"Alta traición" (15 de diciembre, 2013)

Protestas contra la contrareforma energética en Xalapa, Veracruz/Foto:Rubén Espinosa, Proceso

John M. Ackerman

Las expresiones de júbilo de los legisladores federales al aprobar la contrarreforma energética recuerdan los depravados banquetes del clan de los Borgia en Italia en el siglo XV. Aquella poderosa familia controló política y economía en El Vaticano durante décadas y terminó hundiéndose en un oscuro pozo de decadencia ética y moral. Para entender lo que está pasando hoy en la política nacional se recomienda ver la película de Antonio Hernández (Los Borgia) que retrata a todo color el robo, las traiciones, los asesinatos, la corrupción y las depravaciones de este antecedente histórico del PRIANRD. Y para complementar la cartelera durante esta época navideña se recomienda volver a ver La ley de Herodes, de Luis Estrada y con la insuperable actuación de Damián Alcázar, estrenada en 1999 pero hoy más vigente que nunca por retratar de manera fiel el corrupto, hipócrita y entreguista estilo de gobernar del PRI y de sus aliados panistas y perredistas.

En lugar de corregir los graves problemas y peligros con la iniciativa de reforma energética originalmente presentada en septiembre (Video de mi análisis aquí: http://ow.ly/rFXcO), en total sigilo Enrique Peña Nieto junto con sus más cercanos aliados, socios y amigos abrieron todos los candados para permitir casi cualquier tipo de “contrato” o “licencia” con particulares y así permitir el control total sobre el petróleo nacional por empresas extranjeras. En lugar de “modernizar” o combatir la corrupción en PEMEX, la reforma aprobada por el Congreso de la Unión, en apenas cuatro días y en flagrante violación de los procedimientos legislativos, convierte esta empresa estatal primero en un contratista más de la Secretaría de Energía para posteriormente proceder a su total desmantelamiento y desaparición.

El proceso de reparto del territorio nacional entre las diferentes empresas y contratistas privadas estará enteramente en manos del Ejecutivo Federal, sin intervención alguna del Poder Legislativo. A todos y cada uno de los cómplices de Peña Nieto les tocará su parte, incluyendo los representantes de la supuesta “izquierda” quienes hoy fingen su oposición a la reforma pero que con el “Pacto por México” generaron las condiciones necesarias para su aprobación. “Para todos hay” y “No me des, ponme donde hay” son lemas típicos del priísmo histórico que hoy retornan con una fuerza sin precedentes.

Las instituciones públicas y la clase política entera se rinden ante los cañonazos de 50 mil dólares que hoy ya empiezan a repartirse entre cualquiera dispuesto a agachar la cabeza y estirar la mano. El enorme fraude histórico del rescate bancario de FOBAPROA, orquestado por Ernesto Zedillo otro fatídico 12 de diciembre (de 1998) y que hoy todos los mexicanos seguimos pagando, resultará ser peccata minuta en comparación con el enriquecimiento ilícito que se generará a raíz de las nuevas “reglas” para la explotación del petróleo nacional. 

A Peña Nieto y sus cómplices simplemente no les importa la enorme desaprobación ciudadana en su gobierno o el contundente rechazo popular a la privatización de la industria petrolera. Los mecanismos “democráticos” les tienen sin cuidado. Ellos mismos han señalado públicamente que no les interesa la “popularidad” ciudadana o siquiera la legitimidad institucional. Lo único que les preocupa es acumular personalmente suficientes recursos para poder comprar la siguiente elección y así evitar cualquier rendición de cuentas histórica con respecto a los atracos de su gestión. 

Una vez que se publique la contrareforma energética en el Diario Oficial de la Federación podremos olvidarnos de la falsa fachada de “mesura” y pluralidad política que ha venido simulando el PRI-gobierno desde su retorno a Los Pinos. Ya con “los pelos del burro en la mano” y con la urgente necesidad de cubrir el enorme “hueco fiscal” generado por la privatización de la renta petrolera, Peña Nieto no dudará en implementar un aumento generalizado al IVA, exprimir aún más a los contribuyentes cautivos, impulsar onerosas cuotas para los estudiantes de las universidades públicas e inventar miles de otras maneras para financiar al saqueo.

En 1938, miles de ciudadanos acudieron al Zócalo de la Ciudad de México para donar voluntariamente sus humildes posesiones para ayudar al gobierno del General Lázaro Cárdenas a pagar las indemnizaciones de la expropiación petrolera. Hoy el pueblo trabajador pagará de nuevo, pero en esta ocasión el monto será mucho mayor, las contribuciones serán obligatorias y no serán motivo de orgullo sino de indignación. 

