"La batalla por la UNAM" (Revista Proceso, 5 de octubre, 2015)

John M. Ackerman

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no es cualquier centro de enseñanza superior, sino que se ha consolidado como la conciencia de la nación y como el principal motor para la movilidad social en el país. Con sus más de 340 mil alumnos, 38 mil académicos y 28 mil trabajadores, es de las pocas instituciones públicas que todavía sirven desinteresadamente a la sociedad mexicana. En el contexto actual de privatización descarada, corrupción desbordada, censura expansiva y represión desmedida, entrar a territorio puma significa respirar una enorme bocanada de aire fresco. Al pasear por cualquier zona de la máxima casa de estudios, el alma se llena de esperanza en la posibilidad de construir un México más justo y democrático

Pero el régimen autoritario encabezado por Enrique Peña Nieto no tolera el florecimiento de este tipo de libertades democráticas. Desde el 1 de diciembre de 2012 el “nuevo PRI” ha sometido a la sociedad mexicana, y en particular a los jóvenes estudiantes, a un acoso constante que busca desarticularlos, criminalizarlos e intimidarlos. El actual ocupante de Los Pinos jamás perdonará la explosión de esperanza juvenil que surgió aquel viernes 11 de mayo de 2012 cuando estudiantes de la Universidad Iberoamericana corrieron al entonces candidato presidencial de su campus entre gritos de “¡Fuera!”, “¡Asesino!”, ¡Cobarde!”. La masacre y la desaparición forzada de los estudiantes activistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, fue el resultado de la sed de venganza del presidente, así como de su política general de “limpieza” social y política. Para Peña Nieto los jóvenes son más un problema que una potencia nacional.

El desgobierno del Pacto por México tampoco respeta la autonomía de las instituciones públicas. Por medio de acuerdos cupulares, y en la más absoluta oscuridad, el régimen ha ido colocando sus cuadros más fieles en posiciones clave de organismos supuestamente autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. Asimismo, se han ido desarticulando y privatizando instituciones públicas como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, la SEP, el IMSS y el ISSSTE.

La colocación en la Rectoría de la UNAM de una persona fiel al actual proyecto de autoritarismo neoliberal es de suma importancia para el régimen. Una Universidad Nacional verdaderamente democrática, participativa y plural rápidamente se convertiría en una enorme piedra en el zapato para la clase política dominante. Desde la perspectiva de Peña Nieto, urge clausurar cualquier posibilidad de surgimiento de nuevos liderazgos juveniles o de proyectos intelectuales que podrían poner en riesgo sus planes transexenales.

En esta difícil coyuntura, una coalición cada vez más amplia de universitarios se ha movilizado para exigir un proceso transparente y democrático en la selección del nuevo rector de la UNAM, quien tomará posesión el próximo 17 de noviembre. El pasado lunes, un centenar de académicos de una docena de entidades de la máxima casa de estudios emitimos un comunicado público titulado Por la defensa de la Universidad Pública, de la UNAM (disponible aquí: http://ow.ly/STF4G). Numerosos grupos estudiantiles también han empezado a organizarse con objetivos similares (véase, por ejemplo: http://ow.ly/STGCr). Y en su último congreso general, celebrado en agosto, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) emitió un histórico resolutivo exigiendo “transparencia plena” en el proceso de relevo en la Rectoría.

Frente a estas importantes exigencias de la comunidad universitaria, tanto los integrantes de la Junta de Gobierno como los candidatos a la Rectoría han elegido seguir el ejemplo del padrino político de Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari: “Ni los veo ni los oigo”. Hasta la fecha, ni un solo integrante de la Junta de Gobierno se ha dignado en contestar la carta enviada el pasado 26 de agosto por 35 académicos de carrera exigiendo que las deliberaciones de la misma sean públicas y transmitidas en vivo por TV UNAM (disponible aquí: http://ow.ly/STIa3). Y ni un solo candidato ha respondido al emplazamiento a un debate público de sus planes de trabajo lanzado por 100 académicos el pasado 28 de septiembre (documento aquí:http://www.democraciaunam.blogspot.mx/).

Todo parece indicar que las autoridades universitarias están decididas a imponer de manera unilateral, y sin tomar en cuenta las opiniones de la comunidad, a uno de los dos candidatos enviados por Peña Nieto. Sergio Alcocer ha participado directamente en la privatización del petróleo y en el sacrificio de la soberanía nacional, primero como subsecretario en la Secretaría de Energía con Felipe Calderón y después en la Secretaría de Relaciones Exteriores con Peña Nieto. Francisco Bolívar Zapata ha fungido como coordinador de Ciencia y Tecnología directamente en la Oficina de la Presidencia de la República desde 2012. Bolívar Zapata es conocido como el “Príncipe Monsanto” por organizaciones sociales a raíz de su aguerrida promoción de los transgénicos por medio de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).

