ARTICULO 39 CPEUM. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

lunes, 22 de febrero de 2016

"Pueblo esperanzado, Papa incumplidor" (Revista Proceso, 21 febrero, 2016)

John M. Ackerman

La visita del Papa Francisco demostró una vez más que el pueblo mexicano no es de ninguna manera apático ni resignado. Los cientos de miles de personas que hicieron largas filas, durmieron en plazas públicas y salieron a las calles para tener la oportunidad de escuchar, saludar y recibir las bendiciones del Sumo Pontífice, demostraron la increíble fuerza de voluntad y esperanza en un mejor futuro que tienen los mexicanos.

Ningún político o líder social cuenta con una legitimidad social o capacidad de movilización similar. Enrique Peña Nieto y los narcogobernadores tienen que llevar miles de acarreados a todos sus eventos y jamás se atreven a mezclarse con el pueblo. Los oligarcas dueños de la economía nacional se mantienen atrincherados de manera permanente en sus casas multimillonarias en Las Lomas, Texas y Florida. Y la mayor parte de los líderes sociales y voceros de la “sociedad civil” se conforman con encabezar luchas marginales y sectarias que no logran generar mayor emoción o movilización entre las masas.

La visita del señor Bergoglio también evidenció la enorme influencia del dinero y el poder en México. Telmex, Aeroméxico, Chrysler y Banorte, entre otras empresas monopólicas y depredadoras, ayudaron a financiar el viaje. Los Pinos, Miguel Ángel Mancera y los narcogobernadores garantizaron la seguridad del invitado, y de paso aprovecharon para ensayar reprobables estrategias fascistas de control social. Y Televisa y TV Azteca difundieron masivamente los mensajes del Papa, siempre utilizando el recorrido a su favor para subir el rating.

Como gesto de agradecimiento y obediencia, el Papa jamás rompió con el guion del poder despótico mexicano. Nunca hizo referencia a los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa ni pidió justicia para los periodistas o los defensores de derechos humanos caídos. Tampoco exigió la liberación de las docenas de presos políticos en el país ni llamó a detener proyectos mineros o de “desarrollo” específicos por su impacto ambiental. El jerarca mencionó la corrupción, la violencia, la pobreza, la desigualdad y el narcotráfico, pero siempre fue muy cuidadoso en no vincular estos males con las políticas gubernamentales o la infiltración de las instituciones estatales por el crimen organizado.

Francisco saludó de mano y compartió risas indignantes con Peña Nieto, Mancera, Javier Duarte, Roberto Borge, Manuel Velasco, Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Emilio Gamboa y numerosos niños VIP, hijos de políticos y empresarios priistas. Jamás acusó directamente a ninguno de ellos de ser “egoístas” por haber acumulado sus fortunas y su poder a expensas del pueblo trabajador. En contraste, un humilde adorador que quiso abrazar al Papa argentino en Michoacán se llevó un fuerte regaño personalizado de parte de quien se ostenta como representante de Dios en la tierra.

Es totalmente falsa la afirmación de que como “jefe de Estado” el Papa no podría haber hecho más. Ninguna ley ni regla de la diplomacia obliga a los jefes de Estado, y menos a los que también son líderes religiosos, a limitar sus acciones a dar discursos filosóficos sobre principios generales o reunirse exclusivamente con los potentados. Francisco podría haber visitado personalmente el albergue Hermanos en el Camino, de Alejandro Solalinde; oficiado misa junto con el obispo Raúl Vera; o pasado a visitar la Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, para mencionar solamente algunas posibilidades. Había literalmente miles de oportunidades para que el Papa pudiera romper con el protocolo de la corrupción para demostrar materialmente que estaba del lado del pueblo.

La buena noticia es que la combinación entre el incumplimiento del Papa con las altas expectativas del pueblo mexicano y el enorme fervor espiritual que levantó a su paso por el país, deja abierta una enorme oportunidad para canalizar la esperanza del pueblo mexicano hacia una transformación profunda de la nación. Nos toca a todos y a todas luchar para concretar materialmente y en vida la justicia y la paz prometidas por la Biblia y por casi todos los documentos sagrados y filosóficos del mundo.

La esperanza pasiva fortalece la barbarie. Si esperamos sentados a que alguien más resuelva nuestros problemas, México nunca saldrá adelante. No tiene ningún sentido seguir insistiéndoles a las mismas instituciones corruptas de siempre, desde la PGR hasta el Vaticano, que “hagan su trabajo” y se comprometan con el pueblo. El poder nunca se traiciona a sí mismo.

