"Imperdonable" (Revista Proceso, 26 de julio, 2015)

Cemeí Verdía, lider de la policía comunitaria de Ostula

In memoriam Idilberto Reyes, otro niño héroe caído en la lucha por un nuevo amanecer

John M. Ackerman

Joaquín El Chapo Guzmán sigue li­bre, pero Cemeí Verdía, dirigente social y líder de la policía comunitaria de Ostula, Michoacán, se encuentra ahora tras las rejas. Fernanda Said Pretelini, cuyo principal “mérito” es ser sobrina del presidente de la República, cuenta con un decoroso empleo en Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras las “re­formas estructurales” del Pacto por México mandan a miles de maestros y trabajadores petroleros a las filas del desempleo. Y en respuesta a la con­solidación del poder del crimen or­ganizado en todo el país, las Fuerzas Armadas se lanzan contra niños inde­fensos al grito de “¡Vivan Los Caballe­ros Templarios!”.

¿Para quiénes trabajan los indi­viduos que hoy tienen tomado por la fuerza a Los Pinos? Ya no debería quedarle a nadie el menor resquicio de duda. Somos malgobernados por un grupo de empleados de las más oscuras, violentas y corruptas mafias nacionales e internacionales. El único interés de quienes hoy encabezan las instituciones del Estado mexicano es llenar sus bolsillos al amparo del poder público.

Cada vez más personas se dan cuenta de la traición de nuestros go­bernantes a los principios básicos de soberanía popular y justicia social enarbolados por la Constitución que nos rige. La ausencia de grandes movili­zaciones en el Zócalo capitalino durante los últimos meses de ninguna manera implica la existencia de una conformidad social generalizada.

Literalmente todos los días hay nue­vas protestas sociales a lo largo y ancho de la República Mexicana. La carestía, el desempleo, la corrupción y la inseguridad van generando un enorme descontento social que burbujea con cada vez mayor fuerza debajo de la imagen falsa e hipócri­ta de “normalidad democrática” que quie­re proyectar el actual gobierno federal a los corredores de bolsa en los principales centros del capital financiero mundial.

Los constantes estallidos sociales que hemos vivido en México durante los últimos dos lustros demuestran la existencia de una sociedad activa, consciente y dispuesta a to­mar las riendas de la historia. Desde el frau­de electoral de 2006 hasta la fecha, el pueblo ha tomado las calles una y otra vez para re­clamar la esperanza traicionada de un cam­bio de régimen hacia un nuevo equilibrio político y social basado en la solidaridad, la paz y la participación social.

La lucha por la transparencia electoral de 2006 desembocó en la lucha contra la privatización petrolera en 2008. La movili­zación nacional de víctimas por las masa­cres de Felipe Calderón en 2011 dio pie al vasto repudio juvenil al retomo del Parti­do Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos en 2012. La protesta de los maestros democráticos ante la reforma educativa punitiva y privatizadora en 2013 sentó las bases para la movilización histórica de todo el pueblo mexicano en contra del régimen en 2014, a raíz de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Paralelamente, tenemos la acción cons­tante de los policías comunitarios, los pue­blos indígenas y los grupos de autodefensa en el territorio nacional. Y los estudiantes universitarios cada día se organizan y pro­yectan su fuerza con mayor contundencia, inspirados por los logros históricos del mo­vimiento del Instituto Politécnico Nacional (IPN) el año pasado. Hay también una infini­dad de protestas locales en todo momento; por ejemplo, en contra de los abusos de la industria minera, a favor de los derechos humanos y por una amplia diversidad de diferentes causas justas.

Frente a este escenario, el gobierno cada día se esconde más atrás del poder desnudo de las Fuerzas Armadas. Des­pués del cobarde asesinato del niño Idil­berto Reyes durante el operativo militar en Ostula, no fueron ni el gobernador constitucional de Michoacán, Salvador Jara, ni el responsable de la Seguridad Pú­blica a nivel nacional, Miguel Ángel Osorio Chong, quienes aparecieron ante los medios de comunicación, sino el general Felipe Gurrola, mando especial del Grupo de Coordinación Michoacán.

Queda claro que se ha consumado un golpe militar de facto en contra de las instituciones civiles en el estado de Michoacán. El hecho de que este gol­pe no se haya declarado formalmente, por no convenir a los intereses del ré­gimen, no le resta ni un ápice de grave­dad a la situación.