Pero no será tan fácil como lo imaginan. En el simulacro electoral organizado por estudiantes de la UNAM el 17 de mayo de 2012, Peña Nieto recibió solamente 5.19% de la votación. Es casi unánime el rechazo de la comunidad universitaria al proyecto económico, político, educativo y cultural del actual ocupante de Los Pinos. Un rector impuesto por Peña Nieto generaría una situación de ingobernabilidad universitaria profundamente nociva para la institucionalidad democrática. Apostemos todos por la inclusión, la autonomía y la pluralidad. 

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"Vivos los queremos" (Revista Proceso, 20 de septiembre, 2015)

John M. Ackerman

Enrique Peña Nieto prepara un deleznable circo mediático a propósito de su encuentro este jueves, 24 de septiembre, con los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Para el régimen, esta reunión constituye una oportunidad de oro para apaciguar la indignación social dos días antes de la gran movilización nacional e internacional este 26 de septiembre en el aniversario del crimen de Estado.

Les saldrá el tiro por la culata a Peña Nieto y a Televisa. Los padres de familia y los estudiantes de Ayotzinapa han sido claros desde el principio con respecto a su absoluta desconfianza en el presidente y su gabinete. El propósito de los dignos luchadores sociales de Guerrero no es extraer más promesas vacías del gobierno federal, sino llamarlo a cuentas por su responsabilidad directa en el crimen cometido en contra de sus hijos. “A la reunión con el presidente vamos con todo, le vamos a restregar en su cara todas las mentiras… desde el principio nos prometió varios puntos… nunca ha hecho nada”, sostuvo el padre de familia Clemente Rodríguez en entrevista con Carmen Aristegui en CNN.

El señor Rodríguez tiene razón. El actual gobierno federal pasará a la historia como una de las administraciones más mentirosas y cínicas en México. Desde el primer día, Peña Nieto ha engañado a los padres de familia sobre lo que ocurrió aquel 26 de septiembre y al pueblo mexicano en su conjunto con respecto a las investigaciones del caso. Tal y como ha sido revelado tanto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como por Proceso, la principal actividad del gobierno federal ha sido la fabricación de supuestos culpables, así como el encubrimiento de la responsabilidad directa de las fuerzas federales en el crimen cometido aquella noche.

El 6 de diciembre de 2014, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia de Ayotzinapa, rompió toda relación del movimiento con el gobierno federal: “A partir de hoy desconocemos al gobierno de Enrique Peña Nieto por asesino… Si no hay Navidad para nosotros, tampoco para el gobierno. Sabemos que la caída de Alexander servirá para que florezca la Revolución”. De la Cruz pronunció aquellas palabras históricas en el Monumento a la Revolución en un acto conmemorativo del centenario de la entrada victoriosa de Emiliano Zapata y Pancho Villa a la Ciudad de México en pleno auge de la Revolución Mexicana. Ese mismo día, Jesús Murillo Karam había dado a conocer que los laboratorios de la Universidad de Innsbruck en Austria habían identificado el DNA del normalista Alexander Mora Venancio en uno de los fragmentos de hueso recogidos por las fuerzas militares en el Río San Juan.

Al gobierno federal le urge dar por muertos a todos los estudiantes desaparecidos y acabar con el liderazgo político de la gran familia de Ayotzinapa. Apenas el miércoles 16, la procuradora general de la República, Arely Gómez, anunció con bombo y platillo que los mismos laboratorios de Innsbruck habían identificado los restos de otro normalista: Jhosivani Guerrero de la Cruz. Gómez también anunció que invitaría tanto a los peritos argentinos como a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a colaborar directamente con la PGR en el análisis de los otros restos.

Los argentinos y los integrantes del GIEI difícilmente aceptarán hacerle el juego al gobierno federal. Las únicas personas presentes a la hora de recoger los restos en cuestión fueron los miembros de las fuerzas militares ahora directamente implicados en el crimen. En lugar de colaborar con un gobierno asesino en sus labores de encubrimiento, los expertos independientes tendrían que aliarse plenamente con la sociedad en su exigencia de justicia irrestricta tanto para el caso de Ayotzinapa como para todas las desapariciones forzadas del país.

En su desesperación por frenar una nueva ola de protesta social, Peña Nieto no escatimará esfuerzos el próximo jueves 24 por prometer bajar el cielo y las estrellas a los padres de familia. Recordemos, sin embargo, cómo el gobierno mintió abiertamente a los maestros democráticos el pasado 29 de mayo. Con el fin de engañar a los profesores y apaciguar la resistencia popular, una semana antes de las elecciones del 7 de junio el gobierno federal anunció la “suspensión” de la reforma educativa. Pero una vez pasada la tormenta, Peña Nieto inmediatamente reactivó la reforma. Y ahora su nuevo secretario de Educación, Aurelio Nuño, se apresta a despedir a miles de maestros quienes con toda razón rechazan la aplicación de las nuevas evaluaciones punitivas y neoliberales.