En contraste, la esperanza activa puede mover montañas. El incumplimiento del Papa debe ayudarnos a darnos cuenta de que somos dueños de nuestro propio destino. La salida se encuentra en la organización política, en el mejor sentido de la palabra, para poder acompañar a las masas desamparadas y excluidas en su urgente conquista del poder económico y gubernamental para ponerlo al servicio de toda la nación.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2051
(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados

lunes, 8 de febrero de 2016

"Honrar la Constitución" (Revista Proceso, 7 de febrero, 2016)

John M. Ackerman

Los principios revolucionarios y de transformación social que conforman el eje vertebral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) siguen hoy más vigentes que nunca. Hoy a 99 años de su promulgación el 5 de febrero de 1917, México no necesita una nueva Constitución ni un “reordenamiento” del viejo texto, y mucho menos otras “reformas estructurales” neoliberales. En lugar de buscar vías para cancelar, matizar o suavizar el legado de la Revolución Mexicana y la vigencia de nuestra histórica Carta Magna, habría que construir caminos para finalmente hacer valer el enorme abanico de derechos que todos ya tenemos de acuerdo con la ley.

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”, reza la primera frase del artículo 123 de la Constitución. Cualquier persona que hoy se encuentra sin trabajo, o con un empleo que no lo dignifique como ser humano, se encuentra en franca violación del pacto nacional y social. La situación de las docenas de millones de desempleados y subempleados, así como de la multitud de personas quienes hoy laboran en el mercado informal o para grandes consorcios internacionales en condiciones deplorables, constituyen una abierta afrenta al Estado de derecho. 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”, señala el artículo cuarto de la Constitución. El mismo artículo garantiza que todos los mexicanos también tengan acceso a “la protección de la salud”, “un medio ambiente sano”, “el agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible” y una “vivienda digna y decorosa”.
¿Usted, su familia, sus colegas y sus vecinos tienen satisfechas todas y cada una de estas necesidades básicas? Si es el caso, usted se encuentra entre las personas más privilegiadas del país, y además se mueve en un mundo enclaustrado, totalmente apartado de la vida cotidiana de la gran mayoría de sus compatriotas. Los derechos sociales más básicos de decenas de millones de personas son violados de manera flagrante todos los días y a todas horas en México.

El nuevo informe de OXFAM internacional (disponible aquí: http://ow.ly/XTCJv) ha demostrado que las 62 personas más ricas del mundo, entre las cuales se encuentra una media docena de mexicanos, ahora posean la misma riqueza que las 3.5 mil millones de personas más pobres de la planeta. En un estudio anterior, OXFAM-México ya había revelado que los rendimientos financieros de la riqueza de los cuatro principales multimillonarios mexicanos les alcanzarían para contratar 3 millones de trabajadores mexicanos durante un año pagándoles el salario mínimo, sin perder un solo peso de su riqueza (véase: http://ow.ly/XTEcj). 

Los juristas que circunscriben las violaciones al Estado de derecho estrictamente al ámbito penal y público distorsionan la realidad y engañan a los ciudadanos. Si bien es cierto que el crimen organizado, el abuso de autoridad y la corrupción gubernamental son asuntos sumamente graves, solamente constituyen la mitad del problema. La privatización de los recursos y los servicios públicos, la destrucción del medio ambiente, la sobreexplotación de los trabajadores así como la pobreza extrema en que se encuentra la mayor parte de los mexicanos también violan flagrantemente a la Carta Magna. 

En otros países, la naturaleza conservadora y estrictamente liberal de las constituciones correspondientes obliga a los juristas progresistas a elaborar teorías rebuscadas para demandar la intervención del Estado en la defensa y la tutela de los derechos sociales y económicos. Tal es el caso en los Estados Unidos y en la mayor parte de los países de Europa, por ejemplo, dónde los juristas de vanguardia muchas veces se ven obligados a recurrir al derecho natural o a los tratados internacionales para justificar su defensa del derecho más fundamental a una vida digna y sana. 