Esta inaceptable actuación de la clase política está tipificada en el Código Penal Federal en su artículo 123, fracción I donde señala que comete el delito de “traición a la patria” quien “realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”. Difícilmente podríamos encontrar una mejor descripción para las acciones tomadas por el Congreso de la Unión en los últimos días. Los legisladores de la supuesta “oposición” tendrían que tener la dignidad y la valentía para renunciar inmediatamente a sus cargos para no ser cómplices del atraco. 

Quienes cifran sus esperanzas en la realización de una eventual “consulta” sobre la reforma energética (en 2015) se engañan a sí mismos o de plano le mienten al pueblo. Buscan volver a darnos “atole con el dedo”. La Ley de Consulta Popular incluye tantos candados que difícilmente podría aplicarse en el caso energético. El PRI-gobierno trabajará de la mano con sus amigos en la Suprema Corte para asegurar que ello no ocurra. Argumentarán, por ejemplo, que el tema energético está íntimamente relacionado con “los ingresos y gastos del Estado” y por lo tanto excluido como materia de consulta por el artículo 35 constitucional.

La única esperanza en este momento sería detener la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación y después evitar la aprobación de las leyes secundarias en la materia. Pero ello solamente será posible si se multiplican las muestras de desobediencia civil pacífica a lo largo y ancho de la República. 

Recordemos que apenas 21 meses después del cobarde asesinato de Francisco I. Madero por Victoriano Huerta el 22 de febrero de 1913, los Generales Emiliano Zapata y Francisco Villa entraron victoriosos a la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1914. Peña Nieto ya ganó su lugar en la historia como el Victoriano Huerta de nuestros tiempos. Pero en lugar de esperar la llegada de un nuevo Zapata u otro Villa, inspirémonos todos en su legado para tomar acción desde hoy mismo para juntos salvar la Patria del saqueo. 

El artículo 39 de nuestra gran Constitución revolucionaria señala sin rodeos que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Hagamos valer nuestros derechos y defendamos nuestra Carta Magna de los traidores a la Patria. 

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados

(Publicado en Revista Proceso, No. 1937)

Gobierno de Miguel Ángel Mancera al servicio de Televisa (Denuncia anónima de funcionario GDF, 13 de diciembre, 2013)

Aparentemente indignad@ por la actuación represiva y autoritaria de su jefe Miguel Ángel Mancera así como por la complicidad del Gobierno del Distrito Federal con Enrique Peña Nieto y Televisa, un importante funcionario público del gobierno local ha hecho llegar a Soberanía Popular una denuncia anónima que aquí reproducimos en su totalidad para el conocimiento del público en general.  

Esta información puede ser compartida libremente tanto via internet como por otros medios de comunicación. Comunicaciones a Soberanía Popular pueden ser dirigidas a: johnackblog@gmail.com  

COMUNICACIÓN ÍNTEGRA:

"Te adjunto unas fotos que logré sacar del evento de Televisa al cual nos obligaron a ir a trabajadores del GDF. 

Al personal de honorarios así como al de estructura nos dieron mínimo 2 boletos para que lleváramos un acompañante. 

En dicho evento estuvo Banda Recodo y Bobby Pulido entre otros artistas. Ahí, nos decían a que hora teníamos que gritar y desear "Feliz Año 2014" ya que dicho programa se trasmitirá por Televisa después de las doce campanadas.

Ahí mismo los que conducían la trasmisión dieron gracias al GDF por su apoyo a la realización de este evento, dando instrucciones que tenían que estar todos sonrientes, gritar y saludar cuando ellos dieran "una señal" ya que iban a aparecer en la televisión ya que era un evento para trabajadores del GDF. No nos dejaron tomar fotos, solo las que logré captar. 

Cuando nos repartieron los boletos yo le comenté a mi jefa que nunca habíamos participado en eventos de este tipo y me dijo que "pues ni modo" eran instrucciones y teníamos que acatarlas porque era un convenio de Mancera y del TSJDF con Televisa y teníamos que ir. Además como los boletos estaban numerados de esa manera sabrían quien asistió al "evento" ya que apuntaron cuales eran los números que nos daban a cada uno. Porque pasarían un reporte de los boletos que entraron al Estadio Azteca.

Por otra parte nos citaron también para el desfile Coca Cola a las 18:00 Hrs y van a pasar lista por instrucciones de la Secretaria de Desarrollo Social. Al rato tomaré fotos de este otro "Evento" y te las envío.

Te envío el presente porque me parece indignante e inaudito que nos obliguen a asistir a estos eventos al personal de estructura y honorarios aprovechándose de la necesidad de que tiene que conservar uno el empleo."

"El albazo de diciembre" (1 de diciembre, 2013)

#1DMX 2012//Foto: Alfredo Domínquez, La Jornada

John M. Ackerman

Lo que más llama la atención sobre el primer año de gestión de Enrique Peña Nieto no es el evidente fracaso del nuevo Presidente de la República para encaminar la nación por el sendero de la paz, la democracia y el desarrollo, sino la constante expansión de la movilización social y conciencia ciudadana a lo largo y ancho del país. Avanza con firmeza la larga marcha de la verdadera transición política, de una alternancia simulada a una auténtica democracia revolucionaria. 