La ocupación militar del estado de Oaxaca y la desaparición unilateral del viejo Instituto Estatal de Educación Pública de esa entidad (IEEPC) sigue la misma lógica de poder autoritario. El reemplazo de un organismo público que contaba con la activa participa­ción de los maestros democráticos por un nuevo organismo al servicio de un régimen inculto comandado por per­sonas que apenas saben leer y escribir constituye un golpe en contra de la de­mocracia y la calidad educativa. Mien­tras, la entrega por Gabino Cué de su estado a las fuerzas federales consti­tuye una copia fiel de lo que ya ha ocu­rrido en Jalisco, Michoacán y Guerrero.

La fuga de El Chapo no es entonces la única acción “imperdonable" (Peña Nieto dixit) del régimen actual. Siga­mos luchando todos los días desde to­das las trincheras posibles para lograr la desaparición de los gobiernos con­trolados por mafias corruptas y san­grientas y reemplazarlos con nuevas instituciones al servicio del pueblo.

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Publicado en Revista Proceso No. 2021

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"Estado criminal" (Revista Proceso, 12 de julio, 2015)

John M. Ackerman

Los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y Ecuandureo evidencian un claro patrón de ataque sistemático desde las instituciones del Estado en contra de la población civil. Cada día resulta más evidente que el gobierno federal priista se comporta como un grupo más del crimen organizado, sin el menor respeto para la humanidad o el debido proceso. La crisis de derechos humanos que se vive en México es sin duda aún peor que durante el sangriento sexenio de Felipe Calderón. 

Bajo el mando de Enrique Peña Nieto, las instituciones supuestamente “públicas” asesinan en sangre fría a sospechosos e intervienen sin control alguno a las comunicaciones privadas. No es de ninguna manera gratuita que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez haya remitido su informe más reciente, sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Tlatlaya el 30 de junio de 2014, a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. El orden de “abatir los delincuentes en horas de oscuridad” convierte tanto los altos mandos de seguridad como el mismo Presidente de la República, como Comandante en Jefe de la Fuerzas Armadas, en probables responsables de la comisión de graves crímenes de lesa humanidad. 

Abel Barrera, Director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, ha puesto el dedo en la llaga: “Desde el período de la ‘Guerra Sucia’…las autoridades federales dispusieron del Ejército Mexicano para que se encargara de aplicar acciones de contrainsurgencia con el fin de acabar con la insurrección popular. Desde aquellos años las instituciones castrenses y las instancias encargadas de procurar y administrar justicia fueron utilizadas como estructuras delincuenciales para solapar y proteger a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad” (análisis completo disponible aquí: http://ow.ly/PnfPj). 

El hecho de que hoy el modus operandi de las fuerzas de seguridad se mantiene igual que hace cuarenta años comprueba una vez más que México jamás experimentó “transición democrática” alguna. La alternancia entre el PRI y el PAN en el poder presidencial no ha sido más que una gran cortina de humo que ha servido para distraer la atención del proceso de consolidación de un Estado criminal. 

El importe informe del Centro Pro Juárez sobre Tlatlaya (disponible aquí: http://ow.ly/Pnh4Y) constituye un estudio de caso aplicable a la totalidad del país. La cantidad de masacres que se han vivido en México durante los últimos años demuestra que el gobierno federal utiliza la fuerza letal del Estado sin responsabilidad alguna. De acuerdo con el centro de derechos humanos, los documentos internos del ejército establecen una “distinción tajante de la sociedad en tres grupos: los militares, la población civil y ‘los delincuentes’” y autoriza “abatir” a los supuestos integrantes de la tercera categoría. 

Pero habría que recordar que la única institución facultada por las normas mexicanas para determinar si alguien es o no es un delincuente es el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, las leyes nacionales prohíben tajantemente la aplicación de la pena de muerte. La ejecución en sangre fría de cientos de ciudadanos por las fuerzas del estado constituye una grave violación al Estado de derecho. 

Resulta igualmente preocupante la utilización por el Gobierno Federal de la plataforma “Remote Control Sytem” de la empresa Hacking Team de Milán, Italia para intervenir las comunicaciones privadas de los ciudadanos mexicanos. Tal y como ha informado la Revista Proceso, esta empresa ha sido señalado por Reporteras Sin Fronteras como uno de los cinco “Enemigos Corporativos de Internet” así como exhibida por Citizen Lab por la utilización de sus programas para la represión de grupos disidentes y periodistas en Africa y el Medio Oriente. 

Resulta risible la “aclaración” ofrecida por el Gobierno Federal de que el programa de espionaje se utilizaría “en el marco de la ley y sirve para escuchas legalmente autorizadas por el Poder Judicial de la Federación.” Un gobierno capaz de “abatir” en sangre fría a cientos de ciudadanos inocentes evidentemente no duda en también intervenir de manera indiscriminada la vida personal de los mexicanos con el fin de “abatir” la resistencia popular. 