Ya es demasiado tarde para más promesas vacías. Después de tantas mentiras, sería ingenuo y profundamente destructivo tener confianza en quien hoy ostenta la banda presidencial. Lo único que podría satisfacer la enorme sed de justicia del pueblo mexicano sería la presentación con vida de los 43 normalistas, el enjuiciamiento de todos y cada uno de los responsables tanto del crimen como de su encubrimiento, así como la celebración de una verdadera transición política hacia un gobierno popular que defienda los intereses de la sociedad y acabe con los privilegios de los oligarcas y los corruptos.

No solamente se encuentran desaparecidos los 43 estudiantes, sino también la esperanza de todo un pueblo. Apostemos todos a la construcción de un nuevo régimen político a la altura de la gran historia mexicana, repleta de valientes luchas y conquistas sociales.

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Publicado en Revista Proceso, No. 2029

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"Putrefacción y renovación nacional" (Revista Proceso, 6 de septiembre, 2015)

Otto Pérez Molina

Enrique Peña Nieto

John M. Ackerman

La calcificación del putrefacto sistema autoritario PRIista tarde o temprano generará la derrota del mismo. Las mentiras en el caso de Ayotzinapa, los acomodos simuladores en el gabinete presidencial, el cínico carpetazo del caso de la Casa Blanca y el discurso de autoalabanzas en Palacio Nacional, con motivo del tercer informe de gobierno, hablan de una enorme falta de creatividad y liderazgo entre los hombres y las mujeres que rodean a quien despacha en Los Pinos. Se extiende la sospecha de que México no tiene presidente, sino solamente un administrador de cuarto nivel de negocios e intereses ajenos.

La vía institucional está cancelada. El estilo caciquil y mafioso del “nuevo” PRI ha logrado infectar todas las instituciones supuestamente públicas del país. El espectáculo de aplausos huecos de los titulares de los órganos y organismos del Estado mexicano en el acto informal de presentación del informe fue una estampa de la total sumisión de los poderes públicos a la voluntad del máximo líder-títere de la nación.

Antes, durante el periodo de la esperanza democrática de la década de los noventa y a principios del siglo actual, el presidente de la República tenía la obligación de presentar personalmente su informe ante el Congreso de la Unión. En un importante ejercicio de equilibrio de poderes, frecuentemente recibía allí fuertes críticas y cuestionamientos de los partidos opositores.

Hoy, en cambio, el jefe del Ejecutivo solamente está obligado a enviar el informe por escrito al Poder Legislativo. Fue el mismo Manlio Fabio Beltrones, populista sonorense que sigue el ejemplo de Plutarco Elías Calles, quien impulsó este cambio legal cuando era senador de la República. Aprovechando el nuevo formato, Peña Nieto ha podido recuperar la vieja práctica autoritaria del “Día del Presidente” por medio de la organización de un fastuoso evento en Palacio Nacional, sin base constitucional o legal alguna, donde él dirige un discurso profundamente ideológico y demagógico a un ejército de leales soldados priistas.

México cuenta con instituciones mucho más débiles que Guatemala. En el país vecino del sur el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) han demostrado la fortaleza y la independencia necesarias para actuar en contra tanto del primer mandatario del país como de la vicepresidenta de la República. Pero en México ninguna institución ha podido –o ni siquiera lo ha intentado– acabar con el régimen de impunidad y complicidades caciquiles que mantienen a la casta de corruptos en el poder.

Las conductas del INE y del Tribunal Electoral en los casos de Monex y del Partido Verde, así como la negativa de la Suprema Corte para abordar a fondo la consulta sobre la reforma energética y el despido injustificado de Carmen Aristegui, evidencian la plena subordinación de esas instituciones. Y constituye una vergüenza internacional la negligencia criminal de la Procuraduría General de la República, ya sea bajo el mando de Jesús Murillo Karam o de Arely Gómez, frente a las constantes masacres de inocentes y la represión incesante de activistas y periodistas.

La buena noticia, sin embargo, es que la sociedad mexicana es igual o más consciente y fuerte que la guatemalteca. Los dos pueblos tienen raíces históricas comunes y contextos políticos similares. De acuerdo con Latinobarómetro, Guatemala y México encabezan la lista de países latinoamericanos con mayores niveles de desconfianza y descontento ciudadanos en las instituciones “democráticas” realmente existentes. Ambas naciones tienen la fortuna de contar con poblaciones que no se conforman con las típicas simulaciones de la clase política neoliberal.