La sociedad se encuentra hoy mucho mejor posicionada que el pasado primero de diciembre para detener las estratagemas de la clase política y los poderes fácticos. La cobarde represión del #1DMX, y de las marchas subsecuentes, constituyó un duro golpe en contra de la esperanza ciudadana y jamás debe ser olvidado (mi análisis: http://ow.ly/rh35Z). Sin embargo, gracias a las contundentes protestas de los maestros, el ejemplo de las autodefensas comunitarias, las movilizaciones en contra de la privatización petrolera de Andrés Manuel López Obrador y la constante participación juvenil, el innato espíritu rebelde de la sociedad mexicana hoy goza de cabal salud. El PRIANRD muy difícilmente podrá repetir la historia de la aprobación relámpago de la contra-reforma educativa en diciembre de 2012 con un nuevo albazo para la contra-reforma energética.

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, ha señalado que con la contra-reforma energética “se cerrará el ciclo reformador” para después “pasar al proceso de transformación que requiere el país”. Así, hasta uno de los principales operadores de Peña Nieto reconoce que el gobierno ha fracasado miserablemente durante los últimos doce meses en “transformar” al país y pide que esperemos resultados hasta el próximo año. 

Los datos son conocidos por todos. La economía se encuentra en picada, el desempleo y la informalidad se expanden, y el endeudamiento público y privado se disparan. La violencia, los homicidios y las violaciones a los derechos humanos se han institucionalizado y los secuestros se han vuelto más frecuentes en el territorio nacional. Mientras, los políticos siguen con su teatro de negociaciones oscuras, pactos inconfesables y reformas tramposas. Todas las encuestas demuestran un fuerte desgaste en la imagen de Peña Nieto y una creciente desconfianza de los ciudadanos en los políticos (mi análisis: http://ow.ly/rh4ip).

La “unidad” de la clase política bajo la tutela del Pacto por México ha dividido y confrontado a la sociedad. La contra-reforma educativa lanzó los maestros a las calles y ha generado una conflictividad sin precedentes tanto entre las diversas representaciones y secciones sindicales como entre los mismos padres de familia. La absoluta continuidad en la “estrategia” de combate al narcotráfico entre Calderón y Peña ha fortalecido a la delincuencia organizada y fomentado graves conflictos dentro de las comunidades. Y el cada vez más férreo control sobre los contenidos de los medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos, cada día divide más a la sociedad entre quienes tienen acceso a la información verídica disponible en los medios alternativos y sociales y quienes se quedan atrapados por las mentiras de los medios tradicionales.

Esta polarización social paradójicamente refleja un desarrollo positivo en la coyuntura política. Hace un año, Calderón, Peña, Slim, Azcárraga, Madero, Beltrones, Ebrard, Mancera y Zambrano caminaban de la mano confiados en su control absoluto sobre la política nacional. El desgaste de #YoSoy132 junto con la cobarde represión policiaca habían mermado la fuerza de las movilizaciones juveniles y los políticos alistaban sus largos cuchillos para repartirse el pastel y los huesos de poder. 

El “fast-track” a través del cual se aprobó la contra-reforma educativa ratificó la soberbia de los políticos. En tiempo record y casi sin debate alguno, la iniciativa de Peña Nieto presentada el 10 de diciembre fue aprobada por ambas cámaras en apenas 11 días. Seis semanas después, el 6 de febrero, la mayoría de los congresos estatales ya habían aprobado las reformas a los artículos 3 y 73 constitucional. Y el 25 de febrero de 2013 se publicó sin mayor contratiempo en el Diario Oficial de la Federación 

Pero los políticos no habían ni siquiera deshojado sus margaritas para celebrar su hazaña cuando sobrevino la avalancha de protestas magisteriales que hizo añicos de la fantasía neoliberal de nuestro supuesto arribo a la “modernidad” democrática. Tal y como ocurrió con los jóvenes de #YoSoy132 durante la campaña presidencial de 2012, los maestros lograron romper el hechizo del poder omnímodo de los políticos y hacer presente la fuerza de la sociedad. 

Hoy, el PRIANRD quiere repetir el albazo de diciembre, pero ahora con la contra-reforma energética. Una vez concluida las negociaciones con respecto a la reforma política-electoral, la clase política intentará aprovechar de las distracciones de la temporada navideña para imponer una reforma constitucional que condenaría el país al subdesarrollo y la más absoluta pobreza durante las próximas décadas. 