Queda meridianamente claro que Peña Nieto cuenta con el firme respaldo del gobierno de Barack Obama en su cruzada en contra de la sociedad mexicana. El reciente informe de derechos humanos del Departamento del Estado de los Estados Unidos tiende un manto de protección sobre Peña Nieto al indicar que casi todas las violaciones en la materia supuestamente se deberían a problemas al nivel local. Asimismo, el informe de la oficina de John Kerry ignora olímpicamente el tema de la represión política al señalar con gran ignorancia y mala fe que en México no existirían ni presos políticos ni detenciones arbitrarias de activistas sociales. El documento también dice que el gobierno mexicano “respeta generalmente” los derechos a la libertad de expresión y a la protesta y que la elección presidencial de 2012 fue “libre, justa y transparente”. 

Resulta evidente que el adversario no es solamente el hombre sentado hoy en Los Pinos, sino una estructura internacional de complicidad neoliberal que busca acabar con cualquier resquicio de resistencia de los pueblos dignos en México, en Grecia y en el mundo entero. Urge consolidar la internacionalización de la lucha por la justicia y la democracia mexicanas. 

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"Liberalismo: Izquierda y Derecha" (28 de junio, 2015)

John M. Ackerman

La influencia de la atrasada cultura política de los Estados Unidos sobre México ha generado distorsiones muy problemáticas en la esfera política nacional. Al norte del Río Bravo los debates se mantienen estancados en el enfrentamiento histórico entre los “liberales” terratenientes y los “conservadores” monarquistas propio de la Inglaterra del siglo XVIII. En lugar de copiar o importar aquellas visiones, vale la pena inspirarnos en las tradiciones mexicanas y francesas que han sabido resignificar el concepto de “liberalismo” así como articular nuevas visiones para lograr la transformación social.

En Francia tienen perfectamente claro que el “liberalismo” es hoy una ideología de derecha. Si bien el ejemplo de la independencia de los Estados Unidos de 1776 fue una inspiración para la Revolución Francesa de 1789, los franceses siempre se han distanciado de las peligrosas implicaciones del liberalismo clásico de John Locke cuyo eje central es la defensa de los derechos de propiedad individual de los grandes propietarios. Primero Jean Jacques Rousseau, después Robespierre y más tarde Jean Jaurés articularon una poderosa línea de pensamiento que recupera la importancia de la lucha de los burgueses en contra de la monarquía pero simultáneamente la supera al articular una visión radical de soberanía popular y participación democrática.

En México hemos ido aún más allá que los franceses. La visión política y las acciones sociales de figuras como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Ricardo Flores Magón, Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas han dejado un legado de liberalismo revolucionario que sería una verdadera tragedia ignorar o menospreciar. Durante la independencia, el 12º artículo de los Sentimientos de la Nación llamó directamente a aprobar leyes que “moderen la opulencia y la indigencia”. Unos años antes de que estallara la Revolución, el Programa del Partido Liberal Mexicano enunciaría que “al triunfar el Partido Liberal, se confiscarán los bienes de los funcionarios enriquecidos bajo la Dictadura actual, y lo que se produzca se aplicará al cumplimiento del capítulo de Tierras -especialmente a restituir a los yaquis, mayas, y otras tribus, comunidades o individuos, los terrenos de que fueron despojados-y al servicio de la amortización de la Deuda Nacional.” Más tarde, la Ley de Expropiación impulsada por Cárdenas en 1936, y hoy todavía vigente, facultaría al Estado para lograr directamente la “equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general, o de una clase en particular”. 

En México no se trata solamente de defender la soberanía popular sino de también desmantelar activamente los aparatos del poder despótico y de redistribuir las riquezas de los oligarcas y de la nación entera entre los ciudadanos más humildes. Este espíritu revolucionario se manifestó con particular fuerza durante la Revolución Mexicana de 1910-1917 y durante el constituyente de 1916-1917, ambos ejemplos al nivel mundial de exitosas conquistas políticas de las clases populares.

El liberalismo revolucionario mexicano entonces no tiene nada que ver con el liberalismo neoliberal estadounidense. El primero busca la liberación de los pueblos y el segundo la consolidación de un régimen de corrupción y autoritarismo. El primero es de izquierda y la segunda de derecha.