Sin embargo, en dichos países la deses­peración y el desánimo populares, junto con una buena dosis de fraude electoral, impulsaron el retorno al poder de fieles representantes del viejo sistema autoritario. En 2011 llegó a la presidencia de Guatemala un general represor, Otto Pérez Molina. Después, en las elecciones mexicanas de 2012, conquistaría Los Pinos el más fiel representante del viejo PRI caciquil del Grupo Atlacomulco, Enrique Peña Nieto.

Posteriormente, ambos pueblos se darían cuenta de su grave error. Primero en México, en 2014, surgiría una enorme movilización popular a favor de la justicia, la paz y las libertades democráticas a raíz de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Enseguida, en 2015, los guatemaltecos se inspirarían en el ejemplo mexicano y también se levantarían en contra de su retrógrado presidente corrupto y asesino.

La diferencia clave entre Guatemala y México es que en el país vecino algunas instituciones clave se encuentran del lado de la esperanza ciudadana. En México no hay una sola.

La única posibilidad de transformación en México es entonces por la vía de la política, en el mejor sentido de la palabra. No tiene ningún sentido acudir a las instituciones corrompidas para rogarles su apoyo o exigirles que cumplan su mandato constitucional. Lo que hace falta es organizarnos como ciudadanos en un gran frente a favor de la justicia social. En esta tarea será necesario deshacernos simultáneamente de sectarismos antipartidistas, mesianismos independentistas y oportunismos electoreros. Caminemos juntos para conquistar y transformar el poder público, dando pie a un nuevo régimen de libertades, igualdades y derechos democráticos.

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Publicado en Revista Proceso No. 2027

"Populismo PRIista" (Revista Proceso, 23 de agosto, 2015)

Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto

John M. Ackerman

Manlio Fabio Beltrones ha anunciado una cruzada contra el “populismo”. El nuevo presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aparentemente ignora que para lograr este fin tendría que acabar con su propio instituto político. Sería muy difícil encontrar en el mundo entero un partido más populista que el PRI. 

Los populistas impulsan políticas irresponsables y engañosas que buscan el aplauso fácil en lugar de resolver los problemas de fondo. Este tipo de gobiernos se esconden tras discursos demagógicos a favor de la economía popular, pero en realidad son sistemas profundamente corruptos que facilitan una mayor concentración del poder político y económico en pocas manos. 

Como coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Beltrones ha sido uno de los principales arquitectos e impulsores del “Pacto por México”. Dicho pacto fue presentado con platillo y bombo a finales de 2012 como la llave mágica que resolvería todos nuestros problemas de un solo golpe. Siguiendo el típico guion populista, se nos recetaban una infinidad de spots televisivos que promovían todos los días la idea de que las reformas del régimen “moverían a México” y tendrían un impacto milagroso en el país. Recordemos, por ejemplo, los anuncios de la Presidencia de la República en que jóvenes mostraban recibos de luz y de gas donde se reducían los saldos de manera asombrosa impulsados por alguna fuerza oculta (véase: http://ow.ly/A3XOp). 

Pero hoy queda claro a todos que el acuerdo impulsado por Beltrones y Peña Nieto en realidad debería llamarse “Pacto contra México”. Ello porque este esfuerzo de unidad política entre los mismos de siempre ha impuesto una serie de reformas -en las materias energética, laboral, educativa, telecomunicaciones, fiscal y hacendaria- que consolidan al autoritarismo de Estado y lastiman profundamente a la economía popular. 

Como resultado del Pacto, ahora hay más pobreza, represión y violencia así como menos seguridad, libertad y bienestar. La cotización del dólar, el costo de la energía y los precios de la canasta básica se han disparado, mientras la estabilidad financiera y política se han hecho añicos. 

Los PRIstas veneran la memoria de Plutarco Elías Calles como su padre fundador. Una enorme estatua en su honor se encuentra en la entrada principal de la sede nacional del PRI y su auditorio principal lleva el nombre del general sonorense. De acuerdo con la leyenda, Calles supuestamente fue el responsable de unificar al país e institucionalizar las conquistas de la Revolución Mexicana. En su cuarto y último informe presidencial, en 1928, Calles anunció que la próxima creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecedente del PRI, tendría el fin de “orientar definitivamente la vida política del país por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando pasar, de una vez por todas, de la condición histórica del país de un hombre a la nación de instituciones y leyes”. 

En realidad, este discurso fue una vil cortina de humo, pura demagogia para justificar el hecho que Calles se mantuviera como el poder atrás del trono presidencial. El expresidente utilizaría el PNR para consolidar su influencia personal, informal y caciquil sobre la política nacional. Los próximos tres presidentes -Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio and Abelardo Rodríguez- se subordinarían a la autoridad del “Jefe Máximo”. Es por ello que aquel periodo se llama el “Maximato”. Mientras, la política en México se volvería cada vez más conservadora, entreguista, corrupta y represiva. 