Pero en México tenemos la gran fortuna de contar con una Carta Magna surgida de una de las pocas revoluciones sociales exitosas del Siglo XX. Nuestro desarrollo jurídico se encuentra un paso adelante de los países supuestamente más “desarrollados”, muy a pesar de la ideología “malinchista” fomentada desde los aparatos ideológicos del Estado en la escuela, la iglesia y los medios de comunicación. En lugar de cercenar nuestra historia para emular a las naciones coloniales e imperiales del norte, el mejor camino es entonces partir de una valoración de los grandes logros históricos de la república y el pueblo mexicanos. 

Ello no implica, desde luego, caernos en una nostalgia triste de añoranza estéril para tiempos pasados. Al contrario, habría que inspirarnos en nuestra victoria histórica sobre el régimen despótico de Porfirio Díaz para actualizar las luchas de Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Francisco Villa y Lázaro Cárdenas en el México de hoy. Antes, el problema central fue la concentración del poder económico y político en manos de los latifundistas, los burócratas y la iglesia. Hoy, son los medios de comunicación, la clase política y el crimen organizado, dentro y fuera de las instituciones gubernamentales, quienes tienen postrado a la nación. 

Los adversarios son diferentes, pero la causa y el objetivo son los mismos. Tal y como ocurrió hace un siglo, la justicia, la democracia y la paz solamente serán posibles con la lucha constante del pueblo mexicano desde abajo en defensa de sus derechos y a favor de la vigencia de su Constitución republicana. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No.2049
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados.


viernes, 5 de febrero de 2016

PARTICIPATE IN BILINGUAL ONLINE PRESS CONFERENCE/DIALOGUE on drug war & human rights in Mexico (Monday, February 8th)

      Drug War, Community Organizing and Human Rights 


The Case of American Citizen Nestora Salgado, Jailed in Mexico

When: Feb 8, 2016 7pm (PST ), 9pm (CST- Mexico), 10pm (EST)

Bilingual Press Conference, click on your preferred language below: 



Panelists: 
José Luis Ávila (Nestora’s Husband)
Leonel Rivero (Nestora’s Lawyer in Mexico)
Dr. John M. Ackerman (Professor and Journalist)
Ruben Luengas (Mexican journalist based in Los Angeles)
Dra. Aida Hernández (Anthropologist, CIESAS )
Su Docekal (FreeNestora.org)
Manuel Revueltas (Jornada Por Nestora)


Nestora Salgado is a dual Mexican-American citizen who was unjustly jailed in Mexico for the last two years for performing actions in the line of duty as an elected police coordinator.  She is a former resident of Seattle, WA and her husband and three daughters still live there. Her case is an example of the failed drug war policies between Mexico and US. This conference will give a review of the latest news in her case and will introduce the current US campaign for her liberation. This campaign is supported by more than 100 grassroots organizations around the country and Mexico.

Mexico has been experiencing social revolts since President Felipe Calderon aggressively escalated the “war on drugs” in Mexico on 2006 and now President Enrique Peña Nieto is facing consequences as social disrupts and the economical crisis of the country. International media has reported stories involving human rights violations as a result of these policies. The disappearance of 43 students in Ayotzinapa, Mexico is just an example of the actuality and terror the population in Mexico is living. The case of Nestora Salgado exemplifies that these Human Rights Violations are reaching not only people living in Mexico, but NOW people living in the US as Nestora’s immediate family. Nestora and her family have received precautionary measures by the Inter-American Commission on Human Rights due to ongoing threats. 

Nestora Salgado is an indigenous leader and political prisoner in Mexico. She was seized without an arrest warrant by Mexican federal soldiers in August 2013, as a result of her leadership role in community policing against organized crime.

She was born in Olinalá Guerrero, México and returned to her hometown where she was elected Coordinator of the Community Police of Olinalá called CRAC-PC and was criminalized for carrying out actions associated with her line of duty. In this manner, the Mexican government took away from Olinala´s people the right of having their own jurisprudence which is protected by state law. During her detention she was subjected to torture and violations of her human rights.

Nestora Salgado has done a hunger strike to protest the mistreatment and violations not only of her own human rights but also the abuse that Mexicans civilians are subjected to by Mexican authorities. With clear damage to her health Nestora Salgado decides to continue fighting from prison so her case can be heard, in order to create a network of solidarity to support her and all civilians who are living in these circumstances of state violence. Currently, there are around 1,000 political prisoners in Mexico. 

Seven UN human rights experts along with the Inter-American Commission on Human Rights, and UN’s Working Group on Arbitrary Detention in Geneva, Switzerland, have been calling Mexico to act immediately to protect her “life and physical integrity”. Nestora must be released and compensated for the human rights violations she is enduring. In this press conference,“Jornada por Nestora” US campaign will urge the US State Department and Congress to take a step forward by exerting diplomatic pressure to achieve her release.

For individual interviews with any of the panelists or media inquiries contact: 

"Jornada Por Nestora" at: jornadapornestora@gmail.com

LINKS OF INTEREST:

UN Ruling on Nestora’s Case 

domingo, 24 de enero de 2016

"El cártel Priista" (Revista Proceso, 24 de enero, 2016)

Manlio Fabio Beltrones y Humberto Moreira, dos presidentes del PRI
John M. Ackerman

Humberto Moreira no es cualquier priista. Como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) coordinó la campaña de Enrique Peña Nieto para lograr la candidatura presidencial de ese partido en 2012. Moreira fue también gobernador, entre 2005 y 2011, de uno de los estados más profundamente priistas en la nación entera. 

El PRI y sus antecesores han “gobernado” el estado “libre y soberano” de Coahuila de manera ininterrumpida desde hace 87 años. Como en los viejos tiempos, en Coahuila el partido de Estado sistemáticamente se impone con más de 60% de la votación en las elecciones y tiene un control absoluto sobre la política y la prensa local.

Moreira, Emilio Chuayfett, Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Coldwell son todos exgobernadores de estados que jamás han experimentado “alternancia” alguna desde la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929. El cártel de mandatarios feudales priistas que gobernó Coahuila, el Estado de México, Hidalgo y Quintana Roo, entre otros, asaltó Los Pinos con cañonazos millonarios en 2012. Los integrantes de este grupo son los responsables por la intolerable ola expansiva de violencia, corrupción, represión y privatización que ha ahogado al pueblo mexicano durante el sexenio actual.

El trato diferenciado que Peña Nieto ha dado a Moreira y a Kate del Castillo constituye un elocuente botón de muestra de las alianzas y las complicidades de las actuales autoridades federales.

El gobierno ha mantenido a Del Castillo bajo estricta vigilancia. Las autoridades sacaron fotografías clandestinas de la actriz, filtraron ilegalmente sus conversaciones con Joaquín "El Chapo" Guzmán y la llamaron a declarar ante la PGR. El secretario de Gobernación, Osorio Chong, incluso ha tenido el cinismo de señalar públicamente que “en la sociedad no cayó bien que (Del Castillo) estuviera tratando con alguien que ha lastimado a muchas familias”.

En contraste, las autoridades han mantenido un silencio sepulcral en el caso de las acusaciones en España en contra de Moreira por corrupción, lavado de dinero y crimen organizado. En lugar de divulgar fotografías y mensajes, el gobierno de Peña Nieto ha presumido a los cuatro vientos que no existe investigación o seguimiento alguno al exgobernador priista.

Otros integrantes de la mafia de exgobernadores del PRI gozan de protección similar. Murillo Karam todavía no ha sido llamado a declarar por su indignante mentira histórica sobre los 43 estudiantes de Ayotzi­napa, y Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz, otro estado controlado por el PRI desde hace 87 años, hoy despacha cómodamente como cónsul del gobierno mexicano en Barcelona.

El enorme sufrimiento de las familias mexicanas en la actualidad no es resultado de un señor llamado El Chapo, y mucho menos de una actriz de Hollywood, sino de procesos mucho más profundos y estructurales. Las instituciones del Estado mexicano se encuentran hoy al servicio de los peores intereses corruptos y criminales. Como el rey Salmán de Arabia Saudita, Peña Nieto abusa de manera dictatorial de su población y no permite oposición alguna a su régimen.

Todos los días nos enteramos de nuevos casos en que agentes estatales lastiman directamente a la sociedad mexicana. En Guerrero, por ejemplo, el nuevo gobierno priista de Héctor Astudillo nombró como su fiscal general a Xavier Olea, un oscuro personaje que como abogado litigante defendió tanto a Raúl Salinas de Gortari como a Arturo "El Negro" Durazo. Desde la llegada de Olea a su puesto, el pasado 11 de diciembre, Guerrero ha sufrido una epidemia de secuestros y asesinatos, incluyendo el plagio de cinco maestros de una escuela primaria en la comunidad de Santana del Águila.

Hace unos días, en Veracruz, cinco jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada con la muy probable complicidad de agentes de seguridad del Estado. Y en Colima el PRI robó una vez más la elección para gobernador, con lo cual consolidó su predominio ininterrumpido en la entidad durante 87 años desde 1929.

En 2014, la frase “Fue el Estado” constituyó una manera ingeniosa de resumir y articular el reclamo generalizado de una población harta del abuso de parte de autoridades que desaparecen estudiantes, privatizan recursos nacionales, pactan con el crimen organizado, destruyen el medio ambiente y roban a manos llenas. Todos juntos pudimos gritar esta consigna al lado de los estudiantes de Ayotzinapa en una expresión de utopía rebelde y universal.

Pero el caso de Moreira nos recuerda que es importante afinar y precisar nuestro diagnóstico y exigencias. El problema no es “el Estado” en sí, sino un sistema de corrupción y violencia estructural que está acabando con cualquier semblanza del interés público o general en el país.

El verdadero adversario no es entonces “la política” como un espacio de lucha social y humanitaria, y tampoco “los partidos” como organizaciones de articulación de acción política, sino el sistema de autoritarismo neoliberal priista en sus múltiples manifestaciones, que ha logrado engullir a sus otroras adversarios del PRD y del PAN. Ha llegado la hora de dignificar la política, articular la esperanza y conquistar el poder para el pueblo.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2047
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados.

lunes, 11 de enero de 2016

"Gisela y Nestora" (Revista Proceso, 10 de enero, 2015)

Nestora Salgado
John M. Ackerman

La ejecución de Gisela Mota y el encarcelamiento de Nestora Salgado son los dos lados de una sola moneda. Ambas mujeres jóvenes se enfrenta­ron al narco-Estado con gran valentía y han sido víctimas de cobardes re­presalias desde el poder. El régimen cada vez más despótico que se vive en México no tolera que nadie ponga en cuestión su “mando único” sobre la violencia armada y el flujo de los re­cursos financieros y naturales.

Antes, con el “viejo” PRI, la ley y las instituciones imponían ciertos lí­mites mínimos al ejercicio del poder. Siempre fue una mentira que el par­tido del Estado fuera realmente “ins­titucional”; sin embargo, había por lo menos un esfuerzo por aparentar que ello era realidad. Hoy el sistema ni si­quiera se preocupa por disimular su supuesta institucionalidad, sino que hace gala del ejercicio desnudo de la fuerza bruta.

Gisela Mota
En la actualidad, ni la ley ni las instituciones constituyen obstácu­los para la expansión del poder del narco-Estado mexicano. Gisela Mota, de 33 años, era una joven decidida a combatir desde las instituciones a la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico en su municipio. Había servido como diputada federal entre 2012 y 2015, y el 1 de enero de 2016 tomó posesión de la presidencia munici­pal de Temixco.

De acuerdo con el padre de Gisela, la presidenta municipal rechazó la protec­ción policiaca especializada porque no confiaba en la fuerza pública. “¿Usted se sentiría seguro con una patrulla atrás?”, preguntó el señor Gabino Mota al periodis­ta Arturo Cano, de La Jornada. Desde luego que no, sería la respuesta de cualquier ciu­dadano que conociera un poco el compor­tamiento de las fuerzas policiacas del país.

Y efectivamente los primeros reportes sobre los posibles responsables del ase­sinato han indicado que probablemente participó en el ataque un agente de la Po­licía Judicial del estado de Guerrero. Asi­mismo, las primeras detenciones de los criminales no se realizaron gracias a la astucia de la fuerza pública, sino debido a la increíble valentía del padre y el her­mano de Gisela, quienes se subieron a su auto para perseguir en caliente a los de­lincuentes inmediatamente después del artero asesinato de su familiar.

El caso de Nestora Salgado es pareci­do. En lugar de esperar a que los policías y los políticos corruptos resolvieran el pro­blema de la inseguridad con el que ellos mismos lucran, Nestora decidió participar en la Policía Comunitaria de su pueblo de Olinalá, Guerrero. Ello no constituye ata­que alguno a la institucionalidad pública, ya que los usos y costumbres de los pue­blos indígenas en materia de seguridad están avalados por la Ley 701 de Recono­cimiento, Derechos y Cultura de los Pue­blos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

Nestora relata que los problemas em­pezaron cuando la Policía Comunitaria a su cargo decidió indagar más allá de los crímenes comunes para también seguir la pista de políticos y empresarios corruptos de la localidad. Los comunitarios detuvie­ron a un comerciante de carne clandes­tina, investigaban los posibles nexos de la administración municipal de Olinalá a cargo de Eusebio González con el narco­tráfico, e incluso tuvieron la osadía de en­carcelar al síndico Armando Patrón Jimé­nez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos personas en el poblado de Huamuxtitlán.

Fue en ese momento cuando inició el contraataque desde el narcopoder, estatal y federal, que llevó al encarcelamiento injusto de Salgado como uno de los pre­sos políticos más importantes de este régimen. Se le acusa de “secuestrar” a un grupo de mujeres detenidas por la Policía Comunitaria, pero hasta la fecha no se ha presentado a declarar ninguna de las presuntas víctimas de los delitos que le imputan a Salgado.

Tiene razón el New York Times. En su editorial del pasado 4 de enero el impor­tante rotativo señaló que Peña Nieto ya no será recordado por sus supuestas “reformas estructurales”, sino por su fracaso en materia de derechos huma­nos y rendición de cuentas. Al parecer, el actual ocupante de Los Pinos ha per­dido el respaldo incluso de sus más fieles patrocinadores estadunidenses. Simultáneamente, la incontrolable de­valuación del peso y la histórica caída en el precio del petróleo han dejado al gobierno en una situación de enorme debilidad.

Ello quizás explica por qué el jefe del Ejecutivo ha estado tan ausente. Frente al colapso de legitimidad na­cional e internacional, Peña Nieto apa­rentemente ha decidido tirar la toalla, dejando la operación del Estado en manos de personajes aún más oscuros e ineptos que él, como Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Ñuño, José Anto­nio Meade y Luis Videgaray.

En 2016, los ciudadanos tenemos la gran oportunidad de llenar el creciente vacío de poder con nuevas iniciativas y alianzas. El desbordamiento del ci­nismo del narco-Estado va generando excelentes condiciones para la cons­trucción desde abajo de una nueva política ciudadana de transformación nacional.

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2045
(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados

lunes, 28 de diciembre de 2015

"España y México: ¿Podemos?" (Revista Proceso, 27 de diciembre, 2015)

Pablo Iglesias, líder de Podemos
 John M. Ackerman

En las elecciones del domingo 20 de diciembre en España al presidente Mariano Rajoy le fue tan mal como a Enrique Peña Nieto en los comicios del pasado 7 de junio en México. En ambos casos el partido en el poder, el Popular (PP) de Rajoy y el Revolu­cionario Institucional (PRI) de Peña Nieto, recibió únicamente 29% del respaldo popu­lar. Los españoles y los mexicanos también castigaron duramente a los tradicionales partidos de oposición. Tanto el PSOE en Espa­ña como el PAN y el PRD en México sufrieron graves reveses electorales en 2015. De mane­ra simultánea, de ambos lados del Atlántico emergieron nuevas opciones políticas: Pode­mos y Morena a la izquierda, y Ciudadanos y los candidatos “independientes” a la derecha.

En España, el PP de Rajoy lame hoy sus heridas, transforma su discurso y lucha desesperadamente para armar una coalición parlamentaria que le permita mantenerse en el poder. Los medios y la población españoles comentan sobre la llegada de una nueva épo­ca en la política nacional en que los partidos tradicionales tendrán que compartir espacio y ceder el liderazgo nacional a los esfuerzos políticos emergentes.

En contraste, en México al parecer todo sigue igual. Peña Nieto se mantiene tan cí­nico como siempre, reprimiendo maestros, vendiendo el país, protegiendo corruptos y aprobando leyes regresivas. La militariza­ción de la reforma educativa, las recientes licitaciones petroleras a una serie de empre­sas patito de nueva creación, el fracaso de la acusación penal en contra de Arturo Escobar, los nulos avances en el caso Ayotzinapa y el Constituyente amañado para el Distrito Fe­deral, son, todos, signos de que poco o nada ha cambiado en nuestro país.

Pero las apariencias con frecuencia en­gañan. Los desenlaces políticos diferentes frente a resultados electorales similares son sólo efectos temporales de los diseños insti­tucionales en los dos países.

España tiene un sistema parlamentario en que el jefe del gobierno surge del Parla­mento y solamente puede mantenerse en el poder si alcanza mayoría en ese órgano legislativo. En este tipo de sistemas las cri­sis de legitimidad por lo común encuentran más rápidamente un cauce institucional, ya que la autoridad central depende del respal­do de la población expresado en constantes elecciones parlamentarias. Si México contara con un sistema de tal naturaleza, Peña Nieto sin duda hubiera tenido que hacer maletas desde hace mucho tiempo.

En contraste, en sistemas presidencia­les como el mexicano la política nacional es menos sensible en el corto plazo a las crisis de legitimidad. El hecho de que el titular del Poder Ejecutivo es elegido de manera direc­ta por la población por un periodo prede­terminado lo protege temporalmente de la opinión pública. Sin embargo, precisamente esta falta de flexibilidad de los sistemas pre­sidenciales es lo que genera las condiciones para cambios políticos demasiado bruscos al término de cada periodo de gobierno.

En suma, mientras los sistemas parla­mentarios permiten que el sistema políti­co vaya amortiguando y asimilando poco a poco las transformaciones sociales, en los presidenciales la tormenta ciudadana tiene más tiempo para acumular fuerza en preparación para su desenlace defi­nitivo durante las próximas elecciones presidenciales.

En España, el nuevo partido Podemos logró colocarse muy rápido como una fuerza importante dentro del Parlamento y sus líderes ya se encuentran en un proceso de negociación para posiblemente formar parte de una nueva coalición de gobierno. Su incorporación al gobierno implicará por necesidad un alejamiento de sus bases sociales, así como una moderación de su compromiso con la transformación de la política nacional. Asimismo, las posiciones de Podemos sin duda se verán afectadas por el fuerte giro a la derecha en toda Eu­ropa a raíz de la crisis de los refugiados de Siria y los ataques terroristas en Francia.

En contraste, en México nos restan to­davía dos largos años para construir y for­talecer la nueva alternativa ciudadana des­de la izquierda. En nuestro país tenemos también la gran ventaja de contar con una Constitución mucho más avanzada que la española, sin Rey y con un amplio menú de derechos económicos y sociales. Asimismo, en México nunca vivimos una dictadura to­talitaria como la de Francisco Franco, quien gobernó con mano de hierro durante cuatro décadas (1936-1975), lo cual institucionalizó una cultura política con fuertes tendencias fascistas muy diferentes a la cultura políti­ca mexicana, forjada por siglos de luchas y reivindicaciones sociales.

La sordera, el cinismo y la inflexibilidad del régimen autoritario mexicano constitu­yen su Talón de Aquiles. Mientras Aurelio Ñuño hace campaña encarcelando maes­tros, Manuel Velasco comprando votos y Manlio Fabio Beltrones privatizando la po­lítica, 81% de la población mexicana que se encuentra insatisfecha con el funciona­miento de nuestro sistema político (véase Latinobarómetro 2015; va tejiendo paso a paso las redes, las relaciones y las propuestas necesarias para finalmente hacer valer la soberanía popular en 2018.
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www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2043
(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

lunes, 14 de diciembre de 2015

"La revancha mexicana" (Revista Proceso, 13 de diciembre, 2015)

Donald Trump y Enrique Peña Nieto
John M. Ackerman

Somos testigos de un colapso generalizado, a nivel global, de las viejas estructuras y coordenadas de la política democrática. En Estados Unidos y Francia, personajes como Donald Trump y Marine Le Pen, que en otros tiempos serían figuras marginales generadoras de interés sólo en pequeños círculos ultra-reaccionarios, hoy ocupan una posición absolutamente central en los debates de sus naciones. Mientras, en Argentina, Venezuela y Brasil, la derecha neofascista también avanza con paso firme hacia la ocupación de las instituciones públicas de las cuales ha sido excluida desde los inicios del siglo XXI. Pero, simultáneamente, en países con una larga historia autoritaria, como España, Grecia, Bolivia y Ecuador, se construyen nuevas opciones políticas y se consolidan las trayectorias de gobiernos progresistas.

Es un error conceptualizar la coyuntura mundial actual como simplemente de avance de la derecha o de “agotamiento” de los gobiernos de izquierda. Lo que ocurre es algo mucho más profundo. Nos encontramos en medio de un rompimiento histórico con la estéril mitología del “centro democrático” o “tercera vía” como una solución a los problemas de la humanidad. Los pueblos están buscando soluciones cada vez más contundentes y palpables a sus problemas cotidianos y empiezan a elegir aquellas opciones que prometen nuevas salidas de transformación social.

En algunos países la derecha es el actor político que, con base en mentiras, provocaciones y carretadas de dinero, ha cosechado inicialmente los frutos del río revuelto de desesperación, miedo e indignación. Donald Trump, Marine Le Pen, Mauricio Macri y Leopoldo López hoy se regocijan con sus triunfos sobre el viejo sistema político. Sin embargo, es muy difícil imaginar que ellos podrán satisfacer realmente las demandas de mayor bienestar y seguridad de sus pueblos. Su servilismo a los intereses internacionales más retrógrados forzosamente les empujará a dar la espalda a sus propios connacionales, tal y como ha ocurrido en México con Enrique Peña Nieto.

Quienes tendrían mayor potencial para sacar provecho de la actual coyuntura de inestabilidad y reconfiguración política global son los movimientos ciudadanos y políticos de abajo. Este sector es el único que tiene una posibilidad real de articular una nueva visión más auténtica de la política como un espacio de construcción de utopías y de control férreo sobre los poderes despóticos.

Lamentablemente, quienes nos encontramos del lado de los pueblos, en lugar de reconocer nuestras enormes fortalezas, solemos hundirnos en el derrotismo y la depresión. Nos resulta más cómodo escondernos atrás del lamento fácil de que supuestamente todos nuestros compatriotas serían “apáticos” o “agachados”, en lugar de abrazar y apoyar la infinidad de muestras de conciencia y de participación que nuestros hermanos nos dan todos los días.

En México la situación es particularmente trágica. Muchos de los mismos periodistas, comentaristas y ciudadanos supuestamente ultraconcientizados que se quejan de la supuesta apatía de sus vecinos y colegas, son los primeros en descalificar a uno de los movimientos más importantes de la historia reciente: el de los maestros en lucha contra una supuesta “reforma educativa” cuyo único fin es destruir el legado público y humanista del sistema educativo nacional. Simultáneamente, muchos de los líderes magisteriales de la combativa, consciente y valiente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han tomado la actitud contraproducente de dar la espalda a las ofertas de alianza y de trabajo en conjunto que provienen de quienes tienen la ilusión de tomar control sobre las instituciones públicas por la vía de las urnas.

Tanto los críticos de café como los líderes sociales sectarios fortalecen el sistema de autoritarismo neoliberal que hoy tiene postrada a la nación. Este sistema depende precisamente de las divisiones entre la clase media urbana y los movimientos fuera de las grandes urbes, así como entre los movimientos sociales y la acción política-electoral. Un posicionamiento auténticamente “antisistémico” rompería de tajo con los mecanismos de división, cooptación y represión propios del sistema priista para construir juntos un nuevo bloque histórico basado en la confluencia entre la infinidad de diferentes luchas que se manifiestan todos los días en las calles y las plazas de la República Mexicana.

Independientemente de lo que uno puede opinar a favor o en contra de los líderes o las causas específicas de un movimiento u otro (CNTE, Morena, Ayotzinapa, policías comunitarios, “Democracia UNAM”, Corredor Chapultepec, etcétera), tenemos que darnos cuenta de que todos son ejemplos de la enorme voluntad de participación y de cambio que hoy existe en México. En lugar de buscar pretextos para descalificar los métodos o las ideologías de los otros, habría que extender una mano generosa en apoyo a todas las causas justas.

Con el fin de poder sobrellevar la próxima coyuntura electoral de 2018, la oligarquía ya prepara una potente aspirina para adormecer temporalmente el agudo dolor ciudadano que todos sufrimos. Es altamente probable entonces que México siga el camino de Estados Unidos, Francia, Venezuela y Argentina con la consolidación definitiva de nuestro narco-Estado autoritario. Sin embargo, también queda abierta la posibilidad de dar una contundente lección histórica no solamente a los oligarcas corruptos que hoy nos malgobiernan, sino también de volver a colocar a México como un sitio estratégico para la renovación de la esperanza ciudadana en el mundo entero, tal y como lo hicimos en 1994 y quisimos repetirlo en el 2000.

La salida de emergencia se encuentra a los ojos de todo el mundo. Solamente falta dar un paso adelante y, juntos, empujar fuerte y de manera coordinada para poder asomarnos a la luz de un nuevo régimen. 

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No. 2041
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