Si bien es posible que los Senadores y los Diputados logren atrincherarse en las oficinas de Exxon-Mobil o Monex para levantar sus dedos en aprobación de los dictámenes correspondientes, será una tarea imposible convencer a la sociedad de las supuestas bondades de la reforma. La aprobación de la reforma constitucional por los congresos locales, la redacción de las leyes secundarias y la eventual asignación de los contratos a los saqueadores enfrentarán aguerridos cuestionamientos ciudadanos a cada paso. Recordemos, por ejemplo, que el mismo López Obrador forjó su presencia política nacional a raíz de la “toma” de pozos petroleros en Tabasco en 1996 en defensa de las demandas de los campesinos e indígenas de su estado. 

Un nuevo albazo inevitablemente generará una respuesta ciudadana aún más contundente que la que tuvo la reforma educativa el año pasado. Fortalecería enormemente la posición del político tabasqueño y, aún más importante, generará cientos de nuevos liderazgos sociales en todo el país listos para encauzar la creciente indignación popular hacia la derrota histórica del autoritarismo renovado. 

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, Todos los derechos reservados

(Publicado en Revista Proceso No.1935)

"Populismo anti-revolucionario" (17 de noviembre de 2013)

El presidente del Teletón, Fernando Landeros, y el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga.
Foto: Octavio Gómez/Proceos.com

John M. Ackerman 

Justicia para Luis Olivares Enríquez y libertad inmediata para todos los presos políticos de Guerrero. 

Las acciones “populistas” son aquellas que a primera vista dan la impresión de ayudar a la población pero que a largo plazo lastiman profundamente a la sociedad. Estas políticas irresponsables y engañosas buscan el aplauso fácil en lugar de resolver los problemas de fondo. Tanto el "Buen Fin" como el "Teletón" cumplen cabalmente con esta caracterización. 

El Buen Fin no busca ayudar a la economía popular sino facilitarles ganancias a las empresas monopólicas. Por ejemplo, muchos establecimientos prefieren ofrecer pagos “a plazos” en lugar de descuentos reales. Así, las grandes empresas pueden deshacerse más fácilmente de los inventarios acumulados a lo largo de este año de franco estancamiento económico. Y cuando sí se ofrecen descuentos reales, normalmente estos apenas emparejan los precios nacionales con lo que se cobra por exactamente los mismos productos en los Estados Unidos. Para realmente beneficiar al pueblo las ofertas tendrían que ser permanentes en lugar de temporales y al gusto de los oligarcas. 

El Buen Fin también fomenta peligrosas prácticas de endeudamiento personal al estimular la utilización de las tarjetas de crédito. Y con el sorteo en el que la Secretaría de Hacienda “reembolsará” una pequeña cantidad a algunos tarjetahabientes el gobierno federal convierte la irresponsabilidad ciudadana en política pública. Asimismo, las ganancias para los bancos por concepto de intereses, cobros y comisiones en tarjetas de crédito durante los próximos meses constituirán una enorme recompensa para la oligarquía por su “generosa” participación en el programa. La casa nunca pierde. 

En lugar de fomentar el consumo irresponsable, el gobierno tendría que controlar los abusos de las empresas monopólicas. Por ejemplo, habría que defender a los mercados populares y a los pequeños y medianos empresarios nacionales de las grandes tiendas departamentales transnacionales que incurren en prácticas laborales abusivas, corrompen autoridades, repatrian sus ganancias a sus matrices y contribuyen muy poco al fisco. Estrictos controles sobre los precios de productos de demanda generalizada también ayudarían a generar las condiciones para un “Buen año” para todos, en lugar de solamente un “Buen fin” para unos cuantos. 

La prensa nacional ha informado que durante los últimos seis años el SAT ha condonado casi 74 mil millones de pesos a algunas de las empresas más grandes del país, incluyendo Televisa y Walmart, por concepto de “créditos fiscales”. A pesar de que el IFAI ha exigido en múltiples ocasiones al Servicio de Administración Tributaria dar a conocer toda la información sobre estos créditos, el gobierno federal, primero con Calderón y ahora con Peña Nieto, se ha negado rotundamente a divulgar los datos. Hoy las fuerzas de la oscuridad también cuentan con el apoyo de Gerardo Laveaga, Comisionado Presidente del IFAI, quien en la votación más reciente sobre el tema defendió con capa y espada los supuestos derechos de los empresarios más poderosos del país a mantener en secreto estas millonarias contribuciones recibidas de parte del gobierno en nombre de todos los mexicanos. 

La oligarquía no descansa en su constante afán de expropiar los pocos ahorros de los dignos trabajadores, estudiantes y profesionistas del país. Apenas culmine el Buen Fin, iniciará el circo mediático del Teletón, que tendrá lugar los próximos 29 y 30 de noviembre. Esta iniciativa es igual de engañosa que la primera. Su principal propósito no es ayudar a los niños con dificultades, sino reducir la carga fiscal y mejorar la imagen pública de la televisora más abusiva del país. En lugar de donar a Emilio Azcárraga los pocos ahorros que pueden quedar después de los gastos del Buen Fin, habría que ahorrarlos para invertir en proyectos de autogestión familiar o comunitaria que beneficien a todos. 