Fue el General Lázaro Cárdenas del Río quien salvó a México temporalmente del populismo caciquil de Calles. Durante su sexenio, entre 1934 y 1940, el Estado mexicano se puso auténticamente al servicio de los más necesitados con un masivo reparto agrario, un apoyo decidido a los trabajadores y los indígenas, una profunda reforma de la educación pública, y una férrea defensa de la soberanía nacional frente a los abusos de las empresas petroleras internacionales. Con gran entrega y dedicación, Cárdenas realizaba constantes giras a lo largo y ancho del país para escuchar, conversar y ponerse al servicio de los ciudadanos más humildes del país. Y al final de su sexenio, Cárdenas se negó rotundamente a fungir como el nuevo “Jefe Máximo” y se apartó claramente de la política nacional. 

Si no hubiera sido por el giro cardenista, Calles se hubiera convertido rápidamente en el equivalente mexicano de líderes populistas como Juan Domingo Perón en Argentina o Getúlio Vargas en Brasil quienes desarrollaban fuertes cultos a la personalidad y se eternizaban en el poder. Cuando Cárdenas finalmente tuvo que expulsar a Calles del país en 1936, encontraron al ex-presidente leyendo con gran admiración el libro autobiográfico de Adolfo Hitler, Mi Lucha. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, Perón fungió como Secretario de Trabajo para el gobierno abiertamente fascista del General Pedro Ramírez. En una de sus últimas entrevistas antes de su muerte, con el sitio Sin Embargo, Ruben Espinosa comentó que el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, era un gran admirador del dictador español el Generalíssimo Francisco Franco. Dios los hace, y ellos se juntan. 

Como Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Calles, Beltrones también es originario del Estado de Sonora. Carlos Salinas de Gortari, el “Jefe Máximo” de nuestros días, colocó a Beltrones como Gobernador de Sonora en 1991. Desde entonces, ha buscado resucitar el espíritu y el legado populista de Calles y los sonorenses. Y ahora, como flamante presidente del viejo partido de estado, Beltrones tendrá la oportunidad de consolidar la veta populista del PRI. 

Hace unas semanas, Enrique Peña Nieto lanzó una advertencia: “No podemos confiarnos. Hoy la sombra del populismo y la demagogia amenaza a las sociedades democráticas del mundo. En varias naciones, están surgiendo opciones políticas que, en su ambición de poder, prometen soluciones mágicas que en realidad terminan por empobrecer a las familias y restringir las libertades ciudadanas ...México tiene que estar consciente de estos riesgos.” Tiene toda la razón el Señor Presidente (Jaime Rodríguez dixit) con los calcetines, y las ideas, al revés. Urge exorcizar de una vez por todas la sombra del populismo PRIista. 

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Publicado en Revista Proceso, No. 2025

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"Respuesta inmediata" (9 de agosto, 2015)

John M. Ackerman 

La respuesta inmediata de la sociedad mexicana a los cobardes asesinatos del periodista Rubén Espinosa y de la activista Nadia Vera, junto con tres personas más, refleja el creciente poder de un circuito de opinión pública crítica que cada día tiene más presencia e influencia sobre la agenda pública. Los medios y las plumas en la nómina del régimen corrupto ya no tienen el control que antes. Cada vez más personas recurren a fuentes independientes como Proceso, La Jornada, Sin Embargo, Revolución 3.0, Aristegui Noticias y RompevientoTV desdeñando fuentes oficiales como Televisa, TV Azteca, MVS Noticias y La Razón. 

El año pasado tuvimos que esperar casi dos meses hasta que un medio internacional, The Associated Press, diera a conocer información verídica sobre la matanza de Tlatlaya. Fue más veloz la reacción a la masacre y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, pero también en este caso tuvieron que transcurrir un par de semanas para que la sociedad abriera los ojos a lo que realmente había ocurrido aquella fatídica noche en Iguala. En contraste, la opinión pública se movilizó de manera inmediata ante el asesinato de Espinosa y Vera. 

No habían pasado ni 24 horas después de la masacre en la Colonia Narvarte del Distrito Federal y ya existía una indignación generalizada entre la sociedad. Un grupo de periodistas y activistas convocaron inmediatamente a una protesta en el Ángel de la Independencia, y empezaron a fluir docenas de excelentes reportajes sobre el trabajo periodístico de Espinosa, la labor política de Vera, la retrógrada política autoritaria del gobernador de Veracruz Javier Duarte, y los graves peligros que corren los periodistas todos los días en el país. Esta formidable cobertura nacional tuvo un impacto casi inmediato en la prensa internacional, con la publicación de notas importantes sobre el caso en The Guardian, El País y Le Monde denunciando el ataque constante en contra de la libertad de expresión en México. 