Ahora bien, si no hubiera sido por las dos guerras “mundiales” en Europa a principios del siglo XX, lo más probable es que Francia hubiera caminado en el mismo sentido que México hacia un sistema constitucional profundamente social e igualitario. Sin embargo, su desarrollo institucional fue interrumpido por la pérdida de millones de vidas, la destrucción de su infraestructura, su ocupación por la Alemania Nazi y finalmente por la subordinación a los intereses de los Estados Unidos durante el periodo de posguerra. 

Francia hoy mantiene un sólido Estado de Bienestar y envidiables instituciones públicas. Sin embargo, la ausencia tanto de un marco constitucional que tutela más claramente los derechos sociales como de partidos políticos vinculados con los movimientos populares han debilitado su capacidad de respuesta frente al embate neoliberal impulsado desde Alemania e Inglaterra. 

Un claro botón de muestra de la debilidad del legado de la Revolución Francesa en su país de origen ha sido el desempeño del Presidente “socialista” Francois Hollande. Sus supuestos compromisos con los derechos humanos al nivel internacional y con las clases populares en Francia han resultado ser aún más vacíos que las promesas de “cambio” del “liberal” Barack Obama en los Estados Unidos. La decisión de Hollande de convocar a un líder tan corrupto, represor y repudiado como Enrique Peña Nieto como su invitado de honor para la Fiesta Nacional de Francia el próximo 14 de julio pinta de cuerpo entero al actual Presidente Francés. 

Afortunadamente, la izquierda mexicana no necesita ni de los liberales estadounidenses ni de los socialistas franceses para mantenerse firme en su compromiso con la justicia y la transformación social. Tenemos más que suficientes experiencias históricas y teorías propias para inspirar la construcción de una innovadora alternativa política y social que pueda incluso poner el ejemplo al mundo entero.

En este contexto, el importante nuevo estudio sobre la inaceptable desigualdad en el país redactado por Gerardo Esquivel para Oxfam-México (disponible aquí: http://ow.ly/OMVPk) constituye una llamada de despertar. Esta situación de profunda injustica es precisamente el resultado de la consolidación de la lógica de (neo)liberalismo estadounidense en México durante las últimas décadas.  Para escapar del callejón sin salida en que nos encontramos hace falta desandar el camino de las mentiras norteamericanas y enorgullecernos de la gran tradición política mexicana y latinoamericana de exitosas luchas populares por la justicia y la democracia.

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Publicado en Revista Proceso No. 2017

"PRIvatización política" (Revista Proceso, 15 de junio, 2015)

Foto: Revista Semana

John M. Ackerman

Los promotores de candidaturas supuestamente “independientes” y el Partido “Verde” (PVEM) se encuentran del mismo lado de la historia. Ambos buscan tirar por la borda dos décadas de construcción ciudadana de un conjunto de instituciones y leyes electorales ejemplares que tienen el propósito de defender el espacio público de la voracidad de los poderes fácticos. Tanto con sus acciones como con sus propuestas, trabajan arduamente para convertir el sistema electoral mexicano en una copia vulgar de la “democracia” mercantilizada y corrupta de los Estados Unidos. En este esfuerzo cuentan con el sólido apoyo tanto del “Señor Presidente” (Jaime Rodríguez dixit) Enrique Peña Nieto y el PRI como de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

Si esta perversa y paradójica coalición de intereses logra su cometido, nos encaminaríamos hacia un grave retroceso en el desarrollo político del país y se sepultaría para siempre la posibilidad de resolver los problemas más importantes de la Nación por la vía institucional. Específicamente, habría que frenar de manera urgente la privatización de la política por medio de una nueva reforma electoral supuestamente “ciudadana” y “liberalizadora” que abriría las llaves del financiamiento privado a los partidos y los candidatos “independientes”. Una reforma en este sentido sería la cereza en el pastel de la serie de contra-reformas “estructurales” corruptas que ha impulsado Peña Nieto y el “Pacto por México” desde 2012. Con ello, se consolidaría el poder de la avaricia y el mesianismo por encima del humanismo y la humildad así como del fraude y el engaño por encima de la honestidad y la dignidad.

El artículo 41 de la Constitución señala sin titubeos que durante las campañas electorales los recursos públicos deben prevalecer siempre sobre los de origen privado. Este principio constitucional absolutamente fundamental fue diseñado para defender la naturaleza pública y democrática de las competencias políticas así como garantizar una equidad básica entre los candidatos. Sin este compromiso constitucional, los poderes fácticos, los medios de comunicación y el crimen organizado podrían directamente y abiertamente comprar candidatos, elecciones y partidos. 

Así es precisamente como funciona el sistema electoral en los Estados Unidos. No son los votos sino los dólares los que determinan quienes ocupan los cargos de elección popular. 

En México, gracias a décadas de valientes luchas ciudadanas en que miles de luchadores sociales han sido lamentablemente reprimidos, encarcelados y ejecutados, contamos con un marco jurídico en materia electoral muy por encima de la legislación en el país vecino del norte. Tirar por la borda a conquistas históricas tan importantes ganadas a precio de sangre sería una gran irresponsabilidad. Sería como si los mismos estadounidenses se arrepintieran del movimiento por los derechos civiles encabezado por Martin Luther King, Jr. y regresaran al sistema de segregración racial legalizada que estaba en vigor antes del Civil Rights Movement. 

Es innegable que debido a la complicidad y la ineptitud de los consejeros y los magistrados electorales no se cumple en los hechos con el principio de predominancia del financiamiento público. En la elección presidencial de 2000, Vicente Fox se benefició de una vasta red ilegal de financiamiento privado que extendía sus tentáculos hasta el extranjero. En 2006, Felipe Calderón pudo imponerse en la presidencia debido a una enorme y costosa guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador financiado ilegalmente por el sector privado. En 2012, ríos de dinero de procedencia desconocida fluyeron a las tarjetas Monex y Soriana así como a los medios de comunicación electrónica, rebasando por lo menos 14 veces el tope de gasto permitido de acuerdo con la Comisión Monex, para lograr la “elección” de Peña Nieto. Y en 2015, el PVEM da continuidad a la misma estrategia con su costosa propaganda ilegal y cínica burla a las autoridades. 

El pasado miércoles, 20 de mayo el PVEM presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente que reformaría el artículo 41 de la Constitución para permitir la “libre contratación” de anuncios partidistas en radio y televisión. Unos días después, tanto la Comisión Electoral Estatal de Nuevo León como el TEPJF avalaron la violación del principio de predominancia de financiamiento público sobre el privado para los candidatos independientes. Ello permitió, por ejemplo, que un candidato “independiente” como “El Bronco” pudiera recibir hasta casi 50 millones de pesos en contribuciones privadas, una cantidad que gustosamente podría aportar el poderoso grupo de empresarios de Monterrey que lo patrocinan. Y nuestra colega de la Revista Proceso, Denise Dresser, ha señalado en estas mismas páginas que una de las propuestas claves de la causa anulista debería ser la realización de “modificaciones sustanciales al sistema de financiamiento partidista…que tan sólo han producido un clientelismo desbordado y un mercado negro de dinero no regulado”. 

Nos encontramos frente a la misma perversa lógica que ha motivado todas las contrareformas “estructurales” del Pacto por México. En lugar de limpiar nuestras instituciones públicas y hacer cumplir estrictamente las pocas normas de avanzada que todavía tenemos, en las materias energética, laboral, educativa y electoral, se busca tirar al bebe junto con el agua sucia. Los ciudadanos conscientes no pueden permitir la consolidación del este nuevo atraco a nuestra esperanza. Lo que México necesita para salvarse de la podredumbre actual no son más falsas profetas “Broncos” ni el espejismo de soluciones individualistas y privatizantes, sino la construcción de nuevas organizaciones sociales e instituciones públicas con suficiente fuerza para domar los poderes fácticos que hoy tienen sometida a la Nación. 

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Publicado en Revista Proceso No. 2015
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"¿Morena o voto nulo?" (Revista Proceso, 31 de mayo, 2015)

John M. Ackerman

Para “no legitimar el sistema”, propongo que todos dejemos de leer periódicos y revistas, de utilizar las redes sociales, de acudir a marchas o de conversar con nuestros colegas, vecinos y amigos. Que cada quien se quede solo en su casa para dedicar la mayor cantidad de tiempo posible a la construcción de su propia burbuja dorada de pureza ciudadana. Así podrás evitar conocer las masacres constantes, la corrupción desbordada y el cinismo institucionalizado que tienen al país al borde del precipicio. Serás más feliz y dormirás tranquilo imaginando que no puedes hacer absolutamente nada para cambiar el sistema.

Cada tortilla que comes, cada libro que lees, cada pensamiento que tienes y cada momento en que inhalas y exhalas aire mexicano ratifican tu pertenencia a esta patria tan dolida. Así que si eres de los pocos afortunados que cuentan con los recursos para viajar, ve preparando tus maletas desde ahora para dejar el país. Después podrás solicitar otra nacionalidad y renunciar a la mexicana para estar libre de cualquier vestigio de culpa por el naufragio nacional que dejarás atrás.

Pero más allá de tus planes de largo plazo, te suplico que de ninguna manera se te ocurra romper con tu rutina diaria para ir a votar el próximo domingo, 7 de junio. La televisión y el onanismo son actividades mucho más importantes y satisfactorias que formarse en una larga fila para colocar una papeleta en una urna. Te han convencido de que todos los partidos y candidatos son “lo mismo”, así que no importa si votas o no votas, ya que al final de cuentas todo seguirá igual.

Y cuidado: Si en algún momento entre hoy y el 7 de junio sientes que empieza a encenderse una pequeña llama de esperanza, una voz totalmente irracional que te dice que eres alguien y que puedes hacer algo para cambiar el país, prende inmediatamente la televisión. Te bastará con un par de horas de Televisa o TV Azteca para volver a convencerte de que eres perfectamente inútil y que la única opción es el Partido “Verde”.

Y si de veras no puedes resistir la tentación de codearte con tus conciudadanos el domingo, o si tu novio o novia te hace ojitos para que le acompañes a las urnas, aprovecha la ocasión para romper la boleta electoral en mil pedazos o escribir en grandes letras alguna grosería dirigida a la clase política. Así podrás evitar cualquier sentimiento de culpa por haber “legitimado” el sistema. No importa que tu “voto nulo” fortalezca al PRI, a Enrique Peña Nieto y al régimen asesino, ya que ello no es tu responsabilidad, sino de los mismos políticos corruptos que repudias.

Todos sabemos que los resultados de las elecciones en puerta no reflejarán la voluntad popular. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que “la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres (y) auténticas”. Sin embargo, con su inacción o abierta parcialidad, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, juntos, conspiran en contra del pueblo mexicano. Han dejado en total impunidad un sinnúmero de violaciones a la ley por parte del PRI y el PVEM.

El fraude está garantizado. El Diccionario de la Real Academia Española define “fraude” como “una acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”. Y lo que ha predominado en las campañas actuales son precisamente el engaño y la mentira, sobre todo del Partido “Verde”, en contra de la ciudadanía.

Pero ello no es motivo para tirar la toalla, dejar de soñar, aceptar pasivamente la situación actual, o para anularnos como ciudadanos. El derecho al voto libre y secreto es un derecho conquistado a lo largo de siglos de luchas populares en contra del poder despótico en todo el mundo. No ejercer este derecho fundamental equivale literalmente a regalar las instituciones del Estado mexicano, nuestras instituciones públicas, a los peores intereses corruptos y apátridas.

Quizás tendría sentido dejarse vencer por la tristeza y la desesperación si realmente no hubiera opción alguna en la boleta electoral, si en verdad todos los partidos fueran “la misma basura”. Pero resulta que en México se encuentra en proceso de construcción una nueva alternativa política que podría ser mucho más poderosa y efectiva que las que hoy existen en Grecia con Syriza o en España con Podemos.

Las coyunturas nacional e internacional son idóneas para que la trayectoria de Morena sea radicalmente diferente a la del PRD, el Movimiento Ciudadano o el Partido del Trabajo, que ahora yacen como cascarones vacíos totalmente corrompidos.

La construcción de un partido verdaderamente ciudadano, simultáneamente al servicio de la inteligencia y de los más humildes, dependerá de la participación de todos y cada uno de nosotros. Que no nos quiten la esperanza. Pasemos de la indignación a la digna acción.

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Publicado en Revista Proceso, No. 2013

"Gobierno sin fusibles" (17 de mayo, 2015)

Protestas en Guatemala en contra de la corrupción (Foto: AP)

Libertad inmediata para Nestora Salgado, presa política.

John M. Ackerman

Ni Chile ni Guatemala son ejemplos en materia democrática, pero los gobernantes de ambos países han demostrado mayor sensibilidad a la voluntad de sus respectivos pueblos que el caduco sistema autoritario mexicano. Incluso una empresa española como OHL, dirigida por un cuestionado marqués íntimo del rey Juan Carlos I, ha tenido más valentía que el pusilánime gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto.

En los tres casos, importantes escándalos relacionados con supuestos actos de corrupción generaron la renuncia de altos mandos. Michelle Bachelet, Otto Pérez Molina y los directivos de OHL han removido de sus cargos a importantes aliados con el fin de demostrar su supuesto compromiso con la honestidad y la justicia. Bachelet pidió renunciar a todos los integrantes de su gabinete. Pérez Molina aceptó la dimisión de su vicepresidente. Y OHL le enseñó la puerta de salida a su director de Relaciones Institucionales.

En contraste, en México absolutamente nadie paga los platos rotos por la serie de escándalos de conflictos de interés, corrupción, censura y violación a los derechos humanos protagonizada por el gobierno en turno. Con todo cinismo, Peña Nieto y los integrantes de su gabinete siguen reprimiendo y vendiendo el país a pedazos desde Los Pinos sin consecuencia alguna. Si el pueblo mexicano no acude en masa a las urnas el próximo 7 de junio para expresar su repudio al régimen de oprobio votando por los pocos candidatos honestos, los políticos corruptos utilizarán la segunda mitad del sexenio para desaparecernos a todos.

La Constitución Política de la República de Chile vigente fue redactada por el dictador Augusto Pinochet en 1980. Si bien ha sido reformada en numerosas ocasiones, mantiene cláusulas profundamente autoritarias, como el sistema electoral “binominal”. Este sistema garantiza la continuidad de la influencia política de los cercanos a Pinochet y de la ultraderecha en general, al obligar a las fuerzas democráticas a duplicar la cantidad de votos emitidos por sus adversarios para poder contar con mayor representación en el Congreso Nacional. Esa es una de las principales razones por las cuales Chile continúa firme dentro de la órbita de las políticas económicas neoliberales. Es también la causa de que el país haya esperado hasta el año 2004 para legalizar el divorcio, y de que sostenga la prohibición absoluta del aborto.

Pero a pesar de las evidentes debilidades del sistema “democrático” chileno, Bachelet se vio obligada a actuar para frenar el derrumbe de legitimidad de su gobierno a raíz de una serie de escándalos de alto impacto. Su ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, ha sido vinculado con la empresa Soquimich, una corporación bajo investigación de la justicia chilena por presunto financiamiento irregular de campañas electorales. Asimismo, recientemente la prensa dio a conocer información sobre un negocio inmobiliario multimillonario en que el hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, habría utilizado sus influencias para conseguir un préstamo de 10 millones de pesos con el propósito de que su esposa pudiera comprar terrenos.

En los últimos meses la tasa de aprobación ciudadana para Bachelet ha caído a 31%, cuando antes había llegado hasta 80%. Tanto las similitudes como las diferencias con el caso mexicano son evidentes.

El actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, fue uno de los principales mandos de la fuerza de “élite” de los kaibiles del ejército guatemalteco durante el genocidio y guerra civil que dejó más de 200 mil muertos en Guatemala en los años 70 y 80. Existen importantes paralelos entre la llegada de Pérez Molina a la presidencia por la vía electoral en 2011 y el retorno de los “dinosaurios” del PRI en México con Peña Nieto en 2012. En ambos países, la “transición democrática” ha funcionado principalmente para traer de regreso a los representantes de los peores atropellos del pasado.

Sin embargo, Guatemala da la impresión de ser una utopía democrática en comparación con los enormes retrocesos que hemos vivido en México. El exdictador Efraín Ríos Montt se encuentra procesado por crímenes de lesa humanidad. Y apenas la semana pasada el brazo derecho de Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti, renunció a su cargo como resultado de una investigación que la vincula con una red de sobornos de empresas importadoras a funcionarios públicos para evadir el pago de impuestos de aduana.

Mientras tanto, en México todo es peor que nunca. Peña Nieto no ha pedido la renuncia de absolutamente nadie a raíz de las masacres de Tlatlaya, Ayotzinapa o Apatzingán; de las casas de Videgaray, Angélica Rivera y Osorio Chong, o de los escándalos revelados por The New York Times, El Mundo y Le Monde. La semana pasada, Osorio Chong confrontó directamente a la Comisión de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo la pauta ya establecida por José Antonio Meade en su cuestionamiento hace unas semanas del informe de la ONU sobre la tortura en México. Además, la “justicia” de Baja California ha fijado la fianza para los humildes jornaleros presos políticos de San Quintín en la exorbitante cantidad de 7 millones de pesos.

La buena noticia, sin embargo, es que al negarse a sacrificar un solo “fusible”, Peña Nieto ha permitido que aumente y se concentre aún más la ira popular hacia su persona y el régimen despótico. El siguiente estallido social se encuentra sin duda a la vuelta de la esquina. Sigamos estrechando lazos de confianza y de trabajo conjunto en preparación para nuestra próxima oportunidad de hacer historia. 

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Publicado en Revista Proceso No. 2011

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"Capital rebelde" (3 de mayo, 2015)

El Zócalo de la Ciudad de México//Foto: Hugo Cruz, Proceso

John M. Ackerman

El proceso de elaboración de una Constitución para la Ciudad de México sería una oportunidad de oro para articular la amplia diversidad de corrientes opositoras al régimen de oprobio que hoy nos mal gobierna. Los 9 millones de habitantes del Distrito Federal se encuentran entre los más participativos y visionarios del país. Un proceso verdaderamente democrático que permitiera el libre flujo de ideas podría generar una explosiva sinergia ciudadana contagiando a las otras entidades del país con un espíritu rebelde y renovador.

Desde hace décadas los capitalinos han estado a la vanguardia en las transformaciones políticas nacionales. La histórica participación solidaria en respuesta al terremoto de 1985 en la Ciudad de México dio una contundente lección al régimen autoritario y neoliberal encabezado por el presidente Miguel de la Madrid. Y las sorpresivas victorias electorales de la izquierda durante las primeras dos elecciones para la jefatura de gobierno, primero con Cuauhtémoc Cárdenas en 1997 y después con Andrés Manuel López Obrador en 2000, generaron una enorme esperanza entre la población de que era posible concretar una nueva forma de hacer política.

Hoy los habitantes del Distrito Federal siguen siendo los ciudadanos quienes tienen menos tolerancia para las mentiras del PRI y del PAN. Las elecciones de 2006 y 2012, tanto para la Presidencia de la República como para la jefatura de gobierno, casi desaparecieron al PRI del mapa político en la capital y han mantenido al PAN con una representación estrictamente minoritaria. Y actualmente los capitalinos reprueban de manera contundente tanto a Miguel Ángel Mancera como al PRD por su actitud represora, su deleznable servilismo a Enrique Peña Nieto y su abierta complicidad con el régimen de corrupción neoliberal.

Sin embargo, si bien predomina una actitud crítica y consciente, los “chilangos” también somos víctimas de sectarismos y desconfianzas propios de la vida urbana que debilitan nuestra capacidad de acción colectiva. La intensidad de la vida profesional, personal y escolar también obstaculiza la coordinación de esfuerzos. En lugar de caminar juntos a favor de una meta común, la dinámica de la vida en el Distrito Federal empuja a los capitalinos hacia la multiplicación de nuevas iniciativas, muchas relevantes e importantes pero sin articulación alguna entre sí.

La construcción de una Constitución para la Ciudad de México ayudaría enormemente a superar estos problemas de desarticulación y desconfianza. En este proyecto podrían confluir fácilmente radicales y moderados, organizaciones populares y organizaciones civiles, militantes de Morena y “anulistas”, líderes estudiantiles y sindicalistas, jóvenes y personas de la tercera edad, trabajadores informales y formales, tuiteros y facebookeros. Si el proceso se abriera auténticamente a la participación de la población en su conjunto, se podría generar un pequeño laboratorio para un eventual nuevo constituyente también a nivel federal. 

La población mexicana reclama y demanda nuevas oportunidades para la participación democrática. Frente al derrumbe de la confianza ciudadana en las instituciones realmente existentes urge iniciar procesos de articulación social y política para ir reconstruyendo nuestra capacidad de soñar y actuar juntos.

Ello es el contexto para la trágica decisión del Senado de la República de cerrar al máximo el proceso de elaboración de la Constitución de la Ciudad de México. De acuerdo con la versión aprobada, hoy en espera de su análisis y votación en la Cámara de Diputados, 40 de los 100 integrantes del Congreso Constituyente serían elegidos por los partidos del Pacto por México, incluyendo 28 legisladores federales en funciones y 12 nombrados por “dedazo” por Enrique Peña Nieto y Mancera. Los otros 60 serían electos por la población, pero sin un verdadero proceso de auscultación, debate y participación ciudadana o garantías con respecto a la representatividad de la diversidad de los sectores e intereses sociales en la capital.

El objetivo político es claro. Se busca evitar a toda costa que el nuevo constituyente en el Distrito Federal rompa con las arraigadas prácticas de simulación institucional y exclusión ciudadana consolidadas dentro del marco del Pacto por México. Peña Nieto y Mancera saben perfectamente bien que un proceso verdaderamente democrático podría destapar un amplio proceso de esperanza y acción ciudadana en todo el país, similar a lo que ocurrió con la Convención de Aguascalientes de 1914.

Los capitalinos merecemos más y el país merece mejor. En lugar de utilizar el nuevo constituyente para consolidar la simulación autoritaria y traicionar a los capitalinos, habría que aprovechar este proceso histórico para resucitar y regenerar la esperanza ciudadana. 

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Publicado en Revista Proceso No. 2009

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