Sin duda existen muchos niños con grandes necesidades que deben ser atendidos. Pero no son los ciudadanos de a pie quienes tienen la obligación de resolver estos problemas con sus reducidos ingresos, sino el gobierno que supuestamente nos representa a todos. Las autoridades tendrían que eliminar la evasión fiscal, cancelar los paraísos fiscales y, en general, recaudar más impuestos a los grandes empresarios para poder cumplir con sus responsabilidades sociales mandatadas por la Constitución. 

En lugar de distraernos con el circo mediático del Buen Fin y el Teletón, habría que inspirarnos con el digno legado de la Revolución Mexicana, cuyo inicio celebramos este 20 de noviembre. Hoy que la oligarquía cada día ingenia nuevas trampas para vaciar nuestros bolsillos, habría que buscar nuevas formas para seguir el digno ejemplo de grandes luchadores sociales como Emiliano Zapata y Pancho Villa a quienes debemos mucho más de lo que cualquiera nos imaginamos. 

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados
(Publicado en Revista Proceso, No.1933)

"El Rey Midas al revés" (3 de noviembre de 2013)

Fausto Vallejo, Gobernador de Michoacán//Foto: Enrique Castro, Proceso

John M. Ackerman 

El desastre de Michoacán y la nueva convocatoria para consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) constituyen dos caras de la misma moneda. Una clase política sorda y corrompida da la espalda a la sociedad y se encierra en su eterno juego de negociación de componendas e impunidades. El desmoronamiento de la institucionalidad en Michoacán es fiel espejo del fracaso del PRIANRD para conducir el país por el sendero de la paz y el desarrollo. Y la convocatoria para el IFE pinta de cuerpo entero el cinismo de un sistema político al que ya no le interesa ni siquiera fingir algún interés en la opinión ciudadana. 

Los tres partidos más grandes han tenido cada uno su oportunidad para desplegar sus “estrategias” contra la inseguridad en Michoacán. Para el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el bello y dolido estado debió haber sido un sitio estratégico para demostrar que la alternancia significaría una transformación profunda en la gestión del poder. Como estado natal del fundador de ese partido, Cuauhtémoc Cárdenas, la entidad reviste especial importancia política. Y fue gobernado durante 12 años por dos personajes, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, que surgieron de las mismas filas de este instituto político que se presenta como un partido de “izquierda”. 

Para el Partido Acción Nacional (PAN), Michoacán fue la punta de lanza para la “guerra” de Felipe Calderón supuestamente en contra del crimen organizado. Allí inició el despliegue de tropas el 11 de diciembre de 2006. Pero a pesar del interés personal del ex-Presidente de la República en conquistar su entidad natal para su hermana y su partido, el gobierno federal nunca logró establecer el orden y la paz. Recordemos como el propio Calderón reconoció su fracaso al atribuir, cinco años después del inicio de su Operativo Conjunto Michoacán, la victoria de Fausto Vallejo como gobernador a la intervención de grupos vinculados con el narcotráfico. 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) que hoy “gobierna” el Estado de Michoacán y el país entero es, desde luego, el principal responsable del caos actual. La situación en la entidad refleja con lujo de detalle el total fracaso de la “estrategia” de Enrique Peña Nieto contra la delincuencia organizada que consiste en administrar en lugar de resolver los verdaderos problemas así como de “pactar” el camino a la (in)gobernabilidad. La “guerra” de Peña ha resultado aún más dañina para el país que la de Calderón (mi análisis: http://ow.ly/qkBcX). 

La explosión de violencia en Michoacán constituye entonces un claro botón de muestra de la fallida transición política. Tienen razón quienes abogan por no “politizar” la crisis en la entidad. En lugar de minimizar el problema atribuyendo culpas a uno u otro gobernante o partido, habría que asumir la dura realidad de que la responsabilidad la tiene la clase política en su totalidad. Una perspectiva similar también se debe aplicar para extraer lecciones del desastre en Guerrero a raíz del huracán Manuel (mi análisis: http://ow.ly/qkzUh). 

La nueva convocatoria para consejeros del IFE (disponible aquí: http://ow.ly/qkDEK) también exhibe de manera elocuente el cinismo y la carencia de valores democráticos de los políticos. Una de las pocas concesiones simbólicas que los diputados y los senadores otorgaron de último momento a la sociedad civil durante las negociaciones de la reforma electoral de 2007-2008 fue la inclusión, en el artículo 41 de la Constitución, del requisito de realizar “una amplia consulta a la sociedad” durante el proceso de selección de nuevos consejeros electorales. El propósito era recuperar el carácter “ciudadano” del órgano electoral al permitir una intervención directa de la sociedad tanto en la nominación como en la auscultación de los candidatos. Si bien la decisión final se mantuvo como coto exclusivo de los partidos políticos, la idea era contar con una etapa previa más abierta que ayudaría a legitimar y a transparentar el proceso. 