(VÉASE ENTREVISTAS DE JOHN M. ACKERMAN CON NTN24 y DEUTSCHE WELLE SOBRE EL ASESINATO DE RUBEN ESPINOSA)

La respuesta tan veloz y contundente de la sociedad y de la prensa crítica agarró por sorpresa al régimen corrupto. En un intento desesperado por desviar la atención de la naturaleza eminentemente política de los asesinatos, el Procurador Capitalino, Rodolfo Ríos, primero lanzó la hipótesis absolutamente irresponsable de que el crimen podría haber sido el resultado de un “robo”. Posteriormente, el gobierno derechista y anti-popular de Miguel Ángel Mancera filtraría ilegalmente información a medios leales, incluyendo un video que mostraría a los supuestos asesinos subiéndose a un auto de lujo, y versiones falsas sobre la supuesta celebración de una “fiesta” en el departamento de la Narvarte. 

Después le tocaría a uno de los voceros más cínicos del régimen asesino, Luis Cárdenas, lanzar la ridícula teoría de que el “verdadero” blanco del ataque habría sido la amiga colombiana de Espinosa y Vera. Para rematar, el senador priísta de Hidalgo David Penchyna, principal promotor de la retrógrada “reforma energética” desde su posición como presidente de la Comisión de Energía, “celebraría los avances” de la procuraduría capitalina y descalificaría la idea de que Espinosa hubiera sufrido amenazas en Veracruz por su labor periodística. El diputado federal priista José Alejandro Montano, exjefe de la policía en Veracruz, iría aún más lejos. Durante el debate en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Montano pediría abiertamente un “voto de confianza” al gobierno represor y totalmente desacreditado de Mancera. 

Se confirma una vez más la abierta complicidad de Mancera con los peores elementos del régimen autoritario. Un Jefe de Gobierno democrático y al servicio del pueblo habría citado inmediatamente a comparecer a Javier Duarte como probable responsable intelectual de la masacre de la Narvarte. Las múltiples denuncias públicas de las víctimas en contra del Gobernador de Veracruz, así como el modo y el lugar del ataque, constituyen más que suficientes motivos para abrir una línea de investigación en su contra. 

Este caso confirma la urgencia de consolidar lo más pronto posible el traslado del poder sobre el capital del país de los mafiosos del PRD al nuevo partido ciudadano Morena. También, desde luego, habría que mantener a los nuevos diputados y delegados de Morena estrictamente vigilados, además de exigirles a mantener firmes sus compromisos y principios democráticos. La próxima liberación de la Ciudad de México del totalitario “Pacto por México” abrirá un importante horizonte de esperanza para la transformación democrática de todo el país. 

La buena noticia es que la emergente cruzada ciudadana por la honestidad gubernamental y en defensa de la economía popular cuenta con fuertes aliados dentro del circuito de opinión pública crítica. La respuesta a los asesinatos de Espinosa y Vera lo ha demostrado de manera contundente. 

Ahora bien, es importante señalar que la distinción clave con respecto a los medios de comunicación no es entre los medios electrónicos, los impresos y los digitales. Existen muchas fuentes de información impresas y digitales que copian el estilo o simplemente reproducen las notas de Televisa y los boletines de la Presidencia de la República. Tampoco es correcto dividir la esfera mediática entre los medios “nuevos” y los “viejos”. Algunos medios “viejos”, como Proceso y La Jornada, se encuentran hoy a la vanguardia en la generación de información crítica y de calidad. 

En general, no es la “sociedad de la información” la que está permitiendo el lento pero sistemático proceso de liberación del pueblo mexicano de las mentiras del régimen. Lo que hoy atestiguamos sería mejor conceptualizada como una emergente “sociedad de la conciencia” que cruza y entrelaza una amplia variedad de zonas geográficas, generaciones de mexicanos, clases sociales, y formas de comunicación. Esta sociedad está cada vez más consciente e interconectada, y cada día más lista para la acción. 

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Publicado en Revista Proceso, No. 2023

"Imperdonable" (Revista Proceso, 26 de julio, 2015)

Cemeí Verdía, lider de la policía comunitaria de Ostula

In memoriam Idilberto Reyes, otro niño héroe caído en la lucha por un nuevo amanecer

John M. Ackerman

Joaquín El Chapo Guzmán sigue li­bre, pero Cemeí Verdía, dirigente social y líder de la policía comunitaria de Ostula, Michoacán, se encuentra ahora tras las rejas. Fernanda Said Pretelini, cuyo principal “mérito” es ser sobrina del presidente de la República, cuenta con un decoroso empleo en Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras las “re­formas estructurales” del Pacto por México mandan a miles de maestros y trabajadores petroleros a las filas del desempleo. Y en respuesta a la con­solidación del poder del crimen or­ganizado en todo el país, las Fuerzas Armadas se lanzan contra niños inde­fensos al grito de “¡Vivan Los Caballe­ros Templarios!”.

¿Para quiénes trabajan los indi­viduos que hoy tienen tomado por la fuerza a Los Pinos? Ya no debería quedarle a nadie el menor resquicio de duda. Somos malgobernados por un grupo de empleados de las más oscuras, violentas y corruptas mafias nacionales e internacionales. El único interés de quienes hoy encabezan las instituciones del Estado mexicano es llenar sus bolsillos al amparo del poder público.

Cada vez más personas se dan cuenta de la traición de nuestros go­bernantes a los principios básicos de soberanía popular y justicia social enarbolados por la Constitución que nos rige. La ausencia de grandes movili­zaciones en el Zócalo capitalino durante los últimos meses de ninguna manera implica la existencia de una conformidad social generalizada.

Literalmente todos los días hay nue­vas protestas sociales a lo largo y ancho de la República Mexicana. La carestía, el desempleo, la corrupción y la inseguridad van generando un enorme descontento social que burbujea con cada vez mayor fuerza debajo de la imagen falsa e hipócri­ta de “normalidad democrática” que quie­re proyectar el actual gobierno federal a los corredores de bolsa en los principales centros del capital financiero mundial.

Los constantes estallidos sociales que hemos vivido en México durante los últimos dos lustros demuestran la existencia de una sociedad activa, consciente y dispuesta a to­mar las riendas de la historia. Desde el frau­de electoral de 2006 hasta la fecha, el pueblo ha tomado las calles una y otra vez para re­clamar la esperanza traicionada de un cam­bio de régimen hacia un nuevo equilibrio político y social basado en la solidaridad, la paz y la participación social.

La lucha por la transparencia electoral de 2006 desembocó en la lucha contra la privatización petrolera en 2008. La movili­zación nacional de víctimas por las masa­cres de Felipe Calderón en 2011 dio pie al vasto repudio juvenil al retomo del Parti­do Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos en 2012. La protesta de los maestros democráticos ante la reforma educativa punitiva y privatizadora en 2013 sentó las bases para la movilización histórica de todo el pueblo mexicano en contra del régimen en 2014, a raíz de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Paralelamente, tenemos la acción cons­tante de los policías comunitarios, los pue­blos indígenas y los grupos de autodefensa en el territorio nacional. Y los estudiantes universitarios cada día se organizan y pro­yectan su fuerza con mayor contundencia, inspirados por los logros históricos del mo­vimiento del Instituto Politécnico Nacional (IPN) el año pasado. Hay también una infini­dad de protestas locales en todo momento; por ejemplo, en contra de los abusos de la industria minera, a favor de los derechos humanos y por una amplia diversidad de diferentes causas justas.

Frente a este escenario, el gobierno cada día se esconde más atrás del poder desnudo de las Fuerzas Armadas. Des­pués del cobarde asesinato del niño Idil­berto Reyes durante el operativo militar en Ostula, no fueron ni el gobernador constitucional de Michoacán, Salvador Jara, ni el responsable de la Seguridad Pú­blica a nivel nacional, Miguel Ángel Osorio Chong, quienes aparecieron ante los medios de comunicación, sino el general Felipe Gurrola, mando especial del Grupo de Coordinación Michoacán.

Queda claro que se ha consumado un golpe militar de facto en contra de las instituciones civiles en el estado de Michoacán. El hecho de que este gol­pe no se haya declarado formalmente, por no convenir a los intereses del ré­gimen, no le resta ni un ápice de grave­dad a la situación.

La ocupación militar del estado de Oaxaca y la desaparición unilateral del viejo Instituto Estatal de Educación Pública de esa entidad (IEEPC) sigue la misma lógica de poder autoritario. El reemplazo de un organismo público que contaba con la activa participa­ción de los maestros democráticos por un nuevo organismo al servicio de un régimen inculto comandado por per­sonas que apenas saben leer y escribir constituye un golpe en contra de la de­mocracia y la calidad educativa. Mien­tras, la entrega por Gabino Cué de su estado a las fuerzas federales consti­tuye una copia fiel de lo que ya ha ocu­rrido en Jalisco, Michoacán y Guerrero.

La fuga de El Chapo no es entonces la única acción “imperdonable" (Peña Nieto dixit) del régimen actual. Siga­mos luchando todos los días desde to­das las trincheras posibles para lograr la desaparición de los gobiernos con­trolados por mafias corruptas y san­grientas y reemplazarlos con nuevas instituciones al servicio del pueblo.

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Publicado en Revista Proceso No. 2021

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"Estado criminal" (Revista Proceso, 12 de julio, 2015)

John M. Ackerman

Los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y Ecuandureo evidencian un claro patrón de ataque sistemático desde las instituciones del Estado en contra de la población civil. Cada día resulta más evidente que el gobierno federal priista se comporta como un grupo más del crimen organizado, sin el menor respeto para la humanidad o el debido proceso. La crisis de derechos humanos que se vive en México es sin duda aún peor que durante el sangriento sexenio de Felipe Calderón. 

Bajo el mando de Enrique Peña Nieto, las instituciones supuestamente “públicas” asesinan en sangre fría a sospechosos e intervienen sin control alguno a las comunicaciones privadas. No es de ninguna manera gratuita que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez haya remitido su informe más reciente, sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Tlatlaya el 30 de junio de 2014, a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. El orden de “abatir los delincuentes en horas de oscuridad” convierte tanto los altos mandos de seguridad como el mismo Presidente de la República, como Comandante en Jefe de la Fuerzas Armadas, en probables responsables de la comisión de graves crímenes de lesa humanidad. 

Abel Barrera, Director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, ha puesto el dedo en la llaga: “Desde el período de la ‘Guerra Sucia’…las autoridades federales dispusieron del Ejército Mexicano para que se encargara de aplicar acciones de contrainsurgencia con el fin de acabar con la insurrección popular. Desde aquellos años las instituciones castrenses y las instancias encargadas de procurar y administrar justicia fueron utilizadas como estructuras delincuenciales para solapar y proteger a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad” (análisis completo disponible aquí: http://ow.ly/PnfPj). 

El hecho de que hoy el modus operandi de las fuerzas de seguridad se mantiene igual que hace cuarenta años comprueba una vez más que México jamás experimentó “transición democrática” alguna. La alternancia entre el PRI y el PAN en el poder presidencial no ha sido más que una gran cortina de humo que ha servido para distraer la atención del proceso de consolidación de un Estado criminal. 

El importe informe del Centro Pro Juárez sobre Tlatlaya (disponible aquí: http://ow.ly/Pnh4Y) constituye un estudio de caso aplicable a la totalidad del país. La cantidad de masacres que se han vivido en México durante los últimos años demuestra que el gobierno federal utiliza la fuerza letal del Estado sin responsabilidad alguna. De acuerdo con el centro de derechos humanos, los documentos internos del ejército establecen una “distinción tajante de la sociedad en tres grupos: los militares, la población civil y ‘los delincuentes’” y autoriza “abatir” a los supuestos integrantes de la tercera categoría. 

Pero habría que recordar que la única institución facultada por las normas mexicanas para determinar si alguien es o no es un delincuente es el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, las leyes nacionales prohíben tajantemente la aplicación de la pena de muerte. La ejecución en sangre fría de cientos de ciudadanos por las fuerzas del estado constituye una grave violación al Estado de derecho. 

Resulta igualmente preocupante la utilización por el Gobierno Federal de la plataforma “Remote Control Sytem” de la empresa Hacking Team de Milán, Italia para intervenir las comunicaciones privadas de los ciudadanos mexicanos. Tal y como ha informado la Revista Proceso, esta empresa ha sido señalado por Reporteras Sin Fronteras como uno de los cinco “Enemigos Corporativos de Internet” así como exhibida por Citizen Lab por la utilización de sus programas para la represión de grupos disidentes y periodistas en Africa y el Medio Oriente. 

Resulta risible la “aclaración” ofrecida por el Gobierno Federal de que el programa de espionaje se utilizaría “en el marco de la ley y sirve para escuchas legalmente autorizadas por el Poder Judicial de la Federación.” Un gobierno capaz de “abatir” en sangre fría a cientos de ciudadanos inocentes evidentemente no duda en también intervenir de manera indiscriminada la vida personal de los mexicanos con el fin de “abatir” la resistencia popular. 

Queda meridianamente claro que Peña Nieto cuenta con el firme respaldo del gobierno de Barack Obama en su cruzada en contra de la sociedad mexicana. El reciente informe de derechos humanos del Departamento del Estado de los Estados Unidos tiende un manto de protección sobre Peña Nieto al indicar que casi todas las violaciones en la materia supuestamente se deberían a problemas al nivel local. Asimismo, el informe de la oficina de John Kerry ignora olímpicamente el tema de la represión política al señalar con gran ignorancia y mala fe que en México no existirían ni presos políticos ni detenciones arbitrarias de activistas sociales. El documento también dice que el gobierno mexicano “respeta generalmente” los derechos a la libertad de expresión y a la protesta y que la elección presidencial de 2012 fue “libre, justa y transparente”. 

Resulta evidente que el adversario no es solamente el hombre sentado hoy en Los Pinos, sino una estructura internacional de complicidad neoliberal que busca acabar con cualquier resquicio de resistencia de los pueblos dignos en México, en Grecia y en el mundo entero. Urge consolidar la internacionalización de la lucha por la justicia y la democracia mexicanas. 

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