estatales.

La cobertura mediática lisonjera de la visita “de Estado” buscó fomentar la perversa fascinación del pueblo mexicano por las monarquías. Por ejemplo, las reiteradas menciones a la ridícula carroza del “Jubileo de Diamante” en que se transportaron juntos Peña Nieto e Isabel II, con un valor de 4.7 millones de dólares y con 260 zafiros y 48 diamantes incrustados, tienen el efecto de que parezcan normales los gastos insultantes de Peña Nieto, su gabinete y los exgobernadores priistas en sus residencias de lujo, aviones barrocos, departamentos en el extranjero y cuentas bancarias en Suiza. Tanto aquellos dispendios de Peña y sus cómplices como los de la primera dama y sus hijas en Inglaterra escogiendo entre los vestidos y las joyas más caros del mundo, para fingir que ellas también son parte de la realeza, deben ser motivo de indignación, no de celebración.

Lamentablemente, muchos críticos de Peña Nieto han caído en la misma admiración monárquica. Circulan por las redes sociales numerosas imágenes y burlas al mandatario mexicano por supuestamente no estar a la “altura” de la reina Isabel II. Por ejemplo, una imagen difundida por una destacada crítica del sistema representa a Angélica Rivera preguntando a la reina Isabel cuál de los contratistas del gobierno le habrá construido su hermoso castillo, como si las mansiones de la reina no fueran resultado de siglos de expoliación colonial. Otras colocan a Peña Nieto en situaciones incómodas exhibiendo su enorme ignorancia sobre temas básicos en presencia de La Reina, como si la monarquía inglesa fuera un modelo de sofisticación para un pueblo mexicano con grandes tradiciones históricas e intelectuales propias.

Si bien las limitaciones culturales e intelectuales de Peña Nieto y su familia son evidentes, es un error suponer que la realeza inglesa de alguna manera enarbola principios más elevados. La monarca de Inglaterra ofreció una cena de gala y apoyó públicamente al mandatario mexicano precisamente porque comparten los mismos conflictos de interés y la misma visión autoritaria del poder.

Vale la pena recordar que desde el principio México ha sido una república. Si bien las fuerzas y las tentaciones monárquicas e imperiales tuvieron una influencia importante sobre el país durante el siglo XIX, a partir de la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917 el pueblo mexicano se decidió de manera definitiva por una estructura republicana y democrática para ejercer el poder estatal. Aquella decisión histórica ha sido traicionada una y otra vez a lo largo del siglo XX y a principios del actual. Los principales herederos y responsables de esta traición son quienes hoy se agrupan bajo el escudo del PRI, partido que, en su insignia, abusa anticonstitucionalmente de los colores patrios.

Desde el retorno del PRI a Los Pinos en 2012, el proceso de reinstalación monárquica goza de cabal salud. El Rey Peña pasea por el mundo supuestamente representando al país, pero el pueblo mexicano tiene perfectamente claro que el actual ocupante de Los Pinos solamente defiende los intereses de los más poderosos y ricos de la nación. Urge recuperar el gran legado de luchas republicanas e igualitarias que han definido la historia, la soberanía y la identidad mexicanas.

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Publicado en Proceso No. 2001