Hoy esta pequeña ventana, que en los hechos resultó ser una absoluta simulación, se cierra completamente. La “amplia consulta” ya no será un proceso abierto en que la sociedad propone y revisa la idoneidad de los candidatos, sino algo que llevarán a cabo cada uno de los partidos en total sigilo. Estrictamente hablando ni siquiera habrá “aspirantes”, ya que, con la actual redacción de la convocatoria, solamente una persona totalmente desubicada presentaría su candidatura de manera independiente. Únicamente participarán candidatos “invitados” de manera personal a razón de su cercanía con alguna de las fracciones partidistas. 

Y estos invitados no tendrán que someterse a una evaluación de sus conocimientos o siquiera participar en una comparecencia pública. Cada partido simplemente remitirá su lista de amigos a uno de los órganos más opacos de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, para su procesamiento. Allí la negociación y el intercambio de favores se llevarán a cabo en total oscuridad para que, después de un tiempo no especificado, emerja “humo blanco” de San Lázaro con los nombres de los nuevos corruptores de la democracia mexicana. 

En suma, así como los funcionarios públicos corruptos prefieren el socorrido método de la “invitación restringida”, a tres o cuatro proveedores amigos, a las “licitaciones públicas” abiertas a la sociedad en su conjunto, hoy los diputados también han elegido un procedimiento que garantiza la integración de un Consejo General a modo, complaciente tanto con la clase política como con los poderes fácticos y la dictadura mediática. 

Ello garantizará que el IFE, o el Instituto Nacional Electoral que lo reemplace, termine igual de inservible y deslegitimado como hoy yace el gobierno de Michoacán. Como un Rey Midas al revés, todo lo tocado por nuestros partidos políticos se echa a perder. La buena noticia es que la sociedad mexicana cada día se vuelve más consciente, crítica y participativa. Más temprano que tarde, surgirán nuevos movimientos y liderazgos que logren canalizar por la vía pacífica el profundo hartazgo social que hoy hierve a lo largo y ancho del país. 

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

(C) John M. Ackerman, todos los derechos reservados

(Publicado en Revista Proceso, No.1931)

"Fraude institucionalizado y reforma electoral" (20 de octubre de 2013)

Funcionarios del IFE// Foto: Eduardo Miranda, Proceso.com

John M. Ackerman 

“Quien no invierte 10 millones de pesos en una campaña no gana, el que no compra votos el día de la elección no gana, el que no reparte despensas y otras cosas, tampoco”. Son las palabras de Zac Mukuy Vargas Ramírez, Secretaria de Asuntos Juveniles del Partido de la Revolución Democrática, expresadas a la periodista Claudia Herrera de La Jornada. La dirigente partidista resume con toda claridad la naturaleza corrupta de nuestro sistema político. En nuestra “democracia” mercantilizada la posibilidad de dirigir la nación no es un asunto abierto a ciudadanos bien intencionados, con liderazgo social o con propuestas creativas, sino un negocio reservado exclusivamente para políticos experimentados en la recaudación de fondos de procedencia desconocida, la compra de lealtades y la manipulación mediática. 

La situación que resume Vargas Ramírez es la triste realidad de todos y cada uno de los partidos políticos actuales. No gana quien juega respetando las reglas, sino quien patea con más fuerza el tablero. Mentiría el dirigente partidista o funcionario electoral que afirme lo contrario. 

Esta deplorable situación es el legado directo de José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés, quienes han custodiado nuestra “transición” fallida desde 1996. La gran mayoría de los consejeros y magistrados electorales, tanto federales como locales, también han contribuido gustosos a generar esta situación al sacrificar la objetividad, inteligencia y valentía que tendrían que caracterizar su actuación para sustituirla por conductas pasivas, parciales o abiertamente corruptas. 

El remplazo del Instituto Federal Electoral (IFE) por un nuevo elefante blanco llamado Instituto Nacional Electoral (INE) evidentemente no resolverá el problema. No se echará de menos al viejo IFE, pero muy probablemente el nuevo engendro sea aún menos efectivo que su antecesor. 

Con la creación del INE la soberbia de los ocupantes de la casona de Viaducto Tlalpan rebasará cualquier límite. Los nuevos virreyes de la “democracia” no solamente podrán negociar votos y lealtades en función de los comicios federales, sino que también tendrán entre sus manos las riendas de las elecciones estatales y municipales del país. Las oportunidades para la búsqueda de nuevos cargos, empleos y acomodos políticos se ampliarán y, si llegan a jugar bien sus cartas, los consejeros gozarán de un futuro pos-burocrático lleno de lujos y prebendas. 

Más allá de cualquier reforma legal, lo más importante son los perfiles de quienes dirigen las instituciones. Un buen funcionario electoral no busca lucrar personal, política o económicamente con su cargo, sino entregarse a la defensa de las causas ciudadanas y a enfrentar a los poderes fácticos. Un efectivo consejero electoral tampoco se esconde en los laberintos de la simulación legalista, sino que se asume como un auténtico líder social. 

Ya basta de tímidos burócratas y ambiciosos ególatras cuyas mayores preocupaciones son la elección del restaurant para su próxima cena de “trabajo” o el destino de su próximo congreso internacional. Habría que colocar una nueva generación de consejeros y magistrados que se distingan por su humildad, valentía y dignidad. 

Los detalles de la nueva legislación electoral evidentemente también tienen su relevancia. El ámbito más importante es el de la fiscalización y la vigilancia de las campañas electorales. Específicamente, la nueva legislación debería dejar perfectamente claro que el IFE, o el INE, no es un simple “árbitro” de las contiendas electorales sino un verdadero órgano regulador de la competencia política. 

La autoridad debe ser obligada por ley a vigilar de manera activa y en todo momento cada aspecto del proceso electoral. Por ejemplo, el IFE tendría que desplegar miles de observadores equipados con la más alta tecnología para contabilizar de manera independiente todos y cada uno de los gastos erogados por partidos, candidatos, militantes y simpatizantes en los 300 distritos electorales. Las autoridades también tendrían que ejercer una vigilancia escrupulosa y en tiempo real de absolutamente todos los depósitos realizados por cualquier persona física o moral en las cuentas bancarias de las principales empresas mediáticas, así como de sus filiales, socias y aliadas. Y el día de la jornada electoral, el IFE debería ser obligado por la ley a organizar un enorme operativo de vigilancia electoral fuera de las casillas electorales para prevenir y documentar el acarreo, la compra y la coacción del voto. 

El actual proceso de fiscalización burocratizado y casi exclusivamente ex-post ha resultado ser una enorme simulación. La ley tendría que requerir la dictaminación de todos los informes y la resolución de todas las quejas en la materia antes de la calificación de la validez de las elecciones. Y la norma evidentemente también debe incluir el rebase de topes de gasto de campaña como causal de nulidad automática de la elección. 

Nos encontramos en una situación de fraude electoral institucionalizado y consolidado. La única forma en que un ciudadano puede defender la soberanía popular e influir en las políticas públicas es por medio de la protesta social. Es por ello que los maestros disidentes y los jóvenes activistas son nuestros demócratas más destacados. 

A quienes les incomodan las protestas habría que recordarles que estas manifestaciones son síntomas de un problema estructural más profundo de ilegitimidad democrática. En lugar de caer en el perverso juego del linchamiento mediático habría que trabajar arduamente para desplazar a la caduca clase política con nuevos liderazgos juveniles así como recuperar el espacio político-electoral como un escenario de competencia auténtica y debate informado. 

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

(c) John M. Ackerman (Todos los derechos reservados)

(Publicado en Revista Proceso, Núm. 1929)

"(Neo) liberalismo autoritario" (Debate con Enrique Krauze (2da entrega), 6 de octubre de 2013)

John M. Ackerman

Históricamente uno de los obstáculos más importantes para la materialización de los avanzados principios y compromisos enarbolados durante la Revolución Mexicana y plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos han sido los falsos discursos “liberales” que fingen apoyar las conquistas sociales pero que en realidad defienden los privilegios de la oligarquía. Los planteamientos de Enrique Krauze sobre la reforma energética dan continuidad a este liberalismo autoritario, hoy ya transmutado en un neoliberalismo trasnochado, que nada bueno ha dejado a la nación. 

El 21 de mayo de 1911, en la firma de los acuerdos de Ciudad Juárez con el gobierno de Porfirio Díaz, Francisco I. Madero traicionó el ala campesino de la Revolución y abandonó su compromiso con el reparto agrario originalmente incluido en el artículo tercero de su Plan de San Luis (véase: http://ow.ly/pqGAB). Más adelante, ante la huelga general estallada el 31 de julio de 1916, el entonces Presidente Venustiano Carranza se olvidó de sus compromisos “Constitucionalistas”, impuso la Ley Marcial e incluso se atrevió a establecer la pena de muerte para todos los “trastornadores del orden público”.

En su discurso inaugural al Congreso Constituyente de 1916-1917 Carranza expuso las coordenadas básicas del liberalismo autoritario de donde hasta la fecha abreva el régimen político mexicano. El “Primer Jefe” dejó claro que la función más importante del gobierno “revolucionario” no sería propiciar la justicia social o garantizar los derechos colectivos, sino únicamente defender la “libertad humana” y la “libertad individual”. No fue gratuito, por ello, que su propuesta para el nuevo artículo 27 constitucional fuera tan conservadora y que en relación con el artículo 123 el Presidente no enviara propuesta alguna. Al parecer, la única “libertad” que le interesaba a Don Venustiano Carranza era la que necesitarían los nuevos oligarcas para explotar sin obstáculos a los campesinos y al pueblo trabajador. 

Carranza también demostró un profundo desprecio por el pueblo mexicano y una idealización de los sistemas políticos extranjeros. Se refiere a Inglaterra y a Estados Unidos como “los pueblos más grandes y más poderosos de la tierra” y señala con entusiasmo la “grandiosidad de la revolución francesa”. En contraste, tacha de “ignorantes” a quienes hicieron la Revolución Mexicana y establece que el pueblo necesita “gobiernos fuertes, capaces de contener dentro del orden a poblaciones indisciplinadas, dispuestas a cada instante y con el más fútil pretexto a desbordarse, cometiendo toda clase de desmanes”. Carranza incluso recurre a los textos de Alexis de Toqueville para criticar la falta de la necesaria “cultura elevada” en México. De forma similar, Krauze hoy utiliza a George Orwell para descalificar los supuestos “dogmas” y “traumas” de la izquierda mexicana actual. 

Madero y Carranza desde luego fueron grandes “patriotas” que amaban profundamente a México. También fueron “nacionalistas” que promovieron de manera firme, aunque con algunas inconsistencias importantes, los intereses nacionales sobre los extranjeros. Sin embargo, su limitada visión de la función social del Estado y su absoluto elitismo y clasismo dejaron sembrada la semilla para la eventual traición histórica de los principios revolucionarios y constitucionales. 

Esta traición primero se materializa con los gobiernos de los líderes “sonorenses” Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Posteriormente, después de la bocanada de aire fresco del sexenio de Lázaro Cárdenas, la ideología del liberalismo autoritario se consolida durante el gobierno corrupto y oligárquico de Miguel Alemán y continúa sin descanso con los presidentes subsecuentes, incluyendo desde luego a Gustavo Díaz Ordaz y José López Portillo. 

El neoliberalismo iniciado en 1982 con Miguel de la Madrid no implica entonces una ruptura con el proyecto original de Carranza, Calles y Alemán, sino su culminación y máxima expresión. La utilización del aparato estatal para empoderar a un pequeño élite así como para excluir y reprimir al pueblo ha sido la norma en México desde hace más de un siglo. Y hoy Enrique Peña Nieto busca que esta ideología finalmente rinda su fruto más venenoso: la devolución del petróleo mexicano a los intereses extranjeros. 

No seriamos entonces quienes aspiramos a fortalecer y a limpiar PEMEX los que seguiríamos el ejemplo soberbio e irresponsable de López Portillo, como señala Krauze. Al contrario, quien de verdad emula a este expresidente, uno de más corruptos de la historia reciente, sería el mandatario actual, quien no ceja en su desesperado empeño por abrir nuevas oportunidades de jugosos negocios para sus socios y aliados.

No es pragmatismo sino mera ideología la base de la iniciativa de reforma energética de Peña Nieto (mi análisis: http://ow.ly/pqP7Q). Tanto la experiencia práctica con las privatizaciones de las últimas dos décadas como la corrupción de los contratos privados que ya inundan PEMEX han demostrado sin lugar a dudas que el sector privado no es más eficiente u honesto que el sector público. Asimismo, el comportamiento de las empresas petroleras transnacionales, ayer y hoy, deja muchas dudas respecto a su compromiso con el estado de derecho y el bienestar del pueblo mexicano (mi análisis: http://ow.ly/pqPU0). Resulta evidente que el primer paso para fortalecer la industria petrolera nacional debería ser aumentar la inversión pública y combatir la corrupción en PEMEX en lugar de hacer la paraestatal a un lado y entregar sus responsabilidades a empresas extranjeras.

Carlos Salinas de Gortari utilizó engañosamente la figura de Emiliano Zapata para vender y envolver su reforma privatizadora al Artículo 27 en 1992. Pero cuatro años después, la fiesta de su “zapatismo modernizado” fue arruinada por la rencarnación de los verdaderos ideales de Zapata en la figura del Subcomandante Marcos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hoy, Peña Nieto pretende burlarse de la inteligencia del pueblo mexicano al utilizar el legado del Gral. Lázaro Cárdenas para justificar la privatización petrolera (mi análisis: http://ow.ly/pqQBa). Si sigue los pasos de su mentor político e insiste tercamente en imponer sus reformas neoliberales, tarde o temprano Peña Nieto también tendrá que enfrentar la bravura del digno pueblo mexicano que sabe muy bien como revivir a sus héroes patrios para salvar a la nación.

PRIMERA ENTREGA DISPONIBLE AQUÍ